REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL. EXTENSIÓN ACARIGUA.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Extensión Acarigua Acarigua, 2 de Agosto de 2006 196º y 147º ASUNTO PRINCIPAL: PP11-P-2006-001925 ASUNTO: PP11-P-2006-001925 JUEZA DE CONTROL: ABG. NORA MARGOT AGÜERO CASTILLO SECRETARIA: ABG. YOLIMAR PEREZ LOPEZ FISCAL: ABG. RAFAEL ENRIQUE VIVENES SOLICITANTE: ALIDA ORSINI TORRES SOLICITUD: MEDIDA DE PROTECCIÓN DECISIÓN: REMISIÓN AL TRIBUNAL DE JUICIO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Extensión Acarigua Acarigua, 2 de Agosto de 2006 196º y 147º ASUNTO PRINCIPAL: PP11-P-2006-001925 ASUNTO: PP11-P-2006-001925 Vista el escrito presentado por el ciudadano RAFAEL ENRIQUE VIVENES, actuando con el carácter de Fiscal Superior (E) del Ministerio Público del Estado Portuguesa, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, y la Ley Orgánica del Ministerio Público, referido a la protección de Víctimas, Testigos y Expertos, mediante el cual solicita se Decrete MEDIDA DE PROTECCIÓN, que considere conveniente de conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 120, Ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, y Artículos 81 al 86 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, todo en el marco de los derechos consagrados en los Artículos 30 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de tratar en lo posible de garantizarles la integridad física a las ciudadanas ALIDA ORSINI TORRES, MIGDALIA ISABEL TORRES DE FLORES, sus hijas MICHELL ANAIS LUCENA TORRES de siete (07) años de edad, TORRES DORIS THAIRI de diez (10) años de edad, en su orden, BIANEXI CAROLINA LUCENA BRIZUELA de ocho (08) años de edad y YUSLEIDI SARAHIS TORRES MOLINA de catorce (14) años de edad y a todo su grupo familiar, este Tribunal pasa a emitir pronunciamiento en los siguientes términos: Revisados como ha sido el Sistema Juris 2000, se evidencia que cursa por ante el Tribunal de Juicio N° 04 de este Circuito Penal a cargo del Juez ABG. RAFAEL GARCIA GONZALEZ, la Causa N° PP11-P-2006-000161, seguida en contra del ciudadano EMILIO ANTONIO PARRA LOYO, venezolano, natural de Acarigua estado Portuguesa, de 48 años de edad, fecha de nacimiento 18-05-57, soltero, residenciado en el Barrio Altamira, Avenida 05 entre calles 14 y 16, casa N° 27-32, Acarigua Estado Portuguesa, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.953.507, por la presunta comisión de los delitos de VIOLACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 374 numeral 1 ° del Código Penal en perjuicio de la niña DORIS THAIRI TORRES y el delito de ABUSO SEXUAL A NIÑA previsto y sancionado en el artículo 259 primer aparte de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente cometido en perjuicio de las niñas MICHELLE ANAIS LUCENA TORRES y BIANEXY CAROLINA LUCENA BRIZUELA, siendo la representante legal de la niña MICHELLE ANAIS LUCENA TORRES, la ciudadana ALIDA ORSINI TORRES, es decir, la solicitante de la Medida de Protección, considerando esta Juzgadora que de acuerdo a la Competencia Funcional atribuida a los tribunales, le corresponderá resolver al Tribunal que conozca de la Causa todas las incidencias que se presente en relación a la misma, en consecuencia, se acuerda remitir al mencionado Tribunal la presente solicitud para que emita el correspondiente pronunciamiento. En este aspecto ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 2426 de fecha 27 de Noviembre de 2001, en la cual se señala: “Por ello, en primer lugar, debe entenderse que la potestad para asegurar el resultado del juicio por medio de las medidas precautelativas estrictamente necesarias, no puede ser del exclusivo monopolio del Juez de Control, como si se tratara de una competencia específica que fuera monopolizada por un solo tribunal, ni puede ser entendida que le ha sido sustraída tal potestad cautelar a los demás Tribunales que intervienen en la realización del proceso penal. El Juez de Control, sin duda, se encuentra expresamente encargado de determinar o modificar o levantar las medidas cautelares que sean necesarias durante la etapa en que el proceso se encuentre a su cargo. Ahora bien, si durante el desarrollo del proceso en fases posteriores a las de investigación e intermedia (que se encuentran bajo la dirección de Juez Control), se verificaran supuestos ante los que se haga necesario dictar medida cautelar, entre ellas la privación preventiva de libertad, no podía entenderse que el régimen anterior establecido por el Código Orgánico Procesal Penal excluía esta potestad, ni que el recientemente establecido en la reforma de dicho instrumento igualmente la excluye, pues ella es colorario necesario de la misión del Juez de dirigir el proceso penal y de garantizar que cumpla sus objetivos, finalidad que debe observarse en cualquier estado y grado de la causa. De este modo, al pasar el proceso a la etapa de juicio, entiende esta Sala que la sujeción del imputado al proceso y el adecuado desarrollo del mismo pasa a corresponder al Juez de Juicio…” En este orden de ideas es competencia del Tribunal de Juicio que conoce de la causa principal resolver la solicitud de Medida de Protección solicitada por el Fiscal Superior del Ministerio Público. En atención a los fundamentos anteriormente expuestos este Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Control N° 02 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa, Extensión Acarigua, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA la remisión de la presente solicitud de MEDIDA DE PROTECCIÓN, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 120, Ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, y Artículos 81 al 86 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, todo en el marco de los derechos consagrados en los Artículos 30 y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de tratar en lo posible de garantizarles la integridad física a las ciudadanas ALIDA ORSINI TORRES, MIGDALIA ISABEL TORRES DE FLORES, sus hijas MICHELL ANAIS LUCENA TORRES de siete (07) años de edad, TORRES DORIS THAIRI de diez (10) años de edad, en su orden, BIANEXI CAROLINA LUCENA BRIZUELA de ocho (08) años de edad y YUSLEIDI SARAHIS TORRES MOLINA de catorce (14) años de edad y a todo su grupo familiar, al Tribunal de Juicio N° 04 de este Circuito Penal a cargo del Juez ABG. RAFAEL GARCIA GONZALEZ, donde cursa la Causa N° PP11-P-2006-000161, seguida en contra del ciudadano EMILIO ANTONIO PARRA LOYO, por la comisión de los delitos de VIOLACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 374 numeral 1 ° del Código Penal en perjuicio de la niña DORIS THAIRI TORRES y el delito de ABUSO SEXUAL A NIÑA previsto y sancionado en el artículo 259 primer aparte de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente cometido en perjuicio de las niñas MICHELLE ANAIS LUCENA TORRES y BIANEXY CAROLINA LUCENA BRIZUELA, siendo la representante legal de la niña MICHELLE ANAIS LUCENA TORRES, la ciudadana ALIDA ORSINI TORRES, es decir, la solicitante de la Medida de Protección, para que emita el pronunciamiento respectivo. Remítase con oficio. Regístrese, diarícese, déjese Copia Certificada de la decisión y notifíquese. LA JUEZA DE CONTROL N° 02, ABG. NORA MARGOT AGÜERO CASTILLO LA SECRETARIA, ABG. YOLIMAR PEREZ LOPEZ. NMAC/nmac.-