REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre: JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL Expediente Nº 7469 El 17 de abril de 2006, el ciudadano ISAAC NIEVES LUY, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad No.6.196.820, inscrito en el Inpreabogado bajo el No.43.522, obrando con el carácter de apoderado judicial de la empresa EURO IMPACTO C.A., sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 20 de diciembre de 2000, bajo el No.46, Tomo 85-A Cto., representación que se evidencia de instrumento poder que corre inserto a los folios 30, 31 y 32 del expediente, interpuso ante el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, obrando en funciones de distribuidor de causas, recurso de nulidad conjuntamente con pretensión de amparo constitucional como medida cautelar, contra el acto administrativo contenido en la Providencia N° 1324-05, dictada en fecha 18 de octubre de 2005, por la Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital, Municipio Libertador, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la ciudadana Elsa Barrera Ramírez, contra la mencionada empresa. Asignado por distribución el recurso a este Juzgado Superior, consta en nota de Secretaría que riela al folio 16 del expediente, que en fecha 26 de abril de 2006 se le dio entrada al mismo. Por auto de fecha 14 de agosto de 2006 se admitió provisionalmente el recurso sin prejuzgar este Tribunal sobre la caducidad de la acción, por haberse ejercido el mismo en forma conjunta con pretensión de amparo constitucional como medida cautelar. En la misma fecha se ordenó notificar acerca de la interposición del recurso al ciudadano Fiscal General de la República y a la ciudadana Elsa Barrera Ramírez, quien fue parte en el procedimiento administrativo que culminó con el acto administrativo impugnado. Mediante diligencia fechada 4 de mayo de 2006, suscrita por el apoderado judicial de la empresa accionante, abogado Isaac Nieves Luy, consignó los recaudos que corren insertos a los folios 19 al 35 del expediente. Efectuado el estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, procede este Juzgado Superior a resolver la solicitud de amparo cautelar formulada por el apoderado judicial de la empresa EURO IMPACTO, C.A., para lo cual observa: ANTECEDENTES DEL CASO En el escrito contentivo del recurso alegó el apoderado judicial de la parte recurrente como fundamento de su pretensión de nulidad, lo siguiente: Que la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador, mediante Providencia Administrativa N° 1324-05 dictada en fecha 18 de octubre de 2005, declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la ciudadana Elsa Berrera Ramírez contra su representada y como consecuencia de ello, ordenó su reincorporación al cargo que desempeñaba dentro de esa empresa de rematadora. Que el acto administrativo es nulo por no haberse cumplido en su notificación con los requisitos de ley, particularmente en lo relativo a la identificación de la persona que la recibió. Que la Providencia Administrativa No.1324-05 de fecha es nula debido a que la trabajadora no produjo en el curso del procedimiento administrativo, los elementos que demuestren la veracidad de los hechos denunciados, pues nunca fue despedida de la empresa que representa. Que la referida ciudadana dejó de asistir a su trabajo, por lo cual no puede haber un reenganche si nunca hubo un despido por parte del patrono. Denuncia la presunta violación a su representada de los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso, a la propiedad y a la obtención de una tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26, 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En base a lo expuesto solicita la nulidad del acto recurrido, y asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se decrete mandamiento de amparo constitucional a favor de su representada, por medio del cual se suspendan los efectos de la Providencia Administrativa N° 1324-05 dictada en fecha 18 de octubre de 2005, por la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador. PUNTO PREVIO: DEL PROCEDIMIENTO La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, delimitó por vía jurisprudencial los lineamientos a seguir para el conocimiento y sustanciación de los recursos de nulidad ejercidos conjuntamente con acción de amparo constitucional como medida cautelar (Sentencia de fecha 20 de marzo de 2002, caso: Marvin Enrique Sierra), estableciendo al efecto: “… esta Sala Político-Administrativa, luego de concluir en la necesidad de reforzar la idea de una tutela judicial efectiva, consideró de obligada revisión el trámite que se le ha venido dando a la acción de amparo ejercida de forma conjunta, pues si bien con ella se persigue la protección de derechos fundamentales, ocurre que el procedimiento seguido al efecto se ha mostrado incompatible con la intención del constituyente de 1999, el cual se encuentra orientado a la idea de lograr el restablecimiento de derechos de rango constitucional en la forma más expedita posible. Por ello, se estableció que el carácter accesorio e instrumental propio del amparo ejercido de manera conjunta, hace posible asumirlo en idénticos términos que una medida cautelar, con la diferencia de que el primero alude exclusivamente a la violación de derechos y garantías de rango constitucional, circunstancia ésta que por su trascendencia, hace aún más apremiante el pronunciamiento sobre la procedencia de la medida solicitada. Atendiendo a tales consideraciones y al poder cautelar del juez contencioso-administrativo, vista la celeridad e inmediatez necesarias para atacar la trasgresión de un derecho de naturaleza constitucional, estimó la Sala que en tanto se sancione la nueva ley que regule lo relacionado con la interposición y tramitación de esta especial acción, es necesaria la inaplicación del trámite previsto en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por considerar que el mismo es contrario a los principios que informan la institución del amparo, lo cual no es óbice para que continúen aplicándose las reglas de procedimiento contenidas en dicha Ley, en todo aquello que no resulte incongruente a la inmediatez y celeridad requerida en todo decreto de amparo. En su lugar, acordó una tramitación similar a la seguida en los casos de otras medidas cautelares, por lo que, una vez admitida la causa principal por la Sala, debe emitirse al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la providencia cautelar de amparo solicitada, con prescindencia de cualquier otro aspecto, cumpliéndose así con el propósito previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.” Conforme al criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, la tramitación del recurso de nulidad en la forma expuesta, en ningún caso comporta la violación del derecho a la defensa de la parte contra quien obra la medida, pues queda a su alcance, el ejercicio de la correspondiente oposición a la medida, una vez ejecutada la misma, siguiendo el procedimiento previsto en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter procedimental indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en el artículo 102 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (actualmente primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), procediendo con vista de dicha oposición, el organismo jurisdiccional al cual corresponda su conocimiento, previo el examen de los alegatos y pruebas correspondientes, a la revocación o confirmación de la medida acordada como consecuencia de la solicitud de amparo cautelar. Así, cuando se proponga la solicitud de amparo constitucional conjuntamente con la acción de nulidad, ha establecido dicha Sala, que una vez decidida la admisibilidad de la acción principal, deberá el juzgador pronunciarse acerca de la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, y en caso de ser acordada la misma, aperturar cuaderno separado con el propósito de tramitar la oposición respectiva. Establecido lo anterior, procede este Juzgado Superior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 334 del texto constitucional, y artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, a desaplicar para el caso bajo estudio el trámite previsto en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debiendo por ende sustanciarse la solicitud de medida cautelar formulada por el actor, por los trámites previstos en los artículos 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. DE LA MEDIDA CAUTELAR DE AMPARO La acción de amparo ejercida en forma conjunta con un recurso de nulidad, esta dirigida a obtener el decreto de una medida provisional, transitoria, suspensiva de la decisión administrativa. Dicha pretensión, formulada por vía de esta acción extraordinaria, encuentra su justificación en la medida de que a través de ella se pretenda evitar las lesiones o amenazas de violación derechos constitucionales, imposible de obtener por los medios ordinarios de protección de los derechos y garantías de los administrados previstos en el texto constitucional. La naturaleza de este tipo especial de protección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es accesoria y subordinada a la acción o recurso ejercido en forma conjunta, y por tanto, su destino es temporal, provisorio, sometido al pronunciamiento final que se emita en el recurso principal. De allí que en estos casos, el mandamiento de amparo otorgado tenga solamente efectos mientras dure el juicio, requiriéndose para acordarlo la presentación en autos, de un medio de prueba que constituya presunción grave de violación de los derechos constitucionales que se invocan como lesionados, sin que tal revisión implique tocar el fondo del recurso de nulidad. Dentro de este marco conceptual, se establece, que al Juez Contencioso Administrativo al cual corresponda el conocimiento del amparo cautelar, no le esta permitido declarar la infracción de los derechos constitucionales cuya violación se denuncia, sino sólo determinar si existe –en el caso sometido a su conocimiento- un medio de prueba que constituya presunción grave de la violación o de la amenaza de violación que ha sido alegada. Por ello, a los fines de analizar la solicitud de amparo cautelar, debe el Juez, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, determinar la existencia de medios de prueba suficientes que constituyan presunción grave de violación de los derechos constitucionales que se invocan como conculcados por el acto impugnado, sin que llegue con esto a emitir un pronunciamiento sobre la certeza de tal violación o amenaza de violación. Determinado lo anterior, pasa este sentenciador a resolver el pedimento cautelar formulado, para lo cual observa: En el escrito contentivo del recurso denunció el apoderado judicial de la empresa accionante, la presunta violación a su representada de los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, alegando al efecto que la notificación del acto administrativo impugnado y el procedimiento administrativo previo no se realizaron conforme a la Ley. A los fines de acreditar los anteriores alegatos, trajo a los autos: 1) Copia fotostática simple del acta de asamblea extraordinaria de accionistas de la empresa EURO IMPACTO, C.A., celebrada el 25 de enero de 2005, inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día dos (2) de mayo de 2005, bajo el No.52, Tomo 35-A Cto., 2) Instrumento poder autenticado ante la Notaria Publica Vigésima Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 07 de octubre de 2005, anotado bajo el No. 62, Tomo 37 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, 3) Oficio de notificación y copia certificada de la Providencia No.1324-05 de fecha 18 de octubre de 2005 dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador. Ahora bien, del análisis de las actas procesales y de las argumentaciones expuestas por el apoderado judicial de la empresa accionante EURO IMPACTO, C.A., para fundamentar su pretensión de amparo cautelar, sobre la base de la violación de los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a una tutela judicial efectiva, se evidencia que este último se limitó a exponer a lo largo de su escrito recursorio una serie de alegaciones y afirmaciones sobre los supuestos perjuicios que, a su decir, le acarrearía a su representada la aplicación de la providencia impugnada y los posibles daños que esto le causaría al momento de reenganchar y pagarle los salarios caídos a la ciudadana Elsa Barrera Ramírez, sin prueba alguna que constituya presunción grave de la violación o amenaza de violación que se denuncia. Asimismo se observa, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia en materia cautelar, que tampoco demostró el grave daño o daño irreparable que la sentencia definitiva, de ser considerada estimatoria de su pretensión, le pudiera causar, motivo por el cual, a criterio de este Tribunal son insuficientes los argumentos sostenidos por la parte accionante y, en consecuencia, improcedente la solicitud de amparo cautelar por ella solicitada. Así se decide. DECISIÓN Por todos los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar interpuesta por el abogado ISAAC NIEVES LUY, obrando con el carácter de apoderado judicial de la empresa EURO IMPACTO C.A., contra el acto administrativo contenido en la Providencia N° 1324-05, dictado en fecha 18 de octubre de 2005, por la Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital, Municipio Libertador. Publíquese, regístrese y notifíquese a la parte recurrente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año dos mil seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación. EL JUEZ, JORGE NÚÑEZ MONTERO LA SECRETARIA ACC., MARÍA ISABEL RUESTA En la misma fecha de hoy, siendo las (3:00 p.m.) quedó registrada bajo el Nº 160-2006. LA SECRETARIA ACC., MARÍA ISABEL RUESTA Exp. 7469. JNM/ravp.