TSJ Regiones - Decisión

EXP. 06-1369
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEXTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION CAPITAL

Visto escrito presentado en fecha 13 de enero de 2006, por ante el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y contencioso Administrativo de la Región Capital (Distribuidor de Turno), contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de los efectos por las abogadas MARIELA GONZÁLEZ AMORÓS, RAQUEL VILLAFAÑE SALINAS e IRACEMA TORRES, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 30.576, 17.902 y 30.455, respectivamente, en su carácter de apoderadas judiciales de la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ, creada mediante Decreto Presidencial N° 1582 de fecha 24-01-1974, publicado en Gaceta Oficial N° 30.313 del 25-01-1974, modificado por Decreto Presidencial N° 88 de fecha 17 de abril de 1984 según Gaceta Oficial N° 32.961; contra la Providencia Administrativa N° 701-2005, de fecha 27 de junio de 2005, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, Sala de Fuero Sindical, correspondiéndole a este Tribunal por distribución.

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Corresponde a este Juzgado revisar que el presente recurso no este incurso en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 19 acápite 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y por cuanto se observa que el mismo no se encuentra incurso en ninguna de las causales, es por lo que se admite en cuanto ha lugar en derecho, y así se decide.

DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS

Las apoderadas judiciales de la parte recurrente, solicitan de conformidad con lo pautado en el artículo 21, aparte 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la suspensión de los efectos de la orden de reenganche y pago de salarios caídos, por existir presunción grave del derecho que se reclama y que la misma es indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva, ya que se obliga a reincorporar a la trabajadora sin mediar necesidad de sus servicios y sin la correspondiente imputabilidad presupuestaria, tanto para el año 2005 como para este año 2006, por cuanto sería evidente la repercusión económica que representaría el reenganche de la misma, ello en razón al Principio de la Legalidad Presupuestaria, previsto y sancionado en el artículo 314de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela conforme al cual, la Administración no podrá hacer gasto o erogación alguna que no esté prevista en la Ley de Presupuesto, por lo que se amenaza de violación este derecho constitucional, lo cual conllevaría irremediablemente a un perjuicio irreparable para la Universidad.
Aduce que ese perjuicio irreparable se pone de manifiesto por la circunstancia de que sería difícil e imposible para su representada obtener la reparación, ya que dada la naturaleza de la relación contractual con la trabajadora demandante a tiempo determinado, el cual culminó el dia 31 de diciembre de 2005 y la no necesidad de sus servicios personales, no existiría garantía alguna de que la ciudadana TERESA VIRGINIA COLMENARES, portadora de la cédula de identidad N° 10.275.377 reintegre el monto que hubiere que cancelarse por concepto de los salarios caídos, ordenado por la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda.

Alega, que su representada no puedo infringir las disposiciones referentes al personal contratado, de conformidad con lo previsto en la vigente Ley del Estatuto de la Función Pública en sus artículos 38 y 39 respectivamente, de donde se deduce, que el régimen aplicable al personal contratado es el previsto en su respectivo contrato y en la legislación laboral; esta ultima no prevé en ningún caso estabilidad para el contratado a tiempo determinado en donde las partes se obligaron, durante un tiempo establecido previamente. De la misma se desprende que en ningún caso podrá constituir una vía de ingreso a la administración publica, por cuanto la vía pertinente es el ingreso por medio del concurso público.

El artículo 21. 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece:
“…El Tribunal Supremo de Justicia podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, a instancia de parte, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. A tal efecto, se deberá exigir al solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio…”

La norma transcrita contempla la posibilidad de suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo de carácter particular constituyendo una derogatoria al principio de ejecutoriedad y ejecutividad que rige a los actos administrativos, es decir, que enerva la eficacia material de un acto administrativo de efectos particulares cuya nulidad hubiere sido demandada, por lo que la suspensión es de naturaleza excepcional y extraordinaria, sujeta a dos condiciones señaladas por el legislador: cuando lo permita la Ley o bien para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, que se pueda causar a la recurrente siempre y cuando el pronunciamiento cautelar no signifique una ejecución anticipada del juicio principal ni, mucho menos, un pronunciamiento anticipado de lo que será el mérito de la causa principal.

Al respecto, observa este Tribunal que las apoderadas judiciales de la recurrente solicitan la suspensión de los efectos de la Providencia Administrativa Nro. 701-2005, de fecha 27 de junio de 2005, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, a tenor de lo previsto en el artículo 21 aparte 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por existir presunción grave del derecho que se reclama y que la misma es indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva.

Existen elementos suficientes que hacen presumir la violación de un debido proceso que determina a su vez, el elemento del fumus boni iuris, y que concatenado al periculum in mora determinan que efectivamente existen elementos esenciales y necesarios que debe reunir toda medida cautelar. Concluyendo este sentenciador que se desprende del escrito libelar y de los recaudos que lo acompañan el fumus boni iuris como presunción de buen derecho, e igualmente se constata de los elementos probatorios cursantes en autos que efectivamente se constituye la presunción grave de amenaza de violación del derecho que se reclama, en virtud de lo cual este juzgador estima que están dados los requisitos exigidos para la procedencia de la suspensión de los efectos del acto impugnado.

Este Tribunal señala que la situación antes descrita no constituye prejuzgamiento del fondo de la controversia planteada.

De allí que, estima quien decide que de no otorgarse la presente medida podría causarse un daño económico de difícil reparación a la recurrente, en caso que la decisión de fondo sea favorable a sus pretensiones, razón por la cual se declara PROCEDENTE la suspensión de efectos solicitada por las apoderadas judiciales de la Universidad accionante. En consecuencia, se suspenden los efectos del acto impugnado mientras se decida el fondo de la presente causa, y a los fines de garantizar las resultas del juicio, y así se decide.
Ahora bien, por ser la accionante una Universidad que de conformidad con el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ésta goza de los mismos privilegios y prerrogativas que la ley nacional acuerda a la República, en consecuencia, conforme a lo previsto en el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, no se exige prestar caución a los fines de suspender los efectos del acto impugnado.

Ahora bien, admitido como ha sido el recurso de nulidad interpuesto, se ordena citar al Inspector del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, a la Procuradora General de la República y al Fiscal General de la República, a los fines de dar cumplimiento al aparte 11 del artículo 21 ejusdem, compúlsese el escrito libelar, la presente decisión y demás recaudos anexos a la misma, una vez proveídas las copias simples para su certificación por la parte actora. Notifíquese a la ciudadana Teresa Virginia Colmenares Díaz, portadora de la cédula de identidad N° 10.275.377 del presente recurso. Asimismo se deja entendido, que en el primer (1er) día de despacho siguiente, y una vez que consten en autos las citaciones ordenadas se procederá a librar el Cartel al cual alude el aparte 11 del artículo 21 Ibídem, el cual deberá ser publicado en el diario “El Nacional” y que en esta misma fecha se ordena su expedición. Líbrense oficios y boleta, remítanse junto con copias certificadas, líbrese Cartel en su oportunidad.

DECISIÓN

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:
1.- PROCEDENTE la Suspensión del los Efectos del acto impugnado Solicitada.
2.- ADMITE el recurso de nulidad interpuesto por las abogadas MARIELA GONZÁLEZ AMORÓS, RAQUEL VILLAFAÑE SALINAS e IRACEMA TORRES, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 30.576, 17.902 y 30.455, respectivamente, en su carácter de apoderadas judiciales de la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ. En consecuencia, se ordena citar al Inspector del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, a la Procuradora General de la República, al Fiscal General de la República y notificar a la ciudadana TERESA VIRGINIA COLMENARES DÍAZ del presente recurso.
Publíquese, regístrese y notifíquese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los veintinueve (29) días del mes de junio del año dos mil seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.-
EL JUEZ

JOSÉ GREGORIO SILVA BOCANEY
LA SECRETARIA,

MARÍA LUISA RANGEL
En esta misma fecha, siendo las dos post-meridiem (2:00 p.m.), se publicó y registro la anterior sentencia.-
LA SECRETARIA,

MARÍA LUISA RANGEL

Exp. 06-1369 / fcm.-