REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Superior Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas Caracas, veintiocho de noviembre de dos mil seis 196º y 147º ASUNTO: AC22-R-2005-000887 PARTE ACTORA: ANGEL SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-7.252.539 APODERADO JUDICIAL: ADELA CHACIRA, abogada en ejercicio, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, inscrita en el I.P.S.A. bajo el número 64.125. PARTE DEMANDADA: COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V.), empresa inscrita en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal, en fecha 20 de Junio de 1930, anotado bajo el N° 387 y cuya última reforma estatuaria quedo debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 05-12-00, anotada bajo el Nro. 64, Tomo 217-A Pro. APODERADOS JUDICIALES: ARMIÑO BORJAS, JUSTO PAEZ, ROSA PAEZ-PUMAR, ENRIQUE LAGRANGE, ARMINIO BORJAS (HIJO), MANUEL ACEDO, CARLOS ACEDO, Y OTROS abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el I.P.S.A. bajo los números 1.844, 644, 610,6.715, 14.329,18.913, 19.654 respectivamente. MOTIVO: DIFERENCIA EN EL PLAN UNICO ESPECIAL En virtud de mi designación como Jueza Provisoria de este Tribunal de Alzada, por la Comisión Judicial en reunión de fecha 17-10-06, mediante oficio N° CJ-064205 y juramentada como he sido ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 15-11-06, me avoco al conocimiento de la presente causa, y paso a decidir la misma. Revisadas exhaustivamente como han sido las actas procesales que conforman el presente asunto, este Tribunal de alzada observa lo siguiente: ANTECEDENTES PROCESALES Se inicia el presente procedimiento en virtud de la demanda por el pago de PRESTACIONES SOCIALES, interpuesta por el ciudadano ANGEL SANCHEZ en contra de la empresa demandada COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V.). Como consecuencia de la distribución de expedientes realizada el 30 de junio de 2005, en la cual le correspondió su conocimiento a esta Alzada, en razón de ello este Juzgado procede a dictar su fallo previo las siguientes consideraciones. MOTIVACIONES PARA DECIDIR A los fines de la resolución del asunto debatido, acoge este Tribunal lo aclarado magistralmente por el maestro Francesco Carnelutti, en atención a la distinción que existe entre el resultado del proceso y la finalidad de éste, donde el resultado es el establecimiento de los hechos propuestos alegatoria y probatoriamente por los litigantes, mientras que la finalidad del proceso es, en esencia, la búsqueda de la verdad, actividad que está encomendada al Juez, más allá del simple establecimiento que de los hechos hayan hecho los litigantes, inquiriendo acuciosamente dicha verdad en acatamiento del mandato contenido en el numeral 1° del artículo 89 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA Previamente, pasa este Superioridad a hacer algunas disquisiciones respecto del interés que manifiestan las partes actuantes en el proceso judicial, lo cual hace previas las siguientes consideraciones: Una vez iniciado el proceso judicial con la presentación de la demanda y la admisión de ésta, nace una relación jurídica, propia del derecho de petición, en la que el actor se coloca en la posición de invocar la tutela judicial efectiva a la que está obligado el Estado por intermedio del Poder Judicial, por su parte, el Estado se coloca en la posición de tutelar ese interés jurídico reclamado, llámese la solución de un conflicto o la protección de un interés meramente gracioso. Como se dijo, tanto el actor debe tener un interés jurídico actual, como el Estado esta obligado a tutelar el interés reclamado; de donde se colige que el proceso no es más que el instrumento del que dispone el Estado para garantizar a sus administrados el mantenimiento de la paz social y la consecución de sus derechos particulares, cuando en ellos tengan interés. Con miras a este concepto funcional del Estado, el Legislador dispuso en el Código de Procedimiento Civil la norma de la perención de la instancia que establece: “Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. (…)” Establece por su parte la Ley Orgánica Procesal del Trabajo lo siguiente: “Artículo 201: Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causa en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este ultimo deberá declarar la perención.” Debe aclarar esta Juzgadora que la figura jurídica de la perención es un modo de extinguir la relación procesal, al transcurrir un cierto período en estado de inactividad. La perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso con todas sus consecuencias. Considera pertinente señalar quien decide que la perención ocurre de pleno derecho y con efectos objetivos, es decir, que la instancia se entiende perimida e inocua para continuar surtiendo efectos procesales desde el mismo momento en que se verifica el transcurso del año de inactividad, entiéndase de esta manera que surte efectos ex tunc y no desde su declaratoria, por lo que puede ser alegada por las partes, sin que ello convalide su ocurrencia o reactive la causa, o aún, puede ser declarada de oficio. En razón de esto, la Sala de Casación Civil del más Alto Tribunal ha establecido que: “Es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual ésta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el sólo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efectos no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento éste que sólo reafirma un hecho ya cumplido.” (Sentencia de fecha 27 de febrero de 2003, caso A. Malavé contra Constructora Metrovial, C.A.) Debe observarse entonces que la perención de la instancia se verifica ope legis al vencerse el año de inactividad procesal atribuible a las partes y que cuando el Juez la declara, se entiende que los efectos de la perención van a operar desde que se cumplió el año de paralización, es decir, se retrotrae al momento en que el plazo de la perención quedó cumplido y los efectos de actos procesales realizados por las partes después de cumplido el año que dispone la Ley de ninguna manera va a significar convalidación o subsanación de la perención. Observa quien decide que la ultima actuación de partes lo constituye diligencia de fecha 14 de Julio de 2.005, suscrita por la Apoderada Judicial de la parte demandada, ante este Juzgado, habiendo dejado las partes transcurrir exactamente un (01) año Cuatro (04) meses y diez (10) días, sin realizar diligencia o actuación alguna en el expediente durante el lapso de un (01) año que indica la ley. Tal actitud evidencia un estado de inercia en el expediente, y denota el desinterés o decaimiento en la prosecución de la presente causa, en los términos previstos en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (trascrito ut supra). De lo expresado anteriormente, y verificada por esta Juzgadora la inactividad de las partes por más de un año, debe considerarse que la instancia es inocua para continuar surtiendo efectos procesales, es decir, puede desprenderse que ha operado ipso iure, la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. ASÍ SE DECIDE. En virtud de lo anteriormente expuesto, tomando esta Juzgadora como base las motivaciones anteriores, resulta forzoso declarar la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. ASÍ SE DECIDE. DISPOSITIVA Con base a todos lo razonamientos de hecho y derecho que han sido expresado en la parte motiva del presente fallo este JUZGADO SUPERIOR TERCERO PARA EL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: LA CONSUMACIÓN DE LA PERENCIÓN, en la apelación ejercida por la representación Judicial de la parte demandada. ASÍ SE DECIDE No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo. Se ordena la notificación de las partes a los fines legales subsiguientes. Cúmplase, publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión. Dada, sellada y firmada en el Despacho del Juzgado Tercero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.- En la ciudad de Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de Noviembre de dos mil seis (2006). Año 196º de la Independencia y 147º de la Federación. LA JUEZA DRA. GRELOISIDA OJEDA LA SECRETARIA LISBETH MONTES “2006, AÑO BICENTENARIO DEL JURAMENTO DEL GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA Y DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGONICA Y DEL PODER POPULAR”