TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.-
196° y 147°

PARTE ACTORA: La sociedad mercantil REPRESENTACIONES GIAM, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 18-12-98, bajo el Nº 92, Tomo 270-A-Qto., modificados los estatutos Sociales, siendo el último y vigente el inscrito por ante la citada Oficina de Registro Mercantil en fecha 05-09-2002, bajo el Nº 28, Tomo 695-A-Qto.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Los abogados en ejercicio VIRGINIA TENIAS MORA, CARMELA AMODIO, LEYDYS NAVA GONZALEZ y GERARDO VILLASMIL PARRA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 31.827, 26.703, 34.626 y 34.624, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Las ciudadanas KATIUSKA DEL VALLE NARVAEZ y TANIA EDEL QUINTERO RAMIREZ, venezolanas, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. 11.144.776 y 11.203.373, respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: Sin apoderado judicial constituido en autos.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION).
Se inició el presente juicio por demanda que intentaran las abogadas en ejercicio KATIUSKA DEL VALLE NARVAEZ y TANIA EDEL QUINTERO RAMIREZ, en su carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil REPRESENTACIONES GIAM, C.A., contra las ciudadanas KATIUSKA DEL VALLE NARVAEZ y TANIA EDEL QUINTERO RAMIREZ por COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION).
En fecha 18 de abril del 2005, este Tribunal admitió la demanda, ordenando el emplazamiento de la parte demandada para que comparecieran por ante este Juzgado dentro de los diez días de despacho siguientes a que constara en autos la última de las intimaciones que de ellas se hiciera, más el termino de la distancia concedido, a fin de apercibidas de ejecución pagaren, acreditaren haber pagado o formularen oposición a las cantidades de dinero demandadas.
En fecha 27 de junio del año 2005, el Tribunal libró las boletas de intimación a la parte demandada y ordenó librar el despacho y oficio respectivo al Juzgado de los Municipios Mariños y García de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva

Esparta, a los fines de la práctica de las intimaciones ordenadas. En esa misma oportunidad el Tribunal abrió el cuaderno de medidas y decretó la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la parte actora, librando al efecto el oficio correspondiente, el cual fue retirado por la abogada VIRGINIA TENIAS, apoderada de la parte demandante el 28-06-2005.
De conformidad con las facultades conferidas a este Tribunal por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, este despacho procede de oficio a hacer el siguiente pronunciamiento:
La figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador.
La Doctrina ha señalado que la perención es una de las formas anormales de la terminación del proceso. Al Estado no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad estableciéndose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permiten a las partes emplear vías extrajudiciales.
Al respecto el ilustre maestro Rengel Romberg dice que “La perención de la instancia es una figura que extingue el proceso, no ya por un acto de parte, sino por la inactividad de las partes durante un cierto tiempo”.
Etimológicamente, la palabra perención viene del vocablo latino perimire perention, que significa extinguir, e instancia de instare, que resulta de la composición in y el verbo stare, por lo que técnicamente se definiría como el aniquilamiento de la instancia por la inacción o inercia en el proceso, mediante un tiempo determinado por la ley, que debe ser voluntaria. Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente:
“…Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer”.
En nuestra ley procesal, la perención se encuentra regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de

procedimiento por las partes”.
Ahora, si bien es cierto que en el caso de autos debe señalarse que desde el día 28 de junio del año 2005, fecha en la cual la parte actora retiró el oficio contentivo de la medida cautelar solicitada, hasta el día de hoy, no es menos cierto que no existe actuación alguna realizada por las partes para impulsar el procedimiento lo que evidencia que en el presente juicio ha transcurrido más de un año sin que la parte actora haya realizado ningún acto que impulse el mismo, por lo que al no cumplir con dicha obligación, se subsume dentro de los preceptos sancionatorios previstos en el anteriormente transcrito artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, considerando este Tribunal que se da el mencionado presupuesto sancionatorio por inactividad de las partes, por lo que de conformidad con la referida normativa, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio, produciéndose los efectos establecidos en los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Civil.
De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas.
Publíquese, Regístrese y Déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los 27 días del mes de Noviembre del año dos mil seis (2006). Años. 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
La Juez
Dra. María Rosa Martínez C.
La Secretaria
Norka Cobis Ramírez.
En esta misma fecha ( 27 -11-2006) siendo las 2:00 p.m., se registró y publicó la anterior decisión, dejándose copia de la misma en el archivo del Tribunal, a los fines indicados en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

La Secretaria