REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. Caracas, _____ de ______________ del 2006 Años 196° y 147° SENTENCIA: INTERLOCUTORIA EXPEDIENTE: 24.389 PARTE DEMANDANTE: Compañía “INMUEBLES FRIPETRO, C.A.”, domiciliada en caracas, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda, bajo el N° 3, tomo 80-A-Pro, en fecha 19 de mayo de 1978.- APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: MATILDE MEDINA, abogada en ejercicio, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V- 4.594.703, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 65.066.- PARTE DEMANDADA: FRANCISCO SANCHEZ SANDOVAL, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad N° V- 3.402.722.- MOTIVO: PRONUNCIAMIENTO DE MEDIDA. -I- Visto el libelo de la demanda, mediante el cual la ciudadana MATILDE MEDINA, abogada en ejercicio, procediendo en su carácter de apoderada judicial de la Compañía “INMUEBLES FRIPETRO, C.A”, antes identificada, mediante la cual solicitan medida de Prohibición de Enajenar y Gravar, este Tribunal se pronuncia al respecto: Las medias cautelares , escribe ROCCO, no es más que una acción tendiente a obtener una resolución, llamada cautelar, que al conservar el estado de hecho y de derecho determinado por cierta situación de hecho y jurídica, incierta y controvertida, evita el peligro de que en virtud de posibles o probables eventos naturales o voluntarios, sean abolidos o restringidos aquellos intereses jurídicos, de derecho sustancial o procesal, tutelados por el derecho objetivo, que de tal situación derivan o pueden derivar, mientras está pendiente un proceso en previsión de un proceso futuro. (Tratado de derecho procesal civil, V, pag. 89). Ahora bien, ha establecido nuestro Máximo Tribunal de Justicia que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar solo se concede cuando exista en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal razón, es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fomus boni iuris). El periculum in mora tanto la doctrina como la jurisprudencia lo orientan a la presunción grave del temor al daño por la tardanza en la duración del juicio, por los actos que pueda cometer la parte demandada durante el tiempo de duración de los juicios tendentes a desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. El fomus boni iuris, consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, fundamentándose el Tribunal en los instrumentos acompañados junto con el libelo de la demanda como un juicio de probabilidades y verosimilitud sobre la pretensión del accionante. En aplicación al criterio doctrinal antes expuesto, este tribunal NIEGA LA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, solicitada por la parte demandante en el presente proceso, por cuanto a juicio de esta juzgadora no consta que la parte solicitante haya probado fehacientemente en autos el Periculum in Mora y el Fumus Bonis Iuris a que se refiere el Articulo 585 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.- LA JUEZ DRA. ANGELINA MARGARITA GARCÍA HERNÁNDEZ.- LA SECRETARIA, ACC. KELYN CONTRERAS. EXP. N°. 24.389 AMGH/KC/laura.-