REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO SUPERIOR DEL TRABAJO DEL
CIRCUITO JUDICAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, diecisiete (17) de abril de dos mil siete (2007)
197º y 148º
ASUNTO: AP21-R-2007-000315
PARTE ACTORA: RAFAEL JOSE RONDON TEJADA, venezolano, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad Nº. V- 11.740.183

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: MIRNA DINHORA PRIETO, abogada en ejercicio e inscrita en el inpreabogado bajo el N° 92.909.

PARTE DEMANDADA: SMILLE C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 09 de febrero de 2001, bajo el N° 42, tomo 509, Folio A-Qto, ALIDA ORIHUELA DE MARCHENA, inscrita en el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 9 de agosto de 1999, anotado bajo el N° 20, Tomo 336-A-Qto.

APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: HELEN MARIE HUSKEY y ELIO AVILA MORENO, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 77.823 y 32.463 respectivamente.
ASUNTO: Cobro de Prestaciones Sociales

SENTENCIA: Interlocutoria (Desistido 163 LOPT)

MOTIVO:
Apelación formulada por la abogada HELEN MARIE HUSKEY, actuando como apoderada judicial de la sociedad mercantil SMILE, C.A. y la firma personal ALIDA ORIHUELA DE MARCHENA, codemandadas en el juicio por Cobro de Prestaciones Sociales intentado por el ciudadano RAFAEL JOSE RONDON, contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de este Circuito Judicial del Trabajo, de fecha 27 de febrero de 2007.

CAPITULO I
DEL OBJETO DE LA APELACION

En fecha trece (13) de marzo de dos mil siete (2007) por distribución aleatoria, fue recibida la presente causa. En fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil siete (2007), se dio por recibido el presente asunto, siendo fijada la audiencia dentro de la oportunidad legal para el martes diez (10) de abril del año dos mil siete (2007) a las 11:00 a.m. El día fijado para la audiencia de apelación, se anunció dicho acto, dejándose constancia de la incomparecencia de la parte demandada apelante.

CAPITULO II
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

La comparecencia a cualesquiera de las audiencias previstas en el desarrollo normativo de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo comporta una obligación de naturaleza absoluta cuyo incumplimiento deriva en un cúmulo de situaciones de orden procesal verdaderamente adversas para la parte requerida. (Sentencia N° 627, de fecha 09/06/2004, ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz)

La no comparecencia de alguna de las partes, según el ilustre maestro Carnelutti, constituye una anomalía del procedimiento habida consideración de que las partes son sujetos necesarios y útiles en el proceso, cuyo interés procesal debe estar evidenciado desde el primer momento en que se inicia cualquier proceso, debiendo subsistir necesariamente durante el desarrollo de éste. En consecuencia:
“…el que una de ellas o ambas no se pongan a disposición del oficio, constituye por lo menos una dificultad para la continuidad del procedimiento… Por tanto, cuando una de las personas indicadas como partes en la citación o en el recurso no comparece a pesar de tener la carga de la comparecencia, esta no comparecencia asume el significado de incumplimiento de la carga de comparecer…” (Carnelutti, Francesco. “Instituciones de Derecho Procesal Civil”. Biblioteca Clásicos del Derecho Procesal, Tomo III, p. 952)

Bajo esta perspectiva, resulta evidente entonces que la incomparecencia de cualquiera de las partes a los diferentes actos procesales que requieran dicha presencia, afecta per se el iter procesal y es por ello que el legislador ha otorgado diferentes efectos legales en los diversos supuestos que pueden presentarse con ocasión de la no comparencia de los intervinientes en un juicio.

La falta de comparecencia supone lógicamente una carga de comparecer, por ello, cuando una de las personas indicadas como parte en el proceso no comparece a pesar de tener la carga de la comparecencia, esta incomparecencia asume el significado de incumplimiento de su deber procesal, ya que afecta per se el iter procesal, y es por ello que el legislador ha otorgado el efecto legal del desistimiento por la no comparecencia del accionante.

En tal sentido, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en lo concerniente al Procedimiento en Segunda Instancia, ha previsto el desistimiento de la apelación como consecuencia jurídica del “incumplimiento de la carga de comparecer” por parte del apelante, en virtud que las partes están a derecho una vez efectuada la notificación para la Audiencia Preliminar, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y por tanto, no hay necesidad de nueva notificación para ningún otro acto del proceso, salvo los casos expresamente señalados en la ley.

Por consiguiente, tal como lo señala el autor Iván Darío Torres: “Si la parte recurrente no comparece a la audiencia fijada por el Tribunal Superior del Trabajo, se entiende que ha desistido del recurso interpuesto contra la sentencia que le fue desfavorable; por lo que dicho Tribunal debe remitir el expediente al tribunal sustanciador; y la sentencia proferida queda definitivamente firme”. (Torres, Iván. “El Nuevo Procedimiento del Trabajo”. p. 340)

La exposición de motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo explica los principios que rigen el nuevo proceso laboral, constituyendo la oralidad, la inmediación y la concentración, tres de sus pilares fundamentales y es por aplicación de estos principios que en el procedimiento se estableció la carga procesal al demandante, quién debe comparecer a la audiencia preliminar en todas y cada una de sus prolongaciones y de no hacerlo, se presume su falta de interés en proseguir la causa, es decir su desistimiento, presunción que sólo admite prueba en contrario demostrando fehacientemente, el hecho fortuito, la causa de fuerza mayor y una eventualidad del quehacer humano que aún cuando fuese previsible y evitable sin embargo traiga consigo una carga irregular y compleja, que no le permitió acudir a la fecha y hora fijadas por el Juez.

En el caso concreto, hubo una apelación formulada por la abogada HELEN MARIE HUSKEY, actuando como apoderada judicial de la parte demandada, contra la sentencia dictada en fecha 27 de febrero de 2007, por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial del Trabajo, con motivo de la demanda incoada por el ciudadano RAFAEL JOSE RONDON contra SMILE, C.A y LA FIRMA PERSONAL ALIDA ORIHUELA DE MARCHENA.

Este Juzgado Superior fijó mediante Auto expreso de fecha veintiséis (26) de marzo de dos mil siete (2007) fijó la celebración de la audiencia oral para el día martes diez (10) de abril del año dos mil siete (2007) a las 11:00 a.m., en esa fecha, el Tribunal se constituyó y en el acta correspondiente se dejó constancia de la incomparecencia de la parte demandada recurrente.

La incomparecencia de la parte apelante, como se explicó anteriormente, constituye un incumplimiento de la carga que establece la disposición legal trascrita, que trae como consecuencia la declaratoria de desistimiento de la apelación, razón por la cual considera esta alzada que si no se declara desistida la apelación ante la incomparecencia de la parte recurrente, se violaría una norma de orden público, tal y como lo ha indicado la sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha tres (03) de septiembre de 2004 con ponencia del Magistrado Dr. Juan Rafael Perdomo, (R.C.L. N° AA60-S-2004-000420).

Consta en el acta de fecha diez (10) de abril del año dos mil siete (2007), levantada con motivo de la audiencia oral en el procedimiento de segunda instancia, que la parte apelante no compareció, configurándose el supuesto previsto en el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y como consecuencia de lo anterior debe considerarse desistido el recurso de apelación.

En el caso de autos, la parte recurrente, quien estaba a derecho, no compareció a la Audiencia ni por sí ni por intermedio de apoderado judicial, lo que evidencia la pérdida del interés procesal en la consecución del procedimiento iniciado con la interposición del recurso de apelación propuesto, por lo que, consecuencialmente este Juzgador, de acuerdo a los criterios doctrinarios y jurisprudenciales anteriormente esbozados y de conformidad con lo consagrado en el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo declara desistida la apelación. ASÍ SE DECIDE.

CAPÍTULO III
DISPOSITIVO

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, Declara: Primero: DESISTIDO el recurso de apelación formulada por la abogada HELEN MARIE HUSKEY, I.P.S.A. No. 77.823, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil SMILE, C.A. y la firma personal ALIDA ORIHUELA DE MARCHENA, partes codemandadas en el juicio por Cobro de Prestaciones Sociales intentado por el ciudadano RAFAEL JOSE RONDON, contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de este Circuito Judicial del Trabajo, de fecha 27 de febrero de 2007, que declaró CON LUGAR la demanda intentada. Segundo: SE CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de este Circuito Judicial del Trabajo, de fecha 27 de febrero de 2007, que declaró CON LUGAR la demanda intentada. Tercero: Hay condenatoria en costas del recurso de apelación a la parte demandada apelante conforme al artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, DEJESE COPIA Y REMITASE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas a los diecisiete (17) días de abril de dos mil siete (2007). Años: 196° y 147°.-


HERMANN VASQUEZ FLORES
JUEZ TITULAR
SECRETARIO




Nota: En la misma fecha y previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión.

SECRETARIO

EXP N° AP21-R-2007-000315

“ BICENTENARIO DEL JURAMENTO DEL GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA Y DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGONICA Y DEL PODER POPULAR