Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas
Caracas, cinco (18) de diciembre de 2008
198º y 149º
SENTENCIA N° 964
ASUNTO NUEVO: AF47-U-1999-000077
ASUNTO ANTIGUO: 1223
En fecha 07 de abril de 1999, los abogados Alfredo Travieso Passios, Moisés Vallenilla Tolosa, Carlos E. Weffe H. y Víctor Franquiz Domínguez, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 4.987, 35.060, 70.442 y 61.525, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la contribuyente BECOBLOHM LA GUAIRA, C.A., representación acreditada mediante instrumento poder que cursa en autos, presentó solicitud de reintegro de las tasas de pilotaje pagadas en exceso, por un monto total de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.2.664.500,00) correspondientes a las planillas de liquidación infra identificadas, emitidas por la Capitanía de Puertos de Guanta-Puerto la Cruz, adscrita a la Dirección de Navegación Acuática de la Dirección General Sectorial de Transporte y Comunicaciones, adscrita al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (hoy Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos).
Planilla Fecha Cantidad Concepto Capitanía
A0094601 14 junio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0094648 22 junio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0094777 30 junio 1995 Bs.145.000,00 Derechos Adic. De Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0094853 17 julio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0094851 17 julio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0094849 17 julio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adic. De Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0098555 31 julio 1995 Bs.145.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0098536 31 julio 1995 Bs.145.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0098611 10 agosto 1995 Bs.175.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0094949 26 julio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0098595 08 agosto 1995 Bs.145.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0094556 12 junio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0094775 30 junio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.653 16 junio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.695 23 junio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.748 30 junio 1995 Bs.145.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.846 13 julio 1995 Bs.85.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.845 12 julio 1995 Bs.85.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.844 12 julio 1995 Bs.55.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.993 31 julio 1995 Bs.85.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.978 31 julio 1995 Bs.100.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
2.036 09 agosto 1995 Bs.100.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.916 26 julio 1995 Bs.85.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
2.031 09 agosto 1995 Bs.130.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.624 12 junio 1995 Bs.100.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.747 30 junio 1995 Bs.100.000,00 Derechos Adic. De Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
El 08 de abril de 1999, se recibió la presente causa del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario y en fecha 13 de abril de 1999, este Tribunal le dio entrada al expediente bajo el N° 1223, ordenándose notificar a los ciudadanos Procurador y Contralor General de la República y a la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático (hoy Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos).
Así, el ciudadano Contralor General de la República fue notificado en fechas 29 de abril de 1999, la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático fue notificada el 04 de mayo de 1999, el Procurador General de la República el 05 de mayo de 1999, siendo consignadas todas las boletas el 11 de mayo de 1999.
En fecha 24 de mayo de 1999, se admitió el presente recurso en cuanto ha lugar en derecho y se ordenó proceder a la tramitación y sustanciación correspondiente.
A través de Oficio N° DGSTAc/DPAc.-0574 de fecha 06 de junio de 1996, el Director General Sectorial de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, remitió a este Tribunal el expediente administrativo de la contribuyente BECOBLOHN LA GUAIRA C.A.
Mediante auto de fecha 10 de junio de 1999, se declara la causa abierta a pruebas.
En fecha 02 de julio de 1999, la representación de la contribuyente presentó escrito de promoción de pruebas.
Mediante auto de fecha 06 de julio de 1999, se ordenó agregar a los autos el escrito de promoción de pruebas.
En fecha 09 de julio de 1999, se admitió el escrito de promoción de pruebas de la representación de la contribuyente.
En fecha 10 de agosto de 1999, se dictó auto por medio del cual se fija el lapso de quince (15) días de despacho para que tenga lugar el acto de informes.
La contribuyente y la representación fiscal el 13 de octubre de 1999, presentaron escritos de informes.
Mediante auto de fecha 15 de octubre de 1999, este Tribunal dijo “VISTOS” y fijo oportunidad para la presentación de las observaciones a los informes.
En fecha 17 de noviembre 1999, la representación de la contribuyente presentó escrito de observaciones a los informes.
En fecha 27 de enero de 1997, vencido el lapso para la presentación de observaciones a los informes, el Tribunal dejó constancia que la representación de la contribuyente presentó escrito de observaciones a los informes.
Mediante auto de fecha 12 de diciembre de 2008, el Tribunal se avocó al conocimiento y decisión de la presente causa.
II
ANTECEDENTES
La contribuyente BECOBLOHN LA GUAIRA C.A., fue notificada de las Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales y Planillas de Remuneraciones Especiales por Habilitaciones de Pilotaje supra identificadas, emitidas por la Dirección de Capitanías de Puerto de Las Piedras, de la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático, adscrita al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por la cantidad total de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.2.664.500,00), las cuales canceló a la Administración Tributaria y contra estas la contribuyente ejerció la correspondiente solicitud de reintegro en vía administrativa.
En fecha 07 de abril de 1999, el apoderado judicial de la contribuyente BECOBLOHN LA GUAIRA C.A., antes identificado, presentó solicitud de reintegro de de las tasas de pilotaje pagadas en exceso, por un monto total de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.2.664.500,00) correspondientes a las planillas de liquidación supra identificadas, emitidas por la Capitanía de Puertos de Guanta-Puerto la Cruz en la zona de pilotaje de Guanta, adscrita a la Dirección de Navegación Acuática de la Dirección General Sectorial de Transporte y Comunicaciones.
III
ALEGATOS DE LA ACCIONANTE
El apoderado judicial de la contribuyente BECOBLOHN LA GUAIRA C.A. señala en su escrito recursorio los argumentos que se exponen a continuación:
“Los pagos en exceso efectuados por BECOBLOHM de conformidad con las Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales y las Planillas de Derecho de Habilitación de Pilotaje fueron determinadas ilegítimamente por la Capitanía de Puerto de Guanta-Puerto la Cruz por indebida aplicación de los artículos 4 y 6 del Decreto 2.023. En efecto, los mencionados Decretos en evidente y flagrante exceso reglamentario, modificaron la alícuota de la tasa de pilotaje generada por los servicios prestados en horas hábiles y en forma habilitada, aumentándola en exceso del límite legal de un mil quinientos bolívares (Bs.1.500,00), entre cinco mil bolívares (Bs.5.000,00) y quince mil bolívares (Bs.15.000,00), requiriendo su pago conforme a un tipo fraccionado en función del tonelaje bruto del buque de que se trate, por cada entrada, salida y movimiento ocurrido en la zona de pilotaje respectiva.
Semejante desarrollo reglamentario contradice abiertamente la Ley de Pilotaje y, por lo tanto, altera el ‘espíritu, propósito y razón’ de los artículos 34 y 36 de la Ley de Pilotaje, objeto de aplicación reglamentaria en grave quebrantamiento del artículo 190, ordinal 10 de la Constitución de la República. Además, la modificación, por vía reglamentaria, de la alícuota de la tasa de pilotaje, violentó la reserva legal tributaria, usurpando una competencia que corresponde al Poder Legislativo Nacional, conforme a los artículos 117 y 119 del mismo texto fundamental, hace nulo de nulidad insanable el acto reglamentario y cualquier acto administrativo que se fundamente en aquél.
Por último la representación de la contribuyente solicitó al Tribunal, “Que ordene el reintegro de la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.2.664.500,00), por concepto de las tasas de pilotaje pagadas en exceso como consecuencia de las liquidaciones realizadas por la Capitanía de Puerto de Guanta-Puerto La Cruz con ilegítimo fundamento en las normas inconstitucionales e ilegales establecidas en los reglamentos de la zona de pilotaje de Guanta-Puerto La Cruz, artículos 4 y 6 del Decreto No. 2.023, por incurrir en grave exceso reglamentario y en quebrantamiento de la reserva legal tributaria.”
IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Este Tribunal deduce de la lectura de los actos administrativos impugnados y de los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la empresa accionante, que la presente controversia se centra en dilucidar si son improcedentes los tributos determinados a la contribuyente BECOBLOHN LA GUAIRA C.A. , por conceptos de “Derechos de Remuneraciones Especiales por Habilitaciones de Pilotaje” y “Derechos Fiscales”, al estar viciados de nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad, en virtud de existir un exceso reglamentario contrario al espíritu, propósito y razón de la norma legal y en consecuencia procede el reintegro de las sumas pagadas indebidamente por tales conceptos.
Delimitada como ha sido la litis, este Tribunal antes de entrar a analizar el fondo de la controversia sometida a su consideración, estima necesario investigar la posible prescripción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, a los fines de decidir de oficio la misma, en atención al criterio sentado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1557 de fecha 19 de junio de 2006, caso: FUNDACIÓN MAGALLANES DE CARABOBO, reiterado en sentencias N° 01058 de fecha 19 de junio de 2007, caso: LAS LLAVES C.A., contra Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo; sentencia Nº 01399, de fecha 07 de agosto de 2007, caso: OLIVER INGENIERÍA, C.A., contra Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE); sentencia N° 01523, de fecha 14 de agosto de 2007, caso: HIDROCARBUROS y DERIVADOS, C.A., (HIDECA), contra Ministerio de Hacienda; sentencia N° 1527, de fecha 14 de agosto de 2007, caso: DHL FLETES AÉREOS, C.A., contra Ministerio de Hacienda; sentencia N° 1525, de fecha 14 de agosto de 2007, caso: INVERSIONES BEDAL, S.A., contra Ministerio de Hacienda.
En este orden, y por cuanto el Tribunal dijo “Vistos”, mediante auto de fecha 15 de octubre de 1999, el cual cursa en el folio 164 del expediente judicial, es necesario considerar en primer lugar, a los efectos de determinar la normativa aplicable al caso de autos, el criterio fijado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en la citada sentencia, caso: Fundación Magallanes de Carabobo, en la cual sostuvo:
“Así las cosas, debe esta alzada determinar previamente en el caso de autos si operó o no la aludida prescripción de la obligación debatida, para lo cual habrá de partirse del análisis de la normativa que resultaba aplicable, vistas las sucesivas reformas que sufrió el Código Orgánico Tributario (instrumento regulador de la materia) a lo largo de la tramitación de la presente causa; ello en atención a la efectiva comprobación del lapso de prescripción y sus posibles interrupciones o suspensiones.
Al respecto se observa que los hechos debatidos y el presunto acaecimiento del hecho generador de la obligación tributaria sustancial se verificaron bajo la vigencia del primer Código Orgánico Tributario (vigente a partir del 1° de enero de 1983), motivo por el cual en principio resultarían aplicables, las disposiciones reguladoras contenidas en dicho instrumento, no obstante, el 10 de diciembre de 1992 entró en vigor una nueva reforma de dicho instrumento (Gaceta Oficial N° 4.727 Extraordinario del 27 de mayo de 1994). Ahora bien, estando en vigencia el aludido Código de 1992, fue dicho “Vistos” en la presente causa, paralizándose posteriormente ésta, toda vez que no fue dictado por esta alzada el respectivo fallo dentro del termino legal correspondiente”. (Sentencia N° 1557 de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 19 de junio de 2006, caso: Fundación Magallanes de Carabobo).
Asimismo, en sentencia N° 1523 de fecha 14 de agosto de 2007, caso: HIDROCARBUROS Y DERIVADOS, C.A. (HIDECA), la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, señaló:
“La presente controversia se circunscribe a determinar la procedencia de los reparos formulados por la Administración Tributaria Activa a la contribuyente Hidrocarburos y Derivados, C.A. (HIDECA), a la declaración estimada de rentas presentada por la referida sociedad mercantil para el ejercicio fiscal comprendido desde el 1º de diciembre de 1972 hasta el 30 de noviembre de 1973.
No obstante, esta Alzada pasa a analizar previamente la posible prescripción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo.
Tal y como fue sostenido en sentencia N° 01058 de fecha 20 de junio de 2007, caso: Las Llaves, S.A., vs. Municipio Autónomo de Puerto Cabello del Estado Carabobo, habrá de partir del análisis de la normativa que resultaba aplicable, vistas las sucesivas reformas que sufrió el Código Orgánico Tributario (instrumento regulador de la materia) a lo largo de la tramitación de la presente causa; ello en atención a la efectiva comprobación del lapso de prescripción y sus posibles interrupciones o suspensiones.
Vale destacar, que en principio resultarían aplicables las normas vigentes a la fecha en que se produjo el hecho generador de la obligación principal, no obstante, conforme lo determinó la Sala en un caso precedente (ver sent. Nº 01557 de fecha 20 de junio de 2006, caso: Fundación Magallanes de Carabobo), debe aplicarse la normativa vigente cuando se entra en estado de sentencia, en razón de ser “…la fecha en que se produjo la paralización de la causa…”.
Bajo estas premisas, se observa que el 10 de diciembre de 1992 entró en vigencia la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Tributario de 1983 (Gaceta Oficial N° 4.466 Extraordinario del 11 de septiembre de 1992), que reguló la materia tributaria hasta el 1° de julio de 1994, cuando se efectuó una nueva reforma de dicho instrumento (Gaceta Oficial N° 4.727 Extraordinario del 27 de mayo de 1994). Ahora bien, en la presente causa, se dijo “Vistos” el día 18 de febrero de 1993.
Entrando así la causa en estado de sentencia a tenor de lo previsto en el artículo 168 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable temporalmente al caso bajo estudio, por un lapso de sesenta (60) días continuos de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en razón de lo ordenado en el artículo 88 de la citada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; luego de lo cual, una vez transcurrido el aludido lapso de sesenta (60) días para sentenciar sin que se hubiese dictado el pronunciamiento de ley correspondiente, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación, vale decir, desde el 18 de abril de 1993.
Ahora bien, el citado Código Orgánico Tributario de 1992, vigente para la fecha en que se produjo la paralización de la causa, establecía en sus artículos 52, 54 y 56, lo que a continuación se transcribe:
‘Artículo 52.- La obligación tributaria y sus accesorios prescriben a los cuatro (4) años.
Este término será de seis (6) años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados, y en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración Tributaria no pudo conocer el hecho.
Artículo 54.- El término se contará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible.
Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el período respectivo.
El lapso de prescripción para ejercer la acción de reintegro se computará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se efectúo el pago indebido.
Artículo 56.- El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos, hasta sesenta (60) días después que la Administración Tributaria adopte Resolución definitiva, tácita o expresa, sobre los mismos.
Suspende también el curso de la prescripción, la iniciación de los procedimientos previstos en el Título V de este Código, respecto de las materias objeto de los mismos, hasta su decisión definitiva. La paralización del procedimiento hará cesar la suspensión, en cuyo caso continuará el curso de la prescripción. Si el proceso se reanuda antes de cumplirse la prescripción, ésta se suspende de nuevo, al igual que si cualquiera de las partes pide la continuación de la causa, lo cual es aplicable a las siguientes paralizaciones del proceso que puedan ocurrir.
Cuando la paralización del procedimiento ocurra después de presentados los informes, o de la oportunidad para su presentación, la prescripción iniciada se suspende si cualquiera de las partes pide la continuación de la causa, a partir de lo cual se reiniciará su curso. Cumplido el lapso prescriptivo, el interesado podrá pedir, en cualquier momento antes de la sentencia, que se declare en ésta la prescripción, lo cual hará el Tribunal previa audiencia del representante de la otra parte.’(Destacados de la Sala).
De las disposiciones normativas precedentemente transcritas, se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de cuatro (4) años, en atención a la declaración estimada de rentas presentada en fecha 15 de marzo de 1973 por la contribuyente Hidrocarburos y Derivados, C.A. (HIDECA), para el ejercicio fiscal comprendido desde el 1º de diciembre de 1972 y el 30 de noviembre de 1973.
Ahora bien, en el caso bajo examen pudo advertir esta Máxima Instancia que el curso de dicha prescripción fue suspendido el 20 de febrero de 1978, mediante la interposición del “recurso contencioso tributario” manteniéndose suspendido el lapso de prescripción hasta el 18 de abril de 1993, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta Sala, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado anteriormente, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto una de las partes impulsara nuevamente el proceso y reactivase éste.
Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, al haber rebasado el aludido lapso de cuatro (4) años de prescripción de la obligación tributaria, desde la paralización de la causa (18 de abril de 1993) hasta el 27 de febrero de 2007, fecha en la cual la representación fiscal solicitó a esta Alzada pronunciamiento sobre el presente asunto; razón por la cual esta Sala declara prescrita la obligación tributaria exigida por el Fisco Nacional, a la sociedad mercantil Hidrocarburos y Derivados, C.A. (HIDECA), constante de diferencia de impuesto sobre la renta por el monto de doscientos nueve mil doscientos siete bolívares con cuarenta y nueve céntimos (Bs. 209.207,49) y sanción de multa por la cantidad de doscientos diecinueve mil seiscientos sesenta y siete bolívares con ochenta y seis céntimos (Bs. 219.667,86), con ocasión de la declaración estimada de rentas presentada por la mencionada sociedad mercantil, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido desde el 1º de diciembre de 1972 hasta el 30 de noviembre de 1973. Así se decide.
Vista la declaración de prescripción que antecede, carece de objeto pronunciarse sobre la apelación formulada por el Fisco Nacional”. (Sentencia N° 1523. de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 14 de agosto de 2007 caso: Fundación HIDROCARBUROS Y DERIVADOS, C.A. (HIDECA), con ponencia de la Magistrado Yolanda Jaimes Guerrero).
Así, en el presente caso, esta Juzgadora observa que para la fecha en que el Tribunal dijo “Vistos”, estaba vigente el Código Orgánico Tributario de 1994, (Gaceta Oficial N° 4.727 Extraordinario del 27 de mayo de 1994), siendo en consecuencia ésta, la normativa aplicable al caso de autos.
En este orden, el precitado Código Orgánico Tributario, establecía lo siguiente:
“Artículo 51: La obligación tributaria y sus accesorios prescriben a los cuatro (4) años.
Este término será de seis (6) años cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados, y en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración Tributaria no pudo conocer el hecho.”
“Artículo 53: El término se contará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible.
Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el período respectivo.
El lapso de prescripción para ejercer la acción de reintegro se computará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se efectúo el pago indebido.”
“Artículo 54: El curso de la prescripción se interrumpe:
1. Por la declaración del hecho imponible.
2. Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de notificación o de presentación de liquidación respectiva.
3. Por el reconocimiento de la obligación por parte del deudor.
4. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.
5. Por el acta levantada por funcionario fiscal competente…”
“Artículo 55: El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos, hasta sesenta (60) días después que la Administración Tributaria adopte Resolución definitiva, tácita o expresa, sobre los mismos.
Suspende también el curso de la prescripción, la iniciación de los procedimientos previstos en el Título V de este Código, respecto de las materias objeto de los mismos, hasta su decisión definitiva. La paralización del procedimiento hará cesar la suspensión, en cuyo caso continuará el curso de la prescripción. Si el proceso se reanuda antes de cumplirse la prescripción, ésta se suspende de nuevo, al igual que si cualquiera de las partes pide la continuación de la causa, lo cual es aplicable a las siguientes paralizaciones del proceso que puedan ocurrir.”
Así, de la norma prevista en artículo 51 del Código Orgánico Tributario ut supra transcrito, se observa que en el presente caso, la prescripción de la obligación tributaria, debía producirse en el término de cuatro (4) años, en virtud de que la contribuyente accionante pagó los “Derechos de Remuneraciones Especiales por Habilitaciones de Pilotaje” y “Derechos Fiscales”.
En este sentido, se observa de la revisión da las actas procesales que conforman el presente expediente, que la contribuyente solicitó el 28 de diciembre de 1999, el reintegro por la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.2.664.500,00), por ante la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, suspendiéndose el lapso de prescripción en fecha 07 de abril de 1999, con la interposición del recurso contencioso tributario, contra las referidas planillas.
Ahora bien, se advierte que, en efecto el Tribunal dijo “Vistos”, en fecha 15 de octubre de 1999, dejando constancia que ambas partes consignaron escrito de informes, abriéndose en consecuencia el lapso de 8 días para las observaciones a los informes, como se desprende del auto donde se dijo vistos, por lo que la causa queda en estado de sentencia, por un lapso de sesenta (60) días de despacho, -hasta el día 13 de abril de 2000-, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 eiusdem, el cual disponía:
“Artículo 194: Vencido el plazo para presentar los informes y antes de dictar sentencia el Juez podrá dictar auto para mejor proveer, cuyo plazo no debe exceder de quince (15) días de despacho. Una vez que el Tribunal diga Vistos después del acto de informes o de cumplido el acto para proveer, el Tribunal dictará sentencia dentro de los sesenta (60) días de despacho”.
Así, una vez transcurrido el referido lapso para sentenciar sin que se hubiese dictado el fallo correspondiente, la causa quedaría paralizada desde el día 14 de abril de 2000, debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación.
No obstante, de la revisión de las actas procesales, que conforman el expediente judicial, advierte este Tribunal que después del 14 de abril de 2000, fecha en que se inició el lapso de prescripción por el vencimiento del lapso de sesenta (60) días de despacho para sentenciar la presente causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 194 del Código Orgánico Tributario de 1994, hasta el día 12 de diciembre de 2008, fecha en la cual este Tribunal dictó auto de avocamiento para la decisión de la presente causa, no se produjo ninguna actuación de las partes, evidenciándose que la causa estuvo paralizada por ocho (08) años, ocho (8) meses y dos (2) días, por lo que indudablemente, se produjo en exceso la prescripción de la presunta obligación tributaria, en virtud de la falta de impulso procesal -durante ese lapso-, tanto de la representación de la Dirección de Capitanías de Puerto de Guanta-Puerto La Cruz, de la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático adscrita al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (hoy Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos), como de la representación judicial de la contribuyente recurrente, razón por la cual se ha extinguido la presunta obligación Tributaria.
En mérito de lo expuesto, se declara la prescripción del derecho de la contribuyente accionante de solicitar el reintegro del crédito fiscal por la cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.2.664.500,00),que pagó a la Dirección de Capitanías de Puerto de Guanta Puerto la Cruz, al haberse evidenciado la paralización de la causa por más de cuatro (4) años. Así se declara.
Como consecuencia de la declaratoria anterior, este Tribunal no entra a pronunciarse sobre los demás aspectos controvertidos. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PRESCRITO EL DERECHO A REINTEGRO DEL CREDITO FISCAL exigido por la contribuyente BECOBLOHN LA GUAIRA C.A., a la Dirección de Capitanías de Puerto de Guanta-Puerto La Cruz, de la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático, adscrita al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, hoy Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, el cual pagó a través de las Planillas de Liquidación de Derechos Fiscales siguientes:
Planilla Fecha Cantidad Concepto Capitanía
A0094601 14 junio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0094648 22 junio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0094777 30 junio 1995 Bs.145.000,00 Derechos Adic. De Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0094853 17 julio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0094851 17 julio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0094849 17 julio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adic. De Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0098555 31 julio 1995 Bs.145.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0098536 31 julio 1995 Bs.145.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0098611 10 agosto 1995 Bs.175.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0094949 26 julio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0098595 08 agosto 1995 Bs.145.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0094556 12 junio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
A0094775 30 junio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.653 16 junio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.695 23 junio 1995 Bs.115.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.748 30 junio 1995 Bs.145.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.846 13 julio 1995 Bs.85.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.845 12 julio 1995 Bs.85.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.844 12 julio 1995 Bs.55.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.993 31 julio 1995 Bs.85.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.978 31 julio 1995 Bs.100.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
2.036 09 agosto 1995 Bs.100.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.916 26 julio 1995 Bs.85.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
2.031 09 agosto 1995 Bs.130.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.624 12 junio 1995 Bs.100.000,00 Derechos Adicionales de Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
1.747 30 junio 1995 Bs.100.000,00 Derechos Adic. De Pilotaje. Guanta-Puerto la Cruz.
Publíquese, regístrese y notifíquese a la Procuraduría General de la República y al Contralor General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y artículo 84 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. De igual forma notifíquese al Fiscal General de la República, a la Dirección de Capitanías de Puerto de Las Piedras, de la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático, adscrita al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (hoy Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos) y a la accionante BECOBLOHN LA GUAIRA C.A., de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 277 del Código Orgánico Tributario.
Se advierte a las partes que de conformidad con el único aparte del artículo 278 del Código Orgánico Tributario y el criterio sostenido por nuestro máximo Tribunal de Justicia (Sentencia N° 991 de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Tracto Caribe, C.A., Exp. N° 2002-835), esta sentencia no admite apelación, por cuanto el quantum de la causa no excede de quinientas (500) unidades tributarias.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los diecisiete (18) días del mes de diciembre de dos mil ocho (2008).
Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación.
La Jueza Suplente,
Lilia María Casado Balbás
El Secretario,
José Luis Gómez Rodríguez
En el día de despacho de hoy diecisiete (18) días del mes de diciembre de dos mil ocho (2008), siendo las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.), se publicó la anterior sentencia.
El Secretario,
José Luis Gómez Rodríguez
ASUNTO NUEVO: AF47-U-1999-000077
ASUNTO ANTIGUO: 1223
LMCB/JLGR
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