TSJ Regiones - Decisión

Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas
Caracas, dieciocho (18) de diciembre de dos mil ocho (2008)
198º y 149º

SENTENCIA N° 971
Asunto Antiguo: 2239
Asunto Nuevo: AF47-U-2000-000151

En fecha 18 de febrero de 2000, el ciudadano Carlos Elías Vivas Marquéz, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.123.943, actuando en su carácter de director gerente de la contribuyente AGENCIA POPULAR, S.R.L., asistido en este acto por la abogada Belkis Delgado Prieto, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.167.811, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 63.570, ejerció recurso contencioso tributario interpuesto subsidiariamente al jerárquico contra la Resolución (Intereses Moratorios) N° MH-SENIAT-DR-AC-I-058 y la Planilla de Liquidación N° 021001538000058 ambas de fecha 02 de noviembre de 1999, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Llanos del SENIAT, por un monto de BOLÍVARES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 99.344,96), así como contra la Resolución N° GJT-DRAJ-A-2003-2970 de fecha 29 de septiembre de 2003, emanada de la Gerencia Jurídica Tributaria del prenombrado Servicio Autónomo, la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto.
En fecha 15 de marzo de 2004, se recibió el presente recurso contencioso tributario del Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario (Distribuidor), asignándole el número 2239. El 18 de enero de 2005, este Tribunal le dio entrada a la presente causa y en ese mismo auto se ordenó la notificación a la Procuradora, Contralor y Fiscal General de la República, Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a la contribuyente AGENCIA POPULAR, S.R.L., a los fines de la admisión o inadmisión del recurso conforme lo dispuesto en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario.

A través de auto de fecha 18 de enero de 2005, se comisionó al ciudadano Juez del Juzgado del Municipio San Fernando de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, para que practique la notificación a la contribuyente.

En fecha 31 de mayo de 2005 se recibió Oficio N° 191 de fecha 04 de mayo de 2005, emanado del Juzgado del Municipio San Fernando de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a través del cual se remitió a este Tribunal las resultas de la comisión librada para la notificación de la recurrente AGENCIA POPULAR, S.R.L., constante de ocho (08) folios útiles.

Así, el ciudadano Contralor General de la República y el ciudadano Fiscal General de la República fueron notificados en fechas 15 y 16 de febrero de 2005, respectivamente, la Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT y la ciudadana Procuradora General de la República y fueron notificados en fechas 10 y 14 de marzo de 2005, respectivamente, siendo consignadas las respectivas boletas en fecha 29 de junio de 2005.

En fecha 14 de agosto de 2006, la abogada Iris Josefina Gil Gómez, actuando como sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, en representación del Fisco Nacional, presentó diligencia solicitando se decrete la perención de la Instancia en la presente causa.

II
FUNDAMENTOS DEL ACTO RECURRIDO

La Resolución (Intereses Moratorios) N° MH-SENIAT-DR-AC-I-058 de fecha 02 de noviembre de 1999, se encuentra fundamentada en la revisión fiscal efectuada a la contribuyente AGENCIA POPULAR, S.R.L., donde la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Llanos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), dejó constancia de lo siguiente:

“…se constató que el (la) mencionado (a) contribuyente canceló en fecha 03-02-99, la cantidad de Bs, 156.284,00 con la planilla de liquidación N° 64-000040, liquidada el 30-05-97, por concepto de Multa, lo cual evidencia que dicha cancelación se realizó fuera del plazo legal lo que hace surgir la obligación de pagar intereses moratorios, conforme al Artículo 60 del Código Orgánico Tributario, vigente.”
En consecuencia, esta Gerencia en base a los argumentos expuestos, declara procedente la liquidación de los Intereses Moratorios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 59 del Código Orgánico Tributario vigente. Por consiguiente, se determinan los Intereses Moratorios en la cantidad de Bs. 99.344, 96, calculados a partir del día 02-08-97, fecha en que venció el plazo para cancelar la mencionada planilla de multa, hasta el día 03-02-99, fecha en que fue cancelada dicha planilla, cancelado en hoja anexa.”

En consecuencia en fecha 18 de febrero de 2000, el ciudadano Carlos Elías Vivas Marquéz, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.123.943, actuando en su carácter de director gerente de la contribuyente AGENCIA POPULAR, S.R.L., asistido en este acto por la abogada Belkis Delgado Prieto, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.167.811, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 63.570, ejerció recurso contencioso tributario subsidiariamente al jerárquico contra la Resolución (Intereses Moratorios) N° MH-SENIAT-DR-AC-I-058 y la Planilla de Liquidación N° 021001538000058 ambas de fecha 02 de noviembre de 1999, emitidas por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Llanos del SENIAT, por un monto de BOLÍVARES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 99.344,96).

En fecha 29 de septiembre de 2003, la Gerencia Jurídica Tributaria del SENIAT, dicta la Resolución N° GJT-DRAJ-A-2003-2970, la cual declaró Sin Lugar el Recurso Jerárquico interpuesto.

III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

En vista de la solicitud de declaratoria de la perención de la instancia planteada por la representación del Fisco Nacional, este Tribunal procede a realizar ciertas consideraciones en torno a la referida institución:

La perención es un modo de terminación procesal, mediante la cual se castiga la inactividad de las partes, su negligencia, independientemente de que sean culpables o no, por lo que la inacción del Juez no es determinante en la ocurrencia de aquélla.

Esta institución procesal regulada en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, tiene su origen en la perención prevista en el proceso civil ordinario desde el Código de Procedimiento Civil de 1916. Así, el artículo 265 del Código Orgánico Tributario de 2001, aplicable rationae temporis, señala lo siguiente:

“Artículo 265. La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención”.(Subrayado del Tribunal).

Como se observa, tres (3) son los requisitos que deben concurrir para aseverar que estamos en presencia de la comentada institución: una objetiva, relacionada con la no realización de actos procesales; una subjetiva, atinente a la inactividad de las partes y no del juez; y una condición temporal, en cuya virtud se exige que la pasividad de las partes exceda del plazo de un año. (Cfr. RENGEL-ROMBERG, A.,Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, según el nuevo Código de 1987, t. II, Organización Gráficas Carriles, C.A., p. 373).

Si en la relación procesal se observa la existencia de estas tres (3) condiciones, es evidente que existe una renuncia de las partes a continuar la instancia. En efecto, el hecho de dejar transcurrir un (1) año, ejerciendo un papel de simple espectador de la inactividad judicial sin gestionar en modo alguno en el expediente, en procura de la continuación del proceso, evidencia a juicio de este Tribunal, falta de interés, por parte de la contribuyente, en obtener un pronunciamiento de la autoridad judicial ante la cual ha sometido el conocimiento del asunto. De manera que, no es la inacción del Juez, per se, la que acarrea la perención de la instancia, sino que es la inactividad de las partes la que es sancionada con esta declaratoria de perención.

La desidia de los sujetos procesales por más de un año, extingue la instancia de pleno derecho, es decir, que la perención opera ex lege, pudiendo ser alegada por las partes o decretada de oficio por el Juez, quien analizará previamente que se han cumplido los presupuestos necesarios para su declaratoria.

Resulta importante advertir que, la instancia en los procesos contenciosos tributarios se inicia con la traba de la litis o debate procesal, la cual se configura una vez que todas las partes están a derecho (Sentencia N° 871 de la Sala Político-Administrativa Especial Tributaria de fecha 13 de julio de 1999, Siderúrgica del Turbio,S.A. (Sidetur) y otra empresa, Exp. N° 8.299). En el supuesto en que el recurso contencioso tributario haya sido interpuesto subsidiariamente al jerárquico o ante la oficina de la cual emanó el acto, una vez que el Tribunal Superior Contencioso Tributario competente le da entrada, debe por mandato del artículo 264 del Código Orgánico Tributario, practicar la notificación de la recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerza su industria o comercio, con el fin de no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso previstos en los artículos 26 y 49 de nuestra Carta Magna. Así ha quedado sentado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia:

“(…) Visto lo anterior, debe señalarse que en el caso de autos era indispensable notificar a la contribuyente, pues la misma no se encontraba a derecho, debido a que de conformidad con el artículo 264 del vigente Código Orgánico Tributario antes transcrito, al tratarse de un recurso contencioso tributario ejercido subsidiariamente al jerárquico, se debe notificar a ésta en su domicilio o en el lugar donde ejerza su industria o comercio, razón por la que no puede considerarse que la recurrente esté a derecho a partir de la interposición del recurso ante la Administración Tributaria; tal posición, se confirma mediante el auto dictado por el a quo en fecha 14 de julio de 2003, donde fueron ordenadas todas las notificaciones. Por consiguiente, no es sino hasta que conste en autos la notificación de todas las partes, el momento a partir del cual debe entenderse que se encuentran a derecho.
En este sentido, observa esta Sala que el a quo ordenó por auto del 14 de julio de 2003 la notificación de la contribuyente; sin embargo, no consta en autos su práctica y posterior consignación, cuestión que a todas luces en criterio de esta Alzada, es contrario a derecho, pues es insostenible que ante la falta de notificación a la contribuyente de la llegada del recurso contencioso tributario al órgano jurisdiccional competente, se declare la perención de la instancia por falta de actuación de la contribuyente recurrente tendiente a impulsar el proceso, cuando ella aún no estaba a derecho.

En efecto, la única forma en la cual la contribuyente pudiera haber ejercido actos que impulsaran el proceso era mediante la notificación de la boleta ordenada por el a quo, en los términos establecidos en el artículo 264 del vigente Código Orgánico Tributario, al haberse interpuesto el recurso contencioso tributario de manera subsidiaria al jerárquico, lo cual le hubiera permitido tener la certeza de que el recurso ya se encontraba ante el órgano jurisdiccional competente, para de esta manera llevar a cabo todos los actos de procedimiento tendientes a ejercer en forma debida y efectiva su defensa, y de ese modo precisar el momento a partir del cual se establecería que las partes están a derecho, situación esta demás necesaria para que operara la perención.

Con base a lo anterior, considera esta Sala que el a quo con tal declaratoria vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de la contribuyente, al no permitirle el acceso al órgano jurisdiccional competente para el ejercicio de su derecho a la defensa en la primera instancia, así mismo al debido proceso como mecanismo fundamental para la realización de la justicia, el cual tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica necesaria en la efectiva tutela judicial que la jurisdicción tiene como guía, pues ante la ausencia o falta de notificación de la llegada del recurso contencioso tributario, no se le brindó a la contribuyente las garantías suficientes para la efectiva y debida protección de sus derechos e intereses durante la tramitación del referido recurso. Así se declara”. (Sentencia N° 130 de la Sala Político-Administrativa de fecha 25 de enero de 2006, con ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, caso: Petroquímica de Venezuela, S.A., Exp. N° 2005-2090).

Aplicando el criterio precedentemente expuesto al caso sub judice, observamos que este Tribunal en el auto de entrada de fecha 18 de enero de 2005, ordenó notificar a los ciudadanos Procuradora, Contralor, Fiscal General de la República, a la Gerencia Jurídico Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y a la contribuyente AGENCIA POPULAR, S.R.L.

Así, la boleta de notificación de la contribuyente AGENCIA POPULAR, S.R.L. fue consignada en fecha 31 de mayo de 2005 y las correspondientes boletas de los ciudadanos Procuradora, Contralor y Fiscal General de la República y la Gerencia Jurídico Tributaria del SENIAT fueron consignadas en fecha 29 de junio de 2005, tal como se evidencia en los folios ciento veintinueve (129) y ciento treinta (130), y los folios del ciento treinta y tres (133) al ciento cuarenta (140) ambos inclusive, del expediente judicial.

Se observa así, que el Tribunal cumplió con la obligación procesal que le impone el artículo 264 del Código Orgánico Tributario de 2001, como lo es notificar a la recurrente que el recurso contencioso tributario ejercido en fecha 18 de febrero de 2000, se le dio entrada en fecha 18 de enero de 2005. En efecto, señala la citada disposición legal:

“Artículo 264. Se entenderá que el recurrente está a derecho desde el momento en que interpuso el recurso. En los casos de interposición subsidiaria de éste, o en la forma prevista en el aparte único del artículo 262 de este Código, el Tribunal de oficio deberá notificar al recurrente en su domicilio o en el lugar donde ejerce su industria o comercio”. (Subrayado del Tribunal).

Así, la litis o debate procesal se instauró una vez que todas las partes se encontraron debidamente notificadas. Ahora bien, desde el 29 de junio de 2005 -fecha en la cual se consignó la boleta de notificación de la ciudadana Procuradora General de la República-, hasta el día 14 de agosto de 2006 –fecha en que fue solicitada la perención de la instancia por la representación del Fisco Nacional-, se observa que transcurrió más de un (1) año sin haberse realizado un acto de procedimiento, en virtud del cual se evidencie la intención o propósito de las partes de continuar el proceso.

En consecuencia, en aras de proteger el interés público reflejado en la necesidad imperiosa de evitar que los juicios se prolonguen indebidamente y en el desideratum común de descargar a la jurisdicción de causas que han sido abandonadas por falta de diligencia de las partes, quien decide, declara con fundamento en lo establecido en el artículo 265 del Código Orgánico Tributario, que en la presente causa se consumó el lapso necesario para que perima la instancia. Así se decide.

IV
DECISIÓN

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en la presente causa.

Publíquese, regístrese y notifíquese a los ciudadanos Procuradora, Contralor y Fiscal General de la República, a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Llanos del SENIAT y al contribuyente AGENCIA POPULAR, S.R.L.

Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 278 del Código Orgánico Tributario y el criterio sostenido por nuestro máximo Tribunal de Justicia (Sentencia N° 991 de la Sala Político-Administrativa de fecha 2 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Tracto Caribe, C.A., Exp. N° 2002-835), esta sentencia no admite apelación, por cuanto el quantum de la causa no excede de quinientas (500) unidades tributarias.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil ocho (2008). Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

La Jueza Suplente,

Lilia María Casado Balbás El Secretario,

José Luis Gómez Rodríguez

En el día de despacho de hoy dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008), siendo las once y media de la mañana (11:30 a.m.) se publicó la anterior sentencia.

El Secretario,

José Luis Gómez Rodríguez
Asunto Antiguo: 2239
Asunto Nuevo: AF47-U-2000-000151
LMCB/JLGR/DGD