ASUNTO: AP31-V-2008-001844 El juicio por Desalojo intentado por la sociedad mercantil ADMINISTRADORA MASAY, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en fecha 14 de abril de 1978, bajo el No. 22, Tomo 43-A, representada judicialmente por los abogados María Josefina Piol Puppio, Mary Carmen Cianciarulo Millán, Maigualida Naranjo y Rosa Maritza Lissandrelli, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 26.729, 66.621, 27.329 y 99.009, en ese orden, contra el ciudadano REINALDO LOEWENTHAL, titular de la cédula de identidad No. 2.766.947, se inició por libelo de demanda incoada para su distribución el 16 de julio de 2008 y se admitió por auto del 21 del mismo mes y año. PRIMERO La perención es una institución procesal que consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo legal, sin que dentro del mismo se haya producido acto procesal de parte capaz de impulsarlo. Tiene como objeto sancionar la inercia de las partes en su conducta negligente en abandono de la instancia, entendida como impulso procesal necesario para la consecución del proceso desde su inicio hasta su culminación mediante la sentencia definitiva. Es una institución de orden público, toda vez que el Estado está interesado en que los juicios no duren de manera indefinida, todo a los efectos de enervar el peligro que lleva consigo para la seguridad jurídica. En fecha 11 de agosto del presente año, compareció la abogada Rosa Martitza Lissandrelli, y consignó los fotostátos para la elaboración de la compulsa. Igualmente, en fecha 08 de octubre de 2008, solicitó copia certificada del libelo y del auto de admisión. En fecha 22 de octubre de 2008, el Alguacil encargado de practicar la citación del demandado, consigno la compulsa dado que la parte interesada no le había dado el impulso procesal. El 24 de octubre de 2008, la representación judicial d ela parte actora, solicitó el desgloce de la compulsa a los fines de citar al demandado y en esa misma oportunidad consignó los emolumentos al Alguacil a esos fines. Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, se cuestionó la perención breve contenida en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, a raíz de la interpretación del contenido del artículo 26 Constitucional que señala la gratuidad de la justicia. Sin embargo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 537 del 6 de julio de 2004, en el caso José Ramón Barco Vásquez contra Seguros Caracas Liberty Mutual, la cual es doctrina actual, ratificada en sentencia N° RC-01324 del 15 de noviembre de 2004, con ponencia del magistrado Carlos Oberto Vélez, interpretó el contenido del citado ordinal 1° del artículo 267 del Código Procesal Civil, tomando en consideración el artículo 26 de la Constitución, especialmente en lo relativo a la gratuidad de la justicia. En tal sentido, señaló que si bien quedó derogado el artículo 2 de la Ley de Arancel Judicial que establecía al arancel judicial como un ingreso público que contribuía a la mayor eficacia del Poder Judicial y facilitaba el acceso a la justicia, permanecían vigentes las obligaciones contenidas en el artículo 12 eiusdem, que no tienen esas características de ingreso público. El precitado artículo establece, que en los casos en que haya de cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia, fuera de la población en que tenga el asiento el Tribunal, “la parte promovente o interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en ellos, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado, y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que ocasione”. Asimismo, señala la obligación de proporcionar vehículo, cuando el acto o diligencia se efectué en la misma población en que resida el Tribunal y que disten más de quinientos metros de su recinto. Al respecto, señaló la Sala que el contenido económico de esos gastos, no podía calificarse de arancel judicial o ingreso público tributario, ni son destinadas a coadyuvar al logro de la eficacia de la justicia ni a establecimientos públicos de la administración nacional. Abundó que lo que se pagaba por transporte, hospedaje o manutención del funcionario judicial Alguacil, especialmente en el caso de la citación para la contestación de la demanda, son del único y exclusivo interés del peticionante o demandante, con plena vigencia en todos los procedimientos, independientemente de la gratuidad de la justicia establecida constitucionalmente, puesto que no existe norma alguna que imponga a esos funcionarios a soportar tales gastos de su patrimonio. SEGUNDO Efectivamente, el citado ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, señala expresamente: “También se extingue la instancia: 1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. Como se dijo con antelación, una de las obligaciones de la parte demandante es poner a la orden del Alguacil, dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, los medios o recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal. En la presente causa, se evidencia que la obligación de la parte demandante nació a partir del 21 de julio del presente año, fecha en que el Juzgado admitió el libelo contentivo de la pretensión. Sin embargo, hasta el 24 de octubre de 2008, oportunidad en que se puso a disposición del Alguacil los emolumentos necesarios para la citación del demandado, había transcurrido más de un (1) meses, con lo cual se entiende su intención de abandonar el juicio. Como la perención de la instancia es una institución de orden público que opera de pleno derecho y que puede declararse de oficio, tal como lo dispone el artículo 269 ibídem, así lo declara el Juzgado como un hecho jurídico consumado. DECISIÓN Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 ejusdem, no hay lugar a costas procesales. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Séptimo de Municipio de de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En el Distrito Metropolitano de la ciudad de Caracas, a los diez (10) día del mes de diciembre de dos mil ocho (2008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación. El Juez, Mauro José Guerra. La Secretaria, Eloisa Borjas. En esta misma, fecha siendo las 09:22 am se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose copia de la misma en el Departamento de Archivo, según lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. La Secretaria, Eloisa Borjas. tábata