Sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva Exp.: 23.949 / familia. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS. SOLICITANTES: GABRIEL JOSE AMADOR BARRIOS y ZULAY MARINA ALVAREZ GARCIA de AMADOR, venezolanos, cónyuges, mayores de edad, de este domicilio y con cédulas de identidades Nros. 7.928.530 y 9.413.140. ABOGADO ASISTENTE: FRANCISCO ANTONIO RIVERO AGÜERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 23.049. MOTIVO: separación de cuerpos y bienes. I Y vistos estos autos, resulta que: Por distribución realizada ante el Juzgado distribuidor de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 15/06/1998, se inició la presente solicitud de separación de cuerpos y bienes propuesta por los ciudadanos GABRIEL JOSE AMADOR BARRIOS y ZULAY MARINA ALVAREZ GARCIA de AMADOR, la cual fue admitida por auto de fecha 16/06/1998, dictado por el Tribunal Décimo de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el que se decretó la separación de cuerpos y bienes, en los mismos términos y condiciones expresados por los cónyuges en su solicitud y en todo cuanto no fue contrario a derecho conforme a los dictámenes del artículo 189 y 190 del Código Civil. En auto de fecha 25/05/2001, la Juez de aquel Tribunal se declaró incompetente para conocer de la presente causa y ordenó la remisión del expediente al Juzgado distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, una vez vencido el plazo del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. Vencido dicho lapso se ordenó la remisión del expediente adjunto a oficio N° 01-4981, en fecha 11 de junio de 2001. En fecha 25 de junio de 2001, la Dra. ADA URIOLA GONZALEZ, profiere auto avocándose al conocimiento de la presente causa. Después de esta última actuación, no se han observado en el expediente más diligencias por parte de los interesados. II Para decidir, el Tribunal observa: Como puede desprenderse de la lectura emprendida a estos autos, se evidencia que desde el 25/06/2001, fecha en que la Dra. ADA URIOLA GONZALEZ se avocó al conocimiento de la causa, los solicitantes no han realizado actuación alguna tendente a impulsar hasta su conclusión el presente procedimiento, evidenciándose con ello una actitud poco diligente que no puede dejar pasar desapercibida este juzgador, dado que ello demuestra una posible pérdida del interés de los accionantes en sostener el procedimiento por ellos incoado y deja a este jurisdicente en un estado de incertidumbre que, en vista del tiempo transcurrido, debe ser sancionado. Ahora bien, conforme a la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia establecida en sentencia de 06/06/2001 (caso José Vicente Arenas Cáceres), la dejación prolongada del trámite de un procedimiento produce la extinción de la instancia cuando concluyó: “...la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia”. En el caso de estos autos la omisión de actuación de los demandantes durante más de un (1) año, encaja dentro de los extremos expuestos tanto en la sentencia parcialmente transcrita como en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la perención de la instancia resulta consumada. En armonía con lo anterior y siendo visible de manera protuberante el decaimiento del interés del actor por la inacción suya prolongada más allá del término señalado en la ley adjetiva, ocasionó, sin ningún género de dudas, la perención de este procedimiento, y así debe declararse. III En mérito de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente solicitud y, en consecuencia, EXTINGUIDO el procedimiento de SEPARACION DE CUERPOS Y BIENES incoado por los ciudadanos GABRIEL JOSE AMADOR BARRIOS y ZULAY MARINA ALVAREZ GARCIA de AMADOR, ambos identificados en el encabezamiento de esta decisión. Publíquese, regístrese, déjese copia y, hecho todo, archívese el expediente. Dada, firmada y sellada, en el Salón de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los ONCE (11) días del mes de ENERO de dos mil ocho (2008). Años: 197º de la independencia y 148º de la federación. EL JUEZ, GERVIS ALEXIS TORREALBA. EL SECRETARIO Acc., PEDRO MARTINEZ B.