REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Caracas, AÑOS 149º Y 197º PARTE ACTORA: LUIS NAPOLEÓN BOUTTO FIGUEROA, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 25.826, quien actúa en su propio nombre y representación. PARTE DEMANDADA: Empresa ELECTRICIDAD DE CARACAS, C.A.- LUZ ELECTRICA DE VENEZUELA, en la persona de su Presidente, y/o Gerente General ciudadano ANTONIO MARTINEZ. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: ALEXANDER PREZIOSI P, ALFREDO ABOU-HASSAN F, y ALVARO PRADA A, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 38.998, 58.774 y 65.692, respectivamente MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL. EXPEDIENTE Nro: 98-1954. - I - DE LOS HECHOS El presente asunto se inició en fecha 12 de noviembre de 1998 mediante la presentación del libelo de esta acción ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que previo el sorteo respectivo designara el Juzgado que conocería de la pretensión de amparo constitucional solicitada por el ciudadano LUIS NAPOLEON BOUTTO FIGUEROA. En fecha 16 de noviembre de 1998, este Tribunal le dio entrada a la presente causa y el respectivo curso de Ley; asimismo admitió la misma cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria al orden público y a las buenas costumbres, y ordeno el emplazamiento a la parte demandada Empresa ELECTRICIDAD DE CARACAS, C.A.- LUZ ELECTRICA DE VENEZUELA, en la persona de su Presidente, y/o Gerente General ciudadano ANTONIO MARTINEZ, para que compareciera ante este Tribunal a imponerse de los autos dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación. En la misma fecha se ordeno la notificación de la Representación del Ministerio Publico. En fecha 18 de noviembre de 1998 quedo debidamente notificada la presunta agraviante Empresa ELECTRICIDAD DE CARACAS, C.A.- LUZ ELECTRICA DE VENEZUELA, en la persona de su Presidente, y/o Gerente General ciudadano ANTONIO MARTINEZ. En fecha 20 de noviembre de 1998 los ciudadanos ALEXANDER PREZIOSI P, ALFREDO ABOU-HASSAN F, y ALVARO PRADA A, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 38.998, 58.774 y 65.692, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la Empresa C.A ELECTRICIDAD DE CARACAS.- LUZ ELECTRICA DE VENEZUELA, dieron contestación a la presente acción así mismo realizaron los informes pertinentes. En fecha 25 de noviembre de 1998, este juzgado fijo el día 01 de diciembre de 1998, a las once de la mañana (11.00 A:M), para que tuviese lugar la audiencia constitucional en la presente causa. En la referida fecha se celebro la Audiencia Constitucional en esta controversia, y las partes expusieron en forma oral sus alegatos, asimismo el ciudadano LUIS BOUTTO parte actora en esta causa, consigno a los autos recaudos los cuales fueron agregados. En fecha 08 de diciembre de 1999, compareció ante este Juzgado la representación judicial de la presunta agraviante y solicito se dictara sentencia en la presente acción, así como el abocamiento del Juez para el momento de este Despacho. En fecha 13 de diciembre de 1999, el ciudadano PEDRO PABLO CALVANI, en su carácter de Juez Temporal de este Tribunal se aboco al conocimiento de la presente causa, asimismo se ordeno la notificación de las partes involucradas en este proceso del referido abocamiento, y se les hizo saber que tenían un lapso de tres (03) días de despacho para que pudieran proponer la recusación. En fecha 21 de diciembre de 1999, la representación judicial de la demandada ratifico su pedimento referente a la decisión de esta acción, y objetó que el auto dictado en fecha 13 de diciembre de 1999, debería ser revocado por cuanto en materia de amparo no se ejerce el recurso de reacusación. En fecha 24 de enero de 2001, este Tribunal dejo constancia que procedería a dictar sentencia a la brevedad posible y revoco por contrario imperio el auto dictado en fecha 13 de diciembre de 1999, por cuanto en materia de amparo no existe reacusación. - II - MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Es de observar por este sentenciador que desde el inicio del presente procedimiento viene constituyéndose como requisito sine qua non para la admisión de la acción de Amparo Constitucional, el criterio de que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido este como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se reconozca una situación de hecho a su favor; convirtiéndose así dicho interés en la vida de todo proceso. Por cuanto se desprende de autos que no habiendo ninguna actuación por parte del accionante desde la admisión de la presente causa en fecha 16 de noviembre de 1998, donde se pruebe suficientemente que se le menoscabo un derecho y por ende no constando en autos diligencia o escrito alguno capaz de impulsar el proceso, dicha inactividad hace presumir a este sentenciador la pérdida del interés por parte del accionante. Ahora bien, es de observar por este sentenciador que es carga de los accionantes el impulso procesal de esta acción, y por cuanto se desprende de tal inactividad el inminente desinterés procesal y en consecuencia la extinción del procedimiento en virtud de lo establecido en el artículo 6° ordinal 4 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales que reza: “Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo: (…) 4.- Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o las garantías constitucionales hayan sido sometidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido.” Dentro de las modalidades de la extinción de la acción, se encuentra precisamente la perdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se concreta mediante la perdida total del impulso procesal que le corresponde. Es incomprensible por este sentenciador, cómo en una causa paralizada, donde desde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales se sobrepasa el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión, se repute que en ella sigue vivo el interés procesal del actor en que se resuelva el litigio, cuando se está ante una inactividad que denota que no quiere que la causa sea resuelta. Al respecto, nuestro máximo Tribunal en Sala Constitucional, en sentencia de fecha 06 de junio de 2001, Nº 982-01 observó lo siguiente: “...la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en a práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la fijación de la oportunidad o para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y con ello la extinción de la instancia...” Ahora bien, es de observar por este sentenciador que en virtud de lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 6 ordinal 4, en concordancia con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y siendo que efectivamente en el caso de marras pudo evidenciarse que han transcurrido más de seis (6) meses de inactividad procesal y por ende la inminente perdida del interés en las resultas del presente proceso, mal podría este sentenciador continuar un proceso en el cual la parte accionante ha perdido el interés. Así se decide.- -III- DISPOSITIVO Como consecuencia de lo expuesto, y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentes expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCIÓN DEL PROCEDIMIENTO en virtud de lo establecido en el artículo 6° ordinal 4 en concordancia con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.- Regístrese y publíquese. Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los días del mes de febrero de dos mil ocho (2008). EL JUEZ, LUIS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ.- LA SECRETARIA, MARIA GABRIELA HERNANDEZ RUZ.- En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las 3.16 de la tarde.- LA SECRETARIA, MARIA GABRIELA HERNANDEZ RUZ.- EXP. Nro. 98-1954. LRHG/MGHR/CARLA.