TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CARACAS

Años: 197º y 148º.-

PARTE DEMANDANTE:

APODERADO JUDICIAL
DE LA PARTE DEMANDANTE:

PARTE DEMANDADO:

MOTIVO:

EXPEDIENTE: ESAL, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, C.A., Sociedad Mercantil , de este domicilio, inscrita por ante Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 04 de diciembre de 1995, bajo el Nº 42, Tomo 542-A-Sgdo.-

JOSE RAFAEL SERRANO FERMIN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.503.808, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 74.547.-

ALIMENTOS ROMINA, C.A., Sociedad Mercantil, de este domicilio, inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 29 de julio de 1999, bajo el Nro 44, Tomo 332-A-.-

COBRO DE BOLIVARES.-

01-7754.-

Comenzó la presente acción por escrito, presentada en fecha 26 de julio de 2001, por el ciudadano ESA, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, C.A., asistido por el ciudadano JOSE RAFAEL SERRANO FERMIN, mediante el cual demanda por COBRO DE BOLIVARES, a la Sociedad Mercantil ALIMENTOS ROMINA, C.A.-
Ahora bien, vistas las actas procésales que conforman este expediente, debe hacer las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Este proceso se inició en este Tribunal por expediente admitido en fecha 05 de abril de 2002, ordenando el emplazamiento de la parte demandada.-
En fecha 22 de abril de 2002, comparece el ciudadano CESAR GUEVARA SOLORZANO, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 33.320, consigno instrumento de poder y solicitó decretar la Medida Preventiva del Embargo.
En fecha 27 de septiembre de 2002, este Tribunal acordó el desglose de las mismas a los fines de ser agregadas las resultas correspondiente, evidenciándose que desde la última actuación, hasta la presente fecha, han transcurrido más de un año de inactividad procesal, de lo cual se infiere que la parte actora no le ha dado impulso legal al presente juicio.-
SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente:
“Artículo 267.- “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. (...).”.-
De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber:
a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y,
b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención.
Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva:
“Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.”.-
Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, Y ASÍ SE DECLARA EXPRESAMENTE.-
TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, y en estricto acatamiento del criterio anteriormente trascrito, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. Asimismo, lo procedente es suspender la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar, decretada por este Tribunal, en fecha doce (12) de junio de 2002, previa notificación de esta decisión a la parte actora de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 233 ejusdem. Y ASÍ SE DECIDE.-
De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión.-
Regístrese, publíquese y déjese copia.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los 07 días del mes de febrero de Dos Mil Ocho (2008).- Años: 197º de la Independencia y 148º de la Federación.-
LA JUEZ TITULAR,

DRA. AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY.

LA SECRETARIA TITULAR,
Abog. LEOXELYS VENTURINI.

En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las tres (03:09 p.m.) de la tarde.-

LA SECRETARIA TITULAR,

AMCdM/LV/Veronica.-
EXP: 017754.-