REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO DECIMOQUINTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS PARTE ACTORA: REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano de la PROCURADORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.- APODERADA DE LA PARTE DEMANDANTE: NANCY LAYA, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 65.408.- PARTE DEMANDADA: ESPERANZA MATOS DE SAAD, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº- 2.776.960.- APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: NO HUBO MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (INTIMACIÓN) EXPEDIENTE: 3271 CAPITULO I DE LA NARRATIVA Se inició la presente causa mediante demanda que por COBRO DE BOLIVARES fue interpuesta por la ciudadana NANCY LAYA, en su carácter de sustituta de la Procuradora General de la República contra la ciudadana ESPERANZA MATOS DE SAAD, la cual fue presentada por ante el sistema de distribución de causas, correspondiéndole el conocimiento de la misma a este Tribunal.- Por auto de fecha 13 de Octubre de 2006, se admitió demanda, para que apercibida de ejecución compareciera la parte demandada dentro de los diez (10) días de despacho siguiente a su intimación y constancia en autos de la misma, para que pagará o acreditará haber pagado o formulará oposición a las sumas reclamadas en el libelo de demanda. (Folio 30 y 31). Mediante diligencia de fecha 23 de octubre de 2006, compareció la abogada NANCY LAYA, parte actora y consignó los fotostatos correspondientes para la compulsa, siendo librada la misma en fecha 25/10/2006. CAPITULO II DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA En el caso de marras observa este Tribunal que la demanda fue admitida por auto de fecha 13/10/2006 y que a la presente fecha, no aparece en el expediente que la actora hubiese cumplido con la carga de poner a disposición del alguacil los emolumentos necesarios para el traslado y hacer efectivo la citación. Ahora bien, el Código de Procedimiento Civil en el Artículo 267 ordinal 1° establece lo siguiente: 1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. De la norma adjetiva transcrita parcialmente, se colige que una vez admitida la demanda, comienza a discurrir el plazo perentorio de treinta (30) días, para que el demandante cumpla con sus obligaciones inherentes para lograr la citación del demandado, so pena que sea decretada la perención breve de la instancia. En ese sentido, en lo que respecta a las obligaciones de la actora, con la finalidad de lograr la citación del demandado, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 06 de julio de 2004, por ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, en el expediente Nº AA20-C-2001-000436, estableció el siguiente criterio: “Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las condiciones en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece. Estos nuevos argumentos doctrinarios como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero sí para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Así se decide…” (negrillas del Tribunal). Ahora bien, se desprende del criterio Jurisprudencial precedentemente trascrito el cual realiza una interpretación del dispositivo legal tanto del Código de Procedimiento Civil como de la Ley de Arancel Judicial, que el mismo debe ser aplicado a las demandas admitidas con fecha posterior a la publicación de la misma, por lo tanto su aplicación recae sobre el caso in comento, ya que el mismo fue admitido por este Juzgado en fecha 13/10/2006, es decir, con posterioridad a la publicación de la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil. Dicho lo anterior, en virtud que se observa de las actas del expediente que la parte actora incumplió las obligaciones que le fueron impuestas por la Ley, a fin de gestionar la citación de la parte demandada dentro de los Treinta (30) días continuos establecidos en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, toda vez, que se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente, que la accionante no suministró los emolumentos necesarios para el traslado del Alguacil para la práctica de la citación del demandado, transcurriendo íntegramente el lapso de caducidad de treinta días, ya que dicho lapso venció el día 13 de noviembre de 2006, debe quien decide a la luz de los razonamientos antes expuestos declarar consumada la perención breve de la instancia en el presente juicio, por no haber cumplido la parte actora con las obligaciones que le impone la Ley. Así se decide.- CAPITULO III DE LA DECISIÓN Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 254 y 267 del Código de Procedimiento Civil, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: declara CONSUMADA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES (INTIMACIÓN) sigue LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, contra la ciudadana ESPERANZA MATOS DE SAAD.- Déjese copia certificada de la presente decisión conforme a lo establecido en el artículo 248 ibidem.- PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los (29) días del mes de febrero dos mil ocho.- (2008) EL JUEZ TITULAR RENAN JOSÉ GONZÁLEZ EL SECRETARIO. ABG. RONMY J SALIMEY M En esta misma fecha a las 11:30 a.m., se público y registró esta decisión. EL SECRETARIO ABG. RONMY J SALIMEY M Exp. N° 3271 RJG/RJS/JP