TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO VIGESIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS

PARTE ACTORA: ANA MARIA PASCUAL DE ROMERO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-1.745.926.-

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Zulia Salcedo Colmenares, mayor de edad, venezolana, abogada en ejercicio, de este domicilio, inscrito en el Instituto de previsión Social del Abogado bajo los Nro. 29.489.-

PARTE DEMANDADA: RAMON MORON CARMONA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-1.765.138.-

MOTIVO: Resolución de Contrato.-

Por ante el Juzgado Distribuidor de Turno de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue introducido libelo de la demanda y luego de realizado el sorteo correspondiente fue asignado a este Juzgado. Siendo recibido por la Secretaría de este Juzgado en fecha 03 de mayo de 2.006.-
Mediante diligencia de fecha 03 de mayo de 2.006, comparece la abogada Zulia Salcedo Colmenares, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora y consigna instrumentos fundamentales a la demanda.-
En fecha 12 de julio de 2.006, este Tribunal mediante auto admite la demanda por cuanto la misma no es contraria a derecho, al orden público, a las buenas costumbres, ni a disposición legal expresa alguna, ordenándose emplazar a RAMON MORON CARMONA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-1.765.138, para que comparezcan por ante este Juzgado al segundo (2do) día de despacho siguientes a que conste en autos las resultas de la ultima citación que de ellos se hagan a fin de dar contestación a la demanda.-
Mediante diligencia de fecha 22 de junio de 2.007, comparece la apoderada judicial de la parte actora y solicita le sean devueltos los originales del Contrato de Arrendamiento consignado en el presente expediente.-
Mediante auto dictado por este Tribunal en fecha 28 de junio de 2.007, se acuerda la devolución de los originales solicitados por la apoderada judicial de la parte actora, mediante diligencia de fecha 22 de junio de 2.007.-
Mediante diligencia de fecha 22 de junio de 2.007, comparece la apoderada judicial de la parte actora y expone haber recibido los originales del Contrato de Arrendamiento solicitado.-
Estando dentro de la oportunidad legal para decidir la presente causa, este Tribunal pasa a hacerlo dentro de las siguientes consideraciones:

TERMINOS DE LA CONTROVERSIA
ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA

En su escrito libelar la representación judicial de la parte actora alegan lo siguiente:
Alega que su representada celebró contrato de arrendamiento en fecha 05 de enero de 1.998 con el ciudadano Ramón Morón Carmona, titular de la cédula de identidad N° V-1.765.138, que tuvo por objeto un inmueble de su propiedad, constituido por un Local Comercial, situado en la Avenida Rómulo Gallegos, frente al Barrio La Lucha, “Bar y Restaurant Cruz Blanca”, Boleita, Municipio Sucre, Estado Miranda.-
Alega que en el Contrato de Arrendamiento quedó expresamente establecido:
(sic) “TERCERA: El canon de arrendamiento ha sido fijado en la cantidad de BOLÍVARES TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 (Bs. 35.000, 00) mensuales, que 2LA ARRENDATARIA” le pagará a “EL ARRENDADOR”, cumplidamente al vencimiento de cada mensualidad y a más tardar dentro de los cinco (5) primeros días del mes subsiguiente; queda bien entendido que la falta de cumplimiento de esta obligación por parte de “EL ARRENDATARIO” dará derecho A “EL ARRENDADOR” de rescindir este contrato sin perjuicio de reclamar las demás indemnizaciones por daños y perjuicios que hubiere derecho”.-
(sic) “NOVENA: El no cumplimiento de cualquiera de las cláusulas que anteceden por una de las partes, dará el derecho a la otra de pedir la resolución inmediata del presente Contrato.”

Alega que el Arrendatario ciudadano Ramón Morón Carmona, se encuentra insolvente en el pago de los cánones de arrendamiento correspondiente a los meses de Enero a Diciembre ambos inclusive del año 2.004, y Enero a Octubre de 2.005 y lo que ha transcurrido del año 2.006.-
Fundamenta la presente acción basándose en el artículo 1.167 del Código Civil.-
Que por todo lo antes expuesto demandan como en efecto formalmente demandan La Resolución del Contrato de Arrendamiento, suscrito en fecha 05 de enero de 1.998, con el ciudadano Ramón Morón Carmona, para que proceda y de de no ser así sea condenado y obligado a hacer entrega inmediata del inmueble que le fuera arrendado, en el mismo buen estado de uso y conservación en que le fuera entregado y totalmente desocupado de bienes y personas y en cancelar las Costas Procesales del presente juicio.-
Solicita que la citación de la parte demandada ya antes identificada en su condición de demandado, sea realizada en forma personal en la dirección del inmueble objeto del contrato.-
Estima la presente demanda en la cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,00). Ahora DOS MIL BOLÍVARES FUERTES (2.000)
Pide que la presente demanda sea admitida y sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva.-

PUNTO PREVIO
DE LA PERENCION

Dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

“...También se extingue la instancia: 1.- Cuando transcurrido treinta días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado”

Así mismo y como colorario, es menester transcribir parte de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en sala de Casación Civil, en fecha seis (06) de julio de dos mil cuatro (2004), en la cual se estableció, que:

“… dado en principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la citación cuando ésta haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros de la sede el Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aun subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público.
Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.
Estos nuevos argumentos doctrinarios como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero sí para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Así se decide.
Bajo el título de casación sobre los hechos y con apoyo en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, denuncia el recurrente la infracción, por falsa aplicación del ordinal 1º del artículo 267 eiusdem, y lo hace en los términos siguientes:
“...De conformidad con el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción, por falsa aplicación, del ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, norma jurídica expresa que regula el establecimiento de los hechos, todo lo cual fue determinante en el dispositivo del fallo.
(...Omissis...)
Ahora bien, como lo ha sostenido reiteradamente este Alto Tribunal, el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la Ley. Siendo entonces la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta que se produzcan para su declaratoria: (i) falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes, y (ii) la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento. De allí tenemos, que a partir del auto de admisión de la demanda, el actor deberá cumplir las actividades y obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación de la parte demandada, cuales eran la de cancelar los emolumentos previstos en la Ley de Arancel Judicial (hoy derogada por imperativo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y posteriormente aquellos pagos que impliquen la forma de emplazamiento que hayan de producirse, como es el pago de las copias fotostáticas de la demanda que se adjuntará a la orden de comparecencia, todo lo cual fue cumplido por mi representado en el caso de autos..”

III
DE LA DECISIÓN

Ahora bien, visto el articulo antes trascrito, así como la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en sala de Casación Civil, observa esta Juzgadora que en el caso in comento, tenemos que, efectivamente, desde el doce (12) de julio de 2006, fecha de admisión de la presente demanda por parte de este Juzgado, hasta la fecha doce (12) de julio de 2.007, fecha en que la Apoderada Judicial de la parte actora, ciudadana Zulay Salcedo Colmenares, declara haber recibido el original del Contrato de Arrendamiento solicitado, transcurrió más del lapso establecido en la norma y sentencia señaladas anteriormente, sin que la parte actora haya cumplido con las obligaciones exigidas por la ley, a los fines de que fuera practicada la citación de la demandada. En consecuencia, por todo lo antes expuesto y en virtud de la inactividad de la parte actora, en aplicación a la norma antes transcrita, ha operado la Perención Breve de la Instancia. Y ASÍ SE DECLARA.-

Por todo lo anteriormente expuesto, este JUZGADO VIGÉSIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con el artículo 267, Ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269, ejusdem, declara. LA PERENCION BREVE DE LA INSTANCIA en el presente juicio.-

No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo, a tenor del artículo 283 del Código Adjetivo.-

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.-

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO VIGÉSIMO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en Caracas, a los veinticinco (25) días del mes de febrero de Dos mil ocho (2.008). Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.-
LA JUEZ

Dra. ANNA ALEJANDRA MORALES LANGE

LA SECRETARIA.,
Abg. ANA A SILVA SANDOVAL

En la misma fecha, siendo las 11:30 a.m., se registró y publicó la anterior decisión.-

LA SECRETARIA.,

Abg. ANA A. SILVA SANDOVAL

RMMM/AASS/tj.-
Exp. N° D-2139