TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, 23 de julio de 2008
Años: 198º y 149º

PARTE DEMANDANTE: BELKYS MARÍA TINEO ANDARCIA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 7.953.193.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: RICARDO JAVIER LUGO CHAVEZ, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nº V.-6.972.364, e inscrito en el Institutos de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 70.440.
PARTE DEMANDADA: JOSÉ LUIS TINEO ANDARCIA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-6.440.786, en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “TIUNA PARST C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (Hoy Distrito Capital) y Estado Miranda, en fecha 23 de septiembre de 1997, bajo el Nº 59, Tomo 458-A-Sgdo.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: DELIA SOFIA PAREDES SANOJA, abogada en ejercicio de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 9.417.896, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 40.580.
MOTIVO: RENDICIÓN DE CUENTAS.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA
I
Se inició el presente proceso mediante libelo de demanda presentado por el abogado RICARDO JAVIER LUGO CHAVEZ, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nº V.-6.972.364, e inscrito en el Institutos de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 70.440, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana BELKYS MARÍA TINEO ANDARCIA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 7.953.193, por antes el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha siete (07) de agosto de 2007; quien previo sorteo de Ley le correspondió a este Juzgado conocer de la misma.
Consignado como fueron los recaudos, este Juzgado en fecha dieciséis (16) de marzo de 2005, procedió admitir la demanda, ordenándose intimar al ciudadano JOSÉ LUIS TINEO ANDARCIA.
El catorce (14) de abril de 2005, el demandante solicitó se sirva librar la boleta de citación al demandado y consignó los fotostátos para su certificación; en fecha dieciocho (18) de abril de 2005, se libró la compulsa respectiva.
Posteriormente en fecha veintisiete (27) de abril de 2005 la parte demandante, dejo constancia de haber entregado los emolumentos al Alguacil de este Juzgado, para practicar la citación del demandado.
En fecha cuatro (04) de mayo de 2005, el Alguacil de este Juzgado consignó recibo de citación dirigido al ciudadano JOSÉ LUIS TINEO ANDARCIA, quien se negó a firmar.
Mediante diligencia de fecha dieciséis (16) de mayo de 2005, la parte actora solicitó la citación de la parte demandada, de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto dictado en fecha dieciocho (18) de mayo de 2005, se acordó y se libró boleta de notificación a la parte demandada de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha veintidós (22) de junio de 2008, compareció la abogada DELIA PAREDES SANOJA, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano JOSÉ LUIS TINEO ANDARCIA, mediante la cual consigna instrumento poder que acredita su representación, asimismo se opuso a la medida solicitada por la parte demandante.
El veintisiete (27) de julio de 2005, la apoderada judicial de la parte demandada presentó escrito de contestación a la demanda, asimismo procedió a rendir las cuentas de los activos y pasivos de la empresa desde el 18 de marzo de 2002, consignando copia de los libros de balance e inventario y diario de la empresa TIUNA PARST C.A., a fin de que se verifiquen los estados de ganancias y pérdidas de la empresa de los años 2002, 2003, 2004 y hasta junio de 2005.
Mediante diligencia de fecha catorce (14) de marzo de 2006, la apoderada judicial de la parte demandada, solicitó el avocamiento de la Juez; en fecha dieciséis (16) de marzo de 2006, quien suscribe el presente fallo se avoca al conocimiento de la presente causa y se ordenó la notificación de las partes, librándose la respectiva boleta de notificación.
El veintitrés (23) de marzo de 2006, compareció la abogada Susana Yaguaracuto, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, consignó instrumento poder que acredita su representación.
En fecha veintiséis (26) de abril de 2006, la apoderada judicial de la parte demandada, se dio por notificada del avocamiento.
Seguidamente, el treinta (30) de mayo de 2006, el veintiséis (26) de julio de 2006, veintisiete (27) de abril de 2007 y once (11) de julio de 2007, compareció la parte actora, mediante la cual solicitó se sirva dictar sentencia en la presente causa.
II
Ahora bien, el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que expresamente dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. (…) También se extingue la instancia: (…) 1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.”
Con respecto a la perención de la instancia contenida en el ordinal 1º del artículo 267 eiusdem, se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil en sentencia dictada el 06 de julio de 2004 con ponencia del magistrado Dr. Carlos Oberto Velez en el caso JOSÉ RAMÓN BARCO VÁSQUEZ contra la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil SEGUROS CARACAS LIBERTY MUTUAL, en la cual estableció:
“…Ciertamente el legislador patrio en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, recomienda a los jurisdicentes de instancias procurar acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Sin embargo, nada se ha dicho sobre la obligación contemplada en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, ya que –al parecer- no ha sido sometido a la consideración de esta Suprema Jurisdicción en ningún recurso de casación, que pudiera permitir pronunciarse sobre la perención breve de la instancia por incumplimiento de las obligaciones (cargas) que impone la Ley al demandante para el logro de la citación en el lapso de 30 días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o de su reforma, para dilucidar –contrariamente a lo que ha venido afirmado la casación- esto es, que si es procedente la perención de la instancia en todos aquellos procedimientos informados por el principio de la gratuidad, ya que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 1º destinadas al logro de la citación, NO SON SOLAMENTE DE ORDEN ECONÓMICO.
Estas obligaciones son las contempladas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, relativas al suministro de vehículo para el traslado de los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en actos o en diligencias atinentes a asuntos que cursen ante Tribunales, Notarías o Registros, y que deban evacuarse fuera de sus respectivos recintos, incluyendo –además de los vehículos para la transportación o los gastos que ella ocasione- los gastos de manutención y hospedaje que ocasione la evacuación del acto o diligencia, siempre y cuando dicha actuación haya de practicarse en lugares que disten más de 500 metros del lugar o recinto del Tribunal, Notaría Pública o Registro.
Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.
Decisión ésta que comparte quien aquí decide de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, en tal sentido, con la sentencia antes parcialmente transcrita quedaron establecidas las obligaciones que debe cumplir la parte demandante para no ser sancionada con la perención de la instancia, siendo que la actora dentro de los 30 días calendarios siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación.
En el presente caso la demanda fue admitida el 16 de marzo de 2005, que en fecha veintisiete (27) de abril de 2005 la parte actora dejo constancia de haber entregado al Alguacil los emolumentos para la practicar la citación personal de la parte demandada, siendo que desde el 16 de marzo de 2005 al 27 de abril de 2005 transcurrieron un total de 38 días continuos, discriminados de la siguiente manera: En el mes de marzo de 2005: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, y 31; mes de abril de 2005: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27; por lo que del computo anterior se evidencia que al momento en que la parte actora dejo constancia de haber entregado los emolumentos al Alguacil de este Tribunal, había precluído el lapso establecido en la sentencia antes parcialmente transcrita.
Ahora bien, a los fines de verificar si en el presente caso opero o no la perención de la instancia, es necesario, en primer lugar señalar que en el caso de la perención de la instancia los treinta (30) días a que hace referencia el artículo 267 en el ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, se computan por días calendarios consecutivos y de la forma establecida en el artículo 199 eiusdem, en el presente caso el actor no dio cumplimiento dentro del preclusivo lapso de treinta (30) días continuos a las cargas antes descritas a los fines de que practicara la citación de la parte demandada, lo que trae como consecuencia que en el presente caso al no haber cumplido dentro del lapso estipulado con las cargas antes descritas por la parte actora debe ser declarada la perención de la instancia contemplada en el ordinal 1º del artículo 267 del Código Adjetivo Civil. Así se decide.
III
Con fuerza en los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: QUE EN EL PRESENTE CASO SE HA VERIFICADO LA PERENCION DE LA INSTANCIA, en consecuencia se declara EXTINGUIDA LA INSTANCIA y PERIMIDO EL PROCESO.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada del presente fallo en el copiador de sentencias de este Juzgado.
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los (23 ) días del mes de julio del año dos mil ocho (2008).- Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL.
DRA. ELIZABETH BRETO GONZALEZ,
EL SECRETARIO,
ABG. JOSE OMAR GONZALEZ.
En esta misma fecha, siendo las 10:41 de la mañana se publicó y registró la anterior decisión.
EL SECRETARIO,

Exp. Nº 22.048

EBG/JOG/gp.