TSJ Regiones - Decisión

Exp. 22763 Asitt. RI-07

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, _________________

AÑOS: 198º Y 149º

DEMANDANTES: BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., sociedad mercantil, inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el dia 13 de Junio de 1977, bajo el Nº 1, Tomo 70-A, que por cambio de domicilio se presento ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial, del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 19 de Septiembre de 1997, inscrita bajo el Nº 39, Tomo 152-A Qto y reformado íntegramente sus Estatutos Sociales en Asamblea Extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 21 de Marzo de 2002, cuya acta quedo inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 28 de Junio del 2002, bajo el Nº 8, Tomo 676-A Qto.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: EMMA DI LUCENTE LOPEZ, RAFAEL NARVAEZ MARCANO ULALIA PERES DE MARTINI, AURELYS MARCANO MARCANO, LISBETH MARIA MORENO BERMUDEZ y CELIS MARGARITA NARVAEZ, abogados en ejercicio e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Números 39.576, 31.855, 82.463, 84.463, 92.970, 26.969, respectivamente.-

DEMANDADA: PROSPERO MARTINEZ RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 4.831.517.-

MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO

SENTENCIA: (INTERLOCUTORIA F/D)

Se inicio la presente causa por distribución que hiciera la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de los Tribunales de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a este Tribunal de la demanda que por RESOLUCION DE CONTRATO, iniciaron los ciudadanos RAFAEL DE JESUS NARVAEZ MARCANO y EMMA DI LUCENTE LOPEZ, en su carácter de apoderado judicial del BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., Admitida la demanda mediante auto de fecha 25 de mayo de 2004, se ordenó, emplazar al ciudadano PROSPERO MARTINEZ RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 6.626.084 y a la ciudadana CARMEN MARILIN MARTINEZ de HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 5.619.945, en su carácter de fiadora, siendo librada la compulsa en fecha 30 de Septiembre de 2004, para gestionar su citación.-
Siendo la oportunidad para decidir, este Tribunal pasa a hacerlo tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
Por auto de fecha 25 de mayo de 2004, se admitió la presente demanda y en auto de esa misma fecha se ordeno la elaboración de las compulsas, librándose el 30 de Septiembre de 2004.-
En fecha 10 de Diciembre de 2004 el ciudadano RAMON CARRERO REY, anterior Secretario Accidental de este Juzgado expuso que se trasladó a practicar la citación a los ciudadanos PROSPERO MARTINEZ RAMIREZ y CARMEN MARILIN DE HERNANDEZ, titulares de la cedula de identidad Nros 6.620.084 y 5.619.945 respectivamente, en la AVENIDA INTERCOMUNAL DEL VALLE, EDIFICIO GIRALUNA, PISO 01, APARTAMENTO 103, ENTRADA A, EL VALLE CARACAS, dejando constancia que no localizo ni el edificio, ni la dirección señalada.-
Consecutivamente en fecha 19 de 2005 el tribunal ordeno emplazar por medio de cartel a la parte demandada de conformidad con el articulo 223 del Código de Procedimiento Civil, consignado dicho cartel la parte actora en fecha 20 de Abril de 2005, bajo el folio (49) y (50)

En fecha 13 de marzo de 2006, cumplidas las formalidades establecidas en el articulo 223 del Código de Procedimiento Civil, este tribunal ordeno designar Defensor Judicial al ciudadano NELXANDRO ROMAN SANCHEZ, abogado en ejercicio, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 39.341, librándose la respectiva boleta de notificación, desde la referida fecha no se ha hecho gestión alguna para el impulso de la demanda.-
En fecha 09 de Abril de 2008 ANA ARGOTH, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 117.875, Consigna copia simple del poder que acredita su representación y solicita la perención de la presente causa.-

Al respecto, el primer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil prevé:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año si haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la Perención”.
Al respecto, el primer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
"(...)
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado."
Asimismo, la Sala de Casación Civil, del Máximo Tribunal de la República mediante sentencia Nro. 00537 de fecha 6 de julio de 2004, con ponencia del Dr. Carlos Oberto Vélez señaló:
“… (Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación.
En primero lugar, la que le correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de la boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la practica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la constitución de 1.999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su articulo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar, en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o, planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención ) …
… ( Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado articulo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la ordena del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreara la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en el cual se produzca ésta. Así se establece. “

En tal sentido, la normativa legal transcrita impone una sanción de Perención de la instancia por falta de actividad de la parte actora durante el transcurso de un año, lo cual implica el abandono y desinterés de los litigantes en el desenvolvimiento del proceso, que debe conducir a la sentencia que resuelva la controversia planteada.-
En razón de lo antes expuesto y por cuanto en la presente causa se observa que la última actuación de la parte actora a los fines de impulsar el procedimiento fue en fecha 13 de Marzo de 2006, y de lo que se evidencia que ha transcurrido más de un año sin que se realizara alguna actuación que impulsara la continuidad del presente proceso, se configura así el supuesto previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, con fundamento a las anteriores consideraciones de hecho y derecho este órgano jurisdiccional administrando Justicia el Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA PRESENTE INSTANCIA. Y así decide.-
De conformidad con lo previsto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas.-
Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia.-
Dada, firmada, y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los _____ días del mes de ______________ del dos mil ocho (2.008). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.-
EL JUEZ.-

LUIS TOMÁS LEÓN SANDOVAL.-
EL SECRETARIO

LTLS/RI 07
Exp. 22763