REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO OCTAVO DE CONTROL SECCION PENAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS Vistos estos autos: I Fiscal: La Dra. MELIDA LLORENTE GALLARDO, Fiscal Centésima Décima Quinta (115°) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente. Imputado: El ciudadano (adolescente), IDENTIDAD OMITIDA.- Agraviado: JOSE IGOR MARTINEZ MARQUEZ.- Secretaria: Abg. MARIA CARLOTA MANGANIELLO En el procedimiento instaurado contra el Adolescente IDENTIDAD OMITIDA, la ciudadana Fiscal Centésima Décima Quinta (115°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en el sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Dra. MELIDA LLORENTE GALLARDO, solicito a este Tribunal la declaratoria Judicial del Sobreseimiento Provisional en la presente causa. La referida petición aparece contenida en el escrito consignado en fecha 28/02/2008. Observa este Juzgado que la presente causa se inicia en fecha 23-09-2006, de acuerdo a actuaciones instruidas por el Instituto Autónomo de Seguridad y Transporte de la Alcaldía del Municipio Libertador Receptoria de Procedimientos, en las cuales figura como imputado el adolescente IDENTIDAD OMITIDA, ampliamente identificado en autos anteriores, y como victima el JOSE IGOR MARTINEZ MARQUEZ, en ese sentido el Ministerio Publico Notifico a este Juzgado mediante la oficina distribuidora de expediente del Orden de Inicio de Investigación, de fecha 23-10-06, dándole entrada este Juzgado a la misma y asignándosele el Nro. 1187-06-. En fecha 28/02/2008, se recibió ante este Juzgado escrito de solicitud de Sobreseimiento Provisional por parte del Ministerio Publico, dándosele entrada y anexándola a la presente causa. Para decidir, se observa: Se inicio procedimiento judicial a solicitud de la Dra. MELIDA LLORENTE GALLARDO, en su carácter de Fiscal 115º del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas. II MOTIVACION PARA DECIDIR En virtud del estudio pormenorizado efectuado a las actas y demás recaudos que conforman la presente causa y en atención a la solicitud efectuada por la Representante del Ministerio Público, es de observar que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente contempla un régimen procesal especial orientado a sancionar aquellas conductas de los adolescentes cuando estos aparezcan involucrados en la comisión de hechos tipificados en la ley como delitos o faltas y, en ese sentido, la investigación que se realice solo tiene por objeto confirman o descartar la sospecha fundada en cuanto a la existencia de un hecho punible en aras de determinar, en el primer caso, si un adolescente concurrió en su realización para lo cual el legislador dispone al Ministerio Publico, como titular de la acción Penal, esté con amplia y plena facultad, para dirigir la investigación en los casos de hechos punibles de acción publica, pudiendo para ello requerir del auxilio de los cuerpos policiales o de alguna otra autoridad legítimamente constituida que coadyuve a los fines propios del estado. Es obvio, por lo tanto, que al Ministerio Publico le incumbe la carga de impulsar y dirigir la investigación en aras de activar el poder punitivo del Estado frente a ciertas y determinadas conductas de los ciudadanos que atenten contra el mantenimiento del orden publico y la paz social, pero sin que ello implique menoscabo a los derechos y garantías fundamentales de los justiciables. No obstante, al concluir la primera fase de la investigación, orientada a hacer constar los hechos y circunstancias útiles para el ejercicio de la acción, el Ministerio Publico tiene por mandato legal, entre otras, la potestad de solicitar ante el competente Juez de Control el Sobreseimiento Provisional en la respectiva causa, siempre que de lo actuado no resulte suficiente para incoar la correspondiente acusación contra el adolescente infractor y no sea posible incorporar en forma inmediata nuevos elementos que permitan el ejercicio efectivo de la acción, lo cual no implica la renuncia de tal potestad sino, al contrario, un aplazamiento en el ejercicio de ésta, en aras de conformar los criterios adecuados para continuar realizando las diligencias para la incorporación de los medios de prueba conducentes, como también puede el representante del Ministerio Publico presentar el acto conclusivo que estime mas adecuado de acuerdo a la situación fástica que emerja de los autos del expediente pues, en tal supuesto, la ley procesal contempla lo que en doctrina se denomina el principio de la instrumentalización de los actos procesales, para lo cual el legislador preordena una serie de eventos en los que, necesariamente, debe guardarse la debida proporcionalidad para el fin perseguido con la investigación ya iniciada. En este caso la fiscal del Ministerio Publico, alega que lo actuado no es suficiente, que no ha logrado la ubicación física del agraciado de autos y que no existe la posibilidad inmediata para incorporar nuevos elementos que permitan el ejercicio de la acción penal admitiendo de esta manera la inexistencia de suficientes elementos orientados a presentar la correspondiente acusación contra el adolescente imputado, ya que ella observa el desinterés de la victima en el esclarecimiento de los hechos que hoy nos ocupa, y es por estos motivos que el Ministerio Público concluye, que en los actuales momentos no dispone de pluralidad del concurso y concatenado al conjunto de elementos probatorios que permitan formular y sostener fundadamente una acusación en contra del supra-del mencionado adolescente, lo que a todo evento lo aprecia quien aquí decide, como una imposibilidad para su debido enjuiciamiento en los hechos que se les atribuyen, circunstancia esta que justifica plenamente la procedencia de su solicitud, toda vez que el Artículo 561 literal “e” de la actual Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente faculta al Ministerio Publico para aplazar el ejercicio de la acción penal. Ha lugar a la solicitud que nos ocupa. Ya que luego de examinar las presentes actuaciones se desprende que no han surgidos nuevos elementos de interés criminalisticos en contra del imputado de autos. En base a estos razonamientos, considera este Juzgador que lo procedente y ajustado a derecho en el presente caso es acoger lo peticionado por la Representación Fiscal y decretar el Sobreseimiento Provisional de la causa seguida al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, a tenor de lo Preceptuado en el literal “e” del artículo 561 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente. Y ASI SE DECIDE. III DISPOSITIVA Sobre la base de las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Octavo de Control de la Sección de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Decreta el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL de este expediente a tenor de lo establecido en el artículo 561 literal “e” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en la causa signada por este Despacho bajo el N° 1191-06, seguida al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, por la presunta comisión de uno de los delitos CONTRA LA PROPIEDAD. Así se establece. Notifíquese la presente decisión a las partes. Líbrense boletas de Notificaciones. Regístrese, publíquese, anótese en el libro diario y déjese copia de esta decisión. Dado, firmado y sellado en el recinto de este Tribunal, a los Cuatro (04) días del mes de Marzo del año 2008. Años: 196° de la Independencia y 148° de la Federación. EL JUEZ, DR. JOSE MARIA GALINDEZ KINGSLEY. LA SECRETARIA ABG. MARIA CARLOTA M. En esta misma fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado. LA SECRETARIA ABG. MARIA CARLOTA M JMGK/MCM/Reyes R. EXP. 1187-06.-