REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO UNDECIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, 26 de marzo de dos mil ocho (2008).
197° y 149°
PARTE DEMANDANTE:
• BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., Sociedad Mercantil domiciliada en Caracas, originalmente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el día 13 de junio de 1977, bajo el No. 1, Tomo 16-A, cuya transformación en Banco Universal consta de documento inscrito en la oficina de Registro en fecha 4 de septiembre de 1997, bajo el No. 63, Tomo 70-A, el cual forma parte del expediente de la compañía que se acompañó a la participación que por cambio de domicilio se presentó ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 19 de septiembre de 1997, quedando inscrita bajo el No. 39, Tomo 152-A Qto., y reformado íntegramente sus estatutos en Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 21 de marzo de 2002, cuya acta quedo inscrita por Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 28 de junio del año 2002, bajo el N° 8, Tomo 676 A Qto., inscrito en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nro. J-07013380-5.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA:
• OSWALDO PADRON AMARE, RAFAEL GAMUS GALLEGO, FRANCISCO ALVAREZ PERAZA, JOSÉ RAFAEL GAMUS, OSWALDO PADRON SALAZAR, LIZBETH SUBERO RUIZ, RAFAEL PIRELA MORA, ANA MARIA PADRON SALAZAR y LOURDES NIETO FERRO, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 4.200, 1.589, 7.095, 37.756, 48.097, 24.550, 62.698, 69.505 y 35.416.
PARTE DEMANDADA:
• OFICINA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.A., antes S.R.L., domiciliada en la ciudad de Puerto La Cruz, Municipio Sotillo del Estado Anzoátegui, constituida y registrada por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, el 8 de mayo de 1984, bajo el N° 56, Tomo B-5, posteriormente transformada en Sociedad Anónima y modificados sus Estatutos Sociales por ante el citado Registro Mercantil, el 31 de octubre de 1991, bajo el N° 33, Tomo A-68, representado por su presidente ciudadano ROBERTO LEONARDO ARMAS RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-5.913.321; y los ciudadanos ROBERTO ARMAS ALFONZO, NORA JOSÉ GÓMEZ DE ARMAS e IRAIDA ESTILITA PEREZ SANTANA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-902.372, V-3.673.111 y V-4.434.983, respectivamente.
APODERADO (S) JUDICIALE(S) DE LA PARTE DEMANDADA:
• No poseen apoderado judicial alguno acreditado en autos.
EXPEDIENTE N°: 24.531
MOTIVO: EJECUCIÓN DE HIPOTECA.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.
I
Se inicia la presente demanda por EJECUCIÓN DE HIPOTECA, presentada por los profesionales del derecho OSWALDO PADRON SALAZAR y RAFAEL PIRELA MORA, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 48.097 y 62.698, respectivamente, en su carácter de apoderaos judiciales de BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta Circunscripción Judicial, el cual en fecha 28 de marzo de 2007, en virtud de que la demanda solo fue admitida a los fines de interrumpir la prescripción, mediante oficio Nro. 0701, remitió la causa al Juzgado Distribuidor de Turno, siendo recibido por el mismo en fecha 11 de abril de 2007, correspondiéndole conocer de la misma a este Juzgado, previo sorteo de Ley.
Consignados como fueron los recaudos, mediante auto dictado en fecha 06 de agosto de 2007, fue admitida la demanda.
II
Este Tribunal al respecto observa: Nuestro ordenamiento jurídico específicamente en el artículo 267 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, consagra la figura de la “Perención de la Instancia”, señalando dicha norma:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (…omissis…): 1º) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…” (Negritas del Tribunal).
Ahora bien, la declaratoria de la perención de la instancia, le está expresamente permitida al Tribunal, aún no habiendo sido solicitada por las partes, y así lo establece el artículo 269 eiusdem:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribual y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente” (Negritas del Tribunal).
En efecto, se verifica de pleno derecho, una vez que concurren los supuestos de hecho establecidos en la norma antes parcialmente transcrita.
Con respecto al tema que nos ocupa la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia dictada el seis (6) de julio de 2004 con ponencia del magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez en el juicio seguido por J.R. Barco contra Seguros Caracas Liberty Mutual, apunto:
“…A provisto de las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, esta Sala estima necesario y oportuno conciliarlas bajo el nuevo principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos (…omissis…) esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporciono lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta…” (Negritas del Tribunal).
Siendo que la decisión antes parcialmente transcrita la acoge este Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil y la aplica al presente caso, observándose que se admitió la demanda en fecha 06 de agosto de 2007, no obstante ello, la parte actora no cumplió dentro del plazo inexorable de treinta (30) días continuos, a partir de la admisión de la demanda con su obligación de consignar diligencia, en la que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación, en vista que la dirección señalada en el libelo de la demanda, dista de mas de 500 metros de la sede de este Despacho el cual esta ubicado en el Municipio Libertador.
Por lo que al no haber cumplido oportunamente con dichas cargas la parte actora, ello trae como consecuencia que sea procedente declarar que se ha verificado la perención de la instancia contemplada en el ordinal 1º del artículo 267 del Código Adjetivo Civil. Así se decide.
III
Con fuerza en los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este JUZGADO UNDÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: QUE EN EL PRESENTE CASO SE HA VERIFICADO LA PERENCION DE LA INSTANCIA, en consecuencia se declara EXTINGUIDA LA INSTANCIA y PERIMIDO EL PROCESO.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada del presente fallo en el copiador de sentencias de este Juzgado.
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los (26 ) días del mes de marzo del año dos mil ocho (2008).- Años 197º de la Independencia y 149º de la Federación.
LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL.
EL SECRETARIO TITULAR,
DRA. ELIZABETH BRETO GONZÁLEZ,
ABG. JOSÉ OMAR GONZÁLEZ.
En esta misma fecha y siendo las 14:47 p.m. se publicó y registró la anterior decisión.
EL SECRETARIO TITULAR,
Exp. Nº 24.531
EBG/JOG/alexandra.-
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