REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS EXP.: AP31-V-2007-002439 PARTE ACTORA: MARIA YOLANDA BARRIA MARTIN, mayor de edad, venezolana, de este domicilio y titular de la cedula de identidad N° 81.210.741. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: JOSE GASPAR COTTONI y MARICZEL FIGUEROA ARIZA, abogados en ejercicio e inscritos en el inpreabogado bajo los Nos. 22.941 y 105.001 respectivamente. PARTE DEMANDADA: ANGELO MARIA FARESE OCHOA, mayor edad, venezolano, de este domicilio y titular de la cedula de identidad N° 6.397.539. La parte demandada no tiene apoderado judicial ni abogado asistente constituido en autos. MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO Se da inicio al presente proceso, mediante libelo de demanda interpuesto por la representación de la parte actora, en el cual alega que su mandante, dio en arrendamiento al ciudadano Ángel Maria Farese Ochoa, antes identificado, un inmueble de su propiedad, constituido por un apartamento distinguido con el N° 15-A, el cual esta ubicado en el piso 15 del edificio “RESIDENCIAS 06”, Urbanización Santa Rosa de Lima, Municipio Baruta del Distrito Capital, por el termino de un (01) año, contado a partir del día 10 de septiembre de 2005, prorrogable por periodos iguales, por un canon de arrendamiento de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 950.000,00) mensuales, monto que fue incrementado a la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.1.200.000,00) mensuales, y en vista de que adeuda los cánones de arrendamiento correspondiente a los meses de octubre y noviembre del año 2007, lo que alcanza la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.400.000,00) es por lo que procede a demandar al ciudadano Ángelo Maria Farese Ochoa, en Resolución de Contrato de Arrendamiento.- Fundamentó su acción en los artículos 1.160 y 1.167 del Código Civil y artículos 7 y 38 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Previo régimen de distribución le correspondió a este Juzgado conocer del presente proceso y mediante auto de fecha 27 de noviembre de 2007, se admitió la presente demanda, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada, a fin de que compareciera al SEGUNDO (2°) DIA DE DESPACHO siguientes a la constancia en autos de su citación, a dar contestación a la demanda en su contra incoada.- En fecha 06 de diciembre de 2007, se libro la correspondiente compulsa de citación de la parte demandada. Ahora bien, dada así las cosas este Tribunal considera necesario hacer el siguiente análisis: De un análisis acompasado y minucioso efectuados a las actas judiciales que componen la presente litis, esta Juzgadora considera que existen indicios suficientes que hacen presumir la existencia de una probable perención de la instancia contenida en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en tal sentido esta Juzgadora observa que nuestra ley adjetiva civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “[…] La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 Ejusdem, el cual es del tenor siguiente: “…La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente…” En la disposición ante transcrita, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. Ahora bien, puesto que el estado por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a la actora dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es necesario señalar que la tendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica. De acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del Tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. Debe determinarse en el presente pronunciamiento que desde el día 27 de noviembre de 2007, fecha en la cual el tribunal admitió la demanda, hasta el día de hoy, han transcurrido con exceso, mas de treinta días sin que la parte actora haya efectuado algún trámite tendiente a impulsar el presente procedimiento, situación ésta que encuadra en el Ordinal 1° del articulo 267 in comento de nuestra norma adjetiva civil, y en consecuencia produce como efecto inmediato la perención de la instancia y siendo que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procésales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Así se Decide. DECISION Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 267 y el articulo 269 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, la extinción del presente procedimiento. ASÍ SE DECIDE. Dada, la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. REGISTRESE Y PUBLIQUESE. Dado, firmado y sellado en la sala de Despacho del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los veintisiete (27) días de marzo de dos mil ocho (2008). Años 198° y 149°. LA JUEZ ABG. IRENE GRISANTI CANO LA SECRETARIA ABG. VERIUSKA ALMEIDA P. En esta fecha siendo las _________, se registró y publicó la decisión. LA SECRETARIA ABG. VERIUSKA ALMEIDA P. IGC/VA/iris Asunto: AP31-V-2007-002439.