TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, ocho (08) de mayo de dos mil ocho (2008)
197º y 149°

ASUNTO No. AP21-L-2007-001630

PARTE ACTORA: RICARDO ALBERTO CASTELLANO PAZ, YASMINE GALLARDO DE NAVAS, MARISOL MORENO, MARÍA CLARET MARTÍNEZ DAVALILLO, JOSÉ GREGORIO LINARES SALAS, ANDRES SEGUNDO ESPINA VILCHEZ, ISABEL MARÍA CHIRINOS BORJAS, titulares de las cédulas de identidad números: 5.171.627, 4.146.494, 5.064.515, 4.520.142, 9.174.939, 4.539.166, 4.703.890 respectivamente, todos venezolanos, mayores de edad, de este domicilio.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: JOSE DE JESÙS DÌAZ, FREDDLYN MORALES, JOSÉ ANGEL RUIZ MÉNDEZ, MARÍA PINEDA y GLADYS SALAZAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad NºS 9.947.888, 14.119.246, 246.793, 6.930.903, 11.007.310, abogados en ejercicio, inscritos en el IPSA. Bajo los NºS 44.497 y N° 83.935 y 117.226 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA C.A. (C.A.N.T.V.), sociedad mercantil domiciliada en Caracas, inscrita en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal (ahora Distrito Capital) el 20 de junio de 1930, bajo el No. 387, Tomo 2, cuya última reforma de sus estatutos sociales quedó inscrita en el Registro de diciembre de 2003, bajo el No. 10, tomo 184-A-Pro.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: ARMINIO BORJAS H, JUSTO OSWALDO PÁEZ PUMAR, ROSA AMALIA PÁEZ-PUMAR DE PARDO, ENRIQUE LAGRANGE; ARMINIO BORJAS HIJO, MANUEL ACEDO SUCRE, CARLOS EDUARDO ACEDO SUCRE, ROSEMARY THOMAS R., ALFONSO GRATEROL JATAR, JOSÉ MANUEL LANDER CAPRILES, CARLOS LUIS BELLO ANSELMI, ESTEBAN PALACIOS LOZADA, JUAN RAMÍREZ TORRES, PEDRO PABLO PÉREZ SEGNINI, JULIO IGNACIO PÁEZ-PUMAR, LUISA ACEDO DE LEPERVANCHE, CARLOS IGNACIO PÁEZ-PUMAR, MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ LINARES, VALENTINA VALERO, MILITZA ALEJANDRA SANTANA PÉREZ, KARYNA BELLO, ANABELLA PERELLÓ VERA, CRISTIAN ZAMBRANO, LUISA TERESA LEPERVANCHE, MARINÉS VELÁSQUEZ, CARLOS SALAS, JEAN CARLO RAMÍREZ, ELSY BETTENCOURT, VALENTINA PRADA, MARY HELEN PINO, DIEGO LEPERVANCHE ACEDO, DAVID GONCALVES, CLAUDIA ARDILA, FABIOLA LIANZA, KARIN GIL, ROSA ELENA MARTÍNEZ DE SILVA, MARÍA EVA CARRILLO URDANETA, MARÍA ELENA PÁEZ-PUMAR, LUIS AUGUSTO SILVA MARTÍNEZ, SIMÓN ADOLFO ANDRADE PACIFICI, MARÍA GUADALUPE GARCÍA SANZ, GIUSEPPINA DE FOLGAR Y ERNESTO PAOLONE OTAIZA, abogados en ejercicio, de este domicilio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 1.844, 644, 610, 6.715, 14.329, 18.913, 19.654, 21.177, 26.429, 6.286, 18.274, 53.899, 48.273, 31.049, 73.353, 18.939, 72.029, 79.492, 66.382, 78.224, 66.008, 96.170, 90.812, 100.645, 90.710, 112.087, 111.838, 112.066, 111.815, 112.053, 118.753, 118.752, 117.253, 117.105, 117.222, 15.071, 35.101, 39.320, 61.184, 101.534, 55.088, 24.234 y 67.603, respectivamente.

MOTIVO: JUBILACIÒN.
-I-
ANTECEDENTES PROCESALES
En fecha 18 de abril de 2007, fue admitida la demanda por el Juzgado Trigésimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, y estando las partes a derecho, se celebra la audiencia preliminar el 13 de junio de 2007, y no siendo posible la mediación, son agregadas las pruebas y previa contestación a la demanda es distribuido el expediente a los Juzgados de Juicio en fecha 03 de marzo de 2008.
Se recibió el presente expediente en fecha 12 de marzo de 2008, por distribución proveniente del Juzgado Trigésimo Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial del Trabajo.
En fecha 02 de mayo de 2008, se celebró la Audiencia de Juicio, el Juez procedió a dictar el dispositivo del fallo. Este Tribunal pasa a decidir la presente causa con base a las consideraciones siguientes:
-II-
ALEGATOS DE LOS ACTORES
Alegan los accionantes: RICARDO ALBERTO CASTELLANO PAZ , ingresó a la CANTV en fecha 07 de febrero de 1977 y egresó el 01 de mayo de 1997, desempeñando el cargo de SUPERVISOR DE PLANTA EXTERNA, YASMINE GALLARDO DE NAVAS, ingresó en fecha 16 de abril 1980 y egresó el 17 de octubre 1997 desempeñando el cargo de ASISTENTE SUPERVISOR, MARISOL MORENO ingresó a la CANTV en fecha 16 de febrero de 1983 y egresó el 30 de octubre de 1999, desempeñando el cargo de SECRETARIA EJECUTIVA II, MARÍA CLARET MARTÍNEZ DAVALILLO ingresó a la CANTV en fecha 01 de noviembre de 1979 y egresó el 01 de julio de 2000, desempeñando el cargo de AGENTE DE OPERACIONES COMERCIALES y JOSÉ GREGORIO LINARES SALAS ingresó a la CANTV en fecha 09 de noviembre de 1982 y egresó en fecha 02 de noviembre de 1995, desempeñando el cargo de TÉCNICO II; ANDRES SEGUNDO ESPINA VILCHEZ DAVALILLO ingresó a la CANTV en fecha 19 de noviembre de 1974 y egresó el 30 de junio de 1994, desempeñando el cargo de AUXILIAR DE TELECOMUNICACIONES III, ISABEL MARÍA CHIRINOS BORJAS, ingresó a la CANTV en fecha 01 de febrero de 1974 y egresó el 16 de marzo de 1994 SUPERVISOR DE TRÁFICO V, en dichas fechas iniciaron en forma personal bajo la relación de dependencia C.A.N.T.V, de manera ininterrumpida, hasta la fecha indicada para cada uno, cuando se acogieron al denominado Programa Único Especial (P.U.E), para percibir, previa sus renuncia, unas bonificaciones que aparentemente mejoraba la liquidación normal. El referido programa contemplaba para el personal activo en CANTV al primero de enero de 2001, contratado a tiempo indeterminado y que para esa fecha tuviera más de un (01) año ininterrumpido de trabajo y menos de catorce (14), también sin interrupción y renunciaran a los cargos desempeñados, recibirías además de sus prestaciones e indemnizaciones legales o contractuales, una bonificación especial. La bonificación en comento era un determinado número de salarios básicos mensuales de acuerdo al número de años de servicios, discriminado según la categoría a la cual perteneciera el trabajador, por imposición del patrono.

Aducen las partes actoras que renunciaron a sus cargos para poder optar a esta programación excepcional. Que la CANTV les negó a los trabajadores el derecho adquirido, relativo al Plan de Jubilación y así mismo, la referida compañía, desconoció de forma unilateral y sin permitirles una debida asistencia jurídica incurriendo en lo que la doctrina denomina “error excusable”, previa simulación de un pacto con cada uno de los mandantes, la Convención Colectiva que beneficiaba a la masa trabajadora que prestaban sus servicios en dicha empresa, con un derecho adquirido a la aplicación del Plan de Jubilación, ya que este es un derecho IRRENUNCIABLE E INALIENABLE, tal como lo establece el articulo 8 del Reglamente de la Ley del Trabajo, la Convención Colectiva, las disposiciones constitucionales, doctrinas y jurisprudenciales que se han desarrollado en el ámbito de la Seguridad Social y muy especialmente el de jubilación para los trabajadores con derecho a la misma. Ahora bien, evidenciamos el dolo, en el hecho mismo, de las maquinaciones y acciones fraudulentas e ilícitas emprendidas por la empresa demandada, que consistieron en una estrategia agresiva de reducción de los pasivos laborales, a través de un “Terrorismo Laboral” elaborando las “cartas de renuncia” y pre-elaborando las “actas en donde los trabajadores con posibilidades de jubilación, renunciaban a esta”, no solo se valía de las presiones, sino que, el anuncio del retiro se lo harían al trabajador en forma individual sin asistencia jurídica. Son tantos los vicios de los cuales adolece el supuesto convenio o negocio jurídico, que sobrellevo la renuncia de nuestros representados a su derechos adquiridos de jubilación. Seria absurdo considerar que por el transcurso del tiempo, pierdan nuestros mandantes dicho derecho y la empresa demandada quede liberada de su obligación contractual para concederles a nuestros representados el citado beneficio de acogerse al Plan de Jubilación.
Señalan los accionantes que fueron inducidos en error por la patronal demandada y el acto según el cual “Renunciaron” a su derecho a acogerse al Plan de Jubilación, se llevó a efecto sin cumplir con los requisitos que a tal efecto establece el artículo 3 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva vigente para el momento de la finalización de la relación laboral.
Con base a estas circunstancias es que intentamos la presente acción, a objeto de que el patrono convenga o en su defecto sea condenada a: reconocer el derecho imprescriptible de jubilación, la incorporación a la nomina de jubilados y pensionados de manera inmediata y su respectivo pago de pensión; de acuerdo al homologo activo; al pago de todas y cada una de las pensiones adeudadas; del monto total que se desprenda la experticia complementaria del fallo, intereses de mora, sean indexados; estimamos la presente demanda en la cantidad de CINCO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 5.000.000,00) solo a los efectos de la cuantificación con relación a la cuantía de la demanda, por ahora se hace imprecisa, en cuanto al monto adeudado.
-III-
ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA
La parte demandada opone de manera subsidiaria la defensa de prescripción de la acción ejercida por los ciudadanos supra mencionados; conforme con lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo y para el supuesto negado de que se considere aplicable el articulo 1980 de Código Civil, alega la consumación de la prescripción de la acción y como consecuencia, la improcedencia de la pretensión de los actores. Alegan la partes accionadas que la relación de trabajo finalizó para: RICARDO ALBERTO CASTELLANO PAZ , ingresó a la CANTV en fecha 07 de febrero de 1977 y egresó el 01 de mayo de 1997 tiempo de servicios de 20 años, 02 meses y 24 días , YASMINE GALLARDO DE NAVAS, ingresó en fecha 16 de abril 1980 y egresó el 17 de octubre 1997 con un tiempo de servicios de 09 años, 05 meses y 27 días, MARISOL MORENO ingresó a la CANTV en fecha 16 de febrero de 1983 y egresó el 30 de octubre de 1999 con un tiempo de servicios de 7 años, 05 meses y 13 días; MARÍA CLARET MARTÍNEZ DAVALILLO ingresó a la CANTV en fecha 01 de noviembre de 1979 y egresó el 01 de julio de 2000, con un tiempo de servicios de 06 años, 09 meses y 12 días; JOSÉ GREGORIO LINARES SALAS ingresó a la CANTV en fecha 09 de noviembre de 1982 y egresó en fecha 02 de noviembre de 1995, con un tiempo de servicios de 11 años, 05 meses y 11 días y ANDRES SEGUNDO ESPINA ingresó en fecha 19 de noviembre 1974 y egresó el 30 de junio 1994, con un tiempo de servicios de 12 años, 09 meses y 13 días, ISABEL MARÍA CHIRINOS BORJAS, ingresó a la CANTV en fecha 01 de febrero de 1974 y egresó el 16 de marzo de 1994, con un tiempo de servicios de 13 años, y 27 días,. Expone la accionada que es procedente la defensa de prescripción de la acción, por cuanto habiendo terminado la relación laboral entre los demandantes y la demandada en las fechas arriba indicadas y la fecha de interposición de la demanda 13 de abril 2007, es tiempo suficiente para que operara la prescripción de la acción.
Hechos que Admite: Reconoce la accionada que los demandantes comenzaron a prestar sus servicios en forma personal, bajo la relación de dependencia para C.A.N.T.V: RICARDO ALBERTO CASTELLANO PAZ , ingresó a la CANTV en fecha 07 de febrero de 1977 y egresó el 01 de mayo de 1997, desempeñando el cargo de SUPERVISOR DE PLANTA EXTERNA, YASMINE GALLARDO DE NAVAS, ingresó en fecha 16 de abril 1980 y egresó el 17 de octubre 1997 desempeñando el cargo de ASISTENTE SUPERVISOR, MARISOL MORENO ingresó a la CANTV en fecha 16 de febrero de 1983 y egresó el 30 de octubre de 1999, desempeñando el cargo de SECRETARIA EJECUTIVA II, MARÍA CLARET MARTÍNEZ DAVALILLO ingresó a la CANTV en fecha 01 de noviembre de 1979 y egresó el 01 de julio de 2000, desempeñando el cargo de AGENTE DE OPERACIONES COMERCIALES y JOSÉ GREGORIO LINARES SALAS ingresó a la CANTV en fecha 09 de noviembre de 1982 y egresó en fecha 02 de noviembre de 1995, desempeñando el cargo de TÉCNICO II; ANDRES SEGUNDO ESPINA VILCHEZ DAVALILLO ingresó a la CANTV en fecha 19 de noviembre de 1974 y egresó el 30 de junio de 1994, desempeñando el cargo de AUXILIAR DE TELECOMUNICACIONES III, ISABEL MARÍA CHIRINOS BORJAS, ingresó a la CANTV en fecha 01 de febrero de 1974 y egresó el 16 de marzo de 1994 SUPERVISOR DE TRÁFICO, de manera ininterrumpida, fechas estas en las cuales terminaron la relación laboral entre ambas. Reconoce y acepta que CANTV fue empresa del Estado; que las acciones adquiridas de las acciones por capital privado.

Hechos que Niega: La demandada niega y contradice tanto en los hechos como en el derecho los argumentos alegados por los demandantes en su libelo de demanda, salvo los hechos que aceptamos expresamente; Niega y Rechaza por no ser cierto que la CANTV haya iniciado desde 1991, una desincorporación masiva de aquellos trabajadores que tuvieron catorce (14) años o más de servicios para la empresa y por consiguiente ya gozaban del derechos adquirido contractualmente para acogerse al plan de jubilación; dieran lugar a irregularidades y violaciones flagrantes de normas de orden publico y de carácter constitucional; que hayan celebrado actos o negocios jurídicos en los cuales renunciaban a la jubilación; que el plan de jubilaciones se encuentre previsto en el anexo “D” del Contrato Colectivo aplicable a las partes; que haya reducción de personal; que hubiera ofrecido a los demandantes dar por terminada la relación laboral; que haya ofrecido a los demandantes el pago de los beneficios que contempla la cláusula 76 del contrato colectivo; que haya privado o impedido a los demandantes que se les informara que además del derecho que tenían de recibir una indemnización de Prestaciones sociales les asistía el acogerse al beneficio de Plan de Jubilación; que elaboraba una supuestas cartas de renuncia.
-IV-
TEMA DE DECISIÓN
La presente controversia se encuentra circunscrita en determinar si los actores se encuentran amparados bajo el beneficio de jubilación conforme a los servicios personales prestados para la empresa CANTV, y si la acción se encuentra o no prescrita conforme a la Ley.

-V-
PRUEBAS PARTE ACTORA
EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS
Los accionantes promovieron la exhibición de las planillas de liquidación de éstos con la finalidad de probar la relación laboral existente entre los accionantes y la empresa demandada así como también el tiempo de servicio prestado por cada uno de ellos, la parte demandada reconoció dichas planillas de liquidación, sin embargo, este sentenciador no le otorga valor probatorio por cuanto no forma parte del tema controvertido. Así se establece.
Del Contrato Colectivo de los años 1993-1994, 1995-1996, 1999-2001, donde se encuentra consagrado el anexo D referente al Plan de Jubilaciones, y en la audiencia de juicio la demandada reconoció los documentos ordenados a exhibir, constando en los autos, en el cuaderno de recaudos No. 01, en los folios 62 al 370, cuaderno de recaudos Nº 3 y folios 01 al 310 cuaderno de recaudos Nº 2, este Juzgador reitera que las convenciones colectivas devienen de un acto normativo de las partes, por lo tanto, no son objeto de valoración probatoria. Así se establece.
Los recibos de pago del homologo activo de cada uno de los demandantes, desde la fecha en que los mismos adquirieron el Derecho de Jubilación, los mismos no fueron exhibidos, alegando la accionada ser genéricos, observa este juzgador que los mismos no aportan nada al punto controvertido. Así se establece.
Planilla de inscripción y registro de los accionantes a la Ley de Política Habitacional; observa este juzgador que los mismos no aportan nada al punto controvertido. Así se establece.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

DOCUMENTALES

RICARDO ALBERTO CASTELLANO PAZ, Marcada B planilla de liquidación de prestaciones sociales y C original de Acta de fecha 02 de abril 1997 folios 02 al 03 del cuaderno de recaudos Nº 1; MARISOL MORENO Marcada F y G folios 09 al 10 del cuaderno de recaudos Nº 1 Cálculo de prestaciones sociales y original de Acta de fecha treinta de septiembre de 1999, MARÍA CLARET MARTÍNEZ DAVALILLO, Cálculo de prestaciones sociales Marcada I folio 06, JOSÉ GREGORIO LINARES SALAS Marcada J acta de fecha 05 de marzo 1996 folio 07, Laudo arbitral Marcada E folios 08 al 61, ANDRES SEGUNDO ESPINA VILCHEZ folio 56 constancia de prestación de servicios, ISABEL MARÍA CHIRINOS BORJAS, planilla de liquidación de prestaciones sociales folio 62, YASMINE GALLARDO DE NAVAS Pieza principal Planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales folio 47, este Juzgado les otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en virtud del cual se desprende las fechas de terminación de la relación de trabajo. Así se establece.
Copia simple de la Convención Colectiva de Trabajo de los años 1993-1994, 1995-1996, 1999-2001, donde se encuentra consagrado el anexo D referente al Plan de Jubilaciones, constando en los autos, en el cuaderno de recaudos No. 01, en los folios 62 al 370, cuaderno de recaudos Nº 3 y folios 01 al 310 cuaderno de recaudos Nº 2, este Juzgador reitera que las convenciones colectivas devienen de un acto normativo de las partes, por lo tanto, no son objeto de valoración probatoria. Así se establece. Así se establece.
-VII-
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Puntos Previo: La Prescripción de la Acción.

Este Juzgador pasa de seguidas a analizar lo referente el punto previo opuesto por la parte demandada: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. La accionada ha alegado la defensa de la prescripción de la acción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, indicando que las fechas de terminación de la relación de trabajo de los extrabajadores: RICARDO ALBERTO CASTELLANO PAZ , egresó el 01 de mayo de 1997, YASMINE GALLARDO DE NAVAS, egresó el 17 de octubre 1997, MARISOL MORENO egresó el 30 de octubre de 1999; MARÍA CLARET MARTÍNEZ DAVALILLO egresó el 01 de julio de 2000; JOSÉ GREGORIO LINARES SALAS egresó en fecha 02 de noviembre de 1995, ANDRES SEGUNDO ESPINA egresó en fecha 30 de junio 1994 , ISABEL MARÍA CHIRINOS BORJAS, egresó el 16 de marzo de 1994, además, no consta en autos que los accionantes hubieran interrumpido la prescripción por cualquiera de las causas establecidas en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo.

La Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 1170 dictada el 07 de julio de 2006, se pronunció sobre la prescripción en materia laboral de las acciones para reclamar los conceptos de la relación de trabajo y las del derecho de jubilación en estos términos: “.......Lo recientemente expuesto tiene cabida, pues, ya en diferentes decisiones dictadas por esta Sala de Casación Social, al tocarse el tema de la prescripción de las acciones derivadas de la relación de trabajo, se ha dejado claro que todas las acciones provenientes de la relación laboral prescriben en el lapso de un (1) año computado a partir de la extinción del vínculo de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, con excepción de la acción de indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuyo lapso de prescripción es de dos (2) años (artículo 62 eiusdem).”
En cuanto al lapso de prescripción para demandar por jubilación, ello es una cuestión precisada jurisprudencialmente por la Sala de Casación Social, quien ha sido enfática al señalar que la misma se rige por el artículo 1.980 del Código Civil.
El autor José Luis Gil y Gil en su obra “La prescripción y la caducidad en el contrato de trabajo” Colección Práctica de Derecho Social, Editorial Comares, dice en su Pág. 1: “1. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRESCRIPCION EXTINTIVA 1.1 Fundamento de la prescripción. Tanto la prescripción extintiva como la caducidad hallan su fundamento último en la seguridad jurídica, que hoy consagra el artículo 9.3 CE como uno de los principios esenciales del Estado de Derecho. 1.1 El principio de seguridad jurídica puede descomponerse en tres aspectos: seguridad del ordenamiento jurídico, seguridad de los derechos y seguridad del tráfico jurídico (Díez-Picazo, 1996:52 SS). Por lo que hace al primero de ellos, el Tribunal Constitucional ha señalado que la seguridad jurídica es una suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, sin perjuicio del valor que por sí mismo tiene como principio (SSTC 27/1981 y 150/1990). Desde este punto de vista, la seguridad jurídica es una exigencia objetiva del ordenamiento jurídico (Rodríguez-Piñero, 1997:161 SS). En segundo término, la seguridad jurídica exige el respeto de los derechos adquiridos. Por último, el principio reclama la seguridad del tráfico jurídico, lo que se traduce, entre otras cosas, en la condena del ejercicio extemporáneo de los derechos.”

En decisión de la Sala Social de fecha 16 de noviembre del año 2000, ponencia del Magistrado Alberto Martíni Urdaneta en donde estableció lo siguiente: “…. Ahora bien, para el caso que el trabajador, habiendo escogido la primera opción, pretenda que se le reconozca el derecho a optar por la segunda posibilidad, es necesario que demuestre que su decisión de escoger la primera opción no derivó de su libre voluntad, es decir, que hubo vicio en el consentimiento. Tales vicios de la voluntad o del consentimiento son el error excusable, la violencia o el dolo, conforme lo señala el artículo 1.146 del Código Civil. Es así como podría decirse que al momento de optar por el pago adicional en lugar de la jubilación especial, el trabajador no estuvo en la circunstancia ideal prevista en dicha cláusula de elegir libremente respecto de una opción u otra, por lo que en tales casos procederá la declaratoria de nulidad del acto viciado, que conlleva a situar nuevamente al trabajador frente a estas dos opciones y por ende ante la expectativa de que se le acuerde la Jubilación Especial, y el lapso de prescripción para accionar tal posibilidad es el previsto en el artículo 1.980 del Código Civil, como fuera establecido en el título: ”PRESCRIPTIBILIDAD DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO”.

En cambio, si el demandante no demuestra que su voluntad estuvo viciada, debe considerarse que al momento de la terminación de su relación laboral, hizo uso libremente del derecho a escoger contemplado en la norma convencional, por lo que su acción dirigida a peticionar el derecho al cual en esa oportunidad no optó, no se encuentra sujeta a las consecuencias de la declaratoria de nulidad del acto supuestamente volitivo y por ende debe aplicarse en consecuencia, la disposición de la ley que regula la materia, cual es el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Tal distinción no es caprichosa y obedece al hecho que para las personas cuyo consentimiento se encuentra viciado, se mantiene incólume el derecho a peticionar la jubilación especial, que por traducirse en un pago periódico menor al año, prescribe a los tres años, como ya ha quedado establecido.”

Ahora bien, a los fines de determinar la prescripción de la acción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, este Juzgador observa del acervo probatorio, -específicamente en las planillas de liquidación de prestaciones sociales, insertas en la pieza principal y segunda pieza, folios 117 al 364, promovida por la demandada-, la fecha de inicio y de terminación de la relación de trabajo. Que ha sido expresamente reconocido por la parte accionada, que la fecha de culminación de la relación de trabajo fueron en fechas RICARDO ALBERTO CASTELLANO PAZ , egresó el 01 de mayo de 1997, YASMINE GALLARDO DE NAVAS, egresó el 17 de octubre 1997, MARISOL MORENO egresó el 30 de octubre de 1999; MARÍA CLARET MARTÍNEZ DAVALILLO egresó el 01 de julio de 2000; JOSÉ GREGORIO LINARES SALAS egresó en fecha 02 de noviembre de 1995, ANDRES SEGUNDO ESPINA egresó en fecha 30 de junio 1994 , ISABEL MARÍA CHIRINOS BORJAS, egresó el 16 de marzo de 1994, fue interpuesta la demanda en fecha 13 de abril 2007 por beneficio de jubilación. Sin embargo, no se observa de los autos que el lapso de prescripción de la acción, haya sido interrumpido conforme a lo señalado por el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo. De todo lo antes expuesto, se desprende que la acción está evidentemente prescrita, en virtud de transcurrir el tiempo necesario desde los egresos de los trabajadores de la empresa en cuestión, es decir, desde las fechas indicadas ut supra del egreso de los extrabajadores, a la fecha de interposición de la demanda 13 de abril 2007 (13-04-2007), se puede evidenciar que, transcurrió con creces más de tres (03) años establecido en el artículo 1980 del Código Civil, tiempo suficiente para que se consumara holgadamente el lapso de prescripción de la acción. ASÍ SE DECIDE.
Con base en la decisión del Tribunal resulta inoficioso pronunciarse sobre el resto de los puntos pretendidos y alegados en defensa por las partes. ASI SE DECIDE.
-VIII-
DISPOSITIVA
En mérito de las consideraciones anteriores, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la defensa de PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN opuesta por la parte accionada COMPAÑÍA ANÓNIMA TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV); SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda por JUBILACIÓN incoada por los ciudadanos RICARDO ALBERTO CASTELLANO, YASMINE GALLARDO DE NAVAS, MARISOL MORENO, MARÍA CLARET MARTÍNEZ DAVALILLO, JOSÉ GREGORIO LINARES SALAS, ANDRES SEGUNDO ESPINA VILCHEZ, ISABEL MARÍA CHIRINOS BORJAS, contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA ANÓNIMA TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV); TERCERO: No hay condenatoria en costas a los actores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; CUARTO: Se ordena notificar a la Procuraduría General de la República de la decisión mediante oficio acompañado de copia certificada de la sentencia, dándole un término de treinta (30) días continuos de conformidad con lo establecido en el Art. 95 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y una vez transcurrido el término antes indicado, comenzará a correr el lapso de cinco (05) días hábiles para ejercer los recursos legales pertinentes.

PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DÉJESE COPIA

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los ocho (08) días del mes de mayo de dos mil ocho (2008). Años 197º de la Independencia y 149 de la Federación.
EL JUEZ
ABG. LUIS OJEDA GUZMAN
EL SECRETARIO
ABG. NELSON DELGADO
.
Nota: En el día de hoy, siendo las once y cincuenta y cinco de la mañana (11:55 a.m.), se dictó y publicó el presente fallo.
EL SECRETARIO
ABG. NELSON DELGADO

ASUNTO No. AP21-L-2007-001630