TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO QUINTO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Expediente No. AP31-V-2007-001627.
PARTE ACTORA: GAETANO LETIZIA CLEMENTE, portador de la Cedula de Identidad Nº E- 240.657, en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil INVERSIONES LETIROSA, C.A, inscrita en el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, bajo el Nº 70, Tomo 489- A- VII de fecha 28 de febrero de 2.005.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Dr. MANUEL NAVARRO ROMERO, Abogado en ejercicio, de este domicilio, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 21.905.
PARTE DEMANDADA: FELIX MELO, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad Nro. . 4.436.691, y de este domicilio.
DEFENSORA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: Dra. YOLANDA LORIS SERRES ROMAN, Abogado en ejercicio, de este domicilio, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 91.324.

MOTIVO:
RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

-I-
Se inicio el presente proceso a través de libelo de la demanda y documentos que lo acompañan, presentado en fecha 14 de agosto de 2.007, ante la Unidad de Recepción de Distribución de Documentos, (U.R.D.D.), Circuito Judicial sede Los Cortijos del Área Metropolitana de Caracas, sometido a distribución dicho libelo, correspondiéndole conocer a este Tribunal la presente causa, el cual, fue recibido por Secretaria en fecha 14 de agosto de 2.007 según nota que cursa al vuelto del folio 14, demanda que por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, tiene incoado el ciudadano GAETANO LETIZIA CLEMENTE, portador de la Cedula de Identidad Nº E- 240.657, en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil INVERSIONES LETIROSA, C.A, asistido por el Dr. MANUEL NAVARRO ROMERO en contra el ciudadano FELIX MELO.
Admitida la demanda por auto de fecha 17 de septiembre de 2.007, este Tribunal ordenó la citación de la parte demandada para que diera contestación a la demanda al segundo (2º) día de despacho a la constancia en autos de su citación.
En fecha 18 de septiembre de 2.007, diligenciò la representación judicial de la parte actora y consigno copias fotostáticas para la elaboración de la compulsa de citación de la parte demandada, la cual, fue librada en fecha 19 de septiembre de 2.007.
El día 27 de septiembre de 2.007, diligenció la representación judicial de la parte actora y consigno los emolumentos necesarios para la práctica de la citación de la parte demandada.
El día 02 de octubre de 2.007, diligencio la representación judicial de la parte actora y consigno escrito de reforma de la demanda, la cual fue admitida en fecha 03 de octubre de 2.007, ordenándose la citación de la parte demandada para que diera contestación a la demanda al segundo (2º) día de despacho a la constancia en autos de su citación.
En fecha 08 de octubre de 2.007, diligencio la representación judicial de la parte actora y y consigno los fotostatos necesarios para la elaboración de la compulsa de citación, la cual fue librada en fecha 09 de octubre de 2.007.
Asimismo, en fecha 15 de octubre de 2.007, diligencio la representación judicial de la parte actora y consigno copia de la reforma de la demanda, a los fines de que se libre la correspondiente compulsa.
En fecha 16 de octubre de 2.007, se libro la compulsa de citación respectiva.

En fecha 25 de octubre de 2.007, compareció el Alguacil designado por la Unidad de Recepción de Documentos de los Tribunales de Municipio de esta Circunscripción Judicial, y dejo constancia que fue imposible lograr la citación del ciudadano FELIX MELO, consignando el recibo y compulsa de citación de la parte demandada.
En fecha 29 de octubre de 2.007, diligenciò la representación judicial de la parte actora y solicito se libre cartel de citación a la parte demandada, lo cual fue acordado y librado en fecha 30 de octubre de 2.007.
El día 04 de diciembre de 2.007, diligenciò la representación judicial de la parte actora y recibió el cartel de citación a los fines de publicación en los Diarios El Nacional y El Ultimas Noticias.
De igual forma, en fecha 17 de enero de 2.008, diligenciò la representación judicial y consigno poder apud- acta que le fue conferido por la parte actora. En esta misma fecha, diligencio la representación judicial de la parte actora y consigno los ejemplares del cartel de citación publicados en los Diarios Ultimas Noticias y El Universal.
Asimismo, se deja constancia que la ciudadana ISBEL BENITEZ, Secretaria Accidental de este Despacho se traslado a la siguiente dirección: Calle El León, Edificio El León, Planta Baja, Local 1, Parroquia Santa Rosalía, Caracas, a fin de fijar el cartel de citación en las puertas del inmueble dirigido a la ciudadana MORENA BARILLAS DE COLMENARES, el cual, fijo en dicha puerta.
En fecha 11 de febrero de 2.008, diligenció la representación judicial de la parte actora y solicito se designe defensor judicial a la parte demandada, la cual, fue acordado mediante auto de fecha 19 de febrero de 2.008, se designó como defensora judicial a la Dra. YOLANDA SERRES, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 91.324, y se libro boleta de notificación.
En fecha 27 de febrero de 2.008, compareció el Alguacil designado por la Unidad de Recepción de Documentos de los Tribunales de Municipio de esta Circunscripción Judicial, y dejo constancia que se notificó a la ciudadana YOLANDA SERRES, consignando boleta de notificación firmada.
Asimismo, en fecha 06 de marzo de 2.007, diligenció la representación judicial de la parte actora y consigno los fotostatos a los fines de que se libre la compulsa de citación a la defensora judicial designada, la cual, fue acordado y librado mediante auto de fecha 17 de marzo de 2.008.
En fecha 27 de febrero de 2.008, compareció el Alguacil designado por la Unidad de Recepción de Documentos de los Tribunales de Municipio de esta Circunscripción Judicial, y dejo constancia que logro la citación de la ciudadana YOLANDA SERRES, consignando recibo de citación respectivo.
Asimismo, en fecha 31 de marzo de 2.008, compareció la defensora judicial de la parte demandada y consigno escrito de contestación a la demanda.
En fecha 08 de abril de 2.008, compareció la representación judicial de la parte actora y consigno escrito de pruebas, las cuales fueron admitidas. Con respecto a la prueba de testimoniales contenida en el escrito de pruebas, se fijo oportunidad para el tercer (3er) día de despacho al de hoy, para que rindan declaración los ciudadanos JOSE HIDALGO y PEDRO CUBEROS.
En fecha 22 de abril de 2.008, compareció la representación judicial de la parte actora, y consigno escrito de pruebas, la cuales fueron admitidas, y que más adelante se analizaran sus resultas, de fecha 24 de abril de 2.008. Con respecto a la prueba de inspección judicial contenida en el escrito de pruebas, se fijo al cuarto (4to) día de despacho siguiente al día de hoy, a las 1: 00 p.m.
En fecha 24 de abril de 2.008, se deja constancia que se evacuó el acto de testigos del ciudadano PEDRO CUBEROS.
En fecha 06 de mayo de 2.008, se deja constancia que se practico la inspección judicial solicitada por la parte actora, en la oportunidad fijada por este Tribunal.
Asimismo, en fecha 13 de mayo de 2.008, compareció el ciudadano GREGORIO PAGES, practico fotógrafo designado y consigno exposición fotográfica.

-II-
Siendo la oportunidad para decidir, este Tribunal pasa a hacerlo tomando en cuenta las siguientes consideraciones:
La representación judicial de la parte actora alega que su representado en fecha 30 de enero del 2.007, celebro un contrato de arrendamiento privado con el ciudadano FELIX MELO, sobre un local ubicado en la planta baja del Edificio El León calle León, distinguido con el numero 1, El Cementerio, Parroquia Santa Rosalía del Municipio Libertador del Distrito Capital. En dicho contrato se estableció convencionalmente la cantidad de CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,00), mensuales, monto que debía pagar el arrendatario de entre los primeros 5 días de cada mes.
Asimismo, señala la parte actora que en la cláusula primera de dicho contrato se estableció que dicho inmueble era únicamente para ser destinado exclusivamente para el uso de depósito, almacenaje de mercancías secas.
Igualmente la parte actora alega que se estableció en la cláusula segunda que el presente contrato tiene una duración de 6 meses fijos a partir del 1 de Febrero del 2.007. El inicio de la relación contractual se desarrollo normalmente, cancelando el arrendatario los cánones de arrendamiento oportunamente.
Asimismo la parte actora alega que el arrendatario sin explicación alguna dejo de cancelar los cánones de arrendamiento correspondiente a los meses de Mayo y Junio del 2.007, a razón de CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 400.000,00) mensuales, lo cual asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 800.000,00), y a pesar de las gestiones que se realizaron a fin de obtener el pago de dicha suma, lo que ha resultado imposible.
En virtud de lo expuesto la accionante demanda al ciudadano FELIX MELO por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, para que convenga o sea condenada por este Tribunal: PRIMERO: A desalojar inmediato el inmueble arrendado por haber cambiado el destino y uso del inmueble dado en arrendamiento al instalar sin la autorización de la empresa una venta al mayor y detal de cerveza y otros licores en forma ilegal y sin permiso alguno, incumpliendo de esta manera con el contrato celebrado. SEGUNDO: a pagar la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 800.000,00), por concepto de cánones de arrendamientos insolutos del mes de mayo y junio de 2.007. TERCERO: A pagar las costas y costos del proceso.
Por otra parte, la defensora judicial de la parte demandada negó, rechazo y contradijo tanto en los hechos como en el derecho, en todas y cada una de las partes, de la demanda incoada en contra de la parte demandada, por desconocer la veracidad y certeza de los alegatos esgrimidos por la parte actora.

Planteados así los términos del discenso pasa este tribunal a decidir de la siguiente manera:
Conforme a las normas distributivas de la carga de la prueba, consagrada en los artículos 1354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, y quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido liberado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.
En este sentido, nuestra Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de fecha 26 de febrero de 1987, dejo sentado:
"El demandado al contradecir, negar o desconocer los hechos y, por tanto, los derechos que de ellos deriven, el actor corre con toda la carga de la prueba y de lo que demuestre depende el alcance de sus pretensiones."
Igualmente al comentar el citado artículo 1.354 del Código Civil, nuestro Máximo Tribunal, reiterando la jurisprudencia pacífica y reiterada desde el 9 de julio de 1969, en sentencia de 21 de mayo de 1987, señaló:
"Con esa norma legal se esta estableciendo que al demandado le incumbe la carga de la prueba cuando la naturaleza de su defensa el mismo ha reconocido que la obligación que se le demanda, o sea, que el derecho del actor si existió; pero por un nuevo hecho alegado por el se extinguió la obligación. Fuera de estos casos de excepción, el solo hecho de que el demandado no se defienda, no exime al actor de la carga de probar su acción, máxime que cuando contradice la demanda en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como el derecho,..."

Conforme a la Doctrina de Casación parcialmente transcrita, la cual es acogida por este Tribunal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, el actor al establecer en su demanda la existencia de ciertos hechos constitutivos entendidos éstos, como aquellos de donde se origina el derecho en el cual basa su pretensión, ha de cargar con las pruebas de ellos si le son contradichos por la parte demandada, tal y como sucedió en el presente caso.
Ahora bien, del minucioso estudio de las actas procesales que conforman el presente expediente constata esta Juzgadora, que durante el lapso probatorio, solo la parte actora hizo uso de tal derecho.
La representación judicial de la parte actora consigno junto al libelo de la demanda copia fotostática del documento constitutivo de la Sociedad Mercantil INVERSIONES GRUPO LETIROSA, C.A., inscrito en el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el Nº 70, Tomo 489-A- VII, de fecha 28 de febrero de 2.005. Al respecto observa esta Juzgadora que dicho instrumento no fue impugnado por la parte demandada, por lo que a tenor del Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, se tiene como copia fidedigna de su original. Así se declara.
Asimismo, la parte actora consigno instrumento en el que dijo esta contenido el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes. Al respecto observa esta Juzgadora que dicho instrumento no fue desconocido por la parte demandada, por lo que a tenor del Articulo 444 del Código de Procedimiento Civil, se tiene como reconocido, quedando demostrado la existencia de un vinculo jurídico entre las partes, y los términos en que fue celebrado dicho contrato, por mandato del Artículo 1.363 del Código Civil. Así se declara
Igualmente, la parte actora consigno original del poder apud- acta que le confirió el ciudadano GAETANO LETIZIA CLEMENTE, Presidente de la Sociedad Mercantil INVERSIONES GRUPO LETIROSA, C .A., al Dr. MANUEL NAVARRO ROMERO. Al respecto observa esta Juzgadora que dicho instrumento no fue tachado por la parte demandada, por lo que a tenor de los Artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, surte valor probatorio de su contenido, quedando demostrada la capacidad de postulación que tiene la representación judicial de la parte actora en el presente juicio. Así se declara.
Ahora bien, abierto del lapso probatorio, la representación judicial de la parte actora, promovió el merito favorable del expediente Nº S 07-8396, contentiva de inspección judicial practicada por el Juzgado Noveno de Municipio de esta Circunscripción Judicial, en fecha 18 de octubre de 2.007, en la siguiente dirección: Edificio El León, Local Nº 1, situado en la Calle El León, El Cementerio, Municipio Libertador del Distrito Capital, a los fines de la practica de la misma. Al respecto observa esta Juzgadora que dicha inspección evacuada extra-litem a pesar de que contiene ley, afirmaciones de un Juez, como prueba fehaciente no puede quedar constituida si no cuenta con el Control y Capacidad de contradicción que en el proceso se debe permitir a la parte contraria, es decir, a la cual se pretende oponer dicha inspección, no obstante, las afirmaciones en ellas contenidas nada arrojan a favor de las pretensiones aquí deducidas, desde luego que de ella no aparecen elemento alguno que hace presumir siquiera que el uso fijado por las partes al predio arrendado hubiera sido modificado, amen de que la posible descripción del deterioro, es inocua a los efectos de estas actas en lo que no se discute lo propio, por ello se desecha tal inspección. Así se declara.
La representación judicial de la parte actora promovió prueba testimoniales de los ciudadanos JOSE HIDALGO y PEDRO CUBEROS, portadores de las Cèdulas de Identidad Nros. 4.273.810 y 1.657.657.Al respecto observa esta Juzgadora que en las deposiciones realizadas por los mencionados ciudadanos no existe contradicción alguna en sus dichos, ni a este Tribunal le surge motivo para restarle credibilidad, en consecuencia a pesar de que no hay coincidencia entre sus declaraciones, en torno al tiempo aproximado desde que sucedieron los hechos por ellos narrados, lo cual no es trascendente a los efectos del tema debatido, este Tribunal considera demostrado coincidentemente y concomitente el hecho en que el local arrendado se expende licor diariamente. Así se declara.
Además, coincidentemente con la inspección judicial practicada por este Juzgado, en fecha 06 de mayo de 2.008, en la siguiente dirección: Edificio El León, Local Nº 1, situado en la Calle El León, El Cementerio, Municipio Libertador del Distrito Capital, a los fines de la practica de la misma, se evidencia que se expende licor al publico, por lo cual queda reforzado el caudal probatorio que determina el cambio de uso alegado en el libelo, Así se declara.

Ahora bien, para decidir respecto a lo solicitado y en atención a las pruebas de autos, pasa esta Juzgadora ha realizar las siguientes apreciaciones:
En primer lugar, la parte accionante demostró la existencia de un vínculo jurídico que une a las partes, en el presente juicio, y los términos establecidos en el contrato de arrendamiento donde la arrendataria estaba obligada a pagar los cánones de arrendamiento, puntualmente dentro de los primeros cinco (05) días de cada mes.
En segundo lugar, esta Juzgadora paso a observar que en la cláusula primera del contrato de arrendamiento suscrito por las partes, señala que el inmueble objeto del presente juicio esta destinado única y exclusivamente para el uso exclusivo de negocio comercial de deposito, almacenaje de todo tipo de mercancías secas, incumpliendo el arrendatario con la referida cláusula establecida en dicho contrato, debido a que se demostró según pruebas analizadas y valoradas anteriormente, que en el local Nº 1 del Edificio El León, ubicado en la Calle El León con la Avenida Principal del Cementerio, Parroquia Santa Rosalía, Municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas, esta siendo utilizado para un fin distinto al pactado por las partes en el contrato de marras. Asimismo, adminiculada la prueba de inspección judicial practicada por este Juzgado en fecha 06 de mayo de 2.008, en el inmueble identificado en autos, se evidencia que en dicho local no se encuentra ninguna persona, y solo se pudo observar mucho sucio,. Polvo y gran cantidad de vacíos de cajas de una marca de licor y asimismo, los Ciudadanos NESTOR MARTINEZ MARIA DE MARTINEZ y ROSA MILANO, quienes están suficientemente identificados en autos, se hicieron presente en la practica de la inspección, y dijeron ser vecinos manifestando que dicho local funciona a partir de las 6:30 p.m. , una venta de licores hasta altas horas de la madrugada, y que en el mismo se presentan peleas, que atentan con la convivencia ciudadana de los residentes del sector. Aunado a ello, a pesar de que la defensa del demandado rechazo las afirmaciones del libelo, lo cual implica negar la imputación por falta de pago de los cánones de arrendamientos de los meses de mayo y junio de 2.007, no aparece de autos prueba alguna dirigida a enervar la afirmación libelada, de falta de pago, lo que trae como consecuencia, el incumplimiento de la cláusula tercera del contrato de arrendamiento suscrito por las partes, en virtud que establece que a falta de del pago de dos (02) cánones de arrendamientos vencidas dará derecho a la resolución del referido contrato, y Así se declara.
En tercer lugar, en este estado este Tribunal observa que los dos hechos constitutivos de la pretensión deducida, cuales son el cambio de uso del bien inmueble y la falta de pago de dos cánones de arrendamientos mensuales, quedaron acreditados por lo que en principio, aparece procedente la demanda incoada. Sin embargo previamente es menester establecer, cual es realmente la acción deducida que debe proceder, desde luego que aparece del libelo la invocación simultanea de la acción resolutoria y la acción de desalojo, que a pesar de que en el fondo engendran un mismo tipo de pretensión, técnicamente difieren en cuanto al derecho aplicable y a la naturaleza del contrato sobre el cual operan lo cual no requiere ser reseñado en esta Sentencia. Concierne al Juez del merito establecer la calificación jurídica correcta, correspondiente a la acción deducida, eligiendo la norma de derecho en que se subsuma el supuesto concreto del proceso, aun cuando difiera del derecho alegado por las partes, pero siempre que coincida con lo pretendido por ella, conforme a lo alegado y probado en autos, porque de otra forma el Juez dejaría de ser lo imparcial que el desempeño de esa función le exige, solo así puede conciliar un sistema en que el Juez no este atado por las normas de derecho invocadas por las partes y a la vez no infrinja garantías procesales.
En el caso bajo estudio no hay duda de que el contrato de las partes es a tiempo determinado, lo cual las excluye de especial que nuestro orden legal, en el catalogo de procedencia de la acción de desalojo se pauta para los contratos a tiempo indeterminado. De ello que el orden jurídico aplicable al contrato de marras en lo sustantivo, es el ordinario en materia de contrato en general. De hecho obsérvese entre las normas de derecho invocadas en el libelo se encuentran en la de 1.167 del Código Civil. De ello que un cambio de calificación en este caso no afecta las garantías procesales de alguna de las partes, menos si se considera que los hechos sobre los cuales prospera la acción resolutoria son los mismos alegados y probados en autos, la norma de derecho aplicable fue invocada en el Libelo, y finalmente la consecuencia de hecho en una y otra circunstancia, es la misma, esto es extensión del vinculo jurídico arrendaticio y la devolución del inmueble al arrendador.
Por estos motivos, habidas consideración que la calificación aplicables al caso de marras es la resolutoria del contrato con fundamento al Articulo 1.167 del Código Civil, es esta la que debe prosperar, Así se declara.
Ahora bien, conforme a lo expuesto y respecto al incumplimiento del contrato de arrendamiento demandado, observa este Juzgador, que la doctrina y la jurisprudencia están acordes en admitir de manera unánime que en los contratos de ejecución progresiva, como son los contratos de arrendamiento, le basta al actor demostrar la existencia auténtica de esa relación jurídica que obliga al demandado, sin que deba estar compelido a demostrar el hecho negativo del incumplimiento del mismo, esto es, probada la existencia de una obligación de ejecución progresiva en forma autentica, es el demandado quien debe probar que está solvente, en sus obligaciones de pago.
Sentado lo anterior, constata este Juzgador, que como quiera que no consta en autos, pruebas que desvirtúen algunos de los alegatos de la accionante, a consideración de este Tribunal, la parte demandada debió probar que ha cumplido con las obligaciones asumidas en el contrato de arrendamiento, esto es en el caso de autos, el pago de los cánones de arrendamiento los cuales fueron demandados como insolutos, lo cual no hizo durante la secuela del juicio, quedando demostrado el incumplimiento en que incurrió la parte accionada. Así se declara.
Conforme lo expuesto, a consideración de este Juzgador, no obstante que la presente acción se encuentra tutelada por la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la misma es procedente, declarándose Con Lugar la demanda, y así se declara.
-III-
Por todas las consideraciones que han quedado expuestas, este Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la acción que, por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, sigue el ciudadano GAETANO LETIZIA CLEMENTE, contra el ciudadano FELIX MELO, ambas partes suficientemente identificadas en el texto del presente fallo.
En consecuencia, se resuelve el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes. SEGUNDO: se condena al desalojo inmediato del inmueble constituido por un local ubicado en la Planta Baja del Edificio El León, Calle El León, distinguido con el Nº 01, El Cementerio, Parroquia Santa Rosalía, Municipio Libertador del Distrito Capital.
TERCERO: al pago inmediato de la cantidad de OCHOCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 800.000,00), ahora OCHOCIENTOS BOLIVARES FUERTES (Bsf. 800,00), por concepto de los cánones de arrendamientos insolutos correspondientes a los meses de mayo y junio de 2.007. Mas los meses que se sigan causándose hasta la total cancelación de la obligación
CUARTO: se condena a la parte demandada a las costas y costos del proceso, a tenor de lo señalado en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los veintiséis (26) días del mes de mayo del año dos mil ocho (2.008). Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
LA JUEZ,

BELLA DAYANA SEVILLA JIMENEZ

LA SECRETARIA,

Abg. SUSANA MENDOZA

En la misma fecha, siendo las una y treinta de la tarde (1:30 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia.
LA SECRETARIA,

Abg. SUSANA MENDOZA