TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

EXPEDIENTE: 23693
PARTE ACTORA: Sociedad Mercantil AGRICOLA LA HUERTA, C.A., Inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 19 de septiembre de 1.990, bajo el No. 12, Tomo 110-A Sgdo.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: RAMON BURGOS y JOSE ARAUJO PARRA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 6.109 y 7.802 respectivamente.
PARTE DEMANDADA: ALBERTO JOSE DEL CARMEN VILORIA RENDON, ELIO RAMONES VELASCO y EVELINA MACHADO de RAMOS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nos. 390.994, 104.895 y 107.004 respectivamente, el primero de los nombrados abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 1.095, quien actúa en su propio nombre y en representación del resto de los co-demandados.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES

Se inicia el presente procedimiento por libelo de demanda presentado ante Tribunal de Primera Instancia Distribuidor de Turno en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta Circunscripción Judicial por el abogado RAMON BURGOS, en su carácter de representante de la Sociedad Mercantil AGRICOLA LA HUERTA, C.A., a través del cual demanda a los ciudadanos ALBERTO JOSE DEL CARMEN VILORIA RENDON, ELIO RAMONES VELASCO y EVELINA MACHADO de RAMOS, por COBRO DE BOLIVARES, correspondiéndole conocer de la causa a este Juzgado previa distribución de Ley.
En fecha 11 de agosto de 2005, se admitió la demanda.
En fecha 19 de septiembre de 2005, la parte actora suministro la dirección de los demandados.
En fecha 19 de octubre de 2005, la parte actora consignó los fotostatos a los fines de la elaboración de las compulsas de citación.
En fecha 22 de noviembre de 2005, el alguacil de este despacho dejó constancia de haber recibido en esa oportunidad los emolumentos necesarios para la citación de los demandados.
En fecha 23 de febrero de 2006, se libraron las compulsas de citación.
En fecha 18 de abril de 2006, los demandados fueron citados.
En fecha 02 de mayo de 2006, el co-demandado ALBERTO VILORIA RENDON, procedió a recusar a la Juez que para esa oportunidad presidía este Despacho, quien a su vez presentó el respectivo informe en fecha 03 de mayo de 2006.
En fecha 09 de mayo de 2006, se ordenó la remisión del presente expediente al Juzgado de Primera Instancia Distribuidor de Turno en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta Circunscripción Judicial.
En fecha 25 de mayo de 2006, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta Circunscripción Judicial, dio entrada al expediente y ordenó su anotación en el libero de causas respectivo.
En fecha 08 de noviembre de 2006, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta Circunscripción Judicial, ordenó la remisión del expediente a este Tribunal, luego de haber constatado que la recusación interpuesta contra la Juez que para esa oportunidad presidía este Despacho fue declarada sin lugar.
En fecha 16 de enero de 2007, este Juzgado dio entrada al expediente.
En fecha 19 de enero de 2007, la parte demandante solicitó se declarara la confesión ficta de la parte demandada.
En fecha 07 de febrero de 2007, la parte demandada presentó escrito de cuestiones previas.
En fecha 12 de febrero de 2007, la parte demandante solicitó nuevamente se declarara la confesión ficta de la parte demandada.
En fecha 26 de febrero de 2007, la parte demandada dejo constancia de haber consignado escrito de pruebas.
En fecha 21 de noviembre de 2007, quien suscribe se avocó al conocimiento de la presente causa y ordenó la notificación de las partes, las cuales fueron debidamente notificadas.
Estando en la oportunidad procesal para decidir, pasa este Tribunal a hacerlo previa las siguientes consideraciones:
Luego de revisadas las actas procesales que conforman la presente causa, pasa quien suscribe a verificar la presunta configuración de la perención breve de la instancia en este proceso. A tal efecto:
El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “[…] La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil […]”.
De conformidad con el ordinal 1° del articulo 267 el eiusdem, se extingue la instancia: “Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese comparecido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. Y el artículo 269 eiusdem, dispone: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal [...]”.
En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La denominada perención breve es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más treinta días una vez admitida la demanda, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de la actora en impulsar la citación del demandado. El incumplimiento de esta obligación, se hace efectivo cuando la actora no facilita la labor del alguacil del tribunal en cuanto a su traslado al domicilio del demandado y fundamentalmente la consignación de los fotostatos para la elaboración de la compulsa, es decir, el incumplimiento a estas obligaciones básicas de la actora una vez admitida la demanda, por un lapso de 30 días continuos acarrea la sanción de perimir la instancia, puesto que el Estado por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a la actora dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica.
De acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. Debe determinarse en el presente pronunciamiento que desde el día 11 de agosto de 2005, fecha en la cual se admitió la demanda, hasta el 22 de noviembre de 2005, fecha en la cual la parte actora le suministró al alguacil del Tribunal los emolumentos necesarios a los fines de la citación de la parte demandada, transcurrieron más de treinta días de despacho, excediéndose a todas luces del plazo que tiene la actora para impulsar la citación de los demandados, situación que encuadra en el ordinal 1° del articulo 267 de nuestra norma adjetiva procesal, antes transcrita y que en consecuencia produce como efecto inmediato la perención de la instancia. Así se establece.
Aunado a lo antes señalado, mediante sentencia dictada por el Supremo Tribunal en Sala de Casación civil, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VELEZ en fecha 06 de julio de 2.004, Exp. N°. AA20-C-2001-000436, se señaló: “...Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previo la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado articulo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste de mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo que su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia...”. Es evidente que en el caso que nos ocupa, el lugar señalado a los fines de practicar las citaciones de los demandados, se encuentra en exceso fuera de 500 metros contados a partir de la sede del tribunal. En consecuencia, este tribunal de oficio debe declarar la perención de la instancia por haber transcurrido en exceso, más de 30 días de inactividad de la parte actora, para realizar las diligencias relativas a lograr la intimación de los demandados.
En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de treinta días de inactividad, y siendo que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procésales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público.
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de treinta (30) días a contar desde la fecha que fue admitida la demanda, hasta la fecha del pago de los emolumentos, sin que la actora cumpliera con sus obligaciones para la practica de la citación del demandado, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del articulo 267 y el articulo 269 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, la extinción del presente procedimiento.
Dada, la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia.
Dada, sellada y firmada en la Sala del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los (03) días del mes de noviembre de 2008. Años 198° y 149°.
EL JUEZ

LUIS TOMAS LEON SANDOVAL
EL SECRETARIO

MUNIR SOUKI URBANO

En la misma fecha anterior, siendo las 12:00m., previa las formalidades de Ley, se registró y publicó la anterior decisión.
EL SECRETARIO

Exp. 23693
LTLS/msu/pn