Sentencia Interlocutoria Medida Cautelar Exp. 32.127 República Bolivariana de Venezuela Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Parte Actora: Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, domiciliado en Caracas, originalmente constituido por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal, en el tercer Trimestre de 1890, bajo el Nº 33, folio 36 vto. del Libro Protocolo Duplicado, inscrito en el Registro de Comercio del Distrito Federal el 02 de septiembre de 1890, bajo el Nº 56, modificados sus Estatutos Sociales en diversas oportunidades, siendo su última reforma la que consta según asiento inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 13 de octubre de 2003, bajo el Nº 5, Tomo 146-A Segundo. Apoderados Judiciales de la Parte Actora: Gonzalo García Mena y José Efraín Muñoz, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 4.825 y 9.023, respectivamente. Parte Demandada: Ana Gregoria Rodríguez Torres, venezolana, mayor de edad, domiciliada en el Estado Miranda, de estado civil soltera, con cédula de identidad N° 7.229.193. Apoderados Judiciales de la Parte Demandada: No tiene apoderado judicial constituido en autos. Motivo: Cobro de Bolívares-Intimación. I Corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto a la medida cautelar solicitada por la parte actora en el escrito libelar, quien la solicitó en los siguientes términos: “...De conformidad con el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil solicitamos del Tribunal se sirva decretar Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre un inmueble constituido por Un (1) apartamento destinado a vivienda distinguido con la letra y número N° A-76, ubicado en el piso siete (7) de la Torre “A” del Edificio “Buena Vista”, situado al final de la Avenida Ayacucho de la Urbanización Santa Teresa, en Jurisdicción del Municipio Independencia , Santa Teresa del Tuy, Estado Miranda. Dicho Inmueble tiene una superficie aproximada de cincuenta y ocho metros cuadrados (58,00 Mts2) y está comprendido dentro de los siguientes linderos...” II Planteada en los términos antes expuestos la petición cautelar interpuesta por la accionante, procede este Tribunal a pronunciarse respecto a la misma, con base a las siguientes consideraciones: El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, invocado por el solicitante de la medida establece: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. (Subrayado del Tribunal). De la norma transcrita ut supra se evidencia la instrumentalidad como característica esencial de las medidas preventivas, destinadas a precaver el resultado práctico de un juicio, y la existencia de dos (2) requisitos para su procedibilidad, a saber: la presunción grave del derecho que se reclama o fumus bonis iuris y, la presunción grave de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo denominado periculum in mora. Por otra parte, solo se hace imperativo decretar la medida solicitada si se encontrasen satisfechos los extremos exigidos en el mencionado artículo 585, acción esta que se encuentra respaldada por la norma contenida en el artículo 601 ejusdem, el cual establece lo siguiente: “Artículo 601: Cuando el Tribunal encontrare deficiente la prueba producida para solicitar las medidas preventivas, mandará a ampliarla sobre el punto de la insuficiencia, determinándolo. Si por el contrario hallase bastante la prueba, decretará la medida solicitada y procederá a su ejecución...” Asimismo el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: “Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas…” Conforme a las normas antes citadas se evidencia que el legislador pretende por el procedimiento cautelar garantizar las resultas del juicio, previo cumplimento de ciertos requisitos conocidos doctrinalmente como periculum in mora (peligro de retardo), que es la posibilidad de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo o que aún cuando esta pueda verificarse, no obstante el transcurso del tiempo se imponga al accionante una carga o gravamen no susceptible de ser restituido por la definitiva, lo que sería, en esencia, una razón justificable de la protección cautelar basada en la tardanza o dilación en administración de justicia, aún en los casos en que la misma sea alcanzada en los lapsos procesales preestablecidos o haciendo uso de procesos cuya duración sea breve y expedita y fummus bonis iuris (presunción de existencia del derecho), se encuentra constituido por una apreciación apriorística que debe efectuar el Juzgador sobre la pretensión deducida por el solicitante en base a lo alegado y a los documentos traídos a los autos. En consecuencia por las razones antes expuestas, observa este Juzgado que si bien es cierto, las normas antes transcritas establecen el derecho del actor a solicitar medida, no es menos cierto que, para que una medida preventiva pueda ser acordada, tiene que existir una prueba fehaciente de la existencia del fundado temor que la parte alega, y de una verdadera y real justificación conforme lo disponen las referidas normativas legales, ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, si de los alegatos y medios de prueba traídos a los autos por la parte actora se verifica el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas. Atendiendo a lo antes razonado, vistos los alegatos esgrimidos por la parte actora y la documentación consignada por ésta, considera este órgano jurisdiccional que los extremos legales antes analizados se encuentran cubiertos, por ello es forzoso decretar la medida cautelar solicitada por la parte accionante y así se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Así se declara. III En virtud de los razonamientos expuestos y con fundamento a lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 646 ejusdem., este Juzgado administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en el juicio que por Cobro de Bolívares-Intimación sigue Banco de Venezuela S.A., Banco Universal, contra Ana Gregoria Rodríguez Torres, ha decidido: PRIMERO: Decretar Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar, sobre el inmueble perteneciente a la parte demandada que a continuación se detalla: “Un (1) apartamento destinado a vivienda distinguido con la letra y número N° A-76, ubicado en el piso siete (7) de la Torre “A” del Edificio “Buena Vista”, situado al final de la Avenida Ayacucho de la Urbanización Santa Teresa, en Jurisdicción del Municipio Independencia , Santa Teresa del Tuy, Estado Miranda. Dicho Inmueble tiene una superficie aproximada de cincuenta y ocho metros cuadrados (58,00 Mts2) y está comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: Con la fachada Norte del Edificio; Sur: Con el apartamento N° 5 y pasillo de circulación; Este: Con pasillo de circulación y Oeste: Con fachada oeste del edificio y apartamento N° 5. A dicho inmueble le corresponde un puesto de estacionamiento distinguido con el N° A-76 ubicado en la planta baja del edificio. El referido inmueble le pertenece a la parte demandada, según consta en documento protocolizado por ante el Registro Inmobiliario del Municipio Independencia del Estado Miranda, el día 12 de febrero de 2001, bajo el N° 49, Folios 228 al 234, Tomo 2, Protocolo Primero”. SEGUNDO: A los fines de la práctica de la medida se ordena oficiar a la mencionada Oficina de Registro conforme a lo establecido en el artículo 600 del Código de Procedimiento Civil. Provéase lo conducente. TERCERO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de Octubre del año dos mil ocho (2008).- Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación. El Juez Juan Carlos Varela Ramos La Secretaría En esta misma fecha, siendo las 2:01, se publicó y registró la anterior sentencia. La Secretaría, Exp. 32.127/Carolyn