REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, dos de octubre de dos mil ocho 198º y 149º PARTE ACTORA: BANESCO BANCO UNIVERSAL, inscrita en el Registro Mercantil del Estado Zulia, el 13 de junio de 1.977, bajo el N°1, Tomo 16-A, reformados sus estatutos en Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de marzo de 2.002. REPRESENTACION JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: ALEJANDRO BOUQUET GUERRA, ANIELLO DE VITA CANABAL y FRANCISCO J. GIL HERRERA, abogados en ejercicio inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 45.468, 45.467 y 97.215, respectivamente. PARTE DEMANDADA: MAYERLIN DEL CARMEN TORRES, mayor de edad, venezolana, titular de la cedula de identidad Nº V-15.778.694, en su carácter de obligada principal y al ciudadano SALVADOR JOSÉ MEZZASALMA PEREIRA, mayor de edad, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-7.427.819.- APODERADO DE LA PARTE DEMANDADA: No acreditó representación judicial.- MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (JUICIO ORAL) ASUNTO: AP31-M-2008-000211.- La presente causa se inició por oficio Nº 2130-07, de fecha 22 de octubre de 2007, proveniente del Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitiendo anexo expediente constante de cuarenta y tres (43) folios útiles, presentado ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Juzgados de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 2 de noviembre de 2007, en virtud de la declinatoria de competencia declarada por ese Juzgado en razon de la cuantía. En fecha 5 de noviembre de 2007, se admitió la presente demanda por los trámites del Juicio Oral y se ordenó el emplazamiento de los codemandados. Mediante auto de fecha 26 de noviembre de 2007, se admitió la reforma de la demanda, presentada en fecha 23 de noviembre de 2007, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de Juzgados de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, por el abogado Francisco Gil, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 97.215, ordenándose el emplazamiento de los codemandados. Por auto de fecha 19 de diciembre de 2007, el Tribunal libró compulsa y a los fines de la citación comisionó al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. II De conformidad con las facultades conferidas a este Tribunal por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, este despacho procede de oficio a hacer el siguiente pronunciamiento: En nuestra ley procesal, la perención se encuentra regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes También se extingue la instancia: 1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…” La figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador. La Doctrina ha señalado que la perención es una de las formas anormales de la terminación del proceso. Al Estado no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad otorgándose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permiten a las partes emplear vías extrajudiciales. Al respecto el ilustre maestro Rengel Romberg dice que: “La perención de la instancia es una figura que extingue el proceso, no ya por un acto de parte, sino por la inactividad de las partes durante un cierto tiempo”. Etimológicamente, la palabra perención viene del vocablo latino perimire perention, que significa extinguir, e instancia de instare, que resulta de la composición in y el verbo stare, por lo que técnicamente se definiría como el aniquilamiento de la instancia por la inacción o inercia en el proceso, mediante un tiempo determinado por la ley, que debe ser voluntaria. Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente: “…Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer”. De una revisión a las actas que conforman el presente expediente, constata quien aquí decide, que no cumplió la actora con esa carga procesal, al no comparecer oportunamente al Tribunal a retirar la comisión librada para la citación de la parte demandada, a fin de consignar en el Tribunal comisionado dentro de los treinta (30) días contados a partir de la admisión de la demanda, es decir, dentro de los treinta días siguientes, contados a partir del día 26 de noviembre de 2007, los gastos de transporte de los funcionarios o auxiliares cuando la citación haya de practicarse en un sitio que diste más de quinientos (500) metros del lugar o recinto del Tribunal. La falta de interés procesal, genera la pérdida de Instancia, la cual debe ser sancionada con su perención, situación esta que se verifica en el caso bajo examen, pues el actor incumplió en el proceso con sus cargas procesales como lo es la presentación de diligencia en la cual ponga a la orden al Alguacil del Tribunal comisionado los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado que esté a más de 500 metros del Tribunal, dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda; criterio este sustentado por nuestro máximo Tribunal de Justicia, mediante sentencia No. RC-00537 de la Sala de Casación Civil del 6 de Julio de 2.004.- De acuerdo con lo anteriormente expresado y por cuanto han transcurrido en el presente juicio, más de treinta (30) días, sin que exista constancia en autos que la parte actora haya dado cumplimiento alguno a una de las obligaciones que le impone la Ley para lograr la citación de la parte demandada, es por lo que de conformidad con la norma citada, el término de perención está totalmente consumado. Todo lo anterior, es traducido en inactividad procesal, dentro de los preceptos sancionatorios previstos en el trascrito artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que de conformidad con la referida normativa, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio, produciéndose los efectos establecidos en los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Civil..- De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Publíquese, Regístrese, y déjese copia.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Los Cortijos de Lourdes, a los dos(2) días del mes de octubre del año dos mil ocho (2.008). Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.- LA JUEZ TITULAR, DRA. LETICIA BARRIOS RUIZ. LA SECRETARIA MARINA SANCHEZ GAMBOA En esta misma fecha y siendo las 10:58 A.M.-se publicó y registró la anterior decisión. LA SECRETARIA MARINA SANCHEZ GAMBOA LBR/MSG