REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Años: 198º y 149° PARTE ACTORA: BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL, Sociedad Mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 09 de Julio de 1958, bajo el Nº 74, tomo 16-A., cuyos estatutos fueron modificados según asientos inscrito en la Oficina de Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda de fecha 12 de Mayo de 1998, bajo el Nº 26, tomo 156-A-Sgdo y modificados últimamente en la Oficina de Registro, el 12 de Mayo de 1998, bajo el Nº 29, tomo 155-A. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Ciudadana, ANA MARIA FERNANDEZ FUENMAYOR, mayor de edad, de éste domicilio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 23.440. PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil MOTORES Y RESPUESTOS WINDS, 31, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial, en fecha 17 de Septiembre de 1993, bajo el Nº 15, tomo 142-Sgdo. MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES EXPEDIENTE Nº: 04-7671 PRIMERO: Este proceso se inició por demanda presentada en fecha 04 de Octubre de 2004, en fecha 14 de Octubre de 2004, se admitió la presente demanda por cuanto la misma no era contraria al orden público, las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley, en fecha 12 de Abril de 2007, se dicto auto y se ordenó librar nuevo oficio al Consejo Nacional Electoral y a la Onidex, a los fines de solicitar el último domicilio del ciudadano WINSORD GERARDO MARCANO TORRES, siendo esta la última actuación procesal verificada en esta causa. Luego de lo anterior, no puede dejar de observar este Juzgador que desde esta última actuación procesal estampada en este expediente, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un año, sin que las partes hayan dado impulso procesal alguno a la causa, lo que denota una pérdida del interés procesal en la misma. SEGUNDO: Es el caso que en nuestro derecho existe la figura de la perención de la instancia que no es más que la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (…)”. De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva: “Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio, por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.” TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay especial condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión. Regístrese, publíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, EL JUEZ, LUIS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ LA SECRETARIA, MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ RUZ En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las _________. LA SECRETARIA, MARÍA GABRIELA HERNÁNDEZ RUZ LRHG/MGHR/Damaris. Exp: N° 04-7671.