PARTE ACCIONANTE: INES MARIANA PORTMANN SCHAPPI, venezolana, mayor de edad y titular de la Cedula de Identidad N° 7.895.833. APODERADOS DE LA ACCIONANTE: Abogado Petri Mikael Moor , suizo, mayor de edad, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 101.172.- ACCIONADOS: GILBERTO SAMUEL MELENDEZ PEREZ, venezolano, mayor de edad y titular de la Cedula de identidad N° 3.664.622. APODERADOS DE LOS ACCIONADOS: sin identificación en autos. EXPEDIENTE: 8893 ACCIÓN: Exequatur de divorcio. MOTIVO: Solicitud de Exequatur en virtud de la declaración de incompetencia por parte de la Corte Superior de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional en fecha 24 de Mayo de 2004, en la acción de Exequatur, en virtud que no hay niños ni adolescentes, lo cual se desprende de la traducción de la Sentencia dictada por el Tribunal de circuito de Brugg, Cantón de Argovia, Suiza. CAPITULO I NARRATIVA Correspondió conocer a este Tribunal Superior, previo sorteo de ley efectuado en fecha 08 de junio de 2004, por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (distribuidor de turno), la declaración de incompetencia por parte de la Corte Superior de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, en fecha 24 de mayo de 2004, en virtud que no hay niños ni adolescentes, lo cual se desprende de la traducción de la Sentencia dictada por el Tribunal de circuito de Brugg, Cantón de Argovia, Suiza. Fue recibido, en fecha 14 de junio de 2004, procedentes de la Corte Superior de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, el expediente signado con el N° C-04-1894, nomenclatura de esa Corte, en la misma fecha este Tribunal procedió a darle cuenta a la Juez y a darle entrada en el archivo. En fecha 17 de junio de 2004, este tribunal procedió a declarar su competencia para conocer el procedimiento de Exequatur interpuesta por Inés Mariana Portmann Schappi, representada por el abogado Petri Mikael Moor, según lo cual admite dicha solicitud. De la misma forma ordenó notificar a la fiscal (105) del Ministerio Público en Materia de Familia, por cuanto el solicitante afirmó que el demandado no se encuentra en el país, se ordenó oficiar al Ministerio de Relaciones Interiores, Dirección General de Extranjeria, Dirección de Migración y Zonas Fronterizas, con la finalidad de realizar la verificación del movimiento migratorio del demandado, el ciudadano Gilberto Samuel Meléndez Pérez. En fecha 01 de agosto de 2008, el Juez que suscribe se avocó al conocimiento de la causa. Llegada la oportunidad de decidir la presente causa, fuera del lapso legalmente establecido, este Tribunal pasa ha hacerlo en base a las siguientes consideraciones: CAPITULO II MOTIVA Planteada la presente incidencia en los términos antes expuestos, este Tribunal considera necesario traer a colación la sentencia emitida el 10 de Agosto de 2007, por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que reza así: “…De lo que se desprende que a criterio de esta Sala de Casación Civil, la excepción prevista en la última parte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que la inactividad del Juez después de vista la causa no produce la perención, se aplica no sólo a la sentencia definitiva sino también a la sentencia interlocutoria de cuestiones previas y a cualquiera otra que sea menester que el Juez dicte para la prosecución del juicio. Con lo cual, se hace evidente la contradicción entre los criterios de procedencia de la perención de la instancia en estos dos fallos, dado que la Sala Constitucional admite la procedencia de la perención de la instancia en las causas que están en espera de una sentencia interlocutoria y la Sala de Casación Civil, que no es procedente la perención de la instancia en ese supuesto, en consecuencia esta Sala de Casación Civil, con el fin de unificar los criterios interpretativos restrictivos de las normas, con la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, deja establecido que la excepción prevista en la última parte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido de que la inactividad del Juez después de vista la causa no produce la perención, se aplica sólo a la sentencia definitiva que nace luego de que se ha dicho vistos, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo I, del Título III, del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. De esta manera, la Sala abandona expresamente el criterio plasmado en su sentencia Nº RC-0217 de fecha 2 de agosto de 2001, expediente Nº 2000-535, en el juicio de Luís Antonio Rojas Mora y otros contra la ASOCIACIÓN CIVIL SIMÓN BOLÍVAR LOS FRAILEJONES, y cualesquiera otras que se opongan a la doctrina sentada en este fallo, y por ser materia de orden público, el mismo se hace aplicable a este caso, y a cualquier otro en que la perención sea declarada luego de publicado este fallo, dada la especialidad de la materia que se debate, la cual conforme al fallo de la Sala Constitucional antes citado Nº 853, de fecha 5 de mayo de 2006, expediente Nº 02-694, opera de pleno derecho y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constate la condición objetiva. Así se decide...” (Resaltado del Tribunal) Del nuevo criterio establecido recientemente por nuestra Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, es de considerar que dicho pronunciamiento se debió según consideración de este sentenciador, a la necesidad de aliviar a los tribunales de la república del cúmulo de expedientes, que se encuentran en estado de sentencia. Como se verifica en el archivo de este Juzgado, se encuentran un cúmulo de expedientes en estado de sentencia, que no se pueden sentenciar, hasta que las partes en el proceso estén notificadas del avocamiento del juez que sentenciará la causa, según criterio imperante de la Sala antes mencionada, ya que como ha establecido la causa que se encuentre en lapso para dictar la sentencia correspondiente y por cualquier motivo ocurre una falta absoluta, temporal o accidental del juez ante quienes las partes presentaron los informes, o cuando se constituyan Tribunales Accidentales para conocer y decidir veinte (20) causas, el nuevo juez deberá notificar a las partes del evento procesal de su avocamiento al conocimiento del asunto, con la advertencia de que la causa se mantendría interrumpida hasta que se llenaran todas las formalidades para reputar notificadas a las partes. Siendo además, que el juez en procura de impulsar la causa (Art. 14 Código de Procedimiento Civil), libra la notificación, a razón de prevenir de su avocamiento a las partes en la causa, pero su deber procesal llega hasta este límite, correspondiéndole a la parte interesada impulsar la notificación, es decir, suministrarle al Alguacil la dirección, si es el caso, y además los emolumentos para el traslado. De allí que estas cargas que corresponden a las partes y que los mismos en algunos casos dejan de ejecutar, para impulsar el proceso y llegar así a uno de los actos finales del proceso como lo es sentencia, trae como consecuencia que se acumulen numerosos expedientes en los archivos de los tribunales, ya que de modo alguno el nuevo juez que se avoque, no podría hacer estas gestiones que corresponden exclusivamente a las partes, por cuanto según criterio de esta Alzada violaría el principio que rige a la jurisdicción civil, como lo es el principio dispositivo. Por otra parte, es de observar, que la figura jurídica de perención de la instancia, fue concebida por el Legislador como una sanción frente a la inactividad de los involucrados en impulsar el proceso, la cual implica el abandono del mismo y como un correctivo a la pendencia indefinida de estos, tendente a garantizar su desarrollo hasta la sentencia y su ejecución, que es una exigencia del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Esta institución procesal, se encuentra establecida en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, que disponen: Artículo 267. “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1°) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 2°) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado 3°) Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla”. Artículo 269. “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. Ahora bien, del examen de las actas procesales se evidencia que los involucrados en este proceso dejaron de ejecutar acto alguno de procedimiento para impulsar el mismo, específicamente desde el 17 de junio de 2004, donde este Tribunal se declaró competente para conocer del procedimiento y admitió dicha solicitud de Exequatur; lapso éste de tiempo que por ser mayor al señalado de un año, en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, permite declarar consumada la perención de la instancia anual en esta incidencia, en concatenación con lo preceptuado en el artículo 269 eiusdem, y conforme a la doctrina anteriormente transcrita, en consecuencia, se declara perimida la causa. Así se decide. CAPITULO III DISPOSITIVA En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PERIMIDA la solicitud de Exequatur intentada por la representación judicial de la parte actora la ciudadana Ines Mariana Portmann Schappi, en contra del ciudadano Gilberto Samuel Meléndez Pérez, a tenor de lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: Por la naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2008. Años, 198º y 149º. El Juez, Víctor José González Jaimes. El Secretario, Abg. Richars Domingo Mata. En la misma fecha, siendo las 2.00 PM. Se publicó, registró y diarizó la anterior sentencia como está ordenado en el expediente 8893. El Secretario, Abg. Richars Domingo Mata.