REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas PARTE ACTORA: ASOCIACIÓN CIVIL, EDIFICIO GUARANI, inscrita en el Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio Sucre del Estado Miranda, el 4 de noviembre de 1999, bajo el Nro. 34, Tomo 03, Protocolo Primero.- APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: ELIAS BRUZUAL TERÁN, JOSÉ A. BRAVO PAREDES y JUAN P. SALAZAR, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 25.733, 68.310 y 92.718.- PARTE DEMANDADA: EFREN ANTONIO GIL MORAN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. 1.450.543.- SENTENCIA: INTERLOCUTORIA ASUNTO: AN3E-X-2008-000052 Vista la diligencia que antecede suscrita por el Abg. JUAN PABLO SALAZAR, en su carácter de apoderado de la parte actora, este Juzgado, a los fines de proveer sobre la medida de Secuestro solicitada observa: El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” De acuerdo a la norma transcrita son dos los requisitos necesarios para la procedencia de las providencias cautelares, -a saber- la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y la presunción grave de quedar ilusoria la ejecución del fallo (perículum in mora). Estas dos condiciones de carácter concurrente, deben materializarse para que el Juez pueda dictar una medida cautelar, pues la existencia aislada de alguno de los dos supuestos antes mencionados no da lugar a su decreto. A mayor abundamiento, es menester señalar, que la jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (actual Tribunal Supremo de Justicia) en sentencia de fecha 14-04-99, estableció: “…aun cuando el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil condiciona el secuestro a la existencia de siete causales específicamente determinadas en el contenido de la norma, que hacen que dicha medida tenga características peculiares y diferentes al resto de las medidas cautelares, esta circunstancia no exime al Juez de aplicar además las exigencias establecidas en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil como norma general y principal que rige el procedimiento de las medidas cautelares”. ( Negrilla, cursiva y subrayado del Tribunal). Asimismo, ha establecido el Máximo Tribunal en sentencia de fecha 6-8-69, posteriormente ratificada en fallo de fecha 27-6-85, que “…es cuestión de hecho y por tanto de la exclusiva potestad de los jueces de fondo, la de acordar o negar cualquier medida preventiva, con vista y apreciación soberana de los elementos que en la solicitud de dicha medida hayan sido alegados”. En este orden de ideas el Tribunal observa, que en el caso que se analiza no se cumplen los extremos concurrentes para la procedencia de la medida preventiva solicitada, pues si bien podría considerarse de la lectura de los anexos del libelo de la demanda la eventual existencia de una presunción grave del derecho que se reclama, no existe presunción grave de quedar ilusoria la ejecución del fallo.- Al no verificarse la concurrencia de los extremos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es deber del Juez negar el decreto de la providencia cautelar peticionada.- Por las razones expuestas esta autoridad judicial Niega la solicitud de medida de Secuestro y así expresamente se decide.- REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE.- Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Los Cortijos de Lourdes, a los treinta (30) días del mes de septiembre de Dos Mil Ocho (2008). 198º Años de Independencia y 149º Años de Federación.- LA JUEZ Abg. FLOR DE MARIA BRICEÑO BAYONA.- LA SECRETARIA ACC., Abg. DAYANA PARODI PEÑA.- Patricia….