TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL
Circuito Judicial del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y
Nacional de Adopción Internacional
Sala de Juicio, Juez Unipersonal Novena

PARTE ACTORA: JESUS ANIBAL DAVILA SOTO, en su carácter de Fiscal Centésimo Sexto (E) del Ministerio Público, actuando en resguardo de los derechos e intereses de los adolescentes (...), de (...) y (...) años de edad, respectivamente, representados legalmente por la ciudadana VALENTINA DOMINGA LINAREZ GARCIA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 13.071.886.
PARTE DEMANDADA: ADOLFO ANTONIO GUEVARA GUEVARA, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-12.239.219, quien no acreditó representación alguna a los autos ni estuvo asistido de abogado.
MOTIVO: FIJACION DE OBLIGACION DE MANUTENCION

- I -
NARRATIVA
Se da inicio a las presentes actuaciones en fecha 4 de marzo de 2008, mediante libelo de demanda de Fijación de Obligación de Manutención, en el cual el ciudadano JESUS ANIBAL DAVILA SOTO, en su carácter de Fiscal Centésimo Sexto (E) del Ministerio Público, actuando en resguardo de los derechos e intereses de los adolescentes (...), representados legalmente por la ciudadana VALENTINA DOMINGA LINAREZ GARCIA, solicitó se fijará a cargo del ciudadano ADOLFO ANTONIO GUEVARA GUEVARA, la obligación de manutención de los mencionados adolescentes. Dicha demanda fue admitida mediante providencia dictada el día 11 del citado mes y año. El demandado fue citado en fecha 02 de mayo de 2008, mediante exhorto conferido al Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta.
En auto dictado en fecha 9 de julio de 2008, se abocó al conocimiento de la presente causa la abogada Nuryvel A. Peña González, en virtud de haber sido designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia como Jueza Provisoria de este Circuito Judicial.
La secretaria adscrita a esta Sala de Juicio certificó la citación del demandado en fecha 09 de julio de 2008. Llegada la oportunidad de la celebración de la reunión conciliatoria entre las partes, se levantó acta el día 22 del citado mes y año, en la cual se dejó constancia de la no comparecencia de las partes a dicho acto. Verificado el Sistema de Gestión e Información Iuris 2000, en la oportunidad para el acto de contestación a la demanda, el demandado no consignó escrito de contestación alguno.
-II-
MOTIVA
En su escrito de solicitud, la parte actora el ciudadano JESUS ANIBAL DAVILA SOTO, en su carácter de Fiscal Centésimo Sexto (E) del Ministerio Público, actuando en resguardo de los derechos e intereses de los adolescentes de marras, representados legalmente por la ciudadana VALENTINA DOMINGA LINAREZ GARCIA, en sustento de su pretensión esgrimió los siguientes alegatos:
- Que en fecha 12 de noviembre de 2007, compareció la ciudadana VALENTINA DOMINGA LINAREZ GARCIA, madre de los adolescentes de marras, habidos de la relación sostenida con el ciudadano ADOLFO ANTONIO GUEVARA GUEVARA, quien expresó que, el padre de sus hijos nunca se ha ocupado de la manutención a favor de los mismos, además manifiesta que sus hijos siempre lo han llamado y éste se compromete diciendo que va a depositar y no cumple, que el progenitor tiene como diez años viviendo en Margarita, que la situación está muy difícil y los adolescentes están en bachillerato y tienen más necesidades.
- Que solicita que se establezca el monto que por concepto de Obligación de manutención le corresponde a los adolescentes supra citados y que sea fijada en un monto, el cual considera no debe ser inferior a doscientos cincuenta bolívares (Bs. 250,00) mensuales, e igualmente sea acordado un monto de obligación de manutención adicional para los meses de agosto y diciembre, como bonificación especial de escolaridad y de fin de año.
- Que se acuerde el ajuste del monto a fijar, de forma automática y proporcional, tomando en cuenta los elementos de determinación previstos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
En la oportunidad de la contestación de la demanda, la parte demandada ciudadano ADOLFO ANTONIO GUEVARA GUEVARA, no compareció ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que se hace necesario realizar las siguientes consideraciones:
DE LA CONFESION FICTA
El demandado en la presente causa, ciudadano ADOLFO ANTONIO GUEVARA GUEVARA, fue citado mediante exhorto en fecha 2 de mayo de 2008, comenzando a transcurrir el término de tres días para la contestación de la demanda más el término de la distancia, el día siguiente a la certificación por parte de la secretaria adscrita a esta Sala de Juicio, el cual tuvo lugar en fecha 9 de julio del mismo año, precluyendo inexorablemente la oportunidad para la contestación el día 22 del citado mes y año, oportunidad en que se levantó el acta con ocasión del acto de contestación de la demanda, previa verificación del Sistema de Información y Gestión Iuris 2000, se comprobó que el demandado no consignó escrito de contestación alguno.
La no comparecencia del demandado al acto de contestación a la demanda en el lapso preclusivo que la Ley le concede para defenderse conforme a derecho, se entiende como una rebeldía de éste a contradecir la pretensión del demandante mediante el ejercicio de la contestación a la demanda, y a su vez, es contrario a lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dice:
“Los términos o lapsos para el cumplimiento de los actos procesales son aquellos expresamente establecidos por la ley…”
Ahora bien, como consecuencia de lo anterior se materializa la figura jurídica de la Confesión Ficta que está prevista en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, que dice:
“si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en éste Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que lo favorezca…”
Ahora bien, la confesión ficta ocurre por la falta de contestación de la demanda, o por ineficiencia de dicha contestación. Esto último ocurre cuando la da una persona que no tiene el carácter de Apoderado del demandado o cuando es dada extemporáneamente, o sea, luego de vencido el lapso legal (cfr CSJ, SENT. 11-06-66, GF 53, pp. 306). Igualmente, el demandado tuvo oportunidad de rebatir la pretensión esgrimida por la parte actora durante el lapso de promoción de pruebas, cuestión que no se produjo, lo que trae como consecuencia que en el presente procedimiento no hay pruebas que analizar ni hechos que debatir o contrastar, ya que la confesión ficta no es más que la sanción impuesta por el Legislador al demandado renuente, sanción que consiste en una especie de ficción legal mediante la cual los hechos alegados por el actor en su libelo quedan admitidos, y se tienen como ciertos, trayendo como lógica e inmediata consecuencia que el Juez deba conceder al actor todo cuanto haya pedido.
Se infiere del extracto de la norma citada, que son tres (3) los supuestos para la procedencia de la Confesión Ficta, a saber:
1.- Que el demandado, no dé contestación a la demanda: La falta de contestación a la demanda, en nuestro derecho, da lugar a la confesión ficta, esto es, la presunción de la confesión que recae sobre los hechos narrados en la demanda, ello admite prueba en contrario y se caracteriza, por lo tanto, como una presunción iuris tantum.
2.- Que la petición del actor no sea contraria a derecho; lo contrario a derecho es lo prohibido por la Ley, no lo simplemente improcedente, es decir, la petición del accionante debe estar tutelada o amparada por la Ley.
3.- Que el demandado nada probare que le favorezca: Lo que quiere decir, que durante el lapso probatorio el demandado que se encuentra investido dentro de una presunción iuris tantum por la confesión, no aporte ningún medio de prueba o instrumento probatorio suficiente que sirva para enervar o paralizar la acción intentada, hacer la contraprueba de los hechos alegados por el actor, demostrar que ellos son contrarios a derechos.
Subsumiendo lo anterior al caso que nos ocupa y en relación al primer supuesto, es decir, la inasistencia del demandado al acto de la contestación de la demanda, esta Sala de una revisión minuciosa de las actas que conforman el presente expediente, observa que la citación personal de la parte demandada se verificó el día 2 de mayo de 2008, luego en la oportunidad correspondiente después de cumplidas las formalidades de la citación, el demandado no compareció ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno a contestar la demanda, por ello, indudablemente, a criterio de quien aquí decide, se encuentra configurado el primer extremo exigido por la Ley, y ASÍ SE DECIDE.
En lo atinente al segundo supuesto previsto en el Artículo 362 del Texto Adjetivo, es decir, que la petición del demandante no sea contraria a derecho, esta Sentenciadora, previo análisis del contenido o petitorio del libelo de la demanda, colige que la acción deducida por la accionante, no está prohibida por la Ley, sino por el contrario está amparada por ella, ya que la actora intenta una demanda de Fijación de Obligación de Manutención con fundamento legal en los artículos 365, 366 y 369 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los cuales establecen los supuestos por los cuales se debe guiar la solicitud de fijación y los extremos exigidos para proceder a su fijación, y cuyos contenido son los siguientes:
Artículo 365.-Contenido.
“La obligación alimentaria comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño y el adolescente.”
Artículo 366.-Subsistencia de la obligación alimentaria.
“La obligación alimentaria es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta obligación subsiste aun cuando exista privación o extinción de la patria potestad, o no se tenga la guarda del hijo, a cuyo efecto se fijará expresamente por el juez el monto que debe pagarse por tal concepto, en la oportunidad que se dicte la sentencia de privación o extinción de la patria potestad, o se dicte alguna de las medidas contempladas en el artículo 360 de esta Ley.”
Artículo 369.-Elementos para la determinación.
“El juez debe tomar en cuenta, para la determinación de la obligación alimentaria, la necesidad e interés del niño o del adolescente que la requiera y la capacidad económica del obligado.
Cuando el obligado trabaje sin relación de dependencia, su capacidad económica se establecerá por cualquier medio idóneo.
El monto de la obligación alimentaria se fijará en salarios mínimos y debe preverse su ajuste en forma automática y proporcional, sobre la base de los elementos antes mencionados, teniendo en cuenta la tasa de inflación determinada por los índices del Banco Central de Venezuela.”
Ahora bien, en cuanto a la determinación del cumplimiento del último requisito concurrente para la procedencia de la confesión ficta, vale decir, que la parte demandada nada probare que le favorezca, es de destacar que el demandado no promovió, durante el lapso probatorio correspondiente, prueba alguna capaz de desvirtuar ni enervar la pretensión de la demandante, ni mucho menos que sirva de contraprueba de los hechos alegados por ésta, y ASI SE DECIDE.
En consecuencia de lo anterior, verificados todos y cada uno de los extremos legales exigidos por el Artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, es forzoso concluir, para quien aquí sentencia, que en el presente caso, ha operado la Confesión Ficta del demandado, y ASÍ SE DECIDE.
Finalmente, se hace necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 1397 del Código Civil, que establece:
“La presunción legal dispensa de toda prueba a quien la tiene a su favor.”
El caso subiudice se subsume perfectamente al supuesto de hecho contenido en la norma trascripta, toda vez que al no comparecer la parte demandada en la oportunidad legal para dar contestación a la demanda, ni tampoco haber aportado prueba alguna al proceso que desvirtúe la pretensión de la parte demandante, la cual no es contraria a derecho, surge la presunción legal de confesión a favor de la actora, razón por la cual esta Sala de Juicio no entra a analizar las pruebas aportadas al proceso por la actora, por cuanto se encuentra liberada de toda prueba, y por consiguiente la acción intentada en contra del demandado debe prosperar en derecho y ASI SE DECIDE.
En cuanto al efecto de la confesión ficta, el cual es, que debe concedérsele al actor todo cuanto haya pedido, en el caso subiudice, la actora solicita que se fije una obligación de manutención a favor de los adolescentes de marras, en un monto no inferior a fijada en un monto, el cual considera no debe ser inferior a doscientos cincuenta bolívares (Bs. 250,00) mensuales, e igualmente sea acordado un monto de obligación de manutención adicional para los meses de agosto y diciembre, como bonificación especial de escolaridad y de fin de año, también solicitó se acuerde el ajuste del monto a fijar, de forma automática y proporcional, tomando en cuenta los elementos de determinación previstos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. En relación a este petitorio, quien aquí decide considera que se encuentra totalmente ajustado a derecho, máxime tomando en cuenta la contumacia del demandado en la contestación, y que el norte de la actuación de este Tribunal debe ser el interés superior del niño que, en el presente caso se manifiesta en el derecho de los adolescentes (...), a percibir de su progenitor una obligación de manutención suficiente que coadyuve a proveerlos de un nivel de vida adecuado, el cual es consecuencia de disfrutar de una manutención adaptada a sus necesidades como son: alimentación, vestido, calzado, educación, recreación, atención médica, medicinas y vivienda. Por encontrarse ajustada a derecho la pretensión de la demandante, debe proceder la misma, y así se ha de establecer en el dispositivo que ha de recaer sobre este fallo, y ASI SE DECIDE.