TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial estado Portuguesa
Actuando en Sede Constitucional
Guanare, 21 de Agosto de dos mil nueve
199º y 150º
ASUNTO: PP01-O-2009-000003

QUERELLANTE: GIOVANNI ANTONIO GARCÍA TORRES, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.726.382.

APODERADO JUDICIAL DEL QUERELLANTE: LUIS GERARDO PINEDA TORRES, titular de la cédula de identidad Nº V-15.798.053 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 110.678.

QUERELLADO: JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA CON SEDE EN GUANARE.

MOTIVO: ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA ACTUACIONES JUDICIALES.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA

DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA

Obra ante esta alzada la presente causa con motivo de la solicitud de Amparo Constitucional presentada en esta misma fecha por el ciudadano YOVANNI ANTONIO GARCÍA TORRES, actuando en su carácter de parte querellante, contra el auto de admisión de la demanda dictado en fecha 01 de julio del año 2009 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa con sede en la ciudad de Guanare, cuya jueza regente es la Abogada CARMEN LUISA IGLESIAS AGUIAR en la causa signada con los números y siglas PP21-L-2009-000202, intentada por el agraviado de autos ciudadano YOVANNY ANTONIO GARCÍA TORRES contra la CORPORACIÓN PORTUGUESEÑA DE TURISMO (CORPOTUR), LA ENTIDAD FEDERAL PORTUGUESA Y LA FUNDACIÓN MUSEO DE LOS LLANOS (FUNDALLANOS).

Siendo así la cosas, éste Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, se constituye en sede Constitucional y procede, de conformidad a lo estatuido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y a la doctrina vinculante del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, a pronunciarse en los siguientes términos:
DE LA COMPETENCIA
Este juzgador una vez verificada la revisión de la presente acción encuentra que la misma se enmarca dentro de la figura del AMPARO CONTRA SENTENCIA O RESOLUCIONES JUDICIALES previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual señala:
“…Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva” (Fin de la cita. Resaltado del Tribunal).
La norma trascrita supra contiene la consagración legal del amparo contra las decisiones judiciales, que podrá ser ejercido por los justiciables contra toda decisión, resolución, sentencia o acto, que dicte cualquier Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, que lesione algún derecho o garantía Constitucional.
Por lo cual esta superioridad, considerando que el amparo constitucional aquí ejercido denuncia la presunta violación de derechos y garantías constitucionales ocurridas en virtud del auto de admisión de la demanda dictado en fecha 01 de julio del año 2009, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Guanare a cargo de la ciudadana abogada CARMEN LUISA IGLESIAS AGUIAR, lo que se conoce en la doctrina y a nivel jurisprudencial como amparo contra decisiones judiciales y por cuanto con de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo los Juzgados Superiores del Trabajo son los competentes para conocer en segunda instancia de las causas resueltas por los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo, siendo en consecuencia este ad quem la alzada del Juzgado presunto agraviante; es por lo que de conformidad con lo preceptuado en la supra trascrita disposición normativa SE DECLARA COMPETENTE para conocer de la presente ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL. Así se decide.
DE LOS HECHOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES ALEGADOS COMO VIOLENTADOS

Observa quien juzga, que el querellante fundamenta su acción de amparo en las siguientes argumentaciones a saber:

• Alega que en fecha 22 de junio de 2009, interpuso en litis consorcio pasivo necesario, demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales contra la ENTIDAD FEDERAL PORTUGUESA, CORPORACIÓN PORTUGUESEÑA DE TURISMO (CORPOTUR) Y FUNDACIÓN MUSEO DE LOS LLANOS (FUNDALLANOS).
• Señala el 25 de junio de 2009, el juzgado agraviante admitió la demanda sin ordenar suspensión procesal alguna, librando ipso facto todas las notificaciones correspondientes.
• Aduce que en fecha 01 de julio de 2009, el juzgado agraviante dictó auto repositorio, reponiendo de oficio la causa al estado de admisión de la demanda, determinando la nulidad de todo lo actuado dada la concurrencia del interés directo e indirecto del estado Portuguesa y aplicando el lapso de suspensión correspondiente por exceder la cuantía de la demanda de 1.000 U.T.
• Indica que en fecha 01 de julio de 2009, el juzgado agraviante, dicta un segundo auto de admisión, el cual es el objeto de esta acción de amparo, admitiendo la demanda y ordenando la suspensión del proceso laboral por noventa (90) días continuos por la supuesta concurrencia de interese patrimoniales.
• Arguye que en fecha 03 de agosto su abogado representante en la causa, dirige mediante diligencia al juzgado agraviante, solicitud de nulidad y reposición de la causa, dándole oportunidad de que por esa vía reparara correctamente la situación jurídica que le estaba siendo infringida y corrigiera su actitud violatoria, debido a que se estaba demandando directamente al estado Portuguesa, por lo que no tenía sentido la suspensión procesal por noventa (90) días continuos por existir un supuesto interés indirecto, ya que la entidad federal Portuguesa era parte y no tercero, estando suficientemente garantizado su derecho a la defensa.
• Señala que el 06 de agosto de 2009, el juzgado agraviante se pronunció sobre la solicitud referida en el punto anterior, dejando establecido que convalidó las actuaciones violatorias de sus derechos constitucionales en virtud que en la oportunidad que confirió poder apud acta a su apoderado, no se opuso a tal actuación violatoria , siendo en consecuencia extemporánea la solicitud.

Finalmente alegó que se violentaron sus derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la igualdad en el proceso laboral consagrado en el artículo 21 ejusdem y al debido proceso establecido en el artículo 49 de la Carta Magna.

En este sentido, observa este Tribunal, en primer término, que la presunta violación de derechos constitucionales alegadas ocurrió con ocasión de un proceso de índole laboral (cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales) interpuesto por el ciudadano Yovanni Antonio García Torres, frente a la Corporación Portugueseña de Turismo (CORPOTUR), Entidad Federal Portuguesa y Fundación Museo de Los Llanos (FUNDALLANOS), por lo que la violación denunciada guarda afinidad con la materia laboral cuya competencia tiene atribuida este Tribunal Superior.

En este orden de ideas, delimitada cómo ha sido por esta instancia la esencia en que fuere plasmada la acción de Amparo Constitucional incoada contra el auto de admisión dictado en fecha 01 de julio de 2009 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito del Trabajo del estado Portuguesa con sede en Guanare, presunto agraviante, es pertinente entonces y por demás oportuno entrar a analizar lo relativo a la admisibilidad de la presente acción , lo cual se hace en los términos siguientes:

ADMISIBILIDAD DE LA ACCION

A los fines de establecer la admisibilidad o no de la presente acción, resulta útil señalar, en primer lugar que la solicitud de amparo constitucional se encuentra establecida en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual devela el derecho que tiene toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, incluso los que resulten propios a la persona, aún cuando no se encuentren establecidos expresamente en la Constitución o instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

Así las cosas, es importante señalar que a tenor de la citada disposición constitucional la Acción de Amparo constituye un derecho fundamental que se concreta en la garantía de acceder a los tribunales de justicia, mediante un procedimiento breve, oral, sumario y expedito, a los fines de restablecer urgentemente los derechos constitucionales que hayan sido vulnerados, para así garantizar su protección, es decir, que su objetivo primordial es restituir o reestablecer la situación jurídica infringida, tal como también lo ha resaltado la Sala Constitucional en diversos fallos, siendo uno de los más recientes el Nº 1816, publicado en fecha 20 de octubre de 2006 citado por la recurrida en su decisión.

En concordancia con lo expresado, tenemos que la Sala Constitucional como máxima interprete del contenido y alcance de las normas y principios constitucionales a tenor de lo dispuesto en el artículo 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en diversas decisiones, ha establecido el criterio que la acción de amparo constitucional constituye un medio adicional a los ordinarios sin que signifique la sustitución de éstos últimos, en la tarea de salvaguardar los derechos fundamentales, el cual debe interponerse solo luego de haberse agotado las vías ordinarias, siempre que hayan sido denunciadas infracciones constitucionales que no hayan sido ventiladas en la controversia original.

En este sentido, observa este juzgador, que el presunto agraviado señala que le han sido cercenados sus derechos y garantías constitucionales previamente señalados de forma grave, flagrante directa e inmediata, en virtud que el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa con sede en Guanare, hoy presunto agraviante dictó en fecha 01 de julio de 2009 un segundo auto de admisión de la demanda en el cual admitió la demanda y ordenó la suspensión de la causa por noventa (90) días continuos, dada la supuesta concurrencia de dos (2) intereses patrimoniales.
De la revisión detallada de las actas procesales que conforman el presente asunto, se observa en primer lugar que el juzgado presunto agraviante procedió en fecha 01 de julio del año 2009, previa admisión de la demanda realizada en fecha 25 de junio de este año, a dictar un auto mediante el cual repuso la causa al estado de dictar nueva admisión, al verificar que con la demanda interpuesta no solo podrían verse afectados de forma directa los intereses patrimoniales del estado Portuguesa, sino que los mismos podrían ser menoscabados también indirectamente, en virtud que la demanda fue incoada no solamente contra la Entidad Federal Portuguesa, sino también de forma solidaria contra la Corporación Portugueseña de Turismo (CORPOTUR), y la Fundación Museo de los Llanos (FUNDALLANOS), organismos dependientes patrimonialmente de la Gobernación del estado Portuguesa, aunado al hecho que la cuantía de la demanda excedía de 1.000 unidades Tributarias, razón por la cual en aplicación de lo preceptuado en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, en concordancia con el artículo 43 de la Ley de la Procuraduría del Estado Portuguesa, artículo 206 del Código de Procedimiento Civil y en acatamiento a lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, decretó dicha reposición y la nulidad de todo lo actuado para proceder de forma inmediata a dictar en esa misma fecha un nuevo auto de admisión ordenando la suspensión del proceso por noventa días continuos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, advirtiendo que la audiencia preliminar tendría lugar a las 9:30 a.m. del décimo (10º) día hábil siguiente a que constara en autos la certificación de la secretaria de haberse practicado la última de las notificaciones ordenadas y una vez transcurrido el lapso de suspensión indicado.
Ahora bien, constata este ad quem, que el presunto agraviado de autos una vez dictado el auto repositorio (auto que era apelable por no ser de mero trámite) al que se hizo mención anteriormente y a partir del cual se originó el nuevo auto de admisión que según el querellante constituye el objeto de la presente acción de amparo, no ejerció contra este el medio de ataque ordinario previsto en la legislación procesal, al considerar que con el se le lesionaban sus derechos constitucionales, por el contrario, procedió en fecha 21 de julio, vale decir, 14 días hábiles después de que se le causó la supuesta violación constitucional con el auto denunciado, a conferir poder apud acta a su hoy representante judicial Abogado Luis Gerardo Pineda, sin hacer mención alguna hasta ese momento del menoscabo de los derechos y garantías constitucionales que hoy alega.
Observa también este sentenciador que no fue sino hasta el 03 de agosto de 2009, cuando el supuesto agraviado solicita mediante diligencia la nulidad del referido auto de admisión de fecha 01 de julio de 2009, alegando allí la violación de su derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso y amenazando de forma grosera al juzgado presunto agraviante con la interposición de la presente acción de amparo en caso de que le fuera negada la petición realizada, sin detenerse a pensar que tuvo la oportunidad de recurrir mediante apelación del auto de reposición que anuló la primera admisión y dio nacimiento a la segunda de ellas y sin embargo no lo hizo.
En este orden de ideas, es conteste esta alzada con el criterio explanado por la jueza a quo, al señalar que a tenor de lo dispuesto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil, la oportunidad para solicitar la nulidad del referido auto de admisión de considerar tal como lo está haciendo ahora que este le causaba un daño a sus derechos constitucionales, la tuvo el quejoso en fecha 21 de julio de 2009, cuando confirió el poder apud acta a su hoy representante judicial ya que esta fue la primera oportunidad en que se hizo presente en autos, luego de haberse dictado dicha actuación, no obstante esto tampoco ocurrió, perdiendo así la segunda opción por vía ordinaria que tenía para insurgir contra la supuesta actuación lesionadora del juzgado a quo, lo cual significa que su letargo procesal consintió la actuación dictada por el juzgado presunto agraviante, encuadrándose esta situación dentro de la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se establece.
Continuando con la revisión exhaustiva de las actas procesales, tenemos que en fecha 06 de agosto de 2009, el juzgado querellado dictó un auto mediante el cual declaró improcedente por extemporánea la solicitud de nulidad del auto de admisión de fecha 01 de julio de 2009, a la cual se hizo referencia en el párrafo anterior, entre otras cosas, porque consideró el a quo y así lo confirma esta alzada que la reposición de la causa al estado de dictar nuevo auto de admisión ordenando la suspensión del proceso por el lapso establecido en el artículo 96 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, fue una reposición útil, la cual estaba constreñida a realizar el juzgado presunto agraviante en virtud de causas de absoluto orden público, el cual de ninguna manera podía ser relajado pues no pueden vulnerarse los privilegios y prerrogativas procesales consagrados a la República o a los entes que la integran ya que de ser así, pudiera verse lesionado el interés de un colectivo frente al de un particular, es por ello que considera este sentenciador, que la reposición que dio nacimiento al nuevo auto de admisión fue una reposición oficiosa realizada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta sede judicial de forma diligente con el único propósito de reestablecer el orden público que había sido quebrantado al haberse admitido primigeniamente la demanda sin otorgar los privilegios procesales adecuados ante la existencia de intereses patrimoniales del estado Portuguesa que podrían verse afectados tanto directa como indirectamente y de ninguna manera puede considerarse que con dicha actuación se amenazó el derecho a la tutela judicial efectiva, a la igualdad procesal de las partes y al debido proceso del quejoso, por tanto al no existir tal amenaza resulta también inadmisible la acción de amparo de conformidad con lo preceptuado en el ordinal 6.2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto esta norma exige para su admisibilidad que la amenaza sea inmediata posible y realizable. Así se decide.
Aunado a todo lo anteriormente expuesto, causa extrañeza a este sentenciador, que el referido auto de fecha 06 de agosto de 2009, en el cual se declaró improcedente por extemporánea la solicitud de nulidad del auto de admisión, tampoco haya sido apelado por el quejoso, perdiendo nuevamente la oportunidad que a través del recurso ordinario de apelación le hubiera sido restituida la situación jurídica alegada como infringida.
En base a las consideraciones anteriores, constituye un punto obligado hacer referencia a otro de los supuestos de inadmisibilidad consagrados en el artículo 6 de la citada Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales guardando estrechamente relación con el presente caso, el establecido en el numeral 5 que señala:

“5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes…” (Fin de la cita)

En este sentido, esta alzada señala que siendo la acción de amparo, tanto en lo principal como en lo accesorio, de estricto orden público, los referidos supuestos de inadmisibilidad, contenidos en la norma supra delatada, particularmente el antes trascrito, deben ser observados irrestrictamente por el juzgador puesto que su quebrantamiento no es subsanable y puede ser declarado en cualquier estado del proceso.

De lo referido precedentemente, se puede concluir que la acción de amparo como mecanismo restablecedor de los derechos y garantías constitucionales que resulten vulnerados solo puede ser interpuesta en última instancia, en caso que el quebrantamiento de los citados derechos y garantías de forma alguna pueda ser subsanado con el agotamiento de los procedimientos y vías judiciales ordinarias o que su restitución haya sido intentada a través de medios y procedimientos judiciales anteriores.
En este orden de ideas, considera este juzgador que el quejoso intentó agotar la vía judicial ordinaria cuando mediante diligencia de fecha 03 de agosto de 2009, solicitó la nulidad del auto de admisión dictado en fecha 01 de julio de 2009, solo que esta petición fue declarada improcedente por extemporánea tal como quedó establecido previamente al no haber sido interpuesta en la primera oportunidad procesal en la cual se hizo presente en el proceso tal como lo señala el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo considera esta alzada que el presunto agraviado debió ser lo suficientemente diligente impulsando y agotando el proceso por la vía judicial ordinaria que para ese momento estaba abierta, la cual era el recurso de apelación contra el auto proferido por el juzgado a quo que declaró improcedente dicha solicitud, antes de optar por la vía especialísima y extraordinaria del amparo constitucional. Así se decide.

En estos términos, es preciso también acotar que la admisibilidad de la acción de amparo queda condicionada a la inexistencia de otras vías procesales que permitan el restablecimiento de la situación jurídica infringida, correspondiendo al querellante en tal caso, la carga de alegar y probar, bien la inexistencia de dichos medios, o bien la idoneidad e insuficiencia de los mismos.

Así lo declara la Sala Constitucional en sentencia Nº 371 de fecha 26 de Febrero de 2003, al anular, mediante recurso de revisión, una decisión que desacató la doctrina de la Sala Constitucional al respecto:
”Resulta, por tanto, adverso al propósito y razón de ser de la institución del amparo constitucional, que se pretenda y que se permita sustituir las vías procesales ordinarias que el legislador otorga, por el ejercicio de amparo constitucional, razón por la cual esta Sala estima procedente la revisión solicitada, y visto que el fallo obvió el criterio asentado por esta Sala Constitucional y de que en el caso bajo su conocimiento como juez de alzada, se verifico el supuesto de hecho contemplado en el articulo 6º numeral 5 de la ley Orgánica, se anula dicha decisión y se declara inadmisible la acción de amparo propuesta de acuerdo al citado articulo”. (Fin de la cita. Resaltado de este Tribunal).

En igual sentido, en sentencia la Sala Constitucional Nº 963 de fecha 05 de Junio de 2001, dejo sentado lo siguiente:
“En consecuencia, es criterio de esta Sala, formado al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional, opera en su tarea especifica de encauzar las demandas contra actos, actuaciones, omisiones o abstenciones lesivas de derechos constitucionales, bajo las siguientes condiciones:

A) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
B) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.
La disposición del literal A) es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano, por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia sea la inadmisión de la acción sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo de la constitución atribuye a las vías procesales ordinarias los impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales; por lo que bastaría con señalar que vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la inadmisibilidad de la acción de amparo”. (Fin de la cital).

Establecidos los señalamientos que preceden, este juzgador observa que en acatamiento con las normas que rigen la materia y apegado estrictamente al desarrollo jurisprudencial explanado, una vez interpuesta la acción de amparo constitucional, procedió a verificar el agotamiento de la vía ordinaria o la interposición de los recursos respectivos, a fin de constatar si el quebrantamiento de los derechos y garantías constitucionales denunciados pudo ser resuelto mediante los mecanismos y procedimientos comunes establecidos en la Ley, todo a fin de preservar la excepcionalidad del amparo constitucional.

Es decir, haciendo suyo el criterio parcialmente trascrito, este juzgador, concluye que, dada la naturaleza extraordinaria y especialísima de la acción de amparo constitucional, ésta no podrá ejercerse, ni mucho menos admitirse, a los fines de sustituir los recursos y vías ordinarias que no fueron ejercidas oportunamente por la parte afectada con la actuación del Juzgado presunto agraviante.
En virtud de las referencias anteriores, considera esta alzada que ha quedado cerrado para el quejoso el camino a la extraordinaria acción de amparo constitucional, la cual hubiese prosperado solo en los supuestos en que hubiera existido una amenaza real inmediata, posible y realizable por parte del tribunal presunto agraviado contra los derechos denunciados como infringidos; si el quejoso no hubiese consentido la presunta actuación lesionadora tal y como lo hizo o si el querellante hubiere hecho uso de los medios judiciales ordinarios para corregir la lesión constitucional denunciada. Así se decide.

Finalmente, resulta forzoso parta esta alzada DECRETAR LA INADMISIBILIDAD IN LIMINE LITIS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL intentada por el ciudadano YOVANNI ANTONIO GARCÍA TORRES, contra el auto de admisión de la demanda de fecha 01 de julio de 2009, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del estado Portuguesa con sede en la ciudad de Guanare, al haberse constatado que la querellante tenia unas vías de recurribilidad ordinarias preexistentes que pudieron ser empleadas, a las cuales no se acogió, todo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 ordinales 2, 4 y 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en concordancia con el criterio jurisprudencial establecido por la SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA en esta materia. Así se decide.

DISPOSITIVO

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, actuando en sede constitucional y administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE IN LIMINE LITIS la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL signado con el Nº PP01-O-2009-000003, intentada por el ciudadano YOVANNI ANTONIO GARCÍA TORRES, contra el auto de admisión de la demanda de fecha 01 de julio de 2009, dictada por el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO PORTUGUESA CON SEDE EN LA CIUDAD DE GUANARE.
SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS en virtud de la naturaleza del fallo.
Dado, firmado y sellado en la sala de audiencia del Juzgado Superior Primero de la Circunscripción Judicial de estado Portuguesa en Sede Constitucional, en la ciudad de Guanare, Municipio Guanare del estado Portuguesa, a los veintiún (21) días del mes de agosto del año dos mil nueve.
Años: 199 º de la Independencia y 150 º de la Federación.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de esta decisión y particípese lo conducente al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa con sede en Guanare, mediante oficio con copia certificada de esta decisión. .

El Juez Superior

Abg. Osmiyer José Rosales Castillo.
La Secretaria Accidental

Abg. Francileny Blanco Barrios

En igual fecha y siendo las 1:40 p.m. se publicó y agregó el presente fallo a las actas del expediente, de lo cual se deja constancia de conformidad con lo consagrado en el Artículo 159 Ley Orgánica Procesal del Trabajo. De igual manera se ordenó su inserción en el Sistema Juris 2000, así cómo su correspondiente publicación en el portal informático http://portuguesa.tsj.gov.ve/.

La Secretaria Accidental ,
Abg. Francileny Blanco Barrios
ORC/JC/clau.