REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Décimo Quinto (15°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas Caracas, diecisiete (17) de diciembre de dos mil nueve 199º y 150º ASUNTO: AP21-L-2008-002138 PARTE ACTORA: GILBERT STEVE VALENTIN y DIEGO GIRALDO HENAO,, venezolanos, mayor de edad, de este domicilio y titulares de la cédula de identidad N° E-84.404.179 y V- 22.624.862 MARIA SUAZO SUAREZ y SONIA DEL VALLE PIMENTEL abogadas en ejercicio, inscritas en el IPSA bajo los N° 63.410 y 122.276 respectivamente. PARTE DEMANDADA: CONTRATACIONES Y SERVICIOS BARMEN, C.A, sociedad mercantil domiciliada en Caracas, inscrita ante el Registro Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda, en fecha veintinueve (29) de diciembre de 2006, bajo el N° 29, Tomo 142-A-Cto y PISCINA GOURMET, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas, inscrita ante el Registro segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda, en fecha veintiséis (26) de abril de 2005, bajo el N° 42, Tomo 59-A-Sdo. APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: ALEXIS FEBRES CHACOA, DAVID CASTRO ARRIETA, CAROLINA BOADA y ANA TERESA ARGOTTI, abogados en ejercicio inscritos en el IPSA bajo la matricula N° 17.069, 25.060, 116.808 y 117.875 respectivamente. MOTIVO: COBRO DIFERENCIAS DE PRESTACIONES SOCIALES. En el juicio que por motivo de Cobro Diferencias de Prestaciones Sociales incoara los ciudadanos GILBERT STEVE VALENTIN y DIEGO GIRALDO HENAO,, venezolanos, mayor de edad, de este domicilio y titulares de la cédula de identidad N° E-84.404.179 y V- 22.624.862, en contra de CONTRATACIONES Y SERVICIOS BARMEN, C.A, sociedad mercantil domiciliada en Caracas, inscrita ante el Registro Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda, en fecha veintinueve (29) de diciembre de 2006, bajo el N° 29, Tomo 142-A-Cto y PISCINA GOURMET, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Caracas, inscrita ante el Registro segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda, en fecha veintiséis (26) de abril de 2005, bajo el N° 42, Tomo 59-A-Sdo, se observa que las partes de mutuo y común acuerdo en fecha quince (15) de diciembre de 2008, manifestaron al Tribunal mediante diligencia su intención de conciliar el Juicio, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos. A esos efectos, presentaron escrito Transaccional constante de un (01) folio útil, en cual la parte demandada cancelar a la parte actora la suma de Bs. 4.000,00, en lo que respecta al ciudadano DIEGO GIRALDO, por lo que corresponde al ciudadano GILBERT VALENTIN CONTRERAS, los apoderados entienden por canceladas las prestaciones sociales de dicho ciudadano.- Así las cosas, procede este Tribunal a Pronunciarse de seguidas: Toda transacción debe cumplir con lo dispuesto en las normas de los Artículos 1713 y 1718 del Código Civil, 255, 256, 261 del Código de Procedimiento Civil y especialmente con lo previsto en los artículos 3 y 10 de la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento. Al respecto la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 265 de fecha trece (13) de julio de 2000 (caso Edgar David Sánchez y otro contra Instituto de Aseo Urbano para el Área Metropolitana de Caracas. (I.M.A.U.) con ponencia del Magistrado Doctor Juan Rafael Perdomo), señaló que el parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece como requisitos esenciales de validez de la transacción laboral, que la misma sea realizada por escrito y con una relación detallada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. De igual manera, la referida Sala en sentencia Nº 739 de fecha veintiocho (28) de octubre de 2003 (caso Francisco Antonio Santaella y otros contra Baker Hughes, S.R.L y otros, con ponencia del Magistrado Doctor Juan Rafael Perdomo), estableció que si las partes de un conflicto laboral, patrono y trabajador, suscriben un acuerdo transaccional, mediante el cual pretenden finalizar con el mismo, el Juez que conoce la causa o el funcionario del trabajo competente, debe verificar si en la misma se llenan los requisitos establecidos en los artículos 3º de la Ley Orgánica del Trabajo, y, 9º y 10º de su Reglamento. Asimismo en términos similares vuelve a pronunciarse la Sala de Casación Social en fallo Nº 226 de fecha once (11) de marzo de 2004 (caso Oscar Alfonso Guanda contra Panamco de Venezuela, S.A., con ponencia del Magistrado Doctor Juan Rafael Perdomo) especificando que de conformidad con lo previsto en el artículo 3°, Parágrafo Único, de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 9º y 10 de su Reglamento, cuando se lleva a cabo una transacción laboral que es homologada por la autoridad competente del trabajo, vale decir, Juez o Inspector del Trabajo, la misma adquiere la eficacia de cosa juzgada referida en el citado Parágrafo Único del artículo 3° de la Ley Orgánica del Trabajo, porque al ser presentada ante cualquiera de las autoridades del trabajo ya indicadas, éstas verificarán si la misma cumple o no con los requerimientos para que tenga validez y carácter de cosa juzgada. De tal modo que toda transacción laboral celebrada debe cumplir con ciertos requisitos dentro de los cuales se especifica que la misma debe contener una relación circunstanciada de los hechos que motivan el acuerdo y los derechos que ella comprende y como quiera que no consta en autos el cumplimiento de tales requisitos básicos se niega la Homologación de la referida transacción. ASÍ SE DECIDE. Finalmente, debe señalar este Tribunal que se ratifica la audiencia de Juicio pautada para el día veintidós (22) de febrero de 2010, a las 9:00 a.m., fecha la cual deberán comparecer las partes so pena de las consecuencias jurídicas dispuestas en la norma del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a menos que antes de la celebración del acto presenten escrito transaccional que lleno los extremos señalados en caso tal se homologará el acuerdo con el carácter de cosa juzgada. ASI SE ESTABLECE. En consecuencia de lo anteriormente expuesto, este Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara que: Niega la Homologación de la transacción celebrada por las partes e insta a los apoderados de los justiciables a cumplir con su misión fundamental de velar correctamente por los intereses de sus representados, así como se les recuerda que son parte integrante del sistema de administración de justicia a tenor de lo dispuesto en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se ordena la publicación de la presente decisión en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Regiones Área Metropolitana de Caracas http://caracas.tsj.gov.ve/. CÚMPLASE. Cúmplase, Publíquese, Regístrese Y Déjese Copia De La Presente Decisión. Dada, sellada y firmada en el Despacho del Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En ésta ciudad, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de dos mil nueve (2009). Año 199º de la Independencia y 150º de la Federación. HERBERT CASTILLO URBANEJA EL JUEZ NELSON DELGADO AULAR EL SECRETARIO NOTA: En esta misma fecha siendo la 2:50 p.m., se dictó, diarizó y publicó la presente decisión y se cumplió con lo ordenado. EL SECRETARIO