TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

PARTE ACTORA: Zoraida Romelia Medina Silva, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 4.362.283.
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: José Manuel Navarrete H, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 15.218.
PARTE DEMANDADA: Ingrid Rivero, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 3.402.713.
APODERADA DE LA PARTE DEMANDADA: Marcos Jurado Blanco y Doris Da Costa, Abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los números 16.312 y 80.649 respectivamente.
MOTIVO: Cobro de Bolívares.
SENTENCIA DEFINITIVA
ASUNTO: 2004-0807.

Se inicia el presente juicio por Cobro de Bolívares, mediante libelo de demanda presentado por el apoderado de la parte actora , mediante el cual indica que su representada es portadora legítima de una letra de cambio aceptada bajo la cláusula SIN AVISO Y SIN PROTESTO por la ciudadana Ingrid Rivero, por el valor de Dos Millones Novecientos Mil Bolívares, y que dicho titulo cambiario fue emitido por su aceptante con la condición expresa de pagarlo puntualmente a la fecha de su vencimiento el día 02-07-2001. Ahora bien por cuanto la aceptante no ha cumplido con la obligación asumida a pesar de las múltiples gestiones extrajudiciales, en razón de ello se demanda a la ciudadana Ingrid Rivero por Cobro de Bolívares para que pague o sea condenada por el Tribunal a cancelar los siguientes conceptos: 1.- Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Bolívares por concepto de: Dos Millones Novecientos Mil Bolívares por el valor de la letra de cambio; 2.- Novecientos Cincuenta y Siete Mil Bolívares correspondientes a los intereses moratorios calculados al 1% mensual a partir de la fecha de vencimiento de la letra de cambio.
Fundamentó la acción el artículo 108 del Código de Comercio.
Previo régimen de Distribución le correspondió a este juzgado conocer del presente proceso y mediante auto de fecha 10 de mayo de 2004, se admitió la demanda ordenándose Intimar a la parte demandada dentro de los Diez (10) Días de Despacho siguiente a la constancia en autos de su intimación, para que pague o acredite haber pagado las sumas de dinero que le han sido reclamadas en el libelo de la demanda.
En fecha 09 de junio de 2004, la parte intimada presentó escrito de cuestiones previas.
En fecha 15 de junio de 2004, la parte actora presentó escrito de contestación a las cuestiones previas.
En fecha 17 de junio de 2004, la parte demandada presentó escrito de oposición de la intimación.
En fecha 25 de junio de 2004, la parte demandada consignó escrito de contestación a la demanda.
En fecha 28 de junio de 2004, la parte actora consigno escrito de oposición.
En fecha 12 de julio de 2004. la parte demandada consignó escrito de pruebas.
En fecha 16 de julio de 2004, la parte actora consignó escrito de pruebas.
En fecha 02 de agosto de 2004, fueron admitidas las pruebas promovidas por las partes.
En fecha 13 de enero de 2005, se dicto sentencia interlocutoria en la cual se declaró sin lugar la demanda.
En fecha 19 de enero de 2005, la parte demandada se dio por notificada y solicito la notificación de la parte demandada.
En fecha 25 de enero de 2005, el apoderado de la parte actora, se diò por notificado y apeló de la sentencia, siendo oída la apelación por auto de fecha 03 de febrero de 2005 y remitido el expediente al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 09 de noviembre de 2006, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia En lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas dicto sentencia en la cual ordenó la reposición de la causa al estado de admitir la demanda por el Procedimiento Ordinario.
En fecha 16 de abril de 2007, este Tribunal Admitió la demanda por el procedimiento ordinario.
Ahora bien, dada así las cosas éste Tribunal considera necesario hacer el siguiente análisis:
El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “[…] La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil […]”.
De conformidad con el ordinal 1° del articulo 267 el eiusdem, se extingue la instancia: “Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. Y el artículo 269 eiusdem, dispone: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal [...]”.
En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La denominada perención breve es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de treinta días una vez admitida la demanda, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de la actora en impulsar la citación de la demandada. El incumplimiento de esta obligación, se hace efectivo cuando la actora no facilita la labor del alguacil del Tribunal en cuanto a su traslado al domicilio de la demandada y fundamentalmente la consignación de los fotostatos para la elaboración de la compulsa, es decir, el incumplimiento a estas obligaciones básicas de la actora una vez admitida la demanda, por un lapso de 30 días continuos acarrea la sanción de perimir la instancia, puesto que el Estado por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbre los derechos privados. Teniendo en fundamento que le corresponde a la actora dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica.

De acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el Tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del Tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. Debe determinarse en el presente pronunciamiento que desde el día 16 de abril de 2007, fecha en la cual el Tribunal admitió la demanda, hasta el día de hoy, no hay constancia en autos que la parte actora haya consignado los emolumentos al ciudadano alguacil, transcurriendo en exceso los treinta días que tenía la actora para impulsar la citación de la demandada, al no existir impulso procesal del juicio para lograr la citación de la demandada, situación que encuadra en el ordinal 1° del Articulo 267 de nuestra norma adjetiva procesal, antes transcrita y que en consecuencia produce como efecto inmediato la perención de la instancia.

Aunado a lo antes señalado, mediante sentencia dictada por el Supremo Tribunal de justicia, en Sala de Casación civil, con ponencia del Magistrado CARLOS OBERTO VELEZ en fecha 06 de julio de 2.004, Exp. Nº AA20-C-2001-000436, se señaló: “...Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previo la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado Articulo 12 de dicha Ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste de mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo que su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia...”. Es evidente que en el caso que nos ocupa, el lugar señalado a los fines de practicar la citación de la parte demandada, se encuentra en exceso fuera de 500 metros contados a partir de la sede del Tribunal. En consecuencia, éste Tribunal de oficio debe declarar la perención de la instancia por haber transcurrido en exceso, más de 30 días de inactividad de la parte actora, para realizar las diligencias relativas a lograr la citación de la parte demandada.

En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de treinta días de inactividad, y siendo que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procésales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público.

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de treinta (30) días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, sin que la actora cumpla con sus obligaciones para la practica de la citación de esta, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 267 y el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, la extinción del presente procedimiento.

Dada, la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia en el copiador de sentencias llevado por este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los Veintisiete (27) días del mes de Enero de dos mil nueve (2009). Años: 198º y 149º.
LA JUEZ

ABG. IRENE GRISANTI CANO
LA SECRETARIA ACC.,
MILAGROS ADELLÀN
En la misma fecha, siendo las 09:00 a.m., se público y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA ACC.,

MILAGROS ADELLÀN

RV/MA.-
EXP.: 2004-0807