TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION MEDIACION Y EJECUCION DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS
Caracas, dieciocho (18) de junio de 2009
194º y 146º
ASUNTO: AP21-L-2008-004001
PARTE ACTORA: ENMA PAJARO DE SALCEDO, Venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. 22.494.061.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: ISABEL RICO DE OLIVEROS, abogada en ejercicio, inscrita en el IPSA bajo el No. 70.606, con el carácter de Procuradora de Trabajadores.
PARTE DEMANDADA: FRANK MONTES
APODERADO JUDICIAL DE LA DEMANDADA: NO CONSTITUYÓ
MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIAS DE PRESTACIONES SOCILAES

PARTE NARRATIVA
La presente demanda fue interpuesta en fecha 30 de julio de 2008, por la abogada SUSANA RINCON ALBORNOZ, inscrita en el IPSA bajo el No. 52.393, con el carácter de Procuradora de Trabajadores, representando a la ciudadana ENMA PAJARO DE SALCEDO, titular de la cédula de identidad No. 22.494.061, en su condición de parte actora, dicha demanda fue admitida en fecha 31 de julio de 2008 por el Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial del Trabajo, la parte demandante alegó en su escrito libelar que inició a prestar servicios de manera ininterrumpida y subordinada para el ciudadano FRANK MONTES, en fecha 10 de octubre de 1995, ejerciendo el cargo de DOMESTICA, laborando un horario comprendido de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., con un salario mensual de OCHOCIENTOS BOLIVARES EXACTOS (BS: 614,79), es decir un salario diario de VEINTISEIS BOLIVARES CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (BS: 26,66), realizando sus funciones a cabalidad hasta el día 17 de diciembre de 2007, que termina la relación de trabajo por despido injustificado por parte del patrono, por lo que en reiteradas oportunidades ha solicitado el pago de sus prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la relación de trabajo, no siendo posible la cancelación de los mismos por lo que procede a demandar en este acto como en efecto lo hace para lo cual estima su demanda por la cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES EXACTOS (BS: 14.800,00).
Fue notificada la demandada para la audiencia preliminar, el día 14 de mayo de 2009, dejando constancia de dicha notificación el Secretario del Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución por auto expreso en fecha 27 de mayo de 2009, para la celebración de la audiencia.
Le fue asignado por sorteo a este Juzgado, el presente asunto a los fines de la celebración de la Audiencia Preliminar, la cual había sido fijada para el día 11 de junio de 2009, a las 9:00 a. m.
Fijada la Audiencia Preliminar, y cumplidas las formalidades de Ley para su realización, compareció a la misma, la ciudadana ENMA PAJARO DE SALCEDO, titular de la cédula de identidad No. 22.494.061, debidamente representada por la abogada ISABEL RICO DE OLIVEROS, inscrita en el IPSA bajo el No. 70.606, los cuales se encontraban presente en este acto y la parte demandada, ciudadano FRANK MONTES, no compareció, ni por si ni por medio de apoderado Judicial alguno, dejándose constancia de ello en el acta que a tal fin se levantó.
Dada la incomparecencia del demandado a la Audiencia Preliminar se procede a aplicar la consecuencia jurídica establecida en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esto es, la PRESUNCION DE LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS en relación con los hechos planteados por la parte demandante, quedando pendiente del examen de las actas procesales para determinar si la pretensión es o no contraria a derecho, lo que será analizado en la parte motiva de esta sentencia.
Respecto a la presencia de las partes en la Audiencia Preliminar en este novedoso sistema adjetivo laboral, es oportuno señalar que como este proceso es oral, la asistencia de las partes, por sí o por medio de apoderado judicial, es obligatoria, so pena, de confesión si es el demandado quien no hace acto de presencia, como el caso de autos.
Por lo que es importante destacar que el nuevo proceso laboral estableció un Proceso por Audiencias, el cual no es más que un proceso en el cual su desenvolvimiento y tramitación se centra en una o más audiencias próximas a las que deben comparecer ambas partes con la presidencia y rectoría del Juez. En este tipo de modelo procesal el trámite permite a los sujetos intervinientes, oportunidades determinadas en las cuales, estos se reúnen a discutir sus posiciones, a plantear sus problemas en la búsqueda de soluciones ya sea a través de la utilización de los medios alternos de composición procesal o, de una decisión que imparta un tercero.
En nuestro proceso se estableció como punto de partida, dentro del proceso por audiencias, la preeminencia de la audiencia preliminar, que de acuerdo a la exposición de motivos de nuestra Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es uno de los momentos fundamentales y estelares del juicio del trabajo, la cual es presidida por el Juez y a ella deben comparecer las partes de manera obligatoria, bien sea personalmente o mediante apoderados en el día y hora que determine el Tribunal. Asimismo se refiere dicha exposición de motivos a la obligatoriedad de la comparecencia, con el objeto de garantizar y facilitar el primer encuentro con el Juez, y lograr la incorporación de medios alternos de resolución de conflictos, tales como el arbitraje, la mediación y conciliación, a los fines de evitar un litigio.-
En la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se instauró esta primera fase de carácter obligatoria como requisito para la prosecución del juicio, estableciéndose consecuencias jurídicas para el caso de que ocurra la incomparecencia de las partes, esto es, en el caso del actor el desistimiento del procedimiento y terminación del proceso; y en el caso de la parte demandada la presunción de admisión de los hechos alegados por el demandante siempre y cuando no sea contraria a derecho la petición. (Subrayado del Tribunal).
El Tribunal, observa que la falta de comparecencia de la parte demandada a la audiencia preliminar del proceso, trae como consecuencia la presunción de la admisión de los hechos alegados en el libelo de la demanda, que a tenor del articulo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, circunscribe el tema a decidir, a la determinación de si es o no, contraria a derecho la pretensión del demandante, como lo dispone la citada norma; y como quiera que lo solicitado en el libelo de la demanda se concreta a la reclamación por concepto de COBRO DE DIFERENCIAS DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCILAES, el Tribunal encuentra que la petición de la demandante no es contraria a derecho, por tratarse de derechos e indemnizaciones establecidas a favor de los trabajadores en la legislación vigente, pero sin embargo pasa de seguidas este Juzgador a revisar todos y cada uno de los montos demandados por cada uno de los conceptos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto es una de las facultades concedidas al Juez, en estos casos.
En base a lo antes expuesto, este Tribunal deja establecido como ciertos los hechos afirmados por la parte demandante, ciudadana ENMA PAJARO DE SALCEDO, antes identificada, quien alegó en su escrito libelar que inició a prestar servicios de manera ininterrumpida y subordinada para el ciudadano FRANK MONTES, en fecha 10 de octubre de 1995, ejerciendo el cargo de DOMESTICA, laborando un horario comprendido de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., con un salario mensual de OCHOCIENTOS BOLIVARES EXACTOS (BS: 614,79), es decir un salario diario de VEINTISEIS BOLIVARES CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (BS: 26,66), realizando sus funciones a cabalidad hasta el día 17 de diciembre de 2007, que termina la relación de trabajo por despido injustificado por parte del patrono. Y ASI SE DECIDE.
Ahora bien, quien decide pasa de seguidas a verificar los conceptos y montos demandados a los fines de establecer si los mismos son o no contrarios a derecho, en consecuencia, se observa que la parte actora en su libelo solicita que se condene a la empresa demandada por los siguientes conceptos:
1. - POR CONCEPTO DE VACACIONES VENCIDAS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 277 Y DE LA LEY ORGANICA DEL TRABAJO: La parte actora demanda la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES CON SESENTA CENTIMOS (BS. 4.800,60), que resulta de multiplicar los días de vacaciones y bono vacacional vencidos por el tiempo de servicio y multiplicados por el salario diario para el total arriba indicado, conforme a la formula señalada en el libelo de la demanda. El Tribunal observa: Dentro de las facultades que tiene el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución al momento de dictar una sentencia por presunción de admisión de los hechos como lo he indicado anteriormente, se debe revisar todos y cada una de las peticiones de la parte actora verificando que las mismas no sean contraria a derecho, quedando pendiente del examen de las actas procesales por parte del juez para determinar si lo que se esta solicitando esté ajustado a derecho, por lo que el Tribunal haciendo una multiplicación de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo, el tiempo de servicio del trabajador y el salario devengado por él, se considera que lo peticionado está ajustado a derecho, en consecuencia se hacen procedente y deben ser canceladas a la parte actora por la parte demandada, en virtud de que no compareció a la audiencia preliminar oportunidad en la cual debió ejercer las defensas correspondientes en cuanto a los conceptos y montos demandados, por lo que al existir una presunción de admisión de los hechos tal y como lo prevé el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se tienen por admitidos los hechos, conceptos y montos demandados, en consecuencia, se declara procedente el pago de vacaciones y se condena a la parte demandada a cancelar la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES CON SESENTA CENTIMOS (BS. 4.800,60) y ASI DECIDE.
2.- A.) POR CONCEPTO DE PRIMA DE NAVIDAD, CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 278 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, la parte actora solicita la cancelación de la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES CON SESENTA CENTIMOS (BS. 4.800,60), montos estos demandados por concepto de prima de navidad, debidamente especificado en el libelo de la demanda, los cuales a criterio de quien aquí juzga, son los que se hacen procedente y deben ser canceladas a la parte actora por la empresa demandada, en virtud de que la parte demandada, no compareció a la audiencia preliminar oportunidad en la cual debió ejercer las defensas correspondientes en cuanto a los conceptos y montos demandados, por lo que al existir una presunción de admisión de los hechos tal y como lo prevé el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se tienen por admitidos los hechos, conceptos y montos demandados, en consecuencia, se declaran procedente el pago de la prima de navidad anteriormente solicitado y establecidos por este Tribunal y se condena a la empresa a pagar a la actora la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES CON SESENTA CENTIMOS (BS. 4.800,60) Y ASI SE DECIDE.
4.- POR CONCEPTO DE PREAVISO, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TARABAJO, La parte actora solicita la cantidad de CUATROCIENTOS BOLIVARES EXACTOS (BS; 400,00), montos estos demandados por concepto de preaviso, debidamente especificado en el libelo de la demanda, los cuales a criterio de quien aquí juzga, son los que se hacen procedente y deben ser canceladas a la parte actora por la empresa demandada, en virtud de que la parte demandada, no compareció a la audiencia preliminar oportunidad en la cual debió ejercer las defensas correspondientes en cuanto a los conceptos y montos demandados, por lo que al existir una presunción de admisión de los hechos tal y como lo prevé el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se tienen por admitidos los hechos, conceptos y montos demandados, en consecuencia, se declaran procedente el pago del preaviso anteriormente solicitado y establecidos por este Tribunal y se condena a la empresa a pagar a la actora la cantidad de CUATROCIENTOS BOLIVARES EXACTOS (BS; 400,00)
4.- POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 281 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO; La parte actora solicita la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES CON SESENTA CENTIMOS (BS. 4.800,60), El Tribunal observa: Dentro de las facultades que tiene el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución al momento de dictar una sentencia por presunción de admisión de los hechos como lo he indicado anteriormente, se debe revisar todos y cada una de las peticiones de la parte actora verificando que las mismas no sean contraria a derecho, quedando pendiente del examen de las actas procesales por parte del juez para determinar si lo que se esta solicitando esté ajustado a derecho, por lo que el Tribunal haciendo una multiplicación de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo, el tiempo de servicio del trabajador y el salario devengado por él, se considera que lo peticionado está ajustado a derecho, en consecuencia se hacen procedente y deben ser canceladas a la parte actora por la parte demandada, en virtud de que no compareció a la audiencia preliminar oportunidad en la cual debió ejercer las defensas correspondientes en cuanto a los conceptos y montos demandados, por lo que al existir una presunción de admisión de los hechos tal y como lo prevé el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se tienen por admitidos los hechos, conceptos y montos demandados, en consecuencia, se declara procedente el pago de indemnización por despido injustificado y se condena a la parte demandada a cancelar la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES CON SESENTA CENTIMOS (BS. 4.800,60) y ASI DECIDE.
Todos y cada uno de estos conceptos demandados, suman la cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES EXACTOS (BS. 14.800,00) y se declaran procedentes todos y cada uno de los conceptos demandados y aclarados por este Tribunal y se ordena a la parte demandada, ciudadano FRANK MONTES, cancelar a la ciudadana ENMA PAJARO DE SALCEDO, la cantidad anteriormente indicada y ASI SE DECIDE.
Se ordena cancelar los intereses sobre Prestaciones Sociales, conforme lo prevé el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo mediante una experticia complementaria del fallo, la cual realizará un solo perito designado por el Tribunal ejecutor y de acuerdo a las tasas que prevé el literal “c” que arroja el Banco Central de Venezuela desde el momento en que se causan hasta la terminación de la relación de trabajo.
Se ordena el pago de intereses moratorios, conforme lo prevé el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde el mismo momento en que culminó la relación de trabajo hasta la ejecución del fallo. Para ello, se deberá realizar una experticia complementaria del fallo con la designación de un solo perito y de acuerdo a las tasas establecidas para ello (literal “c” artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo) sin considerar su propia capitalización como lo establece la Sentencia N° 434 de fecha 10 de julio de 2003 con aclaratoria de fecha 16 de octubre de 2003 producida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, los intereses de antigüedad establecidos en el artículo 108 ejusdem, y la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2008, emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social.
Procede la indexación judicial o corrección monetaria de la suma condenada desde la fecha de la notificación de la parte demandada, hasta que la sentencia quede definitivamente firme, tomándose en consideración el índice de precios al consumidor (IPC) para el Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 11 de noviembre de 2008.
El experto, que deberá determinar y cuantificar el monto de los intereses de mora desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo, hasta la definitiva cancelación de dicho beneficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en tal sentido el perito se servirá de la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización (de los propios intereses), todo ello de conformidad con la aclaratoria del fallo de la sentencia Nº 434, de fecha 10 de julio de 2003, proferida en fecha 16 de octubre de 2003 por la Sala de Casación Social en cuanto al punto de los intereses de mora dejo establecido lo siguiente:

“…No obstante, y mayor abundamiento, esta Sala considera pertinente efectuar algunas reflexiones con relación a los intereses generados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, previniendo, que el cálculo de los mismos, se ordenó desarrollar con sujeción a la jurisprudencia soportada en la decisión sobre la cual recae la presente aclaratoria.

En efecto, textualmente se estableció el que “(...) para los intereses generados a posteriori (una vez en vigencia la Constitución), su ponderación se realizará en sujeción con lo previsto en la jurisprudencia previamente transcrita (Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo)”; y en tal sentido, la jurisprudencia relatada postula, que el cálculo de los intereses especiales laborales debe efectuarse en el marco del artículo 108, literal a) de la Ley Orgánica del Trabajo vigente hasta el 18 de junio de 1997, actualmente, artículo 108, literal c) de la Ley Orgánica del Trabajo.

De allí, y de manera conclusiva, que la experticia complementaria del fallo in comento deba regirse por los parámetros que a continuación se esbozan:

1. Será realizada por un único perito designado por el Tribunal si las partes no lo pudieran acordar;
2. Con relación a los intereses causados antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el perito considerará para su avaluó, la tasa del 3% anual;
3. Para los intereses generados con posterioridad a la vigencia del texto constitucional, el perito se servirá de la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela de conformidad con el literal c) del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente y,
4. Para el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización (de los propios intereses).

Finalmente, con relación a la oportunidad a partir de la cual debe computarse el cálculo de los intereses moratorios, advierte la Sala, que tal particular no resultó anulado por la decisión de casación, quedando por tanto incólume lo que al referente apuntaló la sentencia recurrida, y que por lo demás, fuera aclarado en fecha 12 de noviembre de 2002 (folio 319 del expediente), al tenor que sigue:

“(...) 1º) La solicitud de aclaratoria sobre el periodo de aplicación de intereses moratorios; advierte esta Alzada, a la parte solicitante de la aclaratoria que la parte motiva del fallo fue explícita en señalar para cada concepto adeudado y acordado, la fecha en la que se originó la deuda, especificándose en forma individual los años y los conceptos respectivos, por cuanto los conceptos varían en fecha según se fueron originando, e igualmente varían en cantidad según su naturaleza, por tal razón se ordena la experticia complementaria del fallo, para que sea el experto el que determine cada una de las sumas condenadas y ello se desprende de la lectura de la misma, así como cada concepto tiene su origen en diferente oportunidad, por ello se fijó en la sentencia como oportunidad para el cálculo la exigibilidad de la obligación, que es el momento en que el patrono debió pagar al trabajador cada concepto, según su vencimiento en el pago y que cuando se analizó cada concepto reclamado y de acuerdo a las pruebas aportadas al proceso, se fueron acordando, y estableciendo las fechas y el tiempo que por la diferencia de las prestaciones sociales debían ser pagadas al reclamante (...)”.

DECISION

Por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Primero (1°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de Ley, declara: CON LUGAR la demanda que por cobro de prestaciones sociales interpuso la ciudadana ENMA PAJARO DE SALCEDO, contra el ciudadano FRANK MONTES, ambas partes debidamente identificadas en autos. Condenándose a ésta ultima al pago de la cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES EXACTOS (BS. 14.800,00), por los conceptos debidamente discriminados en la forma que establece la presente decisión más la cantidad que resulte del cálculo que realice el perito designado al efecto por este Tribunal. Se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado perdidosa en el presente juicio, ASI SE DECIDE. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 195° y 146°.
EL JUEZ
EL SECRETARIO
JOSE FRANCISCO GONZALEZ LAMUÑO
ABOG. JOSSY PEREZ

NOTA: En esta misma fecha se publicó y diarizó la presente decisión.
EL SECRETARIO

ABOG. JOSSY PEREZ