EN SU NOMBRE
JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
Caracas, a los 16 días del mes de Junio del año dos mil nueve (2.009).
Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación
PARTE ACTORA: JUNTA DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO RESIDENCIAS MORICHAL., situada en la calle B, Urbanización la Alameda, Jurisdicción del Municipio Baruta, del Estado Miranda.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: JORGE ENRIQUE DICKSON URDANETA, Abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 64.595.
PARTE DEMANDADA: AURILAY HERNANDEZ PEREZ, LUIS FELIPE PINTO PINTO, YOLANDA EGLEE AYALA DE PINTO, JESUS MARIA CASAL HERNANDEZ, MARIA SOLEDAD TORRES RODRIGUEZ, NARCISO ALBERTO SOLORZANO GUMAN, VIANNEY PEREZ DE SOLORZANO y PEDRO DAHADAH DAHDAH, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nº V-10.378.750, 3.899.914, 3.981.475, 9.120.434, 9.295.180, 1.854.791, 3.845.909 y 6.262.275, respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES DE LOS CODEMANDADOS NARCISO ALBERTO SOLORZANO GUMAN, AURILAY HERNANDEZ PEREZ, YOLANDA EGLEE AYALA DE PINTO, MARIA SOLEDAD TORRES RODRIGUEZ y VIANNEY PEREZ DE SOLORZANO: JESUS MARIA CASAL HERNANDEZ y LUIS TOMAS LEON SANDOVAL, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo el Nº 45.417 y 31.328, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DEL CODEMANDADO JESUS MARÌA CASAL HERNÀNDEZ: LUIS TOMAS LEON SANDOVAL, abogado en ejercicio, de este domicilio, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 31.328.
DEFENSORA JUDICIAL DEL CODEMANDADO LUIS FELIPE PINTO PINTO: MARÌA JOSEFINA MINERVINI CALO, abogada en ejercicio, de este domicilio, inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nº 19.105.
El codemandado PEDRO DAHDAH DAHDAH, no tiene representación judicial acreditada en autos
MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS.
SEDE: CIVIL.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.
ASUNTO: 1114-02.
DE LA PERENCION:
Este Tribunal luego de la exhaustiva revisión de las actas que conforman el presente expediente, ha podido observar que desde el día 25 de Octubre de 2.004, ninguna de las partes ha realizado acto alguno para impulsar el proceso.
Al respecto el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”
La perención viene a constituir una de las formas anormales de ponerle fin a los juicios, cuyo concepto ha sido expuesto por diferentes juristas, tanto nacionales como extranjeros, entre los cuales se cita al Dr. Hernando Devis Echandía, en su Texto denominado “Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del Proceso.” Tomo I, quien define la Perención, de la siguiente manera:
“(...) es una sanción al litigante moroso, y responde a un principio de economía procesal y de certeza jurídica, para impulsar la terminación de los pleitos (...)”.
Por su parte, el Dr. Arístides Rengel Romberg, en el Tomo II de su “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, expone:
“(...) La perención de la instancia es una figura que extingue el proceso, no ya por acto de partes, sino por la inactividad de las partes prolongada durante un cierto tiempo.(...)”.
La declaratoria de la perención de la instancia, le está expresamente permitida al Tribunal, aún no habiendo sido solicitada por las partes, ya que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 de nuestro Texto de Trámites, la perención de la instancia se verifica de pleno derecho; esto es, una vez que concurren los supuestos de hecho expresamente establecidos en nuestro Ordenamiento Adjetivo para que esta institución extintiva de la instancia opere, la sentencia mediante la cual se decide, tan sólo es la declaratoria del Tribunal de una situación de pleno derecho ya verificada.
Según la doctrina procesal expuesta por el Dr. OSCAR RILLO CASALE en su Obra “Perención y Caducidad”; para que los actos puedan ser considerados interruptivos de la perención deben reunir los siguientes requisitos:
“(....)1.- Deben estar agregados al mismo proceso.
2.- Ser útiles, es decir, idóneos al fin propuesto. Se debe ver y apreciar la marcha del proceso. Solo tienen efecto interruptivo las articulaciones, diligencias o actuaciones que urgen el procedimiento; ésto es toda actividad de grado contencioso útil que tenga la virtud de instar el trámite procesal.
3.- De modo directo e inmediato.
4.- El pedido debe ser congruente con el estado de la litis.
5.- No deben ser inoficiosos, inútiles o extemporáneos.
6.- Deben cumplirse ante el mismo Tribunal y en esas actuaciones < refiérese al proceso>.
7.- Adecuados al estado del trámite del proceso.
8.- Eficientes. Es decir, que los efectos procurados de hacer avanzar el proceso, se produzcan realmente.....No solo que la articulación, escrito o proveído tenga la virtualidad impulsora, sino que el Juez la acoja con un decreto de recepción.
9.- Es indiferente que los actos interruptivos emanen del actor o del demandado.
10.- Por principio no cabe reconocerle efectos interruptivos a las diligencias promovidas por un tercero. (....)”.
Por su parte, el Dr. Arminio Borjas, en el Tomo II de sus “Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano”, señala:
“(...) Cuando la actuación de una de las partes no va dirigida a mantener subsistente el procedimiento, pues no requiere de la citación de la otra, como cuando en una causa paralizada pide uno de los litigantes la devolución de documentos originales presentados por él, o que se le expida copias de algunas actas, sin que se indique que ello sea para fines referentes al juicio en suspenso; sino antes bien, para efectos extraños a él, el lapso de la perención no se interrumpe, porque la causa cuyo curso esté en suspenso por cualquier motivo, no puede salir de ese estado sin petición expresa de uno de los litigantes y previa citación del otro, o sin que la providencia solicitada por alguna de las partes, no pueda ser acordada a espaldas de la otra (...)”.
Aplicando la norma parcialmente transcrita al presente caso se evidencia que desde el 25 de Octubre de 2.004 al 25 de Octubre de 2.005 transcurrió sobradamente el lapso de un (1) año a que se refiere el artículo in comento, situación esta que hace forzoso para esta juzgadora declarar de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 269 eiusdem, que se ha verificado la perención de la instancia en fecha 25 de Octubre de 2.005, y en consecuencia la extinción del presente proceso. Así se decide.
Por todos los razonamientos expuestos este Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en sede Civil, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley DECLARA la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en consecuencia la extinción del proceso que por DAÑOS Y PERJUICIOS intentó JUNTA DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO RESIDENCIAS MORICHAL contra AURILAY HERNANDEZ PEREZ, LUIS FELIPE PINTO PINTO, YOLANDA EGLEE AYALA DE PINTO, JESUS MARIA CASAL HERNANDEZ, MARIA SOLEDAD TORRES RODRIGUEZ, NARCISO ALBERTO SOLORZANO GUMAN, VIANNEY PEREZ DE SOLORZANO y PEDRO DAHADAH DAHDAH.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada en el copiador de sentencias que a tal efecto es llevado por este Tribunal, por aplicación de los artículos 247 y 248 del Código de procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los 16 días del mes de Junio de 2.009. Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
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