TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REGIÓN CAPITAL

198° y 149°

Recurrente: INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA Y ACUICULTURA.

Apoderada Judicial: JULIO E. RAMÍREZ LEÓN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 92.190.

Organismo Recurrido: COMPAÑÍA ANÓNIMA (INORPACA Y LA EMPRESA SEGURO CORPORATIVO)

MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y EJECUCIÓN DE FIANZA

Se inicia la presente causa por medio de escrito presentado ante el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de Distribuidor por el Abogado JULIO E. RAMÍREZ LEÓN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 92.190, actuando en su carácter de Apoderada Judicial del INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA Y ACUICULTURA, Instituto adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierras mediante decreto N° 1.524, con Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, de fecha 03 de Noviembre de 2001, publicada en Gaceta Oficial N° 37.323, de fecha 13 de Noviembre de 2001.

En fecha 09 de Septiembre de 2004, se realizó la distribución correspondiente de la causa, siendo recibido por éste Juzgado en fecha 10 de Septiembre de 2004 y anotándose en el libro de causas bajo el Nº 0823-04.
En fecha 29 de septiembre de 2004, este Juzgado mediante auto admitió el recurso.
Es el caso, revisado como ha sido el expediente, se advierte que inserto al folio Doscientos veinticuatro (224), consta diligencia del Alguacil de este Tribunal dejando constancia que realizó la remisión de la comisión de servicio al Juez de los Municipios Cabimas y Santa Rita del Estado Zulia; igualmente se evidencia que no consta actuación alguna desde la citada actuación, transcurriendo un lapso de mas de un (1) año, lo cual denota destierres en la causa.
Ante tal circunstancia, se hace necesario para este Tribunal realizar las siguientes consideraciones:
Que en sentencia de fecha 05 de Agosto de 2004, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se acuerda desaplicar por inteligible la disposición contenida en el párrafo 15, del artículo 19, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que pareciera obedecer a un lapsus calamis del legislador y, en atención a lo dispuesto en el artículo 19 del Código de Procedimiento Civil, acuerda aplicar supletoriamente lo contenido en el artículo 267 ejusdem, que establece:
Artículo 267: “toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención...”

En consecuencia, al haber constatado que la presente causa se encuentra paralizada por mas de un (01) año, de conformidad con el artículo 267, del Código de Procedimiento Civil, citado ut supra, debe forzosamente declararse consumada la perención y extinguida la instancia y, así se declara.
Ahora bien, con respecto a la procedencia o no de notificación de la parte afectada, la sentencia anteriormente reseñada establece:

“… que la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (1) año”, lo que implica que en poco o nada puede incidir cualquier alegato de la parte para enervar los efectos de su inactividad, que pudiese eventualmente sostener como consecuencia del llamado recibido a través del cartel, pues como se expresa aquella opera ipso jure. Aunado a ello, la falta de sentido práctico que sugiere ordenar notificar a una parte para quizás “avisarle” de la inmediata decisión que el Tribunal tomará, o de lo que es obvio, es decir, de su falta de interés o inactividad, o del incumplimiento de la carga que tenía y que como tal sólo a ella concernía cumplir.
Por otra parte, si se prefiere interpretar que la notificación es posterior a la decisión de perención, resulta igualmente absurdo ya que el Tribunal entonces estaría avisándole a la parte, cuya falta de interés precisamente motivó la declaratoria de perención, que el Tribunal está muy interesado, no obstante su desinterés, en que se interese de la decisión, para poder volver a “redecretar” o decretar “reperimida” la instancia...”

En consecuencia, al haber estado la presente causa paralizada por mas de un (01) año de conformidad con el articulo 267 del código de Procedimiento Civil, citado anteriormente, debe forzosamente declararse consumada la perención y extinguida la instancia y, así se declara.

DECISIÓN

En virtud de lo antes expuesto, este Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara, CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa interpuesta por el Abogado JULIO E. RAMÍREZ LEÓN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 92.190, actuando en su carácter de Apoderada Judicial del INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA Y ACUICULTURA, Instituto adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierras mediante decreto N° 1.524, con Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, de fecha 03 de Noviembre de 2001, publicada en Gaceta Oficial N° 37.323, de fecha 13 de Noviembre de 2001. contra la COMPAÑÍA ANÓNIMA (INORPACA Y LA EMPRESA SEGURO CORPORATIVO)
Publíquese, regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas, al tres (03) días del mes de Marzo del año Dos Mil Nueve (2009). Años 198º de la Independencia y 150º de la Federación.
LA JUEZ

FLOR L. CAMACHO A.
EL SECRETARIO.

CLÍMACO A. MONTILLA T.

En esta misma fecha, siendo las 11:30 a.m., se publicó y registró la presente decisión.
EL SECRETARIO.

CLÍMACO A. MONTILLA T.

Exp. Nº 0823-04/FC/CM/jpmm