TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO VIGESIMO TERCERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

EXP.: AP31-M-2008-000686
PARTE ACTORA: GAUDYS TOMASA RAMIREZ SUAREZ, Venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 1.576.420.
APODERADA JUDCIAL DE LA PARTE ACTORA: MARCO T. TORRES AVILA, abogado en ejercicio e inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 75.572.
PARTE DEMANDADA: OCTAVIO RAFAEL NERI DAVILA, Venezolano, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 3.396.591.
ABOGADO DE LA PARTE DEMANDADA: No tiene acreditado en auto.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES.

Se da inicio al presente proceso mediante dos (02) letras de cambio emitidas por la parte actora con fechas 06/06/2007, por un monto de Veinte Millones de Bolívares (Bs 20.000.000,00), que hoy en día son Veinte Mil Bolívares (Bs. 20.000, 00), con fecha de vencimiento del día 06/07/2007 y la segunda de fecha 27/06/2007, por un monto de Cuatro Millones Cuatrocientos Mil Bolívares (Bs. 4.400.000,00), que hoy en día fueron Cuatro Mil Cuatrocientos Bolívares Fuertes (Bs.4.400.,00), con fecha de vencimiento del día 27/07/2007, aceptadas por el demandado. Asimismo este consignó dos (02) cheques posdatados girados a favor de la parte actora proveniente del Banco Provincial distinguidos el primero con el N° 00010431 por un monto de cuatro mil cuatrocientos bolívares (Bs. 4.400,00) y el segundo con el N° 00010429 por un monto de veinte millones de Bolívares (Bs. 20.000.000,00) contra la cuenta corriente N° 0108-0016-13-0100171969 a nombre del demandado, la cual se encontraba cancelada y siendo infructuosas las gestiones de cobranzas, la parte actora demando al ciudadano OCTAVIO RAFAEL NERI DAVILA para que conviniera en pagar a la actora las cantidades siguientes: Primero: la cantidad de veinticuatro mil cuatrocientos (Bs. 24.400,00) Bolívares fuertes, por el monto total de las letras de cambio. Segundo: Los intereses moratorios calculados en base al índice inflacionario fijado por el Banco Central de Venezuela y se tome en la sentencia definitiva los intereses generados por los títulos bancarios. Tercero: la cantidad de nueve mil ochocientos bolívares fuertes (Bsf. 9.800,00) por concepto de honorarios profesionales. Cuarto: La cantidad de ocho mil bolívares Fuertes (BsF. 8.000,00) por concepto de daños y perjuicios en virtud que el dinero entregado al demandado fue en calidad de préstamo.
Fundamentó su acción en los artículos 859 y 881 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el Artículo 1° de la Resolución N° 2006-00038 del día 14/06/2006..-
Previo régimen de distribución le correspondió a este Juzgado conocer del presente proceso y mediante auto en fecha 13/01/2009, se admitió la demanda y se ordenó la citación de la parte demandada, para que comparezca dentro de los veinte (20) días de Despacho, siguientes a la constancia en autos de su citación.
En fecha 16/03/2009 compareció la parte actora y consignó los fotostatos para la respectiva compulsa.
Siendo la oportunidad para decidir el thema decidendum planteado en la presente causa, este Tribunal observa de un análisis minucioso efectuados a las actas judiciales que conforman la causa que existen indicios suficientes que hacen presumir a esta Juzgadora la existencia de una probable perención de la instancia contenida en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, concatenada con el criterio jurisprudencial asumido por el Magistrado Carlos Oberto Vélez, en sentencia emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 06/07/2004. En tal sentido pasara esta operadora de justicia a dirimir tal consideración por ser esta figura procesal de estricto orden público y prelativo de cualquier defensa u excepción planteada por las partes u existente en la litis.-
El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “[…] La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil […]”.
De conformidad con el ordinal 1° del articulo 267 el ejusdem, se extingue la instancia: “Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese comparecido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. Y el artículo 269 eiusdem, dispone: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal [...]”.
En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La denominada perención breve es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de treinta días una vez admitida la demanda, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de la actora en impulsar la citación de la demandada. El incumplimiento de esta obligación, se hace efectivo cuando la actora no facilita la labor del alguacil del tribunal en cuanto a su traslado al domicilio de la demandada y fundamentalmente la consignación de los fotostatos para la elaboración de la compulsa, es decir, el incumplimiento a estas obligaciones básicas de la actora una vez admitida la demanda, por un lapso de 30 días continuos acarrea la sanción de perimir la instancia, puesto que el Estado por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a la actora dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica.
De acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. Debe determinarse en el presente pronunciamiento que este Tribunal admito la presente acción en fecha 13/01/ 2009. No obstante, no fue sino hasta el 16/03/2009, cuando la parte demandante consignó los fotostatos necesarios para la elaboración de la compulsa de citación, periodo en el cual transcurrieron con exceso los treinta días continuos que tiene la parte demandante para cumplir con sus obligaciones de impulsar la citación de su contraparte, así mismo se evidencia que tampoco hizo entrega de los recursos necesarios al Alguacil para paralizar los efectos de la perención breve establecida por vía jurisprudencial, mediante la sentencia dictada por el Magistrado CARLOS OBERTO VELEZ en fecha 06 de julio de 2.004, Exp. N°. AA20-C-2001-000436, Sala de Casación Civil, en la cual estableció:

“...Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previo la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado articulo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste de mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo que su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia...”.

Siendo así resulta evidente que en el caso que nos ocupa, el lugar señalado a los fines de practicar la citación de la parte demandada, se encuentra en exceso fuera de 500 metros contados a partir de la sede del tribunal. En consecuencia, este tribunal de oficio debe declarar la perención de la instancia por haber transcurrido en exceso, más de 30 días de inactividad de la parte actora, para realizar las diligencias relativas a lograr la citación de la parte demandada.
En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de treinta días de inactividad, y siendo que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procésales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público.
DECISION
Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de treinta (30) días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, sin que la actora cumpla con sus obligaciones para la practica la intimación de esta, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 267 y el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, la extinción del presente procedimiento.
Dada, la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, Regístrese y déjese copia en el copiador de sentencias llevado por este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los Veintiséis (26) días del mes de Marzo de dos mil nueve (2009). Años: 198º y 150º.
LA JUEZ

ABG. IRENE GRISANTI CANO
EL SECRETARIO ACC,

ABG. EMILIO EZAINE
En esta misma fecha siendo las 2:00 p.m., se registró y publicó la presente decisión.
EL SECRETARIO ACC,
ABG. EMILIO EZAINE

IGC/EE/ab
EXP. AP31-M-2008-000686