TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 28 de Mayo de 2009
199º y 150º

Recurso Contencioso Tributario

Asunto: 625/AF42-U-1990-000013 Sentencia No: 0059 00/2009

“Vistos”: Con informes de la República.

Contribuyente: Ferretería El Ancla, S.A, sociedad mercantil, inscrita en el Registro de Comercio llevado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 25-05-1981, Tomo 43, folios 165 al 177.
Representante Legal: ciudadano Nicolás Gracia Guamis, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 1.419.100, actuando con el carácter de Director Gerente de la referida empresa.
Acto Recurrido: Resolución identificada con las letras y números HJI-100-00751, de fecha 03-09-1987, emanada de la Dirección Jurídico Impositivo del extinto Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas), a través de la cual se resuelve: confirmar las planillas de liquidación (Multas) Nos. 03-10-62-000001, 03-10-62-000026, 03-10-62-000027, 03-10-62-000028, todas de fecha 04-03-1987, por la cantidad de Bs. 5.050,00; Bs.22.038,02, Bs. 29.992,50 y Bs. 15.173,63, respectivamente. De igual manera, se ordena la expedición de nuevas planillas de liquidación, por la cantidad de Bs. 348.978.57, por concepto de impuesto.
Las anteriores planillas se originaron, a raíz del procedimiento de fiscalización abierto a la empresa contribuyente, durante el cual se constató que la contribuyente, en su condición de agente de retención, no cumplió con lo siguiente:
1. No retener ni enterar el impuesto sobre sueldos y salario y demás remuneración similares pagados a diversos ciudadanos durante los años civiles de 1981, 1982, 1984.
2. No retener ni enterar el impuesto sobre honorarios profesionales pagados durante los meses de abril, junio, septiembre de 1982; marzo, mayo y julio de 1983; y marzo, julio y diciembre de 1984.
3. No presentar los comprobantes de la retención sobre sueldos y salarios, ni los comprobantes de retención sobre honorarios profesionales, correspondientes a los años civiles 1981, 1982, 1983 y 1984.
4. No presentar la relación anual de sueldos y salarios correspondiente a los ejercicios civiles correspondiente a los años civiles 1982, 1983 y 1984.
Administración Tributaria Recurrido: Dirección General sectorial de Rentas del extinto Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas)
Representantes Judiciales de la República: ciudadanos Walter Castillo, actuando como Abogado Fiscal de extinto Ministerio de Hacienda.
Tributo: Impuesto sobre la renta.

I
RELACION
Se inicia el proceso contencioso tributario con la recepción, efectuada en fecha 12-11-1990, por el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario (Distribuidor), del Recurso Contencioso Tributario, subsidiario al Recurso Jerárquico, interpuesto por el Representante Legal, supra identificado-
En fecha 15-11-1990, este Tribunal ordena formar expediente bajo el No. 625. Posteriormente, al implantarse en esta jurisdicción el Sistema Iuris 2000, la causa quedo identificada como Asunto No. AF42-U-1990-000013. En el mismo auto se libraron las notificaciones correspondientes
Cumplidas las notificaciones ordenadas, el Tribunal admitió el recurso mediante decisión de fecha 28-01-1991.
Por auto de fecha 31-01-1991, la causa quedó abierta a pruebas, lapso en el cual no comparecieron las partes.
Vencido el lapso probatorio, en fecha 11-06-1991, se inició y suspendió la relación de la causa.
Por autos sucesivos de fechas15-07-1991, 17-09-1991, 08-10-1991, 06-11-1991, 28-11-1991, 08-01-1992, 11-02-1992, 06-03-1992, 22-04-1992, 14-05-1992, 10-06-1992, 03-07-1992, 28-07-1992, se suspendió la relación de la causa hasta el 18-09-1992, día en el cual se fijó la oportunidad para la realización del Acto de Informes.
En horas de despacho del día 29-10-1992, tuvo lugar al acto de informes, cual compareció únicamente el Representante de la República. Luego, por auto separado en la misma fecha, este Órgano Jurisdiccional dijo “Vistos”, y entró en etapa para dictar sentencia.

II
ACTO RECURRIDO
Resolución identificada con las letras y números HJI-100-00751, de fecha 03-09-1987, emanada de la Dirección Jurídico Impositivo del extinto Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas), a través de la cual se resuelve: confirmar las planillas de liquidación (Multas) Nos. 03-10-62-000001, 03-10-62-000026, 03-10-62-000027, 03-10-62-000028, todas de fecha 04-03-1987, por la cantidad de Bs. 5.050,00; Bs.22.038,02, Bs. 29.992,50 y Bs. 15.173,63, respectivamente. De igual manera, se ordena la expedición de nuevas planillas de liquidación, por la cantidad de Bs. 348.978.57, por concepto de impuesto.
Las anteriores planillas se originaron, a raíz del procedimiento de fiscalización abierto a la empresa contribuyente, durante el cual se constató que la contribuyente, en su condición de agente de retención, no cumplió con lo siguiente:
1. No retener ni enterar el impuesto sobre sueldos y salario y demás remuneración similares pagados a diversos ciudadanos durante los años civiles de 1981, 1982, 1984.
2. No retener ni enterar el impuesto sobre honorarios profesionales pagados durante los meses de abril, junio, septiembre de 1982; marzo, mayo y julio de 1983; y marzo, julio y diciembre de 1984.
3. No presentar los comprobantes de la retención sobre sueldos y salarios, ni los comprobantes de retención sobre honorarios profesionales, correspondientes a los años civiles 1981, 1982, 1983 y 1984.
4. No presentar la relación anual de sueldos y salarios correspondiente a los ejercicios civiles correspondiente a los años civiles 1982, 1983 y 1984

III
ALEGATOS DE LAS PARTES
a. De la Contribuyente.
Su apoderado judicial, en su escrito recursivo, expone:
Que su representada comenzó su giro mercantil en fecha 01-06-1981, presentado su primera declaración de rentas para un periodo corto de seis meses, es decir, hasta el 31-12-1981. En dicho ejercicio, canceló efectivamente por concepto de sueldos salarios y demás remuneraciones similares la cantidad de Bs. 72.597.50, objetada por la fiscalización.
Sin embargo alega, con fundamento en el artículo 2 del Decreto No. 2726, de fecha 04-07-1978, emanado de la Presidencia de la República, que la obligación de retener el impuesto no es exigible a su representada, por cuanto, en el periodo corto, antes mencionado, no canceló a ningún a beneficiario, montos por concepto de sueldos, salarios y demás remuneraciones similares que excedieran la cantidad de Bs. 24.000,00.
Por otra parte, respecto a la no retención del impuesto en los otros ejercicios fiscales, manifiesta que la empresa si realizó erogaciones, sin practicar dicha retención “…por cuanto tales funcionarios AR-I correspondiente que el estimado de sus gastos o desgrávameles eran de tal magnitud que indicaban un porcentaje de retención negativo, es decir, que tal retención no debía ser efectuada, de conformidad con los cálculos previstos en los Artículos 8° y 9° del Decreto Nº 2726 de fecha 04-07-78”
Más adelante, alega que los referidos elementos probatorios no fueron suministrados durante la fiscalización por cuanto el Director Gerente de la empresa se encontraba ausente del país.
En relación a la autoliquidación realizada por la recurrente, correspondiente al impuesto pagado en exceso, por la cantidad de Bs. xxxx 30-03-1982, solicita el beneficio de declaratoria de compensación, de acuerdo al contenido de la sección segunda del capitulo V, del Código Orgánico Tributario de 1983

b. De la Administración Tributaria.
El abogado fiscal hace las siguientes consideraciones:
Que el presente caso se trata de pagos hechos por la recurrente a dos personas naturales, uno de profesión de Contador y la otra de Abogado, lo cual esta contemplado en el artículo 1 del decreto No. 2825, de fecha 29-08-1978.
Que en el presente caso, la contribuyente recurrente no aportó ninguna prueba en el lapso probatorio, que desvirtuara la actuación fiscal.
Que los reparos formulados están ajustados a derecho por la razones y motivaciones contenidas en las actas fiscales Nos. HRCO-621-180, HRCO-621-265, ambas de fecha 12-11-1985; la Resolución No. HRCO-600-S-126, de fecha 28-10-1986; y la Resolución No. HJI-100-000751, de fecha 03-09-1987.
IV
MOTIVACION PARA DECIDIR.
En virtud del contenido del acto recurrido, de las alegaciones en su contra por parte de la contribuyente, el Tribunal delimita la controversia en tener que decidir sobre la legalidad de la Resolución identificada con las letras y números HJI-100-00751, de fecha 03-09-1987, emanada de la Dirección Jurídico Impositivo del extinto Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas), a través de la cual resuelve, confirmar las planillas de liquidación (Multas) Nos. 03-10-62-000001, 03-10-62-000026, 03-10-62-000027, 03-10-62-000028, todas de fecha 04-03-1987, por la cantidad de Bs. 5.050,00; 22.038,02; 29.992,50 y 15.173,63. De igual manera, resuelven la expedición de nuevas planillas de liquidación, por la cantidad de Bs. 348.978.57, por concepto de impuesto.
Así delimitada la litis el Tribunal pasa a decidir y al respecto observa:
Advierte el Tribunal que en esta causa dijo “Vistos”, el día 29-10-1992. Luego, en fecha 09-02-1995, la abogada de la República solicitó sentencia en la presente causa, hasta el día 12-03-2008, cuando la abogada fiscal hizo el mismo requerimiento, razón por la cual, el proceso estuvo paralizado, durante un lapso de trece (13) años, un (01) mes y tres (03) días, durante el cual estuvo transcurriendo el término de la prescripción.
Con respecto a la prescripción, acoge el Tribunal el criterio expuesto por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia, en la sentencia No. 01058, de fecha 20 de junio de 2007, en la cual dejó asentada la posibilidad de acordar la prescripción de oficio, bajo el siguiente análisis:
“Resuelto lo anterior, pasa la Sala decidir, de oficio, la posible prescripción de la obligación tributaria por el transcurso del tiempo, para lo cual se observa lo siguiente:
Dentro de las modalidades de la extinción de la obligación tributaria, se encuentra la prescripción, configurándose este medio cuando el deudor queda liberado de su obligación por la inacción del Estado, por cierto período de tiempo.
Así las cosas, la Sala debe determinar previamente la normativa aplicable, a efectos de computar el lapso de prescripción y sus posibles interrupciones o suspensiones.
En el presente caso, la obligación tributaria aquí analizada surge con ocasión de la actividad comercial desplegada por la contribuyente Las Llaves, S.A., en jurisdicción del Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo. En consecuencia, la normativa aplicable, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Código Orgánico Tributario de 1982, resultará la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio y/o Servicios de Índole Similar; sin embargo, se observa que la parte actora consignó copias simples de las publicaciones de la Gaceta Municipal del Municipio Puerto Cabello de Estado Carabobo, referidas a las Ordenanzas de Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio y/o Servicios de Índole Similar, del 9 de octubre de 1990 (folios 105 al 197) y 26 de febrero de 1992 (folios 198 al 242).
Ahora bien, en principio, resultaría aplicable las normas vigentes a la fecha en que se produjo el hecho generador de la obligación principal, no obstante, conforme lo determinó la Sala en un caso precedente (ver sent. No. 1557 de fecha 20 de junio de 2006, caso: Fundación Magallanes de Carabobo), debe aplicarse la vigente cuando se entra en estado de sentencia, en razón de ser “…la fecha que se produjo la paralización de la causa…”.
En tal sentido, se observa que luego de haberse dicho “Vistos” en la presente causa (8 de agosto de 1996) y pasado un lapso de sesenta 60 días continuos, de conformidad con lo previsto en el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente en razón de lo ordenado en el artículo 88 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ratione temporis, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación, vale decir, desde el 8 de octubre de 1996.
En consecuencia, atendiendo a la fecha en que se produjo la paralización de la causa, a juicio de esta Sala resulta aplicable la Ordenanza de Impuesto sobre Patente de Industria y Comercio y/o Servicios de Índole Similar del 26 de febrero de 1992, cuyos artículos 74 y 76, establecen lo que a continuación se transcribe:
“Artículo 74: Los créditos a favor del Municipio prescriben a los diez (10) años, contados a partir de la fecha en el cual el pago de (sic) hizo exigible. No obstante lo dispuesto en este artículo, la prescripción de la obligación tributaria y sus accesorios, así como la interrupción y suspensión de aquella, se regirán por el Código Orgánico Tributario y lo dispuesto en esta ordenanza.”.
“Artículo 76: El curso de la prescripción se suspende también, con la interposición de peticiones o recursos administrativos, hasta sesenta días (60) días después que la Alcaldía o el órgano en que se delegue adopte resolución definitiva, tácita o expresa, sobre los mismos. La paralización del procedimiento hará cesar la suspensión y reiniciar el curso de la prescripción. Si se reanuda el proceso antes de cumplirse la prescripción, esta se suspende de nuevo.”. (Resaltado de la Sala).
De las disposiciones normativas transcritas precedentemente, se observa que para los impuestos que son objeto de referida ordenanza, a saber, de patente de industria y comercio, la prescripción de la obligación tributaria se produce en el término de diez (10) años.
Igualmente, la Sala pudo advertir que en el presente caso el curso de dicha prescripción fue suspendido el 15 de diciembre de 1992, mediante la interposición del recurso contencioso administrativo de anulación por inconstitucionalidad, manteniéndose suspendido el lapso de prescripción hasta el 8 de octubre de 1996, fecha en la cual una vez transcurridos los sesenta (60) días para sentenciar sin producirse el fallo de esta Sala, la causa quedó paralizada, tal como fue explicado anteriormente, cesando en consecuencia, la suspensión del aludido lapso de prescripción hasta tanto una de las partes impulsara nuevamente el proceso y reactivarse éste, verificándose así otra suspensión en el referido cómputo.
Derivado de lo anterior, estima este Supremo Tribunal que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de diez (10) años de prescripción de la obligación tributaria, desde la paralización de la causa (8 de octubre de 1996) hasta la presente fecha, es por lo que la Sala declara prescrita la obligación tributaria reclamada por el Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo a la contribuyente Las LLAVES, S.A. sobre los recibos de cobro correspondientes al segundo trimestre de 1992, No. 131160, por la cantidad de Bs. 2.159.823,34; No. 131159, por la cantidad de Bs. 115.241,17; No. 131156 por la cantidad de Bs. 395.302,26; No. 131161, por la cantidad de Bs. 148.940,77; y No. 131162, por la cantidad de Bs. 187,50; así como los recibos complementarios correspondientes al primer trimestre de 1992, No. 133562, por la cantidad de Bs. 719.941,12; No. 133561, por la cantidad de Bs. 32.926,05; No. 133558 por la cantidad de Bs. 152.039,33; y No. 133563, por la cantidad de Bs. 49.646,92, por concepto de impuesto sobre patente de industria y comercio. Así se declara.
Vista la declaración que antecede, resulta inoficioso para esta Máxima Instancia decidir sobre el recurso contencioso administrativo de anulación por inconstitucionalidad, planteado por la contribuyente Las Llaves, S.A.
IV
DECISIÓN
En orden a la consideraciones expuestas, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PRESCRITA la obligación tributaria exigida por el MUNICIPIO DE PUERTO CABELLO DEL ESTADO CARABOBO, a la contribuyente LAS LLAVES, S.A., contra la Resolución Nº HOP-007 dictada en fecha 18 de mayo de 1992 por la Dirección de Administración Municipal de dicha Alcaldía, la cual había confirmado los recibos de cobro correspondientes al segundo trimestre de 1992, No. 131160, por la cantidad de Bs. 2.159.823,34; No. 131159, por la cantidad de Bs. 115.241,17; No. 131156 por la cantidad de Bs. 395.302,26; No. 131161, por la cantidad de Bs. 148.940,77; y No. 131162, por la cantidad de Bs. 187,50; así como los recibos complementarios correspondientes al primer trimestre de 1992, No. 133562, por la cantidad de Bs. 719.941,12; No. 133561, por la cantidad de Bs. 32.926,05; No. 133558 por la cantidad de Bs. 152.039,33; y No. 133563, por la cantidad de Bs. 49.646,92, por concepto de impuesto sobre patente de industria y comercio
Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil siete (2007). Años 197º de la Independencia y 148º de la Federación.”

Con base a lo decidido en la transcrita sentencia; efectuado el análisis de la presente causa, este Tribunal Superior advierte que después de haber dicho “Vistos”, el día 29-10-1992, la causa entró en estado de sentencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 186 del Código Orgánico Tributario de 1983, aplicable temporalmente al caso de autos, por un lapso de treinta (30) días hábiles siguientes. Luego, una vez transcurrido el aludido lapso para sentenciar sin que se hubiese dictado el pronunciamiento de ley correspondiente, la causa quedó paralizada debiendo ser impulsada por alguna de las partes para su continuación.
Ahora bien, después del 29-10-1992, encuentra el Tribunal que con la diligencia de fecha 09-02-1995, por parte de la representación de la República, solicitando sentencia, se dio impulso al proceso y; en consecuencia, se interrumpió la prescripción.
Después de la diligencia de fecha 06-02-1995, mediante la cual la Representación de la República solicita se dicte sentencia, la causa se paraliza hasta el día de hoy 12-03-2008, cuando consta en el expediente una nueva solicitud de sentencia por parte de la Administración Tributaria.
Considera el Tribunal que esta paralización ocurre bajo la vigencia del Código Orgánico Tributario de 1994, el cual, al igual que el Código Orgánico Tributario de 1983, establecía en sus artículos 51, 53 y 55, lo que a continuación se transcribe:
Artículo 51.- “La obligación tributaria y sus accesorios prescriben a los cuatro (4) años.
Este término será de seis (6) años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén obligados, y en los casos de determinación de oficio, cuando la Administración Tributaria no pudo conocer el hecho.”
Artículo 53.- “El término se contará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible.
Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el período respectivo.
El lapso de prescripción para ejercer la acción de reintegro se computará desde el 1° de enero del año siguiente a aquel en que se efectúo el pago indebido.”
Artículo 55.- “El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos, hasta sesenta (60) días después que la Administración Tributaria adopte Resolución definitiva, tácita o expresa, sobre los mismos.
Suspende también el curso de la prescripción, la iniciación de los procedimientos previstos en el Título V de este Código, respecto de las materias objeto de los mismos, hasta su decisión definitiva. La paralización del procedimiento hará cesar la suspensión en cuyo caso continuará el curso de la prescripción. Si el proceso se reanuda antes de cumplirse la prescripción, ésta se suspende de nuevo, al igual que sí cualquiera de las partes pide la continuación de la causa, lo cual es aplicable a las siguientes paralizaciones del proceso que puedan ocurrir. (Negrillas y subrayados del Tribunal)
De las disposiciones normativas precedentemente transcritas, se observa que la prescripción de la obligación tributaria en el presente caso debía producirse en el término de cuatro (4) años
Pudo advertir este Tribunal Superior que el curso de dicha prescripción fue suspendido el día 02-06-1987, mediante la interposición del recurso contencioso tributario, manteniéndose suspendido el lapso de la prescripción hasta el vencimiento del lapso de treinta (30) días hábiles siguientes para decidir dicho recurso que tiene el Tribunal de la causa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 186 eiusdem, aplicado temporalmente.
Precedentemente, ha señalado este órgano jurisdiccional que se dijo “Vistos” el día 29-10-1992. De igual manera, encuentra el Tribunal que en fecha 09-02-1995, por parte de la representación de la República, solicitando sentencia, actuación que surtió el efecto de impulsar el proceso y; en consecuencia, interrumpir la prescripción.
Sin embargo, constata el Tribunal que desde la última fecha, es decir, desde el 09-02-1995, hasta el día de hoy 12-03-2008, cuando la Representación de la República, solicita sentencia, la causa estuvo paralizada. Entonces, haciendo el cómputo del lapso establecido en el artículo 51 del Código Orgánico Tributario de 1994, aplicable para la fecha en la cual la causa se paraliza, constata el Tribunal que transcurrió un tiempo de trece (13) años, (01) mes y tres (03) días.
Derivado de lo anterior, estima este Tribunal Superior que tal inactividad en el proceso produjo sus efectos jurídicos, en este caso, haber rebasado el aludido lapso de prescripción de la obligación tributaria, visto que desde la paralización de la causa, es decir, desde el 09-02-1995, hasta la fecha en que fue nuevamente impulsado el proceso (12-03-2009), habían transcurrido cinco trece (13) años, (01) mes y tres (03) días, tiempo éste que excede el referido término de cuatro (04) años para extinguir la obligación tributaria reclamada en el caso sub júdice.
Conforme a lo expuesto, resulta forzoso a este Tribunal Superior considerar prescrita la presunta obligación tributaria reclamada por la Administración Tributaria a la empresa Ferretería El Ancla, S.A. Así se declara.
De la misma manera, vista la declaración que antecede, resulta inoficioso para este Tribunal decidir sobre el Recurso Contencioso Tributario, interpuesto por Ferretería El Ancla, S.A., antes identificada, contra : Resolución identificada con las letras y números HJI-100-00751, de fecha 03-09-1987, emanada de la Dirección Jurídico Impositivo del extinto Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas), a través de la cual resuelve, confirmar las planillas de liquidación (Multas) Nos. 03-10-62-000001, 03-10-62-000026, 03-10-62-000027, 03-10-62-000028, todas de fecha 04-03-1987, por la cantidad de Bs. 5.050,00; 22.038,02; 29.992,50 y 15.173,63. De igual manera, resuelven la expedición de nuevas planillas de liquidación, por la cantidad de Bs. 348.978.57, por concepto de impuesto. Así se declara.

V
DECISIÓN

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara PRESCRITA LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA reclamada por el extinto Ministerio de Hacienda a la contribuyente Ferretería El Ancla, S.A, sociedad mercantil, inscrita según consta en el Registro de Comercio, llevado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 25-05-1981, tomo 43, folios 165 al 177, a través de la Resolución identificada con las letras y números HJI-100-00751, de fecha 03-09-1987, emanada de la Dirección Jurídico Impositivo del extinto Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio del Poder Popular para las Finanzas), la cual fue impugnada con el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por el ciudadano Nicolás Gracia Guamis, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 1.419.100, actuando con el carácter de Director Gerente de la referida empresa..
Contra esta Sentencia no procede interponer Recurso de Apelación, en virtud de la cuantía de la causa controvertida.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los veintiocho (28) días de del año dos mil nueve (2009). Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
El Juez Titular,

Ricardo Caigua Jiménez.
La Secretaria,

Hilmar Elena Rocha Esaá
En la fecha ut supra, se público la anterior decisión, a las dos y cuarenta y cinco de la tarde (02:45 p.m).
La Secretaria.

Hilmar Elena Rocha Esaá

Asunto No. 625/ AF42-U-1990-000013
RCJ/blvp