TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 6 de Noviembre de 2009
199º y 150º
ASUNTO: AP11-F-2009-000915
Sentencia Interlocutoria
con Fuerza Definitiva.
Familia.

PARTE SOLICITANTE: ciudadana JULIA DEL CARMEN SUAREZ ODREMAN, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-1.946.689.

APODERADA JUDICIAL: ANGELICA DEL VALLE SUAREZ ODREMAN, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 70.900.

MOTIVO: Declaración de Concubinato.
I
Y vistos estos autos, resulta que:
Se inicia la presente solicitud por escrito presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 22 de septiembre de 2009, por la abogada Angélica Del Valle Suárez Odreman, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 70.900, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana Julia Del Carmen Suárez Odreman, plenamente identificada en autos, siendo que la Juez del Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declinó la competencia en razón de la materia ante un Tribunal de Primera Instancia en lo civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, correspondiéndole por sorteo a este Despacho.
II
Siendo la oportunidad procesal correspondiente a los fines de emitir pronunciamiento respecto a la procedencia de lo requerido por la solicitante, el Tribunal pasa a decidir con fundamento en las siguientes consideraciones:
Alega la apoderada de la ciudadana Julia del Carmen Suárez Odreman, que de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, se sirva evacuar un Justificativo de Perpetúa Memoria, y en consecuencia, sustanciar la Declaración de Concubinato del ciudadano de quien en vida se llamara Aquiles Angulo, quien era titular de la cédula de identidad N° V-680.026 y que falleció ab-intestado en la ciudad de Caracas el día veintiséis (26) de agosto del 2008, y quienes mantuvieron una relación marital o en concubinato con su poderdante por cuarenta siete (47) años, que de esa unión de concubinato fueron procreados tres (3) hijos de nombres: WHINEY AUGUSTO ANGULO SUAREZ, MARISOL ANGULO SUAREZ y HENRY AQUILES ANGULO SUAREZ. En fecha 02 de septiembre de 1.978, la joven Marisol Angulo Suárez, fallece ab-instentada en la ciudad de Caracas.
Que el ciudadano Aquiles Angulo, al momento de su muerte le sobrevivieron sus dos hijos que son los ciudadanos Whiney Augusto y Henry Aquiles Angulo Suárez.
Quienes fijaron su residencia en la siguiente dirección: en la Cortada de Catia Calle Ayacucho, Pasaje Ávila N° 05-36, Catia, Municipio Libertador, y solicita que se proceda a declarar la Relación de Concubinato de los ciudadanos Aquiles Angulo y Julia Del Carmen Suárez Odreman.
Planteada de esta manera la solicitud, encuentra el Tribunal que la misma es, desde el punto de vista del estricto derecho procesal, absolutamente inviable a través del procedimiento por medio del cual ha sido propuesta.
En el caso de estos autos, los hechos narrados en la solicitud reflejan que la parte solicitante pretende que se declare la existencia de una relación concubinaria entre ella y el de cujus, Aquiles Angulo. En ese sentido, la existencia de la alegada unión estable de hecho, son elementos probatorios que debe valorar el Juez a los fines de dictar su decisión, en un juicio en el cual se le permita a cualquier persona con interés en la declaración requerida, convenir en ella o contradecirla formulando los alegatos pertinente en la oportunidad procesal destinada a tal efecto y, a ambas partes promover pruebas, oponerse a las del contrario, rendir informes y observar los de su contraparte, entablándose un contradictorio justo con igualdad de oportunidades para los litigantes.
Lo anterior deriva en que la existencia de una unión concubinaria debe establecerse con motivo de una acción mero-declarativa tramitada por el procedimiento ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil, en el cual se emplacen a los sucesores del de cujus Aquiles Angulo, y se les permita a éstos el ejercicio de sus legítimos derechos garantizados con el proceso, el cual debe concluir con una sentencia definitivamente firme en la que se declare si existió o no la unión y, en caso afirmativo indique las fechas de inicio y término, para que posteriormente puedan las partes reclamar los efectos jurídicos derivados de la ley, entre ellos aquellos de carácter patrimonial que se desprenden de la presunción de comunidad, tal y como lo indica el artículo 767 del Código Civil. Por ende, no puede el Tribunal limitarse a declarar la existencia de una unión estable de hecho con gran relevancia jurídica, pues sus declaraciones son sólo indicios que posteriormente deben ratificar en la fase probatoria del mencionado juicio ordinario.
En armonía con lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció en la decisión Nº 04-3301, proferida el 15 de julio de 2005, con ponencia del Magistrado Jesús E. Cabrera R., lo siguiente:
“…En primer lugar considera la Sala que, para reclamar los posibles efectos civiles del matrimonio, es necesario que la “unión estable” haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una sentencia definitivamente firme que la reconozca…”

En la actualidad, es necesaria una declaración judicial de la unión estable o del concubinato; dictada en un proceso con ese fin; la cual contenga la duración del mismo, lo que facilita, en caso del concubinato, la aplicación del artículo 211 del Código Civil, ya que la concepción de un hijo durante la existencia del mismo, hace presumir que el concubino es el padre del hijo o hija, por lo que la sentencia declarativa del concubinato debe señalar la fecha de su inicio y de su fin, si fuera el caso; y reconocer, igualmente, la duración de la unión, cuando ella se ha roto y luego se ha reconstituido, computando para la determinación final, el tiempo transcurrido desde la fecha de su inicio…”
Ahora bien, la doctrina de nuestro Máximo Tribunal, ha establecido que el ejercicio de la acción se encuentra condicionado por ciertas y determinadas circunstancias, cuya ausencia pueden determinar la inadmisión de la reclamación intentada por la demandante, así lo dejó sentado en la decisión Nº 776 de fecha 18-05-2001 emanada en Sala Constitucional, en la cual se instituyó:
“…La acción está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez, que al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable. Algunos de ellos los señala la ley, mientras que otros provienen de los principios generales del derecho.
En sentido general, la acción es inadmisible:
1) Cuando la ley expresamente la prohíbe, tal como lo prevé el artículo 346, ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil .
2) Cuando la ley expresamente exige determinadas causales para su ejercicio, y éstas no se alegan (artículo 346 ordinal 11º ya señalado).
3) Cuando la acción no cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los principios generales del derecho procesal le exigen. Ante estos incumplimientos, la acción debe ser rechazada. Ello sucede, por ejemplo, cuando en el demandante o en el demandado no existe interés procesal, y por tanto, no hay necesidad de acudir a la vía judicial, para que mediante la sentencia se reconozca un derecho; o para evitar un daño injusto, personal o colectivo; o cuando la decisión judicial no puede variar la situación jurídica que tenían las partes antes del proceso…
…Consecuencia de lo anterior, es que quien demanda (reconociendo la Sala que el escrito de demanda es una vía para ejercer el derecho de acción, pero que con ella no se confunde), utilizando el proceso para un fin diferente al que se administre justicia, carece de acción…
…Tratándose la acción de un presupuesto procesal para acceder a la jurisdicción, su falta o su inadmisibilidad puede ser declarada en cualquier estado y grado del proceso, inclusive en casación…”.

En el caso sub examine nos encontramos en presencia del tercero de los supuestos de inadmisibilidad de la acción, es decir, no cumple con los requisitos de existencia o validez que el derecho procesal exige, toda vez que se pretende la declaración de existencia de una unión concubinaria mediante un trámite distinto al procedimiento ordinario del Código de Procedimiento Civil, lo que hace ab initio y sin ningún género de dudas, inadmisible la acción rogada. Dilucidado entonces que la presente acción se hace improponible en la forma que ha sido planteada en virtud de las reflexiones explanadas con antelación, lo ajustado a derecho es que este jurisdicente, en aplicación de la doctrina sentada por nuestra Suprema Jurisdicción, que permite pronunciar la declaratoria de inadmisión de la acción en cualquier estado y grado de la causa, por su carácter de eminente orden público, declare de igual forma la inadmisibilidad de esta solicitud y, así será decidido.
III
En mérito de los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la presente solicitud de DECLARACIÓN DE CONCUBINATO interpuesta por la ciudadana JULIA DEL CARMEN SUAREZ ODREMAN, anteriormente identificada y, ASI SE DECIDE.-
No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza del presente fallo.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los seis (06) días del mes de noviembre de dos mil nueve (2009). Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
EL JUEZ,
LA SECRETARIA

Dr. JUAN CARLOS VARELA RAMOS.

CAROLYN BETHENCOURT.
En la misma fecha, siendo las 10:48 horas de la mañana, se publicó y registró la anterior sentencia previo anuncio de Ley.-
LA SECRETARIA,

CAROLYN BETHENCOURT.

AP11-F-2009-000915