REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

Exp. No. 06108.

Mediante escrito presentado en fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil ocho (2008) ante el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo (Distribuidor) y recibido por este Juzgado el día siete (07) del mismo mes y año, el abogado STALIN A. RODRÍGUEZ S., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 58.650, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano PEDRO MIGUEL PÉREZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.689.374, interpuso querella funcionarial contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EDUCACIÓN.

En fecha doce (12) de noviembre del año dos mil ocho (2008), este Juzgado admitió la presente querella cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil ocho (2008), este Juzgado ordenó emplazar a la Procuradora General de la República para que procediera a dar contestación a la presente querella de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Asimismo, se le solicitó la remisión de los antecedentes administrativos del caso. Igualmente se ordenó notificar al Ministro del Poder Popular para la Educación.

Cumplidas las fases procesales, y celebrada la audiencia definitiva en fecha primero (01) de julio del año dos mil nueve (2009), la causa entra en estado de sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, la cual será dictada sin narrativa por exigirlo así el artículo 108 eiusdem.



I

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Con fundamento a los argumentos presentados por la accionante, pasa de seguida este Juzgado a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, y a tal efecto observa que en la presente causa se reclama la diferencia de prestaciones sociales e intereses de mora, ocasionados de la relación de empleo público que sostuvo el ciudadano PEDRO MIGUEL PÉREZ, con el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN.

En tal sentido, la representación judicial de la parte actora, alega que el mismo ingresó al organismo querellado en fecha 01 de octubre de octubre de 1974, egresando por jubilación en fecha 01 de octubre de 2004, siendo su último cargo el de Docente VI/Aula, recibiendo en fecha 05 de agosto de 2008 la cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 117.313,81), por concepto de prestaciones sociales.

Arguye, que con relación al cálculo del régimen anterior, el organismo querellado utilizó para el interés acumulado la formula que el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Desarrollo ha establecido In1= (“S = (1 + T) n/d – 1”), donde el calculo lo realizan mediante el tipo efectivo anual, utilizando la tasa equivalente diaria, por el método exponencial, dividiendo el año civil en 365 días o 366 en caso de año bisiesto, siendo a su decir, que la formula antes aludida sólo es aplicable cuando se utiliza una tasa equivalente o efectiva, lo que significa, que el Ministerio consideró que la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela es una tasa equivalente o efectiva, constituyendo a su decir, un error, por cuanto la tasa para el cálculo de interés sobre prestaciones es una Tasa Nominal Anual, con periodicidad mensual, de acuerdo con la Resolución Nº 97.06.02 publicada en Gaceta Oficial Nº 36.240 de fecha 3 de julio 1997 por el Banco Central de Venezuela.

Alega, que para determinar el interés sobre prestaciones sociales lo correcto era aplicar una formula de interés compuesto con capitalizaciones mensuales, a una tasa nominal, donde lo primero es encontrar la tasa mensual equivalente y con esa tasa de interés se realizan las doce (12) composiciones y no, como a su decir, erróneamente hace el Ministerio cuyo cálculo lo realizó utilizando una tasa equivalente diaria, por el método exponencial. Por lo que en relación al interés acumulado la Administración determinó la cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 6.899,47), sin embargo al aplicar la formula aritmética correctamente reflejó la cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 9.556,67), existiendo una diferencia a su decir de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (Bs. 2.657,19).

Arguye, que la diferencia en el cálculo del régimen anterior surge con ocasión a la ruralidad, por cuanto el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación establece que el cómputo de servicio en medios rurales será computado a razón de un (1) año y tres (3) meses por cada año efectivo, lo que se traduce que el año de antigüedad de un docente que trabaje en medio rural es igual a quince (15) meses, siendo que a su decir, la Administración debió pagar la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 2.959,72), por dicho concepto.

Aduce la representación judicial del querellante, que con relación a los intereses adicionales, existe una diferencia relativa al régimen anterior, por cuanto el artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, prevé que hasta el 18-6-2002, los intereses se calculan con base a la tasa promedio y desde el 19-6-2002 hasta la fecha de egreso con base a la tasa activa, por lo que el Ministerio determinó por éste concepto la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES BOLÍVARES CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 75.383,87), siendo que al aplicar sus cálculos, arrojo la cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 128.586,18), existiendo a su decir, una diferencia por dicho concepto de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs. 53.202,30).

Arguye la representación judicial de la parte actora, que en cuanto a la elaboración de los cálculos de anticipo, la Administración procedió a descontar la cantidad de CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. F. 150,00), objetando que el descuento se produjo en forma doble, por cuanto se observa, de la columna denominada anticipos un descuento de CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. F. 50,00), el 30 de septiembre de 1997 y posteriormente, el 30 de noviembre de 1998 otro descuentos de CIEN BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. F. 100,00), para un total de CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. F. 150,00), lo que significa que cuando la Administración señaló en el renglón denominado Sub-Total, que la cantidad a pagar por Prestaciones Sociales del Régimen Anterior era de NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLÍVARES CON CINCO CÉNTIMOS (Bs. 92.882,05), ya se había efectuado a su decir, el descuento por concepto de anticipos, reflejando la Administración una vez más una deducción de CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. F. 150,00), para que la totalidad de prestaciones sociales del Régimen Anterior sea de NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS BOLÍVARES CON CINCO CÉNTIMOS (Bs. 92.732,05), por lo que si ya hubo un descuento de CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. F. 150,00), en la elaboración de los cálculos, porqué la Administración en el recuadro de resumen una vez más vuelve a efectuar un descuento de CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. F. 150,00). Asimismo, señala que al sumar las diferencias que surgen con ocasión al error de cálculo del interés acumulado, ruralidad, interés adicional, y del anticipo de diferencia por concepto de prestaciones sociales del régimen anterior, asciende a la cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE BOLÍVARES CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (Bs. 58.819,22).

En relación al régimen vigente, señala la representación judicial del hoy querellante que el Ministerio determinó que el monto a pagar era la cantidad de VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA Y UN BOLÍVARES CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 23.141,34). Asimismo señaló, que en cuanto a la prestación de antigüedad el cómputo del tiempo de servicio en medios rurales se computa a razón de un (1) año y tres (3) meses por cada año efectivo, por lo que a su decir, la prestación de antigüedad asciende a la cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 17.880,49), habiendo pagado la Administración la cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCO BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 14.605,00), existiendo una diferencia a su favor por la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 3.275,48).

Alega la representación judicial del hoy querellante, que la diferencia del interés acumulado es consecuencia del mismo error de la formula utilizada por la Administración, determinando que el interés acumulado era de NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs. 9.174,15), que al efectuar correctamente el cálculo da la cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS BOLÍVARES CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 18.572,82), existiendo una diferencia a su decir, de NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 9.398,67).

Arguye la representación judicial del querellante, que en la planilla de finiquito del Ministerio, se observa un descuento por la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 637,81), por concepto de anticipo de fideicomiso, siendo que a su decir, el querellante en ningún momento solicitó anticipo de prestaciones o anticipo de fideicomiso, Por lo que al sumar la diferencia de la prestación de antigüedad, interés acumulado y del fideicomiso, existe a su decir, una diferencia por concepto de prestaciones sociales del régimen vigente por la cantidad de TRECE MIL TRESCIENTOS ONCE BOLÍVARES CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 13.311,97).

Continúa señalando la representación judicial del hoy querellante, que la Administración debió pagar por concepto de régimen anterior y régimen vigente la cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 188.154,61), que al restarle la cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 117.313,81), que fue lo recibido por el querellante, existe a su decir, una diferencia a su favor por concepto de diferencia de prestaciones sociales por la cantidad de SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 70.840,79).

Asimismo, señala que la Administración debió pagar por concepto de prestaciones sociales, para la fecha de egreso del querellante, el 01 de octubre de 2004 al 05 de agosto de 2008, fecha del pago de las prestaciones sociales, por concepto de interés de mora generado, la cantidad de CIENTO DOS MIL SETECIENTOS VEINTIÚN BOLÍVARES CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 102.721,44).

Por último, solicitó la representación judicial del hoy querellante, el pago de SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 70.840,79), por concepto de diferencia de prestaciones sociales; la cantidad de CIENTO DOS MIL SETECIENTOS VEINTIÚN BOLÍVARES CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs.102.721,44), por concepto de interés de mora; así como la corrección monetaria del interés de mora desde la fecha de interposición de la presente querella, hasta la fecha en que se ordene la ejecución del fallo, para lo cual solicita que se practique una experticia complementaria del fallo, en los términos establecidos en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Por su parte, la representación judicial del órgano querellado, niega, rechaza y contradice los infundados argumentos de la parte actora, al expresar que no se encuentra satisfecho con el monto pagado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, al señalar que en cuanto al régimen anterior se le adeuda una diferencia por concepto de interés acumulado de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (Bs. 2.657,19); por ruralidad la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 2.959,72); por interés adicional la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOS BOLÍVARES CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs. 53.202,30); habiéndole descontado dos veces a su decir la Administración, la cantidad de CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. F. 150,00), por concepto de anticipo. Así mismo, en cuanto al régimen vigente señaló la representación judicial del hoy querellante, que se le adeuda una diferencia por concepto de prestación de antigüedad por la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 3.275,48); por interés acumulado una diferencia de NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 9.398,67); habiéndosele descontado la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 637,81) por concepto de anticipo de fideicomiso, el cual no solicitó en ningún momento. Asimismo señala, que en ningún momento el Ministerio ha desconocido que el hoy querellante haya ingresado a la Administración en fecha 01 de octubre de 1974 hasta el 01 de octubre de 2004, cuando egresa por jubilación.

Asimismo expone, que si bien la representación judicial del querellante, expresa enfáticamente una serie de consideraciones con gran análisis lógico, el mismo incurre en un error al señalar que el Ministerio debió aplicar la fórmula del interés compuesto con capitalizaciones mensuales, por cuanto precisamente la formula empleada por la Administración, para el cálculo de los intereses de las prestaciones sociales del ciudadano PEDRO MIGUEL PÉREZ, es la del interés compuesto con capitalizaciones mensuales. Razón por la cual, a menos que se logre demostrar que la Administración efectúo el cálculo de los intereses bajo una fórmula contraria a la Ley, no se puede constreñir a pagar una diferencia de prestaciones sociales, si el cálculo efectuado se encuentra, como en efecto lo está a su decir, ajustado a derecho.

En cuanto, a lo alegado por el querellante en el sentido que el Ministerio no tomó en consideración el contenido del artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación, señala el ente querellado, que el mismo tiene cabida a los efectos del otorgamiento de pensiones y jubilaciones, siendo un beneficio establecido por el legislador a los fines de computar el tiempo de servicio como uno de los requisitos exigibles a los fines de la obtención del beneficio de jubilación, por lo que mal podría entenderse que tal beneficio se extienda a los fines de calcular la prestación de antigüedad que corresponda a los funcionarios que se encuentren en tal situación, ya que a su decir, se trata de dos conceptos distintos. Indica igualmente, que de la planilla de finiquito se puede verificar en el cálculo de antigüedad rural del querellante, específicamente en el punto “Desglose de Última Remuneración Mensual”, que el Ministerio sí incluyo la prima de ruralidad en la remuneración mensual, por lo cual según sus dichos la misma sí generó intereses.
Niega, rechaza y contradice que se haya realizado un doble descuento por la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. F. 150,00), por concepto de anticipo, por cuanto el Ministerio realizó un primer descuento por CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 50,00) y un segundo descuento por la cantidad de CIEN BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 100,00), realizando un solo descuento equivalente a la cantidad de CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 150,00).

En cuanto a la indexación reclamada por el querellante, señala la representación judicial del ente querellado que la indexación judicial es un método extraño al ordenamiento jurídico venezolano, por lo que no le está dado a los jueces el aplicarlo, a menos que la Ley los faculte para decidir con arreglo a la equidad, no pudiéndose aplicar a su decir, el referido método en un caso judicial, sin una norma legal que lo autorice, aún cuando lo estime justo; asimismo indica, que las prestaciones sociales no constituyen deudas de valor, sino deudas pecuniarias, cuyo objeto se fija cuantitativamente en función de la unidad legal de medida de un cierto sistema monetario, de allí la improcedencia del pago de indexación laboral en la relación funcionarial, por ser ésta una vinculación de naturaleza estatutaria, lo que deviene en una obligación de valor, no sujeta por ende a indexación.

Asimismo señala, que en el supuesto negado que se viere constreñida a la Administración a pagar intereses de mora sobre las prestaciones sociales canceladas al querellante, el mismo debe relazarse con fundamento a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Concluye indicando, con respecto al pago de intereses de mora alegado por el querellante, que no es posible pretender el pago de intereses moratorios diferentes a los intereses legales contemplados en el artículo 1746 del Código Civil (3% anual). Asimismo alegó, que la tasa aplicable no puede ser otra que la prevista en el artículo 89 del Decreto con Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y en ningún momento una mayor a esa tasa pasiva de los principales Bancos del país.

Ahora bien, visto todo lo anterior, considera necesario éste Juzgador realizar un análisis con relación a las normas aplicables a las prestaciones sociales y a los intereses que sobre éstas se generen en el caso específico de los funcionarios públicos, a los fines de determinar a partir de que fecha tiene derecho el hoy accionante, a hacerse acreedor a dichas prestaciones, y al efecto tenemos:

El artículo 41 de la Ley del Trabajo de 1975, publicada en Gaceta Oficial número 1734 Extraordinario del 25 de abril de 1975, incorporado a la Ley de Reforma Parcial realizada en ese mismo año, innovó en lo que a materia de indemnización de antigüedad y de auxilio de cesantía se refiere, contemplando en los artículos 37 y 39 que: “los mencionados beneficios debían ser abonados anualmente en una cuenta individual del trabajador que será abierta en la contabilidad de la empresa, y entregados al finalizar la relación laboral ”, y de igual manera, la precitada norma consagró el derecho a la percepción de intereses sobre estas cantidades correspondientes a las prestaciones, en los términos siguientes:

“Parágrafo Cuarto: las cantidades correspondientes a las prestaciones a que se refiere este artículo no entregadas al trabajador, previa deducción de las sumas que al patrono le haya dado en préstamo sin intereses, devengarán intereses a la tasa que anualmente establezca el Banco Central de Venezuela, en atención a los intereses pasivos del mercado de ahorro en el país, las condiciones del mercado monetario y la economía general. Dichos intereses estarán exentos del impuesto sobre la renta y podrán ser capitalizados o pagados, anualmente al trabajador”.

Lo que quiere decir que a partir de la reforma de la Ley del Trabajo del año 1975, se consagró a favor de los trabajadores el beneficio de que las cantidades provenientes de la indemnización de antigüedad y de auxilio de cesantía serían abonadas en una cuenta individual del trabajador e igualmente que tales cantidades devengarían intereses a la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela.

En lo que concierne a la materia funcionarial, en el año de 1975 fue reformado el artículo 26 de la Ley de Carrera Administrativa, a fin de otorgarles el derecho a los funcionarios públicos de las prestaciones sociales que pudieren corresponderles conforme a la Ley del Trabajo o según la Ley respectiva, si esta última le fuere más favorable.

En ese sentido se estableció en la Ley de Carrera Administrativa específicamente en su artículo 26 que los funcionarios de carrera tendrán derecho a percibir como indemnización al renunciar, o ser retirados de sus cargos conforme a lo previsto en el artículo 53 de esa Ley, las prestaciones sociales de antigüedad y auxilio de cesantía que contempla la Ley del Trabajo o las que puedan corresponderles según la Ley especial si esta última le fuere más favorable.

Ahora bien, aun cuando en esa oportunidad la Ley de Carrera Administrativa remitió a la Ley Orgánica del Trabajo lo atinente al pago de las prestaciones sociales para los funcionarios públicos, no lo hizo respecto al abono anual en una cuenta individual del trabajador de las cantidades provenientes de la indemnización de antigüedad y de auxilio de cesantía y mucho menos el beneficio de que estas cantidades devengaran intereses, una de las razones, fue lo establecido en el artículo 6 de la propia Ley Orgánica del Trabajo vigente para la época, donde excluyó expresamente de su ámbito de aplicación a los empleados públicos, por lo que, vista la exclusión de los empleados públicos del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo de 1975, resulta claro que cualquier beneficio para dichos empleados debía estar previsto expresamente en la Ley de Carrera Administrativa, como en efecto se hizo al remitir a la Ley del Trabajo la percepción de los beneficios de antigüedad y auxilio de cesantía, pero en los términos consagrados en el antes citado articulo 26 de la Ley de Carrera Administrativa, vale decir, pago de prestaciones sociales únicamente.

Dicho lo anterior se debe advertir, que si bien el hoy querellante ingresó al Ministerio del Poder Popular para la Educación el 01 de octubre de 1974, éste tiene el derecho a que le calculen las prestaciones sociales a partir del año 1975, por cuanto es a partir de dicho año, cuando se otorga a todos los funcionarios públicos, sin exceptuar al personal docente del Ministerio de Educación, el derecho a percibir las prestaciones sociales de antigüedad y auxilio de cesantía contempladas en la Ley de Carrera Administrativa (consagradas en la Ley del Trabajo de 1975), y no a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Educación en el año de 1980, por cuanto aceptar que las mismas sean calculadas desde esa fecha, implicaría un desconocimiento del ámbito de aplicación de la derogada Ley de Carrera Administrativa, en cuyo artículo 1 se consagra que dicho instrumento normativo regula los derechos y deberes de los funcionarios públicos en sus relaciones con la Administración Pública Nacional, y en su artículo 5 de manera taxativa se consagran los sujetos exceptuados de la aplicación de la misma, en los cuales no se enuncia al personal docente del Ministerio de Educación como se expuso en líneas precedentes, e igualmente se estaría discriminando, sin justificación legal alguna, al personal docente del referido Ministerio quienes ostentan la condición de funcionarios públicos.

Sin embargo, en el presente caso se evidencia que el Ministerio del Poder Popular para la Educación si tomó en cuenta para el cálculo de las prestaciones sociales, el tiempo de servicio prestado por la parte actora en dicho organismo, toda vez, que al momento de realizar los cálculos correspondientes a los intereses sobre las prestaciones sociales, se observa que para el año 1980 el ciudadano PEDRO MIGUEL PÉREZ, tenia un tiempo se servicio de CINCO (05) año y un acumulado de prestaciones sociales de VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 22.877,20) hoy VEINTE DOS BOLÍVARES CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 22,88) tal y como se puede apreciar al folio trece (13) del expediente judicial.

Precisando lo anterior tenemos, que las diferencias alegadas por el hoy querellante en cuanto a los resultados del régimen anterior y del nuevo régimen en cuanto a los intereses acumulados, donde aduce que existen discrepancias en los intereses acumulados e intereses adicionales derivados de la simplificación de la fórmula para calcular el interés, este Tribunal observa que el querellante al simplificar la formula utilizada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, a saber, “S = (1 + T) n/d – 1”, mediante la cual se obtiene el interés compuesto, es decir, la capitalización del interés simple o la acumulación al capital del interés a medida que vaya produciéndose, la convierte en una fórmula que no se sabe a ciencia cierta si es la aplicada por el organismo, es por ello que el querellante al momento de realizar sus cálculos, da como resultado una cifra distinta a la estimada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, ya que, éste procedimiento concluye en la aplicación de una fórmula diferente. De allí, que requiere el Tribunal precisar tal y como lo ha expuesto en decisiones anteriores que la Administración no queda sujeta en sus cálculos a la formula expuesta por el hoy querellante; salvo que demuestre que la aplicada por la Administración contraría la Ley, lo cual no fue probado en el presente caso, razón por la cual este Tribunal niega la solicitud del pago de las diferencias arriba indicadas, por cuanto no tiene una fundamentación jurídica que la sustente. Así se decide.-

En cuanto al doble descuento presuntamente hecho por la Administración por concepto de anticipos de fideicomisos en el régimen anterior y régimen vigente, se desprende de los folios trece (13) al veinte (20) del expediente judicial, Planilla de Cálculos de los Intereses de las Prestaciones Sociales Docentes, realizada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en la cual aparece reflejada en el rubro correspondiente al total de anticipos de fideicomisos, específicamente al folio veinte (20), que fue descontada la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (BS. 150.000,00), hoy CIENTO CINCUENTA BOLÍVARES FUERTES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. F. 150,00), la cuál obedece al bono único de transferencia ordenado en el artículo 668 de la Ley Orgánica del Trabajo, siendo el único descuento realizado el cual no genera interés alguno, por tanto, tal alegato debe ser desechado. Así se decide.-

Respecto al alegato hecho por la parte actora, sobre el descuento realizado por la Administración de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 637,81), por concepto de anticipos de fideicomiso, el cual a su decir no solicitó, este Juzgador observa que riela a los folios veintidós (22) al veintiséis (26) del expediente judicial, planilla de cálculo de los intereses de las prestaciones sociales correspondiente al nuevo régimen, en la cuál se reflejan descuentos efectuados por concepto de anticipos de las prestaciones sociales en las fechas siguientes: en el mes de julio del año 2000 por un monto de CIENTO SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE BOLÍVARES CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 107.137,39) hoy CIENTO SIETE BOLÍVARES CON CATORCE CÉNTIMOS (Bs. 107,14); en el mes de febrero del año 2001 por un monto de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO BOLÍVARES CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 91.998,57) hoy NOVENTA Y DOS BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 92,00) ; y en el mes de diciembre del año 2001 por un monto de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS BOLÍVARES CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 438.676,46) hoy CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLÍVARES CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 438,68); montos que aparecen sumados en el rubro denominado Anticipos de Fideicomiso cursante al folio (26) del expediente judicial, donde se refleja la sumatoria total de los descuentos realizados por la Administración, en cuanto al régimen nuevo, por la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE BOLÍVARES CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 637.812,42) hoy SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 637,81), por lo que estima el Tribunal que aunque el hoy querellante aduce que no haya solicitado el mencionado descuento, se evidencia de los propios cálculos que efectivamente le fue otorgada por la Administración la cantidad reclamada por concepto de anticipos de fideicomiso. En consecuencia, este Juzgado debe negar el pedimento en cuestión, y así se declara.-

Con respecto al reclamo del pago de la cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 2.959,72), por concepto de prima de ruralidad del régimen viejo, alegado por el hoy querellante, el Tribunal observa que riela al folio veintiuno (21) del expediente judicial, planilla de datos para el calculo de las prestaciones sociales del hoy querellante, de la cual se desprende que le fue tomado en cuenta la antigüedad rural para el calculo de las mismas, evidenciándose del rubro correspondiente a “Observaciones” que el total a pagar por ruralidad es de tres (3) meses por cada año de servicio, por una quincena del último sueldo mensual, tal y como lo establece el artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación, es por ello que debe desecharse el presente alegato, y así se declara.-

En relación al reclamo hecho por la parte accionante sobre el pago de intereses moratorios previstos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Tribunal observa, que al hoy querellante se le concedió el beneficio de jubilación en fecha 01 de octubre de 2004, y no fue sino hasta el 05 de agosto del año 2008, cuando recibió el pago de sus prestaciones sociales por la cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 117.313,81), tal y como lo alega el propio querellante en su escrito recursivo y se evidencia de la copia fotostática de recibo de pago y cheque cursante al folio (12) del expediente judicial, lo que evidencia una efectiva demora en la cancelación de prestaciones sociales, generándose el pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala que las prestaciones sociales constituyen un derecho cuyo pago es de exigibilidad inmediata, en consecuencia la demora en el pago, genera intereses, que deben ser calculados conforme a la Ley. Por lo que debe el Tribunal ordenar al Ministerio del Poder Popular para la Educación, el pago de los intereses moratorios al ciudadano PEDRO MIGUEL PÉREZ, previstos en el mencionado artículo 92 de la Carta Magna, intereses que como se indicó anteriormente no han sido pagados, ya que no consta a la actas que cursan al expediente que el mismo se haya realizado.

Ahora bien, la representación judicial del ente querellado alegó que la tasa de interés aplicable al caso de autos, no puede ser otra que la establecida en el artículo 1746 del Código Civil, es decir, el (3% anual), y que después de esa debe aplicarse la tasa prevista en el artículo 89 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, alegato que realiza sin ninguna otra fundamentación. En este sentido se debe señalar, que por cuanto no existe una norma expresa que regule este aspecto, la Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 28 hace remisión a la Ley Orgánica del Trabajo en lo que respecta a las prestaciones sociales de antigüedad y condiciones para su percepción e intereses, por lo que la tasa aplicable para el cálculo de los intereses de mora por el retardo en el pago de las prestaciones sociales, es la establecida en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo específicamente en el literal “c”.

En consecuencia, debe pagársele al ciudadano PEDRO MIGUEL PÉREZ, los intereses moratorios producidos desde el 1º de octubre de 2004, fecha en la cual egreso por jubilación del mencionado Ministerio, hasta el 05 de agosto de 2008, calculados en base a la cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 117.313,81), fecha en la cual recibió el pago efectivo de sus prestaciones sociales, tomando como base la tasa establecida en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide.-

En relación a la solicitud de indexación o corrección monetaria de las cantidades reclamadas por el hoy querellante, el Tribunal observa que la jurisprudencia de los Tribunales Contencioso Administrativos ha establecido de forma pacífica y reiterada que las relaciones funcionariales por ser de naturaleza estatutaria no son susceptibles de indexación, en consecuencia este Tribunal niega lo solicitado. Así se decide.-

A los fines de determinar con toda precisión el monto que ha de pagarse al accionante, éste Juzgado ordena practicar experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

Por todo lo antes expuesto, es por lo que este Tribunal declara parcialmente con lugar el presente recurso.

II
DECISIÓN

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado STALIN RODRÍGUEZ, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano PEDRO MIGUEL PÉREZ, antes identificados, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, y en consecuencia:

PRIMERO: SE ORDENA el pago de los intereses de mora generados por el retardo en el cumplimiento del pago de las prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales deben calcularse desde el 01 de octubre de 2004, fecha en la cual egreso del mencionado Ministerio por jubilación, en base a la cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE BOLÍVARES CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 117.313,81), que fue lo recibido, por concepto de prestaciones sociales y hasta el 05 de agosto de 2008, fecha en la cual recibió el pago efectivo de sus prestaciones sociales.

SEGUNDO: SE ORDENA La realización de una experticia complementaria del fallo, para la determinación de los intereses moratorios ordenados a pagar en la presente sentencia, de conformidad a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: SE NIEGA El resto de las peticiones de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente decisión.

CUARTO: SE ORDENA La publicación del presente fallo en la página web del Tribunal Supremo de Justicia.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.






DR. ALEJANDRO GÓMEZ
EL JUEZ



ABG. HERLEY PAREDES
SECRETARIA ACC.


En la misma fecha, siendo las____________ se publicó y registró la anterior decisión en el asiento Nº ___________ dando cumplimiento a lo ordenado.




ABG. HERLEY PAREDES
SECRETARIA ACC.

EXP. No. 06108.
AG/EM/nico.-