REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, veinticinco (25) de septiembre de dos mil nueve (2009) 199º y 150º ASUNTO: AH16-V-2008-000075 Se inicia el presente juicio por COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION), mediante escrito presentado por el ciudadano ENRIQUE TROCONIS SOSA, abogado en ejercicio debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº. 39.626, actuando como Apoderado Judicial de Venezolano de Credito S.A., Banco Universal, antes Banco Venezolano de Crédito, SACA., sociedad mercantil domiciliada en el ciudad de Caracas, inscrito ante el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha cuatro (04) de junio de 1925 bajo el Nº 204 y transformado en Banco Universal, cambiada su denominación social y modificados íntegramente sus estatutos según consta de documento inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 24 de enero de 2002, bajo el Nº 11, Tomo 6-A-Pro, por ante el sistema de distribución, correspondiéndole conocer a este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial. En fecha 13.06.2008, se admitió la acción incoada y se ordenó en esa misma fecha la intimación de la sociedad mercantil PRADOLAT C.A., en la persona de los ciudadanos Ángel Antonio blanco Serrano y Carlos Joel Albarran, en su carácter de Presidente el primero y Vicepresidente el segundo así como a ellos mismos, en su propio nombre, en su carácter de avalistas y fiadores solidarios y principales pagadores. En fecha 30 de julio de 2008, mediante auto se hace aclaratoria que forma parte complementaria del auto de admisión de fecha 13 de junio de 2008. En fecha 22 de junio de 2009, quien suscribe se aboca al conocimiento de la presente causa al estado en que se encuentra. En fecha 29 de junio de 2009, la abogada Maria de los Angeles Cequea en su carácter de apoderado judicial de la parte actora ratifica diligencia de fecha 10 de septiembre de 2008. En fecha 17 de septiembre de 2009, la abogada Maria de los Angeles Cequea, inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 124.385 en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante solicita se sirva librar las compulsas correspondientes. El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos (02) sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “[…] La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil […]”. De conformidad con el ordinal 1° del articulo 267 el eiusdem, se extingue la instancia: “Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la admisión de la demanda, el demandante no hubiese comparecido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. Y el artículo 269 eiusdem, dispone: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal [...]”. En las disposiciones antes transcritas, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte, y éste perime en los supuestos de la disposición legal, provocando su extinción. La denominada perención breve es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más treinta (30) días una vez admitida la demanda, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de la actora en impulsar la citación de los demandados en juicio. El incumplimiento de esta obligación, se hace efectivo cuando la actora no facilita la labor del alguacil del tribunal en cuanto a su traslado al domicilio de la demandada y fundamentalmente por ante este despacho la consignación de los fotostátos para la elaboración de la compulsa, es decir, el incumplimiento a estas obligaciones básicas de la actora una vez admitida la demanda, por un lapso de treinta (30) días continuos acarrea la sanción de perimir la instancia, puesto que el Estado por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad y zozobra a las partes y en estado de incertidumbres los derechos privados. Teniendo en fundamento que corresponde a la actora dar impulso al juicio y la falta de éste podría considerarse un tácito abandono de la causa, evidenciándose ampliamente la inactividad por parte del accionante desde la admisión de la demanda, siendo menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica. De acuerdo con el principio contenido en el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, y reiterado por la necesidad del impulso de parte para la resolución de la controversia por el tribunal de la causa, el de alzada o por la Sala de Casación Civil, al no poner en movimiento la actividad del tribunal mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso. Debe determinarse en el presente pronunciamiento que la parte interesada solicito que se libraran las compulsas en fecha 17 de septiembre de 2009 y por ende hasta la presente fecha no fueron consignados o suministrados los emolumentos para el traslado del alguacil, y por cuanto transcurrieron en exceso los treinta (30) días que tenia la actora para impulsar la misma, se produjo en consecuencia como efecto inmediato la perención de la instancia. En tal sentido, siendo la perención operable de pleno derecho, es decir, ope legis al vencimiento del plazo de treinta días de inactividad, y siendo que esta declaratoria no tiene efectos constitutivos, sino declarativos, al verificar el juzgador en las actas procésales las circunstancias que determinan la procedencia de la perención, la debe declarar de oficio, pues es una figura de orden público. Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de treinta (30) días a contar sin que la actora cumpla con sus obligaciones para la practica de la citación de los demandados, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del articulo 267 y el articulo 269 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, la extinción del presente procedimiento. Dada, la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. PUBLIQUESE Y REGISTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 6º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los 25 de septiembre de 2009. 199º y 150º. El Juez, Abg. Marisol Alvarado Rondón El Secretario Accidental Warren Matos En esta misma fecha, siendo las 9:57 AM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. El Secretario Accidental Warren Matos Asunto: AH16-V-2008-000075