REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 26 de Abril de 2010 200º y 151º ASUNTO: AP11-F-2010-000184 PARTE ACTORA: ciudadana JENNY GEORGINA MORENO CONTRERAS, venezolana, soltera, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-15.106.013. ABOGADOS ASISTENTES: CECILIA ALMEIDA MORA y HECTOR RAMOS, abogados en ejercicio e inscritos en los Inpre-abogados bajo los Nros. 51.788 y 60.264. MOTIVO: acción mero declarativa de concubinato. I Se inicia el presente procedimiento mediante escrito presentado para su distribución en fecha 15 de abril de 2010, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil del Área Metropolitana de Caracas, por la ciudadana Jenny Georgina Moreno Contreras, a través del cual solicita se declare oficialmente que existió una relación de hecho entre su persona y el ciudadano Jaime Alejandro Ramos, venezolano, soltero, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-12.784.858. II Siendo la oportunidad correspondiente, el Tribunal pasa a dictar el pronunciamiento que de seguidas se explana: Alega la solicitante que a partir del año 1997 aproximadamente decidió mantener una convivencia con el ciudadano Jaime Alejandro Ramos, de manera ininterrumpida, publica y notoria, entre familiares, relaciones sociales y vecinos. Acompaño la Constancia de Concubinato, con el Nº 17, expedida por la Prefectura del Municipio Libertador en la Jefatura de La Parroquia la Vega. Que duran dicho concubinato procrearon un niño el cual fue reconocido por su padre, quien lleva por nombre Heikel Alejandro, según se evidencia en copia del Acta de Nacimiento del menor que riela al folio 3 del expediente. Que durante dicha unión de hecho producto de trabajo conjunto adquirieron los siguientes bienes: PRIMERO: Un apartamento destinado a vivienda principal distinguido con el Numero: 0704, situado en el séptimo (7) piso del bloque 03, edificio 1, situado en la urbanización Los Mangos, Parroquia La Vega, en la Jurisdicción del Municipio Libertador del Distrito Capital. SEGUNDO: Un (01) vehiculo con las siguientes características: Clase: automóvil; Marca: Fiat; Modelo: Palio Adventure; Color: Gris Orión; Año: 2006; Serial del Motor: 1VO212294; Serial Carrocería: 9BD17319964179164; Uso: Particular; Placa: MES 05C. Que por desavenencias decidieron separarse tal como lo demuestra la Medida de Protección, dictada en fecha 04 de Agosto de 2009, Expediente VOO8538. Finalmente solicito se declare la unión concubinaria y se libre edicto por medio de la cual se citen a todas las personas que pudieran tener interés en el presente juicio. Ahora bien, sin entrar a analizar la procedencia de fondo de esta demanda, debe el Tribunal efectuar ciertas aclaraciones que, como puntos de mero derecho, obstan la proponibilidad de la demanda. Advierte este Juzgador que el contenido del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, es del tenor siguiente: “Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica…”. De la norma parcialmente transcrita ut supra se desprende que la misma está referida a la necesidad del proceso como único medio para obtener la garantía jurisdiccional del Estado, el reconocimiento o satisfacción de un derecho que no ha sido reconocido o satisfecho por el titular de la obligación jurídica. La doctrina ha distinguido la existencia de tres (3) tipos de interés procesal: el que deviene del incumplimiento de una obligación, de la ley y de la falta de certeza. El interés procesal que deviene de la falta de certeza, corresponde a los procesos mero declarativos, en virtud de una situación de incertidumbre, por ausencia o deficiencia del título, que autoriza la intervención en vía preventiva para crear certeza oficial que aleje el peligro de la trasgresión posible en el futuro. De lo anterior se deriva que la doctrina reconoce la existencia de la acción de declaración como medio general de actuación de la Ley, no sólo en aquellos casos regulados por diversos instrumentos legislativos, sino también en aquellos que carecen de regulación expresa. De la lectura efectuada al escrito de solicitud de evidencia que la ciudadana Jenny Georgina Moreno Contreras, pretende se declare la existencia de una relación de concubinato entre su persona y el ciudadano Jaime Alejandro Ramos, fundamentando su pedimento en el artículo 507 del Código Civil vigente, atinente a la presunción de comunidad entre los concubinos. La declaración de existencia de un concubinato corresponde sustanciarse bajo la acción mero declarativa, procedimiento constitutivo requerido en virtud de la ausencia de un título. Como en todo juicio, en el escrito de interposición de la pretensión (libelo de la demanda) ha de indicarse contra quien obra la misma, es decir, los demandados, reunir los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, y una vez admitida la querella, se emplaza a los mismos para contestar la demanda. En el caso de marras, del escrito presentado para iniciar el proceso se desprende que se entiende éste como el de una solicitud, siendo lo correcto demandar al ciudadano Jaime Alejandro Ramos para el reconocimiento de la unión de hecho existente entre él y la ciudadana Jenny Georgina Moreno. Debido al carácter de eminente orden público que envuelve el trámite de demandas relativas al estado civil de las personas, su sustanciación y sentencia, debe cumplir para poder materializarse, con el procedimiento que la Ley ha establecido especialmente para ello, sin que en ningún caso pueda ser suplido por la recurrencia a otras vías. Por ese motivo, se aclara que el procedimiento seguido cuando de una solicitud se trata, no encuentra aplicación si la pretensión versa sobre el reconocimiento formal de la existencia de una unión de hecho. Ahora bien, la doctrina establecida por el Máximo Tribunal de la República, ha establecido que el ejercicio de la acción se encuentra condicionado por ciertas y determinadas circunstancias, cuya ausencia pueden determinar la inadmisión de la reclamación intentada por el demandante, así lo dejó sentado en sentencia Nº 776 de fecha 18-05-2001 emanada en Sala Constitucional, en la cual se instituyó: “La acción está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos de existencia y validez, que al constatarse su incumplimiento, la hacen rechazable. Algunos de ellos los señala la ley, mientras que otros provienen de los principios generales del derecho. En sentido general, la acción es inadmisible: 1) Cuando la ley expresamente la prohíbe, tal como lo prevé el artículo 346, ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil . 2) Cuando la ley expresamente exige determinadas causales para su ejercicio, y éstas no se alegan (artículo 346 ordinal 11º ya señalado). 3) Cuando la acción no cumple con los requisitos de existencia o validez que la ley o los principios generales del derecho procesal le exigen. Ante estos incumplimientos, la acción debe ser rechazada. Ello sucede, por ejemplo, cuando en el demandante o en el demandado no existe interés procesal, y por tanto, no hay necesidad de acudir a la vía judicial, para que mediante la sentencia se reconozca un derecho; o para evitar un daño injusto, personal o colectivo; o cuando la decisión judicial no puede variar la situación jurídica que tenían las partes antes del proceso… …Consecuencia de lo anterior, es que quien demanda (reconociendo la Sala que el escrito de demanda es una vía para ejercer el derecho de acción, pero que con ella no se confunde), utilizando el proceso para un fin diferente al que se administre justicia, carece de acción… …Tratándose la acción de un presupuesto procesal para acceder a la jurisdicción, su falta o su inadmisibilidad puede ser declarada en cualquier estado y grado del proceso, inclusive en casación…”. (negrillas y subrayado del Tribunal). En el caso sub examine nos encontramos en presencia del tercero de los supuestos de inadmisibilidad de la acción, es decir, prohibición de admitir la acción propuesta, toda vez que no satisface los requisitos exigidos por la legislación y los principios generales del derecho procesal, lo cual hace ab initio y sin ningún género de dudas inadmisible la acción impetrada. Dilucidado entonces que la presente acción se hace improponible en virtud de las reflexiones explanadas con antelación, lo ajustado a derecho es que este Jurisdicente, en aplicación de la doctrina sentada por nuestro Máximo Tribunal, que permite pronunciar la declaratoria de inadmisión de la acción en cualquier estado y grado de la causa, por su carácter de eminente orden público, declare de igual forma la inadmisibilidad de esta demanda, y así será decidido.- III Por los razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la presente solicitud de DECLARACION DE UNIÓN CONCUBINARIA presentada por la ciudadana Jenny Georgina Moreno, venezolana, soltera, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-15.106.013. Así se decide.- No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de este fallo.- Publíquese, regístrese y déjese copia.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los Veintiséis (26) días de mes de Abril del año dos mil diez 2.010. Año 200º de la Independencia y 151º de la Federación. EL JUEZ, JUAN CARLOS VARELA RAMOS. LA SECRETARIA, CAROLYN BETHENCOURT. En esta misma fecha, siendo las 10:19 horas de la mañana se publicó y registró la anterior decisión. LA SECRETARIA, CAROLYN BETHENCOURT.