TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas

PARTE ACTORA: Lidia Villafuerte de Vargas, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 13.285.194.

APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Ana María Gamardo Medina, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 6.966.118, en ejercicio de la profesión e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 57.944.

PARTE DEMANDADA: Efigenia Herrera de Zambrano, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 12.518.445.

ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: Alexandra Valdiviezo Gamardo, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, en ejercicio de la profesión e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 105.633.

MOTIVO: Resolución de Contrato de Arrendamiento.

Corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto a la transacción judicial celebrada entre las partes, mediante escrito presentado en fecha 27.04.2010, en razón de lo cual se hacen a continuación los razonamientos siguientes:

- I -
ANTECEDENTES

Se inició el presente procedimiento mediante escrito libelar presentado en fecha 22.03.2010, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil del Área Metropolitana de Caracas, en funciones de distribuidor, quién luego verificar el trámite administrativo de distribución de expedientes, correspondió su conocimiento a este Tribunal, siendo que en esa misma oportunidad la parte actora presentó las documentales con las cuales fundamentó su pretensión.

A continuación, el día 05.04.2010, se admitió la demanda interpuesta por los trámites del procedimiento breve, ordenándose la citación de la parte demandada, a fin de que diese contestación de la demanda, al segundo (2°) día de despacho siguiente a la constancia en autos de haberse practicado su citación, durante las horas destinadas para despachar.

Luego, en fecha 27.04.2010, las partes consignaron escrito contentivo de la transacción judicial a la que se refiere el presente fallo.

- II -
DE LA TRANSACCIÓN JUDICIAL

En fecha 27.04.2010, la ciudadana Efigenia Herrera de Zambrano, actuando con el carácter de parte demandada en la presente causa, debidamente asistida por la abogada Alexandra Valdiviezo, por una parte y por la otra, la abogada Ana María Gamardo Medina, actuando en su condición de apoderada judicial de la parte actora, ciudadana Lidia Villafuerte de Vargas, consignaron escrito con el cual celebraron la transacción judicial a la que se contrae la presente sentencia, en la que concretaron lo siguiente:

“…En horas de despacho del día de hoy 27 de Abril de 2.010, comparece por la parte demandada, la ciudadana Efigenia Herrera de Zambrano, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 12.518.445, asistida en este acto por la abogada Alexandra Valdiviezo Gamardo, de este domicilio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 105.633, y por la otra parte la abogada Ana María Gamardo Medina, de este domicilio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 57.944 apoderada judicial de la parte actora, y exponen:
Yo, Efigenia Herrera de Zambrano, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-12.518.445, asistida en este acto por la abogada en ejercicio Alexandra Valdiviezo inscrita en el Inpreabogado bajo el número 105.633, ante Usted, con el debido acatamiento y respeto ocurro y expongo:
Capitulo I
De la Citación
Me doy expresamente por citada en el presente juicio distinguido con el número de expediente AP31-V-2010-001020, que cursa por ante este Tribunal a su digno cargo, renuncio al término de comparecencia.
Capitulo II
Del Convenimiento
Soy inquilina de un apartamento anexo signado con el número 2-A, ubicado en Los Dos Caminos, Municipio Leoncio Martinez, Distrito Sucre del Estado Miranda, todo lo cual se evidencia de Contrato de Arrendamiento que cursa en autos. Dicho inmueble es propiedad de la ciudadana Lydia Villafuerte de Vargas, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nros. V-13.285.194, todo lo cual se evidencia en autos, y por cuanto todos los hechos narrados en el libelo de demanda son ciertos convengo en la demanda en todas y cada una de sus partes en cuanto a los hechos porque son cierto y, en cuanto al derecho, porque le asiste.
De la misma manera ofrezco en este acto entregar el inmueble objeto de la presente acción completamente desocupado de personas y cosas para el día 31 octubre de 2010, en perfectas condiciones de habitabilidad, y solvente en todos los servicios, tal como lo recibí. Igualmente solicito me sean recibidos los cánones de arrendamiento adeudados a fin de solventarme en el pago.
En este estado la Dra. Ana María Gamardo Medina, abogada en ejercicio, de este domicilio, debidamente inscrita en el Instituto de Previsión Social del abogado (Inpreabogado) bajo el número 57.944, actuando en este acto en su carácter Apoderada Judicial de la Parte actora, plenamente acreditada para este acto en el presente expediente numero AP31-V-2010-001020, expone: acepto la proposición efectuada por el señor Efigenia Herrera de Zambrano, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nº V-12-518-445, y ambas partes convenimos expresamente en que la entrega del inmueble objeto de la presente, será realizada para el día 31 de Octubre de 2010 en las condiciones antes expresadas y totalmente libre de personas y cosas. Dejo constancia de haber recibido en nombre de mi representada los cánones de arrendamiento vencidos.
Ambas partes solicitamos la homologación del presente convenimiento e igualmente solicitamos que el mismo sea considerado como cosa juzgada. Ambas partes de homologación, es Justicia que esperamos de Usted. En Caracas, a la fecha de su presentación al Tribunal…”.

- III -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Plateada en estos términos la presente causa, procede de seguida este Tribunal a pronunciarse respecto a la transacción judicial celebrada entre las partes, con base en las consideraciones que se esgrimen a continuación:

El proceso ha sido concebido constitucionalmente como el instrumento fundamental para la realización de la justicia, cuyas leyes atinentes a su aplicación establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. En este sentido, en el transcurrir del proceso acaecen dos (02) fases fácilmente diferenciadas entre sí, estas son, la cognoscitiva, la cual comienza con la admisión de la demanda, puesto que el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley, hasta la sentencia que resuelva la controversia; y, la ejecutiva, que tiende a garantizar el cumplimiento voluntario o forzoso de lo dispuesto en la sentencia definitivamente firme.

Cabe destacar, si bien la fase cognoscitiva del proceso concluye generalmente por la sentencia definitiva, también puede terminar anormalmente mediante actos de auto-composición procesal, estos son, las voluntades unilaterales o bilaterales de las partes que la ley atribuye eficacia de cosa juzgada luego de que queda definitivamente la homologación del Tribunal, siempre y cuando no traten de materias en las que estén prohibidas las transacciones, entre las que se encuentran (i) el convenimiento, (ii) el desistimiento, (iii) la conciliación y (iv) la transacción.

El convenimiento, constituye la manifestación unilateral del demandado de allanarse a los términos en que fue planteada la demanda, expresada en la contestación de la demanda, sin que ello obste a que pueda hacerlo en otra oportunidad procesal posterior, pero antes de la sentencia definitiva. Por su parte, el desistimiento, es la manifestación unilateral del actor de renunciar al procedimiento o a la demanda, en cuyo caso de efectuarse luego de la contestación de la demanda, será necesario para su validez del consentimiento de la parte demandada. Por otro lado, la conciliación implica el acuerdo de voluntades tomado por las partes en un acto excitado previamente por el juez. Mientras tanto, la transacción constituye un contrato a través del cual las partes mediante recíprocas concesiones terminan el proceso pendiente o precaven un litigio eventual. El denominador común de los actos de auto-composición procesal es que ponen fin al proceso y tienen entre las partes los mismos efectos que la sentencia definitivamente firme.

En este sentido, el artículo 1.133 del Código Civil, establece que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico.

Es por ello, que el Dr. José Melich Orsini, en su obra “Doctrina General del Contrato”, llega a la conclusión que, el contrato es, pues, un negocio jurídico bilateral capaz de crear, reglamentar, transmitir, modificar o extinguir una relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes que concurren a su celebración, y no sólo es eficaz en lo que se refiere a vínculos de naturaleza personal (de contenido patrimonial o extra-patrimonial) entre las partes, esto es, derechos de créditos (lo que se llama eficacia personal del contrato), sino que también puede afectar el estado de los derechos reales (la llamada eficacia real del contrato).

Por otro lado, el procesalista Jaime Guasp, en su Compendio de Derecho Procesal Civil, Tomo I, página 499, expresa que la transacción judicial “…es un negocio jurídico, por virtud del cual dos o más personas, mediante concesiones recíprocas, ponen fin a un pleito ya comenzado. Es un verdadero negocio jurídico, puesto que se compone de declaraciones de voluntad privadas que tienden a producir inmediatamente efectos de tal carácter. Y puesto que las declaraciones de voluntad no aparecen la una al lado de la otra, sino la una frente a la otra, puede hablarse de la transacción como de un contrato…”.

En este sentido, el artículo 1.713 del Código Civil, define a la transacción de la manera siguiente:

“Artículo 1.713.- La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”.

Por su parte, el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

“Artículo 256.- Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución”.

En lo que respecta a la naturaleza de la transacción, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1209, dictada en fecha 06.07.2001, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente Nº 00-2452, caso: María Auxiliadora Betancourt Ramos, puntualizó lo que a continuación se transcribe:

“…el ordenamiento jurídico positivo confiere una doble naturaleza a la transacción: en primer término, la transacción es un contrato, en tanto que –a tenor de lo dispuesto en el artículo 1159 del Código Civil– la misma tiene fuerza de ley entre las partes. En segundo término, la transacción es un mecanismo de autocomposición procesal, en el que las partes, mediante recíprocas concesiones, determinan los límites de las situaciones jurídicas controvertidas, y de allí que –esencialmente tenga efectos declarativos, con carácter de cosa juzgada. Respecto del auto de homologación, viene a ser la resolución judicial que –previa verificación de la capacidad de las partes para transigir, así como la disponibilidad de la materia para ello– dota de ejecutoriedad al contrato en cuestión, esto es, la facultad de las partes de solicitar al órgano jurisdiccional competente su cumplimiento.
Desde esta doble perspectiva, emerge que los autos de homologación son impugnables por la vía de apelación (la cual debe prosperar en ambos efectos ex artículo 290 del Código de Procedimiento Civil), siendo que tal recurso debe atender únicamente a la ilegalidad propia del acto de autocomposición procesal, ergo, a la incapacidad de la partes que lo celebraron y/o la indisponibilidad de la materia transigida (vid. en este sentido, STC 1294/2000 y STC 150/2001 de esta Sala Constitucional). Empero, lo antedicho no desvirtúa la naturaleza de la transacción como contrato, de forma tal que confirmado el auto de homologación por el Juez de Alzada, la vía para enervar los efectos de la transacción es el juicio de nulidad, por las causales prevenidas en los artículos 1719 al 1723 del Código Civil (vid. STC 709/2000), que así expresamente lo previene…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

Al unísono, en cuanto a la necesidad de homologación del contrato transaccional para que éste adquiera ejecutoriedad, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2212, dictada en fecha 09.11.2001, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, expediente Nº 00-0062, caso: Agustín Rafael Hernández Fuentes, precisó lo siguiente:

“…De acuerdo a la doctrina expresada por la Sala, los efectos procesales de la transacción referidos a su ejecutoriedad, no se producen sino a partir de su homologación, por lo que en ausencia de ésta no es posible obtener su cumplimiento.
Es claro que la falta de homologación de la transacción no afecta la validez de ésta como contrato, sino su ejecutoriedad, es decir, la posibilidad de ejecutar inmediatamente lo acordado, sin la cual, no es susceptible de ejecución y, por lo tanto, carece de eficacia con respecto a las relaciones jurídicas surgidas como consecuencia de las recíprocas concesiones realizadas por las partes. En suma, la homologación es la confirmación judicial de determinados actos de las partes (en el caso de autos la transacción), para la debida constancia y eficacia, de modo que su ejecutoriedad depende de dicha confirmación…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal)

Conforme a los preceptos legales y precedentes jurisprudenciales antes citados, estima este Tribunal que la transacción judicial constituye un contrato a través del cual las partes mediante recíprocas concesiones terminan el proceso pendiente, en tanto no atenten las mismas en contra del orden público, las buenas costumbres o versen sobre materias en las que la ley prohíba las transacciones.

Precisado lo anterior, observa este Tribunal que el contrato transaccional a que se refiere la presente decisión, fue suscrito por la ciudadana Efigenia Herrera de Zambrano, actuando con el carácter de parte demandada en la presente causa, debidamente asistida por la abogada Alexandra Valdiviezo, por una parte y por la otra, la abogada Ana María Gamardo Medina, actuando en su condición de apoderada judicial de la parte actora, ciudadana Lidia Villafuerte de Vargas, de quién detenta facultad expresa para transigir, conforme se evidencia de la lectura del instrumento poder autenticado por ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Sucre del Estado Miranda, en fecha 03.07.2007, bajo el Nº 54, Tomo 94, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, en razón de lo cual habiéndose corroborado además que la transacción judicial celebrada por las partes no versa sobre materias en las cuales estén prohibidas las mismas, es por lo que debe procederse a su homologación. Así se declara.

- IV -
DECISIÓN

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, imparte la HOMOLOGACIÓN a la transacción judicial celebrada entre la ciudadana Efigenia Herrera de Zambrano, actuando con el carácter de parte demandada en la presente causa, debidamente asistida por la abogada Alexandra Valdiviezo, por una parte y por la otra, la abogada Ana María Gamardo Medina, actuando en su condición de apoderada judicial de la parte actora, ciudadana Lidia Villafuerte de Vargas, mediante escrito presentado en fecha 27.04.2010, en los mismos términos expuestos por las partes y, en consecuencia, procédase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo previsto en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil.

No hay condenatoria en costas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 277 ejúsdem.

Publíquese, regístrese y déjese copia. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de abril del año dos mil diez (2.010).- Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

El Juez Titular,

César Luis González Prato

La Secretaria Accidental,

Xiomara Margarita García Delgado

En esta misma fecha, se publicó, registró y dejó copia de la anterior sentencia, siendo las doce y veinte de la tarde (12:20 p.m.).

La Secretaria Accidental,

Xiomara Margarita García Delgado

CLGP/XMGD/Pedro.-
Exp. N° AP31-V-2010-001020