Exp. Nº 1326 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPERIOR OCTAVO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL CON SEDE EN CARACAS Mediante escrito presentado por ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de distribuidor, en fecha Dieciocho (18) de Marzo de Dos Mil Diez (2010), por la abogada ALEXNELLYS ORTIZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 93.638, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano YOVANY ENRIQUE CAMPOS CEBALLOS, titular de la cédula de identidad Nº 17.641.105, interpone acción de Amparo Constitucional, de conformidad con lo previsto en los Artículos 1, 2 y 7 de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales en concordancia con los Artículos 26, 27 y 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contra el SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE SUPERFICIAL, S.A. (SITSA), por la negativa a dar cumplimiento a la Providencia Administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Miranda en fecha Tres (03) de Agosto de Dos Mil Nueve (2009), contenida en el expediente Nº 017-2009-01-00765, que ordenó su “reenganche y el pago de los salarios caídos”. Correspondió a este órgano jurisdiccional, previa distribución, el conocimiento de la presente causa, y fue signado con el Nº 1326. De seguidas pasa este Juzgado a pronunciarse en cuanto a la admisibilidad de la presente acción de Amparo Constitucional previas las consideraciones siguientes: I DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL Expone la parte presuntamente agraviada que presente acción de amparo constitucional es la continuación de la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por él, por ante la Inspectoría del Trabada en los Valles del Tuy del Estado Miranda, por haber sido despedido, aun y cuando, se encontraba amparado por el Decreto Presidencial de inamovilidad laboral. Arguye el accionante que ingresó al Servicio Integral de Transporte Superficial, S.A (SITSA), el Quince (15) de Enero de Dos Mil Siete (2007), ejerciendo funciones en el cargo de “Supervisor”, hasta el Veinticuatro (24) de Junio de Dos Mil Nueve (2009), fecha última en la cual fue despedido por su jefe inmediato. Narra el actor que el Veintitrés (23) de Julio Dos Mil Nueve (2009) acudió a la citada inspectoría, a fin de interponer solicitud de reenganche y pago de sueldos dejados de percibir, la cual fue declarada con lugar el Tres (03) de Agosto de ese mismo año, posteriormente, le fue interpuesta multa a la parte presuntamente agraviante por el incumplimiento a lo ordenando por dicha providencia. La parte presuntamente agraviada fundamenta su pretensión en el Decreto Presidencial de Inamovilidad Laboral del Primero (01) de Octubre de Dos Mil Seis (2006) y prorrogado por última vez el Veintitrés (23) de Diciembre de Dos Mil Nueve (2009), en los artículos 23, 24, 102 y 454 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en los artículos 131, 75, 87, 89, 91, y 93 de la Constitución Nacional vigente. Finalmente, con base a los razonamientos antes expuestos, el accionante solicita que le sea restablecida la situación jurídica infringida y se ordene el reenganche a su puesto de trabajo y le sean cancelados los sueldos dejados de percibir. II DE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA ACCIÓN DE AMPARO Observa este Tribunal Superior que la naturaleza de la cuestión objeto de esta Acción de Amparo Constitucional se define de acuerdo a lo que se discute, esto es, en razón a la materia propia, en tal sentido, se advierte que siendo el interés principal de la presente acción el presunto incumplimiento del SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE SUPERFICIAL, S.A. (SITSA), al no acatar lo ordenado en la Providencia Administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy del Estado Miranda en fecha Tres (03) de Agosto de Dos Mil Nueve (2009), contenida en el expediente Nº 017-2009-01-00765, mediante la cual se ordenó el reenganche de la accionante y el consecuente pago de los salarios dejados de percibir. La competencia de este Juzgado para conocer y decidir de la presente acción quedó establecida mediante Sentencia Nº 2862 del fecha Veintiuno (21) de Noviembre de Dos Mil Dos (2002) emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Rafael Rondón Haaz, en el Expediente Nº 02-2241, en la cual estableció: “ Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máxima interprete del texto constitucional, ésta Sala deja sentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República: (iii) De las demandas de amparo constitucional autónomo que se intenten contra los actos, actuaciones u omisiones de las Inspectorías del Trabajo, conocerán los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial correspondiente al lugar donde se produjo la supuesta lesión al derecho constitucional y en segunda instancia, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. A falta de los primeros en la localidad en donde se hubiere producido el hecho lesivo, conocerán con fundamento y de acuerdo al procedimiento que establece el Artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil – si lo hubiere - o de Municipio – a falta de aquel - de la localidad. Así se declara”. (Resaltado de este Tribunal Superior). Por tanto, atribuyendo la sentencia in comento, competencia para el conocimiento de las pretensiones de amparo constitucional que se planteen contra los actos u omisiones de las Inspectorías del Trabajo a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región en la cual se verificó la supuesta lesión del derecho constitucional, este Tribunal Superior resulta competente para conocer y decidir la presente causa, y así se decide. III SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCION DE AMPARO Determinada como ha sido la competencia, este Tribunal Superior pasa a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en ese sentido, se constata de acuerdo a los recaudos que cursan a los autos, que se llenaron los extremos de dicha norma legal. Se hace la aclaratoria que esa apreciación no elimina la potestad del Juez para Juzgar sobre la admisibilidad de las pretensiones del accionante, de acuerdo a los elementos que aporten las partes en el proceso. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se admite la presente Acción de Amparo Constitucional Autónomo, y así se decide. IV DECISIÓN Por las razones precedentes, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, en Sede Constitucional ADMITE la presente Acción de Amparo Constitucional incoada por la abogada ALEXNELLYS ORTIZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 93.638, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano YOVANY ENRIQUE CAMPOS CEBALLOS, titular de la cédula de identidad Nº 17.641.105, de conformidad con lo previsto en los Artículos 1, 2 y 7 de la Ley Orgánica de Amparos Sobre Derechos y Garantías Constitucionales en concordancia con los Artículos 26, 27 y 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contra el SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE SUPERFICIAL, S.A. (SITSA). En consecuencia, se ordena librar boletas de notificación al Presidente del SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE SUPERFICIAL, S.A. (SITSA), al Fiscal del Ministerio Público y a la Procuradora General de la República y una vez que conste en autos la última de las notificaciones se procederá a fijar mediante auto expreso la oportunidad para la celebración de la Audiencia Constitucional Oral y Pública, la cual tendrá lugar dentro de las 96 horas siguientes. Publíquese, Regístrese, Notifíquese. Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los Catorce (14) día del mes de Abril de Dos Mil Diez (2010). LA JUEZ BELKYS BRICEÑO SIFONTES LA SECRETARIA EGLYS FERNÁNDEZ En esta misma fecha 14-04-2010, siendo las Doce y Treinta post meridiem (12:30 pm), se publicó y registró la anterior decisión. Se deja constancia que no se realizarán las respectivas notificaciones hasta tanto la parte actora consigne los fotostatos correspondientes. LA SECRETARIA EGLYS FERNÁNDEZ Exp. Nº 1326/BBS/EFT/afl