TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 9 de Agosto de 2010
200º y 151º

ASUNTO: AH1B-F-2008-000266
Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva

PARTE DEMANDANTE:
• Ciudadano SILVANO BINGHINOTTO BORTOLAMAI, mayor de edad, venezolano y titular de la cédula de identidad Nro. V-6.978.545.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE:
• Ciudadanos OLGA XIOMARA LÓPEZ CEDEÑO, YRWIN QUINTERO, DEYLEN MAYBELLINE VIELMA MORALES, RAQUEL ELIZABETH HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y ELBA JOSEFINA BERMÚDEZ ANGULO, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 62.530, 70.482, 70.715, 118.533 y 131.723, respectivamente.-
PARTE DEMANDADA:
• Ciudadana MERCEDES JOSEFINA ARAUJO, mayor de edad, venezolana y titular de la cédula de identidad Nro. V-4.416.731.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA:
• No consta en auto ningún apoderado judicial alguno.
MOTIVO: DIVORCIO CONTENCIOSO.

-I-

Se inició la presente causa mediante libelo de demanda incoado por el ciudadano SILVANO BINGHINOTTO BORTOLAMAI, mayor de edad, venezolano y titular de la cédula de identidad Nro. 6.978.545, debidamente asistido en este acto por los abogados OLGA XIOMARA LÓPEZ CEDEÑO, YRWIN QUINTERO, DEYLEN MAYBELLINE VIELMA MORALES, RAQUEL ELIZABETH HERNÁNDEZ GONZALEZ y ELBA JOSEFINA BERMUDEZ ANGULO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 62.530, 70.482, 70.715, 118.533 y 131.723, respectivamente, por ante el Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 04 de agosto de 2008, correspondiéndole conocer de la misma a este Juzgado.-
Por auto dictado en fecha doce (12) de noviembre de 2008, este Tribunal procedió admitir la presente demanda, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada y la notificación del Fiscal del Ministerio Público
En fecha 18 de junio de 2009, mediante diligencia la abogada YULI KARINA VEGAS SAYAZO, solicito el abocamiento del ciudadano Juez.
Seguidamente, en fecha 19 de junio de 2009, el ciudadano Dr. ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ, en su carácter de Juez Provisorio de este Despacho, se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra.
Mediante diligencia de fecha 30 de septiembre de 2009, la apoderada judicial de la parte actora consigno dos (2) juegos de copias simples a los fines de su certificación y posterior notificación del Fiscal del Ministerio Público.
Por auto de fecha 7 de octubre de 2009, este Tribunal acordó expedir las copias certificadas solicitadas de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil.
El día 11 de noviembre de 2009, la abogada DEYLEN VIELMA, actuando en su carácter acreditado en autos, solicito que fuera librada la Boleta de Notificación dirigida al Fiscal del Ministerio Público.
En fecha 7 de mayo de 2010, el ciudadano SILVANO BINGHINOTTO BORTOLOMAI, otorgó Poder Apud Acta a la abogada MERY CECILIA CASIQUE ALVAREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 144.4476.
Por último, en fecha 2 de julio de 2010, la apoderado judicial de la parte actora ratifico la solicitud realizada en fecha 30 de septiembre de 2009 y 11 de noviembre de 2009, en la cuales solicito a este Tribunal se sirva librar la Boleta de Notificación al Fiscal del Ministerio Público.

-II-

Siendo la oportunidad para decidir, este Tribunal de Instancia pasa a hacerlo y al efecto considera el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, expresamente dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. (…) También se extingue la instancia: (…) 1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.”
Con respecto a la perención de la instancia contenida en el ordinal 1º del artículo 267 eiusdem, se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, mediante sentencia dictada el 06 de julio de 2004, con ponencia del magistrado Dr. Carlos Oberto Velez, en el caso JOSÉ RAMÓN BARCO VÁSQUEZ contra la sociedad de comercio que se distingue con la denominación mercantil SEGUROS CARACAS LIBERTY MUTUAL, en la cual estableció:
“…Ciertamente el legislador patrio en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, recomienda a los jurisdicentes de instancias procurar acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia. Sin embargo, nada se ha dicho sobre la obligación contemplada en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, ya que –al parecer- no ha sido sometido a la consideración de esta Suprema Jurisdicción en ningún recurso de casación, que pudiera permitir pronunciarse sobre la perención breve de la instancia por incumplimiento de las obligaciones (cargas) que impone la Ley al demandante para el logro de la citación en el lapso de 30 días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda o de su reforma, para dilucidar –contrariamente a lo que ha venido afirmado la casación- esto es, que si es procedente la perención de la instancia en todos aquellos procedimientos informados por el principio de la gratuidad, ya que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 1º destinadas al logro de la citación, NO SON SOLAMENTE DE ORDEN ECONÓMICO.
Estas obligaciones son las contempladas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, relativas al suministro de vehículo para el traslado de los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en actos o en diligencias atinentes a asuntos que cursen ante Tribunales, Notarías o Registros, y que deban evacuarse fuera de sus respectivos recintos, incluyendo –además de los vehículos para la transportación o los gastos que ella ocasione- los gastos de manutención y hospedaje que ocasione la evacuación del acto o diligencia, siempre y cuando dicha actuación haya de practicarse en lugares que disten más de 500 metros del lugar o recinto del Tribunal, Notaría Pública o Registro.
Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.

Decisión ésta que comparte quien aquí decide de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, en tal sentido, con la sentencia antes parcialmente transcrita quedaron establecidas las obligaciones que debe cumplir la parte demandante para no ser sancionada con la perención de la instancia, siendo que la actora dentro de los 30 días calendarios siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal, así como obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación.
En el presente caso la demanda fue admitida el 12 de noviembre de 2008, toda vez que hasta la presente fecha no consta en autos que la parte actora haya cumplido con la carga de poner a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para hacer efectiva la citación del demandado, siendo que desde el 12 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2008, transcurrieron un total de 30 días continuos; por lo que concluye este sentenciador que la parte actora dentro de ese preclusivo lapso no ha dado cumplimiento a la sentencia antes parcialmente transcrita.
Ahora bien, a los fines de verificar si en el presente caso opero o no la perención de la instancia, es necesario, en primer lugar señalar que en el caso de la perención de la instancia los treinta (30) días a que hace referencia el artículo 267 en el ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil, se computan por días calendarios consecutivos y de la forma establecida en el artículo 199 eiusdem, en el presente caso el actor no dio cumplimiento dentro del preclusivo lapso de treinta (30) días continuos a las cargas antes descritas a los fines de que se practicara la citación de la parte demandada, lo que trae como consecuencia que en el presente caso al no haber cumplido dentro del lapso estipulado con las cargas antes descritas por la parte actora debe ser declarada la perención de la instancia contemplada en el ordinal 1º del artículo 267 del Código Adjetivo Civil. ASÍ SE DECIDE.

-III-
Con fuerza en los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: QUE EN EL PRESENTE CASO SE HA VERIFICADO LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en consecuencia se declara EXTINGUIDA LA INSTANCIA y PERIMIDO EL PROCESO.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y Regístrese.-
Déjese Copia del presente fallo en el copiador de sentencia llevado por este Tribunal.-
Dada, Firmada y Sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas a los Nueve (09) días del mes de agosto de dos mil Diez (2.010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
EL JUEZ,
LA SECRETARIA,
DR. ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ.
ABG. SHIRLEY CARRIZALES.

En esta misma fecha, siendo las 2:59 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA,

ABG. SHIRLEY CARRIZALES.
Exp. Nro. AH1B-F-2008-000266
AVR/SC/Eliza.-