REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 8 de Febrero de 2010 199º y 150º ASUNTO: AP11-X-2009-000065 DEMANDANTE: Inversiones El Cristal, C.A. DEMANDADO: Sergio Ignacio García Cruz, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V-17.124.176. JUEZ INHIBIDO: Dr. CÉSAR LUIS GONZÁLEZ PRATO, Juez Titular del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. MOTIVO: Cobro de Bolívares (INHIBICIÓN) - I - Se inicia la presente incidencia con la remisión de actuaciones, en copias certificadas, relativas al juicio que por acción de cobro de bolívares incoara la sociedad mercantil Inversiones El Cristal, C.A., en contra del ciudadano Sergio Ignacio García Cruz, que se sustancia bajo el expediente 798-04 de la nomenclatura interna del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de esta Circunscripción Judicial. Correspondiendo a este Juzgado el conocimiento de la presente incidencia, una vez cumplidos los trámites de la distribución de causas, evidenciándose de las certificaciones remitidas, que a través del Informe rendido en fecha 20 de julio de 2009, el Dr. CÉSAR LUIS GONZÁLEZ PRATO, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se inhibió de conocer de la causa identificada, fundamentándose en los ordinales 18° y 20° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Posteriormente, se le dio entrada y se formó el expediente respectivo, acordándose a través de providencia dictada en fecha 21 de octubre de 2009, darle el curso de Ley, a saber, el lapso de tres (03) días de despacho siguientes para dictar sentencia, conforme lo dispone el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil. - II - De conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, se procede a decidir la presente incidencia, previas las siguientes consideraciones: La inhibición es el acto en virtud del cual el juez, u otro funcionario judicial, requiere separarse del conocimiento del asunto por estar vinculado, en forma calificada por la ley, con las partes o con el objeto del proceso. Las partes no tienen derecho a exigir al juez que se inhiba, sólo a recusarlo si no ha precluido la oportunidad para ello. Pero el Juez tiene el deber de cargo de inhibirse del conocimiento, sin esperar a que se le recuse, cuando conozca que en su persona existe alguna causa de recusación. De la misma forma el autor patrio Arístides Rengel Romberg, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Tomo I, Teoría General del Proceso, define a la institución de la inhibición de la forma que sigue: “El acto del juez de separarse voluntariamente de una causa concreta, por encontrase en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista por la ley como causa de recusación” De este modo, queda claro que la inhibición es un acto volitivo del Juez, en virtud del cual se desprende del conocimiento del expediente respectivo, en razón de existir alguna vinculación de índole subjetiva –bien sea material o personal- con el procedimiento que debe entrar a conocer y decidir; afectación que incide de forma directa en su imparcialidad a la hora de emitir el fallo de mérito. Asimismo, queda claro para este sentenciador que la inhibición constituye un deber para el Juez que conozca la existencia de una causal de recusación en su contra; y, al propio tiempo, es evidente que la inhibición no puede ser solicitada por las partes, quienes en todo caso tienen siempre el derecho de recusar al Juez que se encuentre incurso en alguna causal de inhibición y voluntariamente no la declare para desprenderse del conocimiento del procedimiento. En este orden de ideas, conviene citar el ordinal 15° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: “Artículo 82.- Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes: (Omissis…) 18º Por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado. (…) 20° Por injurias o amenazas hechas por el recusado o alguno de los litigantes, aun después de principiado el pleito...” Asimismo, el artículo 84 ejusdem establece que: “Artículo 84.- El funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse, a fin de que las partes, dentro de los dos días siguientes, manifiesten su allanamiento o contradicción a que siga actuando el impedido. Si del expediente apareciere haber conocido el funcionario dicha causal, y que, no obstante, hubiere retardado la declaración respectiva, dando lugar a actos que gravaren la parte, ésta tendrá derecho a pedir al Superior que le imponga una multa, la cual podrá alcanzar hasta mil bolívares. La declaración de que trata este artículo, se hará en un acta en la cual se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento; además deberá expresar la parte contra quien obre el impedimento”. (Lo subrayado es del Tribunal). Para que la jurisdicción pueda cumplir su finalidad jurídica y social de la justa composición de la litis es indispensable, no solamente sacar la controversia del ámbito privado de las partes interesadas para entregarla a un ente público (Tribunal) que la solucione, sino también asegurarse que este Órgano, extraño a la controversia, sea además imparcial por no estar interesado en ella. Tanto es así la imparcialidad que debe tener el Juez que administra justicia dentro de un procedimiento determinado que nuestra Carta Magna, consagra en su artículo 26, lo siguiente: “Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. (Lo subrayado es del Tribunal). En congruencia con lo antes expresado, observa este Sentenciador que del Texto Adjetivo Civil se evidencia que el Juez a quien corresponde conocer de la inhibición, estos son los funcionarios que indica la Ley Orgánica del Poder Judicial, la declarará con lugar si estuviere hecha en forma legal, vale decir, que indique las circunstancias por las cuales plantea la inhibición, y que se encuentre debidamente fundada en alguna de las causales establecidas por la Ley, tal y como lo establece el articulo 88 del Código de Procedimiento Civil. Esta norma contempla dos supuestos a los fines de la declaratoria con lugar de la inhibición de un funcionario judicial, que 1) Estuviere hecha en la forma legal, y 2) Fundada en alguna de las causales establecidas por la Ley, es decir, que los hechos que comportan la competencia subjetiva del Juez, sean tales, que prejuzgan sobre las decisiones efectuadas o a efectuarse y que, tales hechos, sean de los contemplados expresamente en el articulo 82 del Código de Procedimiento Civil. No obstante lo anterior, recientemente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 2.140 de fecha 07-08-2003, consideró que, ante el “anacronismo” de los textos legales y en virtud del dinamismo de los tiempos y lo cambiante del comportamiento de las sociedades y sus miembros, no debía considerase a las causales dispuestas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil como los únicos motivos subjetivos que podían servir de fundamento para solicitar la recusación de los jueces -ni del resto de los funcionarios y auxiliares de justicia allí indicados- ni como los únicos supuestos de procedencia de la inhibición de aquéllos. En tal sentido, la Sala interpretó que las conductas recogidas en un texto legal que se ha mantenido incólume en la historia, podrían quedarse rezagadas con relación al dinamismo de los tiempos, ante los cambios que necesariamente surgen dentro de las sociedades y sus individuos y, en atención a ello, no es que deban dejarse a un lado, apartarse o sencillamente eximirse dichas conductas como elementos subjetivos que pudieran comprometer la objetividad, imparcialidad y transparencia de los funcionarios llamados a intervenir dentro del proceso; sino que entiende el Sentenciador Constitucional que esas causales no son las únicas para garantizar los fines de la justicia. En efecto, pretender interpretar dichos postulados en el sentido que deban dejarse a un lado -de forma absoluta- las causales del condicionamiento subjetivo de los jueces y que por ello cualquier causa o motivo denunciado como comprometedor de su objetividad o parcialidad en la tramitación e, incluso, en la resolución de un asunto sometido a su conocimiento, convertiría inevitablemente a esta institución en una suerte de mecanismo procesal de elusión del juez de su actividad de juzgar, desvirtuando su naturaleza y, asimismo, conduciría irremediablemente a la apertura discrecional o caprichosa de un “abanico” infinito de posibilidades o situaciones que pudieran dar lugar a múltiples recusaciones o inhibiciones de los funcionarios llamados a administrar justicia, con los inevitables retrasos y dilaciones en los procedimientos que, lejos de perseguir la transparencia de los mismos, operaría en detrimento de la propia justicia y de los justiciables. Establecido entonces el alcance de lo que en derecho se entiende por inhibición, se observa que en fecha 20 de julio de 2009, el Dr. CÉSAR LUIS GONZÁLEZ PRATO, en su condición de Juez Titular del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas expresó lo siguiente: “(…) estimo que la denuncia interpuesta por el abogado Elonis López Curra, constituye a todas luces un amedrentamiento en contra de este Tribunal por decisiones tomadas que no le han sido favorables, lo cual ha generado en mí animadversión en contra del mencionado abogado, por lo que considero prudente INHIBIRME de seguir conociendo la presente causa, en atención a lo dispuesto en los ordinales 18° y 20° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo pautado en el artículo 84 ejusdem, dado que la situación planteada con anterioridad podría influir en mi imparcialidad durante la tramitación del juicio…”. Así las cosas, y dadas las circunstancias declaradas por la el Dr. CÉSAR LUIS GONZÁLEZ PRATO, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, puede inferirse de manera indubitable, la voluntad del mismo para desprenderse del conocimiento de la causa en cuestión, dada la existencia -tal y como lo afirma el inhibido- de dos causales de recusación, en virtud de la denuncia propuesta en su contra por parte de la representación judicial de la parte accionada, lo que trae como consecuencia jurídica su imposibilidad subjetiva para conocer del procedimiento sometido a su conocimiento. Observa este sentenciador, que el hecho en el cual el funcionario inhibido fundamentó su inhibición, no fue discutido durante la instrucción de esta incidencia, adicionalmente las causales de inhibición no deben ser interpretadas restrictivamente, sino apreciando en cada caso concreto si los hechos que la motivan, sanamente valorados, pueden incidir en la imparcialidad del Juzgador; de manera que, si el resultado de esa apreciación resultara afirmativo, aun cuando no estuviera ese hecho configurado como causal de inhibición, la sola manifestación del funcionario debe prosperar, porque de lo contrario no se garantizaría a los justiciables su derecho constitucional a ser Juzgados por un juez imparcial. -III- - DISPOSITIVA - Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la INHIBICIÓN planteada por el Dr. CÉSAR LUIS GONZÁLEZ PRATO, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el procedimiento que por acción de cobro de bolívares, intentara el ciudadano José de Jesús Ángel Ramírez, en contra de la ciudadana Rosa Elena Vásquez Rosas. Se ordena la inmediata remisión de este expediente, al Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines legales consiguientes. PUBLIQUESE Y REGISTRESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los 8 de Febrero de 2010. 199º y 150º. El Juez, Dr. César A. Mata Rengifo La Secretaria Abg. Inés Belisario Gavazut En esta misma fecha, siendo las 12:21 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil. La Secretaria Abg. Inés Belisario Gavazut Asunto: AP11-X-2009-000065 CAM/IBG/Lisbeth