TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 8 de julio de 2010
200º y 151º
ASUNTO: AH12-X-2010-000038

Admitido como se encuentra el juicio por cobro de bolívares (procedimiento intimatorio) presentada por los abogados Luís Enrique Solórzano y Edgar Hernández Rodríguez, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 36.466 y 61.226, respectivamente, procediendo en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil TRANSPORTE Y SERVICIOS VIRGEN DEL CARMEN C.A., nscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 06 de diciembre de 2006, bajo el Nº 54, Tomo 19-A., en contra de la sociedad mercantil DESARROLLOS INDUSTRIALES A.P.S, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 10 de febrero de 1999, bajo el Nº 40, Tomo 32-A-Sgdo.,cuya última modificación estatutaria quedo inserta en dicho Registro Mercantil en fecha 17 de febrero de 2009, bajo el Nº 08, 30-A-Sgdo., e inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº (R.I.F. J-30589251-2), de éste Tribunal con el fin de pronunciarse acerca de la medida de embargo preventivo solicitada pasa hacer las siguientes consideraciones:
- I -
SOBRE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA ACTORA

Como hechos constitutivos de la pretensión de la parte actora, se afirma en el libelo de demanda lo siguiente:
1) Que ha mantenido relaciones comerciales con la sociedad mercantil DESARROLLOS INDUSTRIALES A.P.S, C.A., las cuales derivan de la prestación de servicios tales como: alquiler de vehículos para el transporte de personal y de materiales por medio de camiones de volteo.
2) Que generalmente le ha cobrado a la sociedad mercantil DESARROLLOS INDUSTRIALES A.P.S, C.A., por los servicios prestados, bajo la modalidad de crédito, emitiendo facturas para ser canceladas a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de las facturas correspondientes.
3) Que desde el mes de noviembre del añ8 2008, la sociedad mercantil DESARROLLOS INDUSTRIALES A.P.S, C.A., alteró el cronograma de pagos, atrasándose notablemente en los mismos, dejando de cancelar las facturas entregadas.
4) Que a pesar de que la sociedad mercantil DESARROLLOS INDUSTRIALES A.P.S, C.A., se atrasó con el pago de las facturas entregadas, continuó presentándole el servicio de alquiler de vehículos para el transporte de personal y de materiales.
5) Que la sociedad mercantil DESARROLLOS INDUSTRIALES A.P.S, C.A., no ha cancelado las facturas correspondientes al período que va desde la primera quincena de noviembre de 2008, hasta la segunda quincena de febrero de 2010.
6) Que han sido infructuosas las gestiones extrajudiciales de cobranza de las referidas facturas.
7) Que demanda el pago de las siguientes cantidades: i) La suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (BS.352.340,95), monto que equivale a las facturas insolutas; ii) La suma de CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CATORCE BOLÍVARES (BS.41.614,00), cantidad que comprende la suma del impuesto al valor agregado sobre cada factura; y iii) La suma de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SEIS BOLÍVARES CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS (Bs.18.206,92), por concepto de los intereses moratorios calculados en un por ciento (1%) mensual, desde la fecha de vencimiento de cada factura hasta el día 09 de marzo de 2010; y iv) Las costas procesales calculadas en un veinticinco por ciento (25%).
8) En virtud de lo expuesto y habiendo agotado la vía extrajudicial sin obtener resultado alguno ni de la deudora, se procedió judicialmente a demandar el cobro de bolívares.
- II -

SOBRE LA PRETENSIÓN CAUTELAR DE LA ACTORA

Solicita la parte actora en este proceso sea decretada por este Tribunal medida de embargo preventivo sobre bienes de propiedad de la parte demandada en los siguientes términos:

“De conformidad con la norma contenida en el artículo 646 del C.P.C., solicitamos se decrete y practique medida preventiva de embargo sobre bienes propiedad de la demandada que serán señalados n la oportunidad debida, para lo cual pedimos se comisiones amplia y suficientemente al Juzgado ejecutor de Medidas con Competencia en el Municipio Simón Rodríguez de esta Misma Jurisdicción Judicial.”

- III -
DE LOS RECAUDOS CONSIGNADOSJUNTO A LA DEMANDA

1. Copia certificada del documento estatutario de la sociedad mercantil TRANSPORTE Y SERVICIOS VIRGEN DEL CARMEN C.A., debidamente protocolizado por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en fecha 06 de diciembre de 2006, bajo el Nº 54, Tomo 19-A, marcada con la letra “A”.
2. Copia certificada del poder conferido por el representante legal de la sociedad mercantil TRANSPORTE Y SERVICIOS VIRGEN DEL CARMEN C.A., a los abogados Luís Enrique Solórzano y Edgar Hernández Rodríguez, debidamente autenticado por ante la Notaría Pública segunda de El tigre Estado Anzoátegui, en fecha 02 de marzo de 2010, bajo el Nº 11, Tomo 24, marcada con la letra “B”.
3. Treinta y dos (32) facturas emitidas por la sociedad mercantil TRANSPORTE Y SERVICIOS VIRGEN DEL CARMEN C.A., a favor de la sociedad mercantil DESARROLLOS INDUSTRIALES A.P.S, C.A.

- IV -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Luego de revisados los alegatos esgrimidos por la parte actora, este Juzgador pasa a resolver la solicitud que aquí se ventila en los siguientes términos:
El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece los dos requisitos de procedencia que en general exige el ordenamiento adjetivo para el decreto de todas las medidas preventivas, a saber: 1) la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y 2) la presunción grave que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).
En ese sentido, el mismo artículo 585 del Código de Procedimiento Civil no exige que el Decreto que acuerda o niega la pretensión cautelar deba ser motivado, lo cual ha sido confirmado tanto por los Tribunales Superiores como por nuestro máximo Tribunal de Justicia.
Con base al criterio anteriormente expuesto, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas efectuó las siguientes consideraciones:

“(...) el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, no ordena al juez que motive el decreto que acuerda la medida preventiva, por lo que debe interpretarse que al Juzgador le basta con expresar en el decreto que según su criterio están llenos los requisitos que exige el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para que se decrete la medida. En el mismo sentido debe señalarse que tampoco en el artículo que regula el secuestro de bienes determinados, se exige el requisito de señalar expresamente en cuál de las causales se fundamenta la medida de secuestro decretada...”

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Civil por sentencia de fecha 9 de diciembre de 1992 señaló lo siguiente:

“Con vista de esas circunstancias, la Sala aprecia que, aun cuando mantiene su doctrina en el sentido de que tratándose de autos sobre medidas preventivas, no deben extremarse las exigencias de motivación al igual que para las sentencias definitivas de fondo, si tuvo lugar efectivamente en el caso una relevante omisión de razones como las que cita la formalización, indispensable en grado mínimo para evidenciar los prepuestos tomados en cuenta por el Juzgador en su decisión. Y ello hace procedente la denuncia como así lo declara la Sala.”

Sin embargo, este Tribunal observa que el poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, y en virtud de ello las providencias cautelares sólo se confieren cuando exista en el expediente de la causa, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama.
En el caso de marras, de la revisión del material probatorio acompañado por la parte actora al libelo de la demanda, observa este Tribunal que en este estado y grado de la causa existen elementos suficientes que demuestren in limine litis, que exista peligro manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, así como la presunción grave del derecho que se demanda.
En ese sentido, y siendo que en este estado y grado del proceso existen suficientes medios de prueba que permitan demostrar, que en este caso existe peligro manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, así como presunción grave del derecho que se demanda, este sentenciador debe considerar procedente la cautelar solicitada.
Al respecto, nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa por sentencia de fecha 17 de febrero de 2000, con Ponencia del entonces Magistrado Carlos Escarrá Malavé ha señalado lo siguiente:

“... Ha sido reiterada la jurisprudencia de este Alto Tribunal en cuanto a la presencia de dos condiciones fundamentales para la procedencia de las medidas cautelares, a saber, fumus boni iuris y periculum in mora. (...) ha señalado este Tribunal, la necesidad que tiene el recurrente de probar la irreparabilidad o dificultad de recuperación de los daños, para lo cual no son suficientes los simples alegatos genéricos, sino que es necesaria, además, la presencia en el expediente de pruebas sumatorias o de una argumentación fáctico jurídica consistente por parte del demandante...”

Así las cosas, establece el Artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:

“…Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez, a solicitud del demandante decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados…”

En el caso que nos ocupa, de la revisión del material probatorio acompañado por la parte actora al libelo de la demanda, observa este Tribunal que existe en este estado y grado del proceso elementos suficientes de prueba que permitan demostrar que en este caso exista peligro manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, asimismo se ha demostrado la presunción grave del derecho que se reclama. De suerte que en el caso sometido al conocimiento de este Tribunal, se ha demostrado la satisfacción de los requisitos que obligatoriamente debe probar el solicitante de cualquier medida preventiva a los fines de que resulte procedente la correspondiente solicitud cautelar, y así se decide.
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Juzgador declara procedente la medida cautelar de embargo preventivo, toda vez que la solicitud de la misma en este estado y grado del proceso llena los extremos exigidos por los artículos 585 y 646 del Código de Procedimiento Civil, asimismo considera que dicha medida es suficiente para asegurar las posibles resultas en el presente proceso. Así se declara.-

- V -
DECISIÓN

Como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO solicitada por la parte actora en el libelo de la demanda, sobre bienes propiedad de la parte demandada, hasta cubrir la cantidad de NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (Bs. 927.364,21), suma esta que comprende el doble de las cantidades demandadas, más las costas prudencialmente calculadas a la tasa del veinticinco por ciento (25) por este Tribunal en la cantidad de CIENTO TRES MIL CUARENTA BOLÍVARES CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 103.040,47), e incluida en la suma anterior. Advirtiéndose, que en el caso de que la referida medida recayera sobre cantidades líquidas de dinero, la misma se practicará hasta cubrir la cantidad de QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS DOS BOLÍVARES CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 515.202,34), cantidad ésta que comprende el total de las cantidades demandadas, más las costas calculadas prudencialmente por el Tribunal y mencionadas anteriormente. A los fines de la practica de la medida de embargo preventivo aquí decretada, se comisiona amplia y suficientemente al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas Preventivas y Ejecutivas de la Circunscripción Judicial de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que designe previamente el Juzgado Distribuidor de aquellos, a quien se le acuerda librar el correspondiente despacho anexo a oficio. Igualmente, a tal efecto se le faculta al Juzgado correspondiente, para que designe perito avaluador y depositario judicial, e igualmente le tome el juramento de Ley. Líbrese despacho y oficio. Así se declara.-
EL JUEZ,

LUÍS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ.-

EL SECRETARIO Acc,

JONATHAN MORALES.-

Hora de Emisión: 11:28 AM
LRHG/JM/Pablo.-