República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas
PARTE ACTORA: Manuel Rey Leis, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 986.533.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Yraima Polacre, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, abogada en ejercicio, e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 42.488.
PARTE DEMANDADA: Manuel Rey Suárez, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 5.412.033.
ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: Patricia Muñoz, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, en ejercicio de la profesión, e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 91.638.
MOTIVO: Desalojo.
Corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto a la transacción judicial celebrada entre las partes, mediante escrito presentado en fecha 27.07.2010, en razón de lo cual se hacen a continuación los razonamientos siguientes:
- I -
ANTECEDENTES
Se inició el presente procedimiento mediante escrito libelar presentado en fecha 29.06.2010, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Civil del Área Metropolitana de Caracas, en funciones de distribuidor, quién luego verificar el trámite administrativo de distribución de expedientes, correspondió su conocimiento a este Tribunal, siendo que en esa misma oportunidad la parte actora presentó las documentales con las cuales fundamentó su pretensión.
Acto seguido, el día 13.07.2010, se admitió la demanda interpuesta por los trámites del procedimiento breve, ordenándose la citación de la parte demandada para que diese contestación de la demanda, al segundo (2°) día de despacho siguiente a la constancia en autos de haberse practicado su citación, durante las horas destinadas para despachar.
Luego, en fecha 19.07.2010, la abogada Yraima Polacre, consignó las copias fotostáticas necesarias para la elaboración de la compulsa, siendo que el día 27.07.2010, se dejó constancia por Secretaría de haberse librado la misma.
Acto continuo, en fecha 27.07.2010, las partes consignaron escrito contentivo de la transacción judicial a que se refiere la presente decisión.
- II -
DEL ESCRITO DE TRANSACCIÓN JUDICIAL
En fecha 27.07.2010, la abogada Yraima Polacre, actuando en su condición de apoderada judicial del ciudadano Manuel Rey Leis, por una parte y por la otra, el ciudadano Manuel Rey Suárez, debidamente asistido por la abogada Patricia Muñoz, consignaron escrito con el cual celebraron una transacción judicial en la que concretaron lo siguiente:
“…En horas de Despacho (sic) del día de hoy 27 de Julio de 2010, comparecen por ante este Juzgado, Yraima Polacre, abogada en ejercicio y de este domicilio, procediendo en este acto en mi carácter de Apoderada Judicial del ciudadano Manuel Rey Leis, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-986.533 y de este domicilio, representación que consta de instrumento poder debidamente autenticado por ante la Notaría Pública y el cual riela al expediente AP31-V-2010-2562, contentivo del juicio de Desalojo contra el ciudadano, (sic) Manuel Rey Suárez, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.412.033 parte demandada, quien igualmente comparece por ante este Juzgado, asistido en este acto por la abogada en ejercicio Patricia Muñoz, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 91.638, ambas partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.713 del Código Civil han convenido celebrar, como en efecto celebran en este acto, la presente Transacción Judicial en los términos y condiciones que aquí se expresan, a los fines de dar por terminado el presente juicio:
Primero: El demandado, ciudadano Manuel Rey Suárez, reconoce y conviene que es cierto que en fecha 1° de Mayo de 2000 suscribió con el ciudadano Manuel Rey Leis, contrato de arrendamiento por un inmueble de su propiedad, constituido por la Planta Baja de una casa identificada con el N° 299, ubicada en la calle principal de Hoyo de la Puerta, Municipio Baruta del Estado Miranda.
Segundo: El demandado conviene en que ha dejado de pagar al actor el canon de arrendamiento de los meses demandados, los cuales se detallan: Julio a Diciembre de 2007; Enero a Diciembre de 2008, Enero a Diciembre de 2009 y Enero a 1 de Junio de 2010.
Tercero: El demandado conviene en que se encuentra en un grave estado de insolvencia en el pago de los cánones de arrendamiento y en tal virtud conviene en hacer entrega del inmueble arrendado, libre de personas y bienes y solvente en todos sus servicios el día 31 de Julio de 2010.
Cuarto: La parte demandada conviene con el demandante, pagarle el día 31 de Julio de 2010, fecha prevista para la entrega del inmueble la cantidad de tres mil quinientos bolívares (Bs. 3.500,oo) por concepto de daños y perjuicio (sic) causados.
Quinto: El demandado conviene y reconoce que si llegada la fecha establecida en el particular Tercero de la presente Transacción Judicial, es decir, 31 de Julio de 2010, e incumple con la obligación asumida de hacer entrega del inmueble, la parte demandante, podrá solicitar la ejecución de la presente transacción y en consecuencia la entrega forzosa del inmueble.
Sexto: La Parte demandante (sic) conviene y acepta los términos y condiciones establecidos en la presente transacción judicial, otorgándole a la demandada como fecha el 31 de Julio de 2010, para que entregue el inmueble inicialmente arrendado y lo correspondiente al pago por daños y perjuicios establecidos en la cantidad de tres mil quinientos (Bs. 3.500,oo) bolívares.
Séptimo: Ambas partes convienen en que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por parte de la demandada, dará derecho a la demandante a solicitar la ejecución de la presente transacción y la inmediata entrega del inmueble.
Octava: Las partes convienen en la no novación del contrato de arrendamiento suscrito en su oportunidad, objeto de la presente demanda, el cual se da por terminado en el presente juicio.
Novena: Por último, las partes solicitan al ciudadano Juez, se sirva impartirle a la presente Transacción Judicial la correspondiente Homologación, a los fines de que surta los efectos de cosa juzgada y se expidan por Secretaría las correspondientes Copias Certificadas del escrito de Homologación y una vez, como así sea, se ordene el cierre y archivo del expediente…”.
- III -
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Plateada en estos términos la presente causa, procede de seguida este Tribunal a pronunciarse respecto a la transacción judicial celebrada entre las partes, con base en las consideraciones que se esgrimen a continuación:
El proceso ha sido concebido constitucionalmente como el instrumento fundamental para la realización de la justicia, cuyas leyes atinentes a su aplicación establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. En este sentido, en el transcurrir del proceso acaecen dos (02) fases fácilmente diferenciadas entre sí, estas son, la cognoscitiva, la cual comienza con la admisión de la demanda, puesto que el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley, hasta la sentencia que resuelva la controversia; y, la ejecutiva, que tiende a garantizar el cumplimiento voluntario o forzoso de lo dispuesto en la sentencia definitivamente firme.
Cabe destacar, si bien la fase cognoscitiva del proceso concluye generalmente por la sentencia definitiva, también puede terminar anormalmente mediante actos de auto-composición procesal, estos son, las voluntades unilaterales o bilaterales de las partes que la ley atribuye eficacia de cosa juzgada luego de que queda definitivamente la homologación del Tribunal, siempre y cuando no traten de materias en las que estén prohibidas las transacciones, entre las que se encuentran (i) el convenimiento, (ii) el desistimiento, (iii) la conciliación y (iv) la transacción.
El convenimiento, constituye la manifestación unilateral del demandado de allanarse a los términos en que fue planteada la demanda, expresada en la contestación de la demanda, sin que ello obste a que pueda hacerlo en otra oportunidad procesal posterior, pero antes de la sentencia definitiva. Por su parte, el desistimiento, es la manifestación unilateral del actor de renunciar al procedimiento o a la demanda, en cuyo caso de efectuarse luego de la contestación de la demanda, será necesario para su validez del consentimiento de la parte demandada. Por otro lado, la conciliación implica el acuerdo de voluntades tomado por las partes en un acto excitado previamente por el juez. Mientras tanto, la transacción constituye un contrato a través del cual las partes mediante recíprocas concesiones terminan el proceso pendiente o precaven un litigio eventual. El denominador común de los actos de auto-composición procesal es que ponen fin al proceso y tienen entre las partes los mismos efectos que la sentencia definitivamente firme.
En este sentido, el artículo 1.133 del Código Civil, establece que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico.
Es por ello, que el Dr. José Melich Orsini, en su obra “Doctrina General del Contrato”, llega a la conclusión que, el contrato es, pues, un negocio jurídico bilateral capaz de crear, reglamentar, transmitir, modificar o extinguir una relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes que concurren a su celebración, y no sólo es eficaz en lo que se refiere a vínculos de naturaleza personal (de contenido patrimonial o extra-patrimonial) entre las partes, esto es, derechos de créditos (lo que se llama eficacia personal del contrato), sino que también puede afectar el estado de los derechos reales (la llamada eficacia real del contrato).
Por otro lado, el procesalista Jaime Guasp, en su Compendio de Derecho Procesal Civil, Tomo I, página 499, expresa que la transacción judicial “…es un negocio jurídico, por virtud del cual dos o más personas, mediante concesiones recíprocas, ponen fin a un pleito ya comenzado. Es un verdadero negocio jurídico, puesto que se compone de declaraciones de voluntad privadas que tienden a producir inmediatamente efectos de tal carácter. Y puesto que las declaraciones de voluntad no aparecen la una al lado de la otra, sino la una frente a la otra, puede hablarse de la transacción como de un contrato…”.
En este sentido, el artículo 1.713 del Código Civil, define a la transacción de la manera siguiente:
“Artículo 1.713.- La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”.
Por su parte, el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Artículo 256.- Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución”.
En lo que respecta a la naturaleza de la transacción, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1209, dictada en fecha 06.07.2001, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente Nº 00-2452, caso: María Auxiliadora Betancourt Ramos, puntualizó lo que a continuación se transcribe:
“…el ordenamiento jurídico positivo confiere una doble naturaleza a la transacción: en primer término, la transacción es un contrato, en tanto que –a tenor de lo dispuesto en el artículo 1159 del Código Civil– la misma tiene fuerza de ley entre las partes. En segundo término, la transacción es un mecanismo de autocomposición procesal, en el que las partes, mediante recíprocas concesiones, determinan los límites de las situaciones jurídicas controvertidas, y de allí que –esencialmente tenga efectos declarativos, con carácter de cosa juzgada. Respecto del auto de homologación, viene a ser la resolución judicial que –previa verificación de la capacidad de las partes para transigir, así como la disponibilidad de la materia para ello– dota de ejecutoriedad al contrato en cuestión, esto es, la facultad de las partes de solicitar al órgano jurisdiccional competente su cumplimiento.
Desde esta doble perspectiva, emerge que los autos de homologación son impugnables por la vía de apelación (la cual debe prosperar en ambos efectos ex artículo 290 del Código de Procedimiento Civil), siendo que tal recurso debe atender únicamente a la ilegalidad propia del acto de autocomposición procesal, ergo, a la incapacidad de la partes que lo celebraron y/o la indisponibilidad de la materia transigida (vid. en este sentido, STC 1294/2000 y STC 150/2001 de esta Sala Constitucional). Empero, lo antedicho no desvirtúa la naturaleza de la transacción como contrato, de forma tal que confirmado el auto de homologación por el Juez de Alzada, la vía para enervar los efectos de la transacción es el juicio de nulidad, por las causales prevenidas en los artículos 1719 al 1723 del Código Civil (vid. STC 709/2000), que así expresamente lo previene…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal)
Al unísono, en cuanto a la necesidad de homologación del contrato transaccional para que éste adquiera ejecutoriedad, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2212, dictada en fecha 09.11.2001, con ponencia del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, expediente Nº 00-0062, caso: Agustín Rafael Hernández Fuentes, precisó lo siguiente:
“…De acuerdo a la doctrina expresada por la Sala, los efectos procesales de la transacción referidos a su ejecutoriedad, no se producen sino a partir de su homologación, por lo que en ausencia de ésta no es posible obtener su cumplimiento.
Es claro que la falta de homologación de la transacción no afecta la validez de ésta como contrato, sino su ejecutoriedad, es decir, la posibilidad de ejecutar inmediatamente lo acordado, sin la cual, no es susceptible de ejecución y, por lo tanto, carece de eficacia con respecto a las relaciones jurídicas surgidas como consecuencia de las recíprocas concesiones realizadas por las partes. En suma, la homologación es la confirmación judicial de determinados actos de las partes (en el caso de autos la transacción), para la debida constancia y eficacia, de modo que su ejecutoriedad depende de dicha confirmación…”. (Subrayado y negrillas del Tribunal)
Conforme a los preceptos legales y precedentes jurisprudenciales antes citados, estima este Tribunal que la transacción judicial constituye un contrato a través del cual las partes mediante recíprocas concesiones terminan el proceso pendiente, en tanto no atenten las mismas en contra del orden público, las buenas costumbres o versen sobre materias en las que la ley prohíba las transacciones.
Precisado lo anterior, observa este Tribunal que el contrato transaccional a que se refiere la presente decisión, fue suscrito por la abogada Yraima Polacre, actuando en su condición de apoderada judicial del ciudadano Manuel Rey Leis, de quién detenta facultad expresa para transigir, conforme se evidencia del instrumento poder autenticado por ante la Notaría Pública Décima Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 11.06.2010, bajo el N° 45, Tomo 54, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, a tenor de lo dispuesto en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, por una parte y por la otra, el ciudadano Manuel Rey Suárez, debidamente asistido por la abogada Patricia Muñoz, razón por la que habiéndose corroborado además que la transacción judicial celebrada por las partes no versa sobre materias en las cuales estén prohibidas las transacciones, es por lo que debe procederse a su homologación. Así se declara.
- IV -
DECISIÓN
En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, imparte la HOMOLOGACIÓN a la transacción judicial celebrada en fecha 27.07.2010, entre la abogada Yraima Polacre, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Manuel Rey Leis, por una parte y por la otra, el ciudadano Manuel Rey Suárez, debidamente asistido por la abogada Patricia Muñoz, en los mismos términos expuestos por las partes y, en consecuencia, procédase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo previsto en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil.
Expídanse por Secretaría copias certificadas del contrato transaccional y de la presente decisión, en atención de lo establecido en los artículos 111 y 112 ejúsdem.
No hay condenatoria en costas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 277 ibídem.
La presente decisión ha sido dictada dentro del lapso al cual alude el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de julio del año dos mil diez (2.010).- Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
El Juez Titular,
César Luis González Prato
La Secretaria Accidental,
Xiomara Margarita García Delgado
En esta misma fecha, se publicó, registró y dejó copia de la anterior sentencia, siendo las dos y veinte de la tarde (2:20 p.m.).
La Secretaria Accidental,
Xiomara Margarita García Delgado
CLGP.-
Exp. N° AP31-V-2010-002562
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