TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

Mediante escrito presentado ante el Juzgado Superior Distribuidor en fecha 09 de febrero del 2006 y recibido por este Tribunal en fecha 10 de febrero del 2006, los abogados FÉLIX RODRÍGUEZ, NURIS MEDINA, AQUILES BLANCO, SANTIAGO ZERPA y RUBÉN CARRILLO, inscritos en el Inpreabogado bajo el números 32.072, 30.481, 21.181, 33.895 y 38.842, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana GLORIA MARÍA APONTE FIGUEROA, titular de la cédula de identidad Nº 4.964.695, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 153-2005, de fecha 14 de abril del 2005, emanada de la Inspectoria del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda.-

En fecha 14 de febrero de 2006, se le dio entrada al presente recurso, ordenando a la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, la remisión de los antecedentes administrativos del caso. (folio 39).

En fecha 25 de mayo de 2006, los abogados AQUILES BLANCO, RUBÉN CARRILLO, SANTIAGO ZERPA y SORAYA MARTÍNEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo el números 21.181, 38.842, 33.895 y 105.630, respectivamente, renuncian de manera irrevocable a la representación que les fuera otorgada por la ciudadana GLORIA MARÍA APONTE FIGUEROA, titular de la cédula de identidad Nº 4.964.695.(folio 40).

El 24 de enero de 2008, se dicto auto mediante el cual se dejó constancia de la designación del Dr. ALEJANDRO GÓMEZ como Juez Provisorio de este Juzgado, razón por la cual se aboco al conocimiento de la presente causa, asimismo se libró oficio Nº 08-0121 dirigido a la Inspectoria del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, solicitándole la remisión de los antecedentes administrativos del caso a que se contrae dicho recurso (folios 46 y 47).

En fecha 20 de noviembre de 2008, comparece ante la sede del Tribunal la abogada NURIS ELENA MEDINA RIVERO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 30.481, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana GLORIA MARÍA APONTE FIGUEROA, titular de la cédula de identidad Nº 4.964.695, mediante la cual solicita la ratificación de los oficios números 06-243 y 08-0121, de fechas 14 de febrero de 2006 y el 24 de enero de 2008, dirigidos a la Inspectoria del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, solicitándole la remisión de los antecedentes administrativos del caso (folios 50 y 51).

I
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO

Luego de una revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente, considera necesario este órgano jurisdiccional hacer las siguientes consideraciones:

Se entiende por perención de la instancia, el modo de extinguirse la relación procesal por la inactividad de las partes, durante cierto período de tiempo. Ésta institución tiene por objeto, evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente en el tiempo, fundamentándose en una racional presunción deducida de la circunstancia que, correspondiendo a las partes dar vida y actividad a la demanda, la falta de impulso por parte de ellas, debe considerarse como un tácito propósito de abandonarla.-

En tal sentido el maestro Borjas, en su obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil, Tomo II”, cita que la perención, en el derecho antiguo pudo considerarse únicamente como un remedio para poner término obligatorio a los litigios que amenazaran perpetuarse, y un castigo para la parte negligente de agitarlos, teniendo hoy por hoy su fundamento, en una presunción iuris, en el cual los litigantes han querido dejar el juicio en el estado que tenían cuando dejaron de activar su curso, renunciando, por implícito acuerdo a la instancia en que ha ocurrido la paralización.-

La perención constituye un medio autónomo de terminación del proceso, distinto de la sentencia, que se basa en la presunción que las partes han abandonado o perdido el interés en el juicio, derivada de la falta de impulso procesal, es decir, por no instar el procedimiento mediante el cumplimiento de las obligaciones o cargas procesales que la misma Ley les impone.-
Con relación a esta figura jurídica, el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.451 de fecha 22 de junio de 2010, estableció lo siguiente:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria”

Se desprende del texto normativo transcrito, que la instancia se extingue como consecuencia de la inactividad de las partes durante el transcurso de un (01) año, sin que estas, ya sean el demandante o el demandado, ejecuten algún acto válido de procedimiento, salvo que el acto procesal subsiguiente dependa del Tribunal y no de las partes, tal como lo establece el aparte in fine del precitado artículo.-

Por otra parte el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, nos señala lo siguiente:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención...”

En concordancia con la disposición antes transcrita, el artículo 268 ejusdem establece que la perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes, siendo uno de sus efectos la extinción del proceso, adicionalmente, puede ser decretada de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare es apelable libremente.-

A este respecto, la Sala Político Administrativa, en sentencia No. 01855 del 14/08/2001, estableció:
“...El fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso. Luego, siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta para su declaratoria se produzcan dos condiciones: Falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto del procedimiento; entendido; además, que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución.”

La sentencia parcialmente transcrita es clara en señalar dos (2) condiciones objetivas que deben presentarse a fin de configurar la Perención de la Instancia como lo son: 1) la Falta de gestión procesal; y 2) la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, debiendo concluirse en consecuencia que dicha figura jurídica, fue concebida por el Legislador como una sanción frente a la inactividad de los involucrados en impulsar el proceso, la cual implica el abandono del mismo y como un correctivo a la pendencia indefinida de estos, tendente a garantizar su desarrollo hasta la sentencia y su ejecución, que es una exigencia del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.-

Ahora bien, hechas las consideraciones anteriores este juzgador observa, que en la presente causa aún no existe pronunciamiento alguno sobre admisión del presente recurso, en razón que tal y como se expuso precedentemente en fecha 24 de noviembre de 2008, este Juzgado Superior ordenó la ratificación de los oficios números 06-243 y 08-0121, de fechas 14 de febrero de 2006 y el 24 de enero de 2008, dirigidos a la Inspectoria del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, solicitándole la remisión de los antecedentes administrativos del caso. Ciertamente, ante tal situación se hace estrictamente necesario acotar que si bien existe una corriente de la jurisprudencia nacional que considera la imposibilidad de DECRETARSE LA PERENCIÓN NO HABIÉNDOSE ADMITIDO LA DEMANDA, y que tal posición se sustenta en virtud que como no hay “proceso” por la falta de admisión mal podría configurarse la misma, debemos entonces puntualizar en materia procesal la distinción existente entre “proceso y “procedimiento”; en efecto la noción de proceso tal y como lo ha expuesto la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia de fecha 10 de Febrero del 2000, caso: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO “TANAGUARENA MAR” contra MANUEL SÁNCHEZ, es el vínculo consecuencial entre la “acción” y la “Jurisdicción”, no obstante, para la noción de “procedimiento” no es requisito indispensable la admisión ni la contestación de la demanda, tanto es así que puede haber procedimiento sin contestación a la demanda (piénsese en las demandas no admitidas las cuales son sujetas a apelación y casación). El procedimiento en cambio es la consecuencia del ejercicio de la acción y corresponde al efecto de la instancia o la petición... Por esta vía concluye, esta Corte que el requisito de instancia no exige que haya habido contestación o admisión de la demanda, sino que por el contrario es necesaria la petición de las partes al Órgano Jurisdiccional en hacer el pronunciamiento respectivo.

A tono con lo anterior, y considerando que el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil exige como requisito de la demanda el que haya un “interés Jurídico actual”, se debe acentuar que tal y como lo ha establecido las Cortes de lo Contencioso Administrativo el interés para accionar surge de la necesidad de obtener del proceso la protección del interés sustancial; presupone por eso la lesión de este interés y la idoneidad de la providencia demandada para protegerlo y satisfacerlo. Tan distintos son el “interés sustancial” del “interés procesal” que el reconocimiento del interés para accionar no significa todavía que el actor tenga razón. Ello así, sin lugar a dudas la pérdida el interés procesal genera la inactividad de las partes y en consecuencia la perención de la instancia; en cambio la pérdida del interés sustancial general la improcedencia del Derecho sustancial deducido en juicio.

En nuestro ordenamiento jurídico la falta de interés sustancial genera la inadmisión de la demanda, pero la falta de interés procesal genera la pérdida de la instancia; de hecho, esta tesis se ve confirmada en el supuesto que decretada la perención (por falta de interés procesal), el actor puede interponer nuevamente la acción pasados que fueren noventa días de verificarse aquélla tal y como lo dispone el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, el máximo Tribunal de la República por vía jurisprudencial en Sentencia N° 17 de fecha ocho de marzo de 2005 (TSJ. Sala de Casación Civil) dictada en el caso Julio Millán Sánchez Vs. Publicidad Vepaco, C.A., expuso:

“…En ese sentido se entiende como tal, a la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la Ley, sin que hubiese verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio.
Este Instituto procesal encuentra justificación en el Interés del estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, ya objeto de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en el ejercicio de administrar justicia; y en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso…”
…Omisis…
“…Esta norma precisa que la perención se interrumpe por un acto de procedimiento de parte…”
Por otra parte el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil dispone que:
“La Perención se verifica de derecho y no puede ser renunciable por las partes. Puede declarase de oficio por el Tribunal (..)”

Ahora bien, hechas las consideraciones anteriores este juzgador determina, que en el presente caso nos encontramos ante la consumación de lo que la doctrina llama PERENCIÓN ORDINARIA DE LA INSTANCIA, O MÁS COMÚNMENTE PERENCIÓN DE UN (01) AÑO, en virtud que, al ser examinadas las actas procesales que conforman el presente expediente, se constató que el presente juicio, ha estado paralizado desde el 24 de noviembre de 2008, fecha en la cual este Juzgado ratifico los oficios números 06-0243 y 08-0121, de fechas 14 de febrero de 2006 y el 24 de enero de 2008, dirigidos a la Inspectoria del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, solicitándole la remisión de los antecedentes administrativos del caso, por lo que tomando en consideración que la parte actora no ha realizado acto procesal, tendiente agilizar el impulso del proceso, resulta forzoso para este Tribunal, declarar de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, por haber transcurrido un lapso superior al año, sin que durante ese lapso las partes hubieren realizado acto posterior alguno del procedimiento.-

Por cuanto consta en el expediente domicilio procesal de la recurrente, el Tribunal ordena notificar a la parte recurrente la presente decisión, quedando de esta forma garantizado el derecho a ejercer el recurso de apelación.-

Por último, se deja sin efecto el oficio número 08-1838, de fecha 24 de noviembre de 2008, dirigido al Inspector del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda.-

II
DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados FÉLIX RODRÍGUEZ, NURIS MEDINA, AQUILES BLANCO, SANTIAGO ZERPA y RUBÉN CARRILLO, inscritos en el Inpreabogado bajo el números 32.072, 30.481, 21.181, 33.895 y 38.842, respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana GLORIA MARÍA APONTE FIGUEROA, titular de la cédula de identidad Nº 4.964.695, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 153-2005, de fecha 14 de abril del 2005, emanada de la Inspectoria del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda.-

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes junio de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

DR. ALEJANDRO GÓMEZ,
EL JUEZ
ABG. HERLEY PAREDES,
LA SECRETARIA
Es esta misma fecha se libró boleta de notificación, dando cumplimiento a lo ordenado y siendo las ________ se publicó y registró la anterior decisión en el asiento Nº ______, dando cumplimiento a lo ordenado.

ABG. HERLEY PAREDES,
LA SECRETARIA
Exp. Nº 05152.
yp.-