TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 4 de Junio de 2010
200º y 151º

ASUNTO: AH12-V-1997-000019

PARTE DEMANDANTE: Ciudadano WILMER JOSÉ PORRAS DELGADO, venezolano, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-6.899.205.

APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDANTE: Abogados HUMBERTO ENZO INCIARTE MATOS e ISABEL TERESA LABRADOR, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 48.156 Y 52.990, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: ESTACIONAMIENTO LOCOYANO, inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, bajo el Nº 21, Tomo 1-B Sgdo., en la persona del ciudadano ANDRÉS VICENTE LOYACONO SUÁREZ, titular de la cédula de identidad N° V-4.585.880.

APODERADOS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: Abogados ALFREDO SOTILLO MARTÍNEZ y ROSSANA SOTILLO MARTÍNEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 36.310 y 65.211, respectivamente.

MOTIVO: RESARCIMIENTO DE DAÑOS

EXPEDIENTE ANTIGUO No.: 97-1199

- I -
SÍNTESIS DEL PROCESO

Este proceso se inició por demanda admitida en fecha 20 de octubre de 1997, siendo que en fecha 28 de abril de 1998 se hizo constar la citación de la parte demandada, la cual presentó la contestación al fondo de la demanda en fecha 27 de mayo de 1998.
La parte demandada promovió pruebas por escrito presentado en fecha 22 de julio de 1998, haciendo lo propio la parte actora en fecha 23 de julio de 1998. Ambos escritos fueron agregados en fecha 27 de julio de 1998.
La parte actora presentó escrito de oposición de pruebas en fecha 29 de julio de 1998, siendo admitidas las pruebas por auto de fecha 05 de agosto de 1998.
En fecha 13 de octubre de 1998 se produce el abocamiento al conocimiento de esta causa por parte del Juez Humberto Mendoza D’Paola. Posteriormente, por auto de fecha 16 de marzo de 1999 se produjo el abocamiento al conocimiento de esta causa por parte del Juez Juan Carlos Marín Fernández (QEPD).
En fecha 10 de mayo de 1999, la parte demandada presentó informes, presentando la parte actora escrito de observaciones en fecha 04 de junio de 1999.
A solicitud de la parte actora, en fecha 09 de diciembre de 1999, se produjo el abocamiento al conocimiento de esta causa por parte del Juez Pedro Pablo Calvani.
Posteriormente, a solicitud de la parte actora, por auto de fecha 23 de julio de 2003, se produjo el abocamiento al conocimiento de esta causa por parte del Juez que suscribe este fallo, librándose la correspondiente boleta de notificación en fecha 11 de septiembre de 2003.
Por diligencia de fecha 26 de septiembre de 2003, el Alguacil de este Juzgado manifestó haberse trasladado a la Avenida Principal del Manicomio, Parroquia La Pastora, entregando la boleta a un ciudadano llamado Luis Javier Mendoza, titular de la cédula de identidad N° V-6.202.772.
Es menester destacar que la indicada dirección no fue establecida por la parte demandada como su domicilio procesal y que no costa en autos que la persona que recibió la indicada boleta guarde alguna relación con las partes involucradas en este proceso, ni con sus apoderados.
Por tal motivo, en fecha 19 de septiembre de 2008, este Tribunal dictó auto haciendo constar que el abocamiento del juez que suscribe debía ser notificado a las partes, en defecto de lo cual no podía dictarse la decisión de mérito en esta causa.

- II -
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Vistas las actas procesales que conforman el presente expediente, este sentenciador debe hacer las siguientes consideraciones:
Se observa que en fecha 19 de septiembre de 2008, el juez que suscribe se abocó al conocimiento de la presente causa, ordenando la notificación del contenido de dicho auto a las partes. En dicha providencia adicionalmente se hizo constar que la parte interesada tenía un plazo de un (1) año para dar impulso a tal notificación, y que en defecto de lo anterior, se procedería con arreglo a lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Es el caso que desde que se dictó el referido auto, ha transcurrido más de un (1) año, sin que pueda entenderse que esta causa estuviera en estado de ser dictada sentencia de mérito, toda vez que la misma no podía ser proferida, hasta verificarse la notificación del abocamiento del juez que suscribe este fallo a ambas partes, tal y como fue establecido en jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 07 de marzo de 2002, citada en el auto de abocamiento, la cual reza literalmente:

“No obstante, si el avocamiento del nuevo Juez que se incorpora a la causa ocurre una vez vencido el lapso natural de sentencia y su prórroga (de ser el caso), éste debe notificar a las partes de su avocamiento, porque de no hacerlo éstas podrían sufrir indefensión, pues se le estaría privando de un medio procesal –la recusación- que el legislador ha puesto a su alcance para el resguardo de sus derechos, por lo que de concretarse la indefensión, la denuncia deberá formularse al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, acusando la omisión de una forma sustancial de los actos –la notificación de las partes- que menoscabó el derecho de defensa del recurrente, acompañada con la delación del artículo 15 eiusdem y de los artículos 90 y 251 ibídem, que establecen respectivamente, la forma procesal preterida (la notificación de las partes) y el medio procesal que la omisión del Juez le priva al recurrente (la recusación).”
Así las cosas, el desinterés procesal de la parte actora en esta causa, luego de haberse dictado el auto de abocamiento del juez que suscribe, subsistió por más de un año sin que la parte actora se haya dado por notificada de tal abocamiento, ni dado impulso alguno a esta causa. Vale decir, que este asunto permaneció en suspenso por inactividad de las partes por más de un año, lo que revela una manifiesta pérdida del interés procesal por parte de la parte actora.
Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente:
“Articulo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...)”.

De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber:
a. Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y,

b. Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención.
Ahora bien, siendo que este asunto ha permanecido en suspenso por más de un (1) año, por la inactividad de las partes y no del Tribunal, y toda vez que los hechos concretamente sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el Instituto Procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva:

“Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declarase de oficio, por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”

Por aplicación del anterior dispositivo legal, este Tribunal debe declarar PERIMIDA LA INSTANCIA de este asunto. Así se decide.-
- III -
DISPOSITIVA

Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara PERIMIDA LA INSTANCIA.
De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado código, no hay condenatoria en costas en esta decisión.
Regístrese y publíquese.
Déjese Copia Certificada de la presente decisión en la sede del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los 06 de junio de 2010.-
EL JUEZ,
LUIS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ
EL SECRETARIO ACC.,
JUAN PLAJA

En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las____________.
EL SECRETARIO,