REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, 02 de marzo de dos mil diez 199º y 150º ASUNTO PRINCIPAL: AH15-V-2008-000015.- PARTE DEMANDANTE: DANIEL ANTONIO HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-8.421.560.- APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: JOSE CLEMENTE BOLIVAR, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nro. V-9.263.657, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro 57.819.- PARTE DEMANDADA: MAPFRE LA SEGURIDAD (antes denominada SEGUROS LA SEGURIDAD, C.A.), empresas de seguros de este domicilio debidamente inscrita ante la Superintendencia de Seguros bajo el Nº 12, e inscrita originalmente en el Registro Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha 12 de mayo de 1943, bajo el Nro 2135, Tomo 5-A, modificado íntegramente su Documento Estatutario de conformidad con resolución de Asamblea Ordinaria de Accionista celebrada en fecha 01 de marzo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 24 de abril de 2002, bajo el Nº 58, Tomo 56 A-Pro, modificada su Denominación Social por resolución de Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 13 de octubre de 2003, asentada ante el mencionado Registro Mercantil, en fecha 20 de noviembre de 2003, bajo el Nº 30, Tomo 168-A-Pro.- Vistas las actas procésales que conforman este expediente, debe hacer las siguientes consideraciones: PRIMERO: Este proceso se inició por libelo de demanda presentado por ante el Juzgado Distribuidor, en fecha 09 de abril de 2008.- En fecha 06 de junio de 2008, se instó al apoderado actor a señalar el nombre del Representante legal o Judicial de la persona sobre quien recaerá la citación de la demandada.- En fecha 16 de junio de 2008, compareció el apoderado judicial de la parte actora, señaló que el Representante Legal de la Sociedad Mercantil demandada a la ciudadana GRACIELA PEREIRA, titular de la cédula de identidad Nro. V-6.893.881.- En fecha 08 de agosto del 2008, se admitió la presente demanda, ordenando el emplazamiento de la parte demandada.- En fecha 26 de noviembre de 2008, compareció la apoderada judicial de la parte actora NELLITSA JUNCAL RODRIGUEZ, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 91.726, consigno escrito de solicitud de perención asimismo en fecha 18 de junio de 2009, solicitó las mismas.- En fecha 26 de junio de 2009, La Juez Titular DRA. AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY, se avocó al conocimiento de la presente causa.- En fecha 17 de septiembre de 2009, compareció la ciudadana NELLITSA JUNCAL RODRIGUEZ, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 91.726, solicitó que se pronuncie respecto de la solicitud planteada en fecha 26 de noviembre de 2008 igualmente en fecha 19 de febrero solicitó las mismas.- Ahora bien, de las actas se evidencia que desde el día 08 de agosto de 2008, fecha en la cual se admitió la demanda, hasta la presente fecha, transcurrió más de Treinta (30) días de inactividad procesal.- Y de las actas procesales se desprende que la parte actora no puso a la orden del alguacil del Tribunal los medios y recursos necesarios para el logro de la citación de la parte demandada.- SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 267.-” También se extingue la instancia: 1. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. (...).” De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a) Un supuesto de hecho: El transcurso de treinta días sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y, b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva: “Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.” Asimismo, es importante señalar el criterio sostenido por nuestro Máximo Tribunal de Justicia, en la Sala de Casación Civil, en el fallo de fecha 06 de Julio de 2004, por el Magistrado Ponente CARLOS OBERTO DE VELEZ, en el caso José Ramón Barco Vásquez contra la Sociedad mercantil Seguros Caracas Liberty Mutual, en el cual se señala que si bien es cierto que hoy en día rige el principio constitucional de la gratuidad de la justicia, también es cierto que es necesario que la parte demandante suministre al Alguacil del tribunal los recursos económicos necesarios, a los fines de que el mismo cumpla la función que por Ley le ha sido asignada, lo cual lo estableció la Sala textualmente en los términos siguientes: “...No obstante, dado en principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la citación cuando esta haya de practicarse en un sitio que diste mas de 500 metros de la sede el Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aun subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliarios de justicia que impone el articulo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso publico. Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previo la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia anta la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado articulo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste mas de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreara la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporciono lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicara para las demás que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca esta. Así se establece....”.- Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, y en estricto acatamiento del criterio anteriormente transcrito, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. Asimismo, se ordena la notificación de esta decisión a la parte actora de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 233 ejusdem. Y ASÍ SE DECIDE. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. Regístrese, publíquese, Notifíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los dos (02) días del mes de marzo de Dos Mil Diez (2010). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.- LA JUEZ TITULAR, DRA. AURA MARIBEL CONTRERAS DE MOY. LA SECRETARIA TITULAR, Abog. LEOXELYS VENTURINI. En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia.- LA SECRETARIA TITULAR, AMCdM/LV/Veronica.- Asunto Principal: AH15-V-2008-000015.-